1. MAPA DEL TEMA: DE LOS DERECHOS DECLARADOS A LAS GARANTÍAS EXIGIBLES

Este tema reúne derechos sanitarios que proceden de normas de distinto rango y que, además, se desarrollan mediante reglamentos y procedimientos administrativos. Para estudiarlo con criterio conviene separar tres niveles. El primero es el reconocimiento del derecho: por ejemplo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce la libre elección, la garantía de un tiempo máximo, la segunda opinión y el acceso a cuidados paliativos. El segundo es la concreción reglamentaria: un decreto fija qué consultas tienen garantía, cuánto dura el plazo o cómo se ejerce una elección. El tercero es el mecanismo efectivo de garantía: registros de demanda, solicitud normalizada, derivación a otro centro, derecho al reintegro o intervención de un órgano colegiado. En examen, mezclar estos tres niveles produce muchos errores.

La norma de referencia autonómica es la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Su artículo 22 parte de un sistema sanitario público de carácter universal y enumera derechos de pacientes y usuarios. Entre ellos están acceder a las prestaciones; elegir médico y centro; recibir información sobre servicios, prestaciones y derechos; ser informado sobre el proceso asistencial antes de consentir; preservar personalidad, dignidad e intimidad; recibir consejo genético y medicina predictiva; obtener garantía de tiempo máximo; disponer de segunda opinión; acceder a cuidados paliativos; asegurar la confidencialidad y acceder a la historia clínica; y recibir asistencia geriátrica especializada.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, especialmente su artículo 6, desarrolla el catálogo autonómico de derechos y lo hace más operativo: respeto a la dignidad e intimidad; información suficiente y comprensible; confidencialidad; libre elección en los términos reglamentarios; garantía de acceso en tiempo máximo; identificación de un facultativo interlocutor; consentimiento; segunda opinión; posibilidad de negarse al tratamiento dentro de los límites legales; participación; reclamaciones y sugerencias; y disponibilidad de una carta de derechos y deberes. Esta ley debe leerse junto a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, porque la segunda fija el suelo estatal en materia de información, consentimiento, historia clínica e instrucciones previas.

Para resolver preguntas, evita estudiar el tema como una colección de leyes. Pregúntate siempre: ¿qué derecho se reconoce?, ¿a quién?, ¿con qué requisito?, ¿quién resuelve?, ¿qué plazo existe y cuál es la consecuencia si se incumple? Esa secuencia transforma una materia aparentemente memorística en un sistema. En este tema las cifras son importantes, pero lo son todavía más las relaciones: 180/120/90 días pertenecen al ámbito quirúrgico; 60/30 al de primeras consultas y procedimientos diagnósticos; tres meses se relacionan con una nueva elección de médico de atención primaria; doce meses aparecen en determinados procesos de larga duración tras elegir especialista u hospital; treinta días es el plazo de resolución de la segunda opinión médica.

2. CARTERA DE SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

La cartera de servicios comunes es el núcleo de prestaciones que el Sistema Nacional de Salud garantiza en las condiciones establecidas por la normativa básica estatal. Su regulación general se encuentra en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del SNS y el procedimiento para su actualización. A agosto de 2026, el texto consolidado del Real Decreto 1030/2006 incorpora una actualización publicada el 31 de julio de 2026. Esta fecha importa: es una norma viva, con anexos que cambian, y estudiar una copia antigua puede dejar desfasados criterios de acceso o técnicas incluidas.

Conceptualmente, la cartera común delimita las técnicas, tecnologías y procedimientos mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias. No debe confundirse con la cartera complementaria que pueda aprobar una comunidad autónoma dentro de sus competencias. El examen puede explotar esta diferencia: que Andalucía organice sus servicios o añada prestaciones con financiación propia no altera la existencia de una cartera común estatal que constituye el marco de cohesión.

El Real Decreto 1030/2006 estructura la cartera en grandes ámbitos: salud pública, atención primaria, atención especializada, atención de urgencia, prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario, junto con la regulación posterior de modalidades de cartera común básica, suplementaria y de servicios accesorios conforme a la legislación del SNS. Para el Tema 13 interesa menos memorizar todos los epígrafes clínicos que entender su función garantista: una prestación incluida genera un marco común de acceso que no depende de la residencia del usuario como si cada servicio de salud fuera un sistema aislado.

La cartera de atención primaria comprende actividades de promoción y prevención, atención aguda y crónica, atención domiciliaria, actividades comunitarias y actuaciones específicas para distintos grupos de población. La atención especializada cubre asistencia ambulatoria especializada, hospital de día, hospitalización, apoyo diagnóstico y terapéutico, cuidados paliativos y otros procedimientos según indicación clínica. La urgencia garantiza la atención cuando una situación requiere asistencia inmediata. El significado de este esquema para el opositor es que la cartera no es un catálogo administrativo separado de la práctica: determina el conjunto común que los servicios de salud deben hacer efectivo.

Dentro del tema destaca especialmente la reproducción humana asistida, porque los criterios de acceso han sufrido cambios relevantes. La Orden SND/1215/2021 amplió expresamente el acceso a mujeres sin pareja, mujeres lesbianas, personas trans con capacidad de gestar y otros supuestos. La Orden SND/606/2024 modificó criterios adicionales y el texto consolidado de 2026 recoge esa evolución. Por eso no debes memorizar viejos requisitos de manuales anteriores a 2021 como si siguieran vigentes. En el apartado específico de reproducción asistida veremos edades, límites de ciclos y supuestos actuales.

La actualización de la cartera sigue un procedimiento basado en evaluación de seguridad, eficacia, eficiencia, utilidad sanitaria y alternativas existentes. No cualquier técnica nueva se convierte automáticamente en prestación común por estar disponible en el mercado. Esta idea es muy preguntable: innovación tecnológica y inclusión en cartera son conceptos distintos. La incorporación requiere decisión normativa conforme al procedimiento previsto y puede estar condicionada a indicaciones, criterios de selección o centros habilitados.

Una forma útil de estudiar este bloque es distinguir derecho de acceso de indicación clínica. La cartera establece qué puede ser objeto de prestación, pero no convierte al ciudadano en prescriptor de la técnica. Para que una prestación sea dispensada debe concurrir la indicación profesional y, cuando la norma lo exige, los criterios específicos de inclusión. Esto resulta especialmente visible en reproducción asistida, transporte sanitario, determinados productos ortoprotésicos o procedimientos de alta complejidad.

3. GARANTÍA DE ACCESIBILIDAD: TIEMPOS MÁXIMOS DE RESPUESTA EN EL SSPA

Andalucía convirtió el tiempo de espera en una garantía jurídicamente estructurada. El derecho aparece en la Ley 2/1998 y en el artículo 22 del Estatuto, pero se concreta mediante dos grandes bloques normativos: garantía quirúrgica y garantía de procesos, primeras consultas y pruebas diagnósticas. La pregunta típica de examen cambia una cifra entre ambos bloques para comprobar si conoces el procedimiento y no solo una lista de números.

3.1. Garantía quirúrgica

El Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el SSPA. Como regla general para los procedimientos incluidos en su anexo, la intervención debe realizarse en un plazo máximo de 180 días naturales, computado desde la presentación del documento de inscripción en el Registro de Demanda Quirúrgica por el paciente o persona autorizada. El sistema se apoya precisamente en ese registro: no basta con que exista una recomendación quirúrgica informal; debe haberse activado el procedimiento que determina el inicio del cómputo.

Ese plazo general se redujo para determinados procedimientos. La Orden de 20 de diciembre de 2006 fijó 120 días naturales para los procedimientos incluidos en su anexo. Posteriormente, la Orden de 2 de junio de 2016 estableció un máximo de 90 días naturales para determinados procedimientos de cirugía cardíaca. La web actual del SAS resume por ello la garantía quirúrgica como una escala de 180 / 120 / 90 días, según el procedimiento.

3.2. Primeras consultas y procedimientos diagnósticos

El segundo bloque es el Decreto 96/2004, de 9 de marzo. Su objeto incluye determinados procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos enumerados en sus anexos. El artículo 4 fija los plazos: el proceso asistencial tiene el que corresponda a cada proceso en el anexo; las primeras consultas de asistencia especializada, 60 días; y los procedimientos diagnósticos, 30 días. Los días son naturales.

La norma define además qué es una primera consulta: es una consulta programada, ambulatoria, incluida en el anexo y solicitada por atención primaria para un facultativo especialista; no es una revisión. Esta precisión es importante porque «tener cita con un especialista» no equivale siempre a «primera consulta garantizada». De forma análoga, el procedimiento diagnóstico debe estar incluido y solicitado en las condiciones previstas por la norma.

El cómputo se inicia al día siguiente de la correspondiente inscripción registral: Registro de Procesos Asistenciales, Registro de Primeras Consultas o Registro de Procedimientos Diagnósticos. Si el centro de referencia no puede ofrecer la cita dentro del plazo, el sistema de garantía permite ofertar otros centros del SSPA o concertados en los términos reglamentarios. La lógica es garantizar el tiempo de acceso, no garantizar necesariamente que toda la atención se produzca en el centro inicialmente preferido.

3.3. Qué puede suspender o hacer perder la garantía

El régimen de garantías incorpora causas vinculadas a decisiones del propio paciente. Como principio, la Administración no puede responder de un retraso provocado por un aplazamiento voluntario, un rechazo injustificado de alternativas o una incomparecencia en los supuestos regulados. Asimismo, la libre elección puede interactuar con la garantía: elegir un profesional o un centro concreto puede producir una demora incompatible con el plazo máximo, y el ejercicio de la elección no debe interpretarse como un derecho simultáneo a imponer centro, fecha y profesional sin restricciones.

Esta interacción es una de las mejores preguntas de razonamiento. Dos derechos pueden coexistir, pero su ejercicio tiene reglas: garantía de tiempo y libre elección no son absolutos ni equivalentes. Si el usuario prioriza una opción concreta que no puede atender dentro del plazo, la normativa contempla consecuencias sobre la garantía. La solución de examen exige leer cuál de los dos derechos está describiendo el caso.

4. LIBRE ELECCIÓN DE PROFESIONAL, ESPECIALISTA Y HOSPITAL

La libre elección es un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Salud de Andalucía, pero se ejerce «en los términos reglamentariamente establecidos». Esa frase es decisiva: la libre elección no es ilimitada ni idéntica en atención primaria y especializada. Existen dos desarrollos reglamentarios clásicos que siguen siendo referencia: el Decreto 60/1999, de 9 de marzo, para médico general y pediatra, y el Decreto 128/1997, de 6 de mayo, para médico especialista y hospital.

4.1. Atención primaria: Decreto 60/1999

El Decreto 60/1999 reconoce el derecho individual a elegir facultativo dentro del marco territorial previsto. La elección puede realizarse en cualquier momento y sin necesidad de justificación. No obstante, una vez elegido facultativo, para realizar una nueva elección debe haber transcurrido, como regla, al menos tres meses. La finalidad es permitir la ordenación administrativa interna y evitar cambios sucesivos que comprometan continuidad y organización de cupos.

La norma contempla que, cuando se elige un facultativo no destinado en la zona básica correspondiente, este pueda manifestar razones de oposición; la decisión debe adoptarse mediante resolución motivada por la dirección del distrito. No se trata, por tanto, de una facultad discrecional del profesional para «rechazar pacientes» sin procedimiento. La oposición requiere causas y una decisión administrativa.

La regulación original utiliza terminología histórica —«médico general»— y contiene referencias civiles que han evolucionado. En oposición debes reconocer el nombre oficial del Decreto, pero interpretar sus reglas en consonancia con el marco actual de capacidad, representación y derechos de menores. La parte más estable y examinable es la libertad de elección, el ámbito territorial, la información disponible y la regla de tres meses para una nueva elección.

4.2. Especialista y hospital: Decreto 128/1997

En especializada, la elección se articula normalmente desde atención primaria para consultas programadas y procesos en los que procede seleccionar especialista u hospital entre las opciones disponibles. El centro de atención primaria debe facilitar información relevante: profesionales o servicios elegibles, localización, horarios y elementos necesarios para ejercer la opción de manera informada. Además, debe facilitar al menos la primera cita conforme al procedimiento.

Una vez realizada la elección, se mantiene durante todo el proceso patológico. En procesos de larga duración, la regla expresa es un período mínimo de doce meses, salvo que el SAS autorice un cambio antes por causa justificada a solicitud del interesado. Tampoco cabe elección simultánea de varios facultativos u hospitales para el mismo proceso patológico.

La libre elección se conecta con la información. Un derecho de elección sin datos sobre profesionales, centros, horarios o demoras sería formal pero poco efectivo. Por eso las normas de desarrollo obligan a facilitar información que permita ejercer una opción real. Esta dimensión encaja también con el artículo 12 de la Ley 41/2002, que reconoce el derecho a recibir información sobre servicios y unidades disponibles, su calidad y los requisitos de acceso.

Finalmente, no confundas libre elección con segunda opinión médica. En la libre elección el usuario selecciona, dentro de las reglas del sistema, quién le presta asistencia. En la segunda opinión existe ya un diagnóstico o propuesta terapéutica de especial gravedad y se solicita una valoración experta adicional con un procedimiento específico. Que ambas garantías puedan conducir a la intervención de otro facultativo no las convierte en la misma institución.

5. SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA

La segunda opinión médica en Andalucía se regula por el Decreto 127/2003, de 13 de mayo, desarrollado por la Orden de 24 de agosto de 2004. Es un derecho expresamente reconocido en el Estatuto y en la Ley 2/1998. Su finalidad es que, ante determinados diagnósticos o propuestas terapéuticas de especial trascendencia, el paciente pueda obtener una valoración adicional por un facultativo o equipo experto del SSPA.

No es una consulta paralela a demanda para cualquier desacuerdo. El decreto vincula la segunda opinión a supuestos en los que exista un diagnóstico de enfermedad de pronóstico fatal, incurable o que comprometa gravemente la calidad de vida, o una propuesta de tratamiento con elevado riesgo vital, conforme a los términos del procedimiento. Además, debe haberse completado el proceso diagnóstico y no tratarse de una situación cuya urgencia haga incompatible esperar la tramitación ordinaria de una segunda opinión.

Como regla, la segunda opinión se ejerce una vez por proceso asistencial. La valoración se efectúa sobre la información disponible y puede requerir actuaciones complementarias si resultan necesarias y están justificadas. Si existe discrepancia relevante entre la primera valoración y la segunda, el sistema prevé mecanismos colegiados para resolver o integrar el criterio clínico en los términos establecidos. Lo importante para el opositor es no confundir «segunda opinión» con «derecho a acumular tantas opiniones como se deseen».

5.1. Procedimiento, plazo y silencio

La sede electrónica de la Junta mantiene como órgano responsable a la Dirección General competente del SAS y fija un plazo máximo de resolución/notificación de 30 días desde la presentación de la solicitud. El silencio administrativo se califica como positivo. Esta combinación —30 días y silencio positivo— es de alto rendimiento para una pregunta tipo test porque otros procedimientos sanitarios tienen plazos y efectos diferentes.

Un error conceptual frecuente es pensar que la segunda opinión «anula» la primera. No es así. Es una garantía de contraste clínico. La información generada debe incorporarse al proceso asistencial y, cuando corresponda, facilitar una decisión informada del paciente. La autonomía sigue siendo el principio rector: disponer de dos valoraciones aumenta la calidad de la decisión, pero no convierte al segundo facultativo en una instancia jerárquica que necesariamente sustituya al primero.

También conviene diferenciarla de la interconsulta. La interconsulta es una herramienta clínica solicitada dentro de la organización asistencial para recabar valoración de otra especialidad; la segunda opinión es un derecho del paciente con regulación específica. En un caso clínico, la palabra «solicita el paciente» y la referencia a diagnóstico grave o tratamiento de alto riesgo suelen orientar a la garantía del Decreto 127/2003.

6. TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN Y CALIDAD COMO DERECHOS DEL USUARIO

El epígrafe «transparencia y calidad en los servicios» debe abordarse sin invadir el Tema 14, dedicado específicamente al sistema de calidad. Aquí interesa la perspectiva del ciudadano como titular del derecho a conocer qué servicios existen, cómo acceder, qué derechos tiene y qué características básicas presenta la asistencia. La referencia estatal es el artículo 12 de la Ley 41/2002: pacientes y usuarios tienen derecho a recibir información sobre servicios y unidades asistenciales disponibles, su calidad y los requisitos de acceso.

La misma ley exige que los servicios de salud dispongan en centros y servicios de una guía o carta de servicios que especifique derechos y obligaciones de los usuarios, prestaciones, características asistenciales y dotaciones relevantes. Además, debe facilitarse información sobre vías de participación, sugerencias y reclamaciones. En Andalucía, la Ley 2/1998 conecta con esta lógica al reconocer la carta de derechos y deberes, el derecho a utilizar vías de reclamación y propuesta y el derecho a recibir respuesta en los términos reglamentarios.

La transparencia sanitaria tiene una dimensión asistencial y otra organizativa. La primera permite que el paciente comprenda la prestación, el diagnóstico, las alternativas y los resultados relevantes para consentir. La segunda hace visibles servicios, requisitos de acceso, cartas de derechos, información de espera y mecanismos de participación. No deben confundirse: el deber de informar sobre un procedimiento concreto forma parte de la autonomía clínica; publicar datos agregados de actividad o disponer de una carta de servicios responde a transparencia institucional.

La calidad, desde el enfoque de derechos, implica que la Administración no solo ofrezca actividad, sino que establezca estándares, evalúe resultados y proporcione mecanismos de mejora. La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y la Estrategia de Calidad del SSPA se estudian en profundidad en el Tema 14. En este Tema 13 basta comprender que información, seguridad, participación, trato digno y evaluación de la asistencia son elementos que convierten el derecho a la protección de la salud en un servicio verificable y no meramente declarativo.

En la práctica, transparencia también significa trazabilidad de la decisión. Una negativa a una garantía regulada, una limitación de elección o una decisión en un procedimiento de eutanasia no puede descansar en una respuesta informal. Debe quedar documentada, motivada cuando proceda y sujeta a los mecanismos de revisión o reclamación previstos. Esta exigencia conecta los derechos sanitarios con los principios generales de la actuación administrativa: legalidad, motivación, seguridad jurídica y posibilidad de control.

Para el examen, acostúmbrate a rechazar afirmaciones absolutas. Ni «toda información clínica debe darse siempre por escrito» ni «la transparencia obliga a publicar todos los datos asistenciales individualizados» son correctas. La información debe ser suficiente, comprensible y respetar confidencialidad y protección de datos. Transparencia y privacidad no son principios enfrentados; deben aplicarse conjuntamente.

7. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA DIGNIDAD EN EL PROCESO DE MUERTE

Andalucía fue pionera al aprobar la Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Su objeto es regular los derechos de las personas durante ese proceso, los deberes del personal sanitario y las garantías que los centros deben proporcionar. La ley no regula la eutanasia —que llegaría con la Ley Orgánica 3/2021—, sino la autonomía, la limitación de tratamientos, los cuidados paliativos, la sedación cuando está indicada, la intimidad, el acompañamiento y la prohibición de obstinación terapéutica.

La primera idea que debe quedar clara es la diferencia entre rechazo o retirada de tratamiento, sedación paliativa y prestación de ayuda para morir. En el rechazo de tratamiento, el paciente ejerce autonomía sobre una intervención que no desea. En la adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico se evita iniciar o se retira una medida que resulta inútil, desproporcionada o no indicada. En la sedación paliativa se administran fármacos para disminuir la consciencia en la medida necesaria para aliviar sufrimiento refractario, con intención paliativa. En la prestación de ayuda para morir existe un procedimiento específico regulado por la Ley Orgánica 3/2021 cuya finalidad es causar la muerte solicitada en las condiciones legales. Confundir intención, procedimiento y requisitos es una de las trampas clásicas.

7.1. Información y toma de decisiones

La persona en proceso de muerte mantiene sus derechos de información y decisión. Debe recibir información asistencial adecuada, participar en decisiones y poder rechazar intervenciones. Si no puede decidir, entran en juego las reglas de representación y, de forma prioritaria, la voluntad vital anticipada cuando exista y resulte aplicable al supuesto. La voluntad previa no es una mera recomendación familiar: es un instrumento jurídico que vincula en los términos previstos por la ley.

El profesional tiene el deber correlativo de respetar esas decisiones, documentarlas y prestar una atención compatible con la lex artis. La autonomía no obliga a ofrecer actuaciones carentes de indicación clínica. Del mismo modo, el criterio profesional no autoriza a imponer tratamientos rechazados por un paciente capaz cuando la ley reconoce su derecho a decidir. El equilibrio entre autonomía e indicación clínica es esencial.

7.2. Cuidados paliativos, tratamiento del dolor y sedación

La Ley 2/2010 reconoce el derecho a recibir cuidados paliativos integrales y de calidad. Incluye el tratamiento del dolor y de otros síntomas, y prevé el acceso a sedación paliativa cuando esté clínicamente indicada para síntomas refractarios en el contexto correspondiente. También contempla la posibilidad de recibir cuidados en el domicilio cuando las condiciones clínicas y asistenciales lo permitan. El acceso a cuidados paliativos aparece además expresamente en el artículo 22 del Estatuto.

La sedación paliativa no debe explicarse como «eutanasia indirecta». Esa formulación es técnicamente pobre y jurídicamente confusa. La sedación se basa en una indicación paliativa, proporcionalidad y objetivo de aliviar sufrimiento refractario. La eutanasia, en cambio, es una prestación legal autónoma con requisitos, solicitudes, verificaciones y control por la Comisión de Garantía y Evaluación. El hecho de que ambas puedan aparecer al final de la vida no las hace equivalentes.

7.3. Intimidad, acompañamiento y obstinación terapéutica

La ley protege la intimidad y confidencialidad del paciente y reconoce el acompañamiento en el proceso de muerte, compatible con las condiciones asistenciales. También impone a los centros obligaciones organizativas para hacer efectivos esos derechos. La muerte digna no es solo una decisión farmacológica: incluye ambiente, información, acompañamiento, continuidad y respeto de preferencias.

La obstinación terapéutica supone mantener medidas carentes de proporcionalidad o utilidad real en relación con la situación clínica, prolongando el proceso sin beneficio razonable. La ley obliga a evitarla. En examen pueden utilizar expresiones como «encarnizamiento terapéutico»; conviene reconocer el concepto, aunque la terminología normativa y bioética moderna prefiera obstinación terapéutica.

8. VOLUNTAD VITAL ANTICIPADA Y REGISTRO DE ANDALUCÍA

La voluntad vital anticipada (VVA) se regula en Andalucía por la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada, y por el Decreto 59/2012, de 13 de marzo, que regula la organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. A este marco se suma la Ley 41/2002, cuyo artículo 11 regula las instrucciones previas y prevé el Registro Nacional de Instrucciones Previas para asegurar su eficacia en todo el territorio del Estado.

La VVA permite dejar expresadas decisiones para el momento en que la persona no pueda manifestar personalmente su voluntad. Puede referirse a cuidados y tratamientos, destino del cuerpo u órganos en los términos legales y designación de una persona representante que actúe como interlocutora con el equipo sanitario. Su función no es «decidir por el paciente» al margen del documento, sino procurar que se cumpla la voluntad previamente expresada y ayudar a interpretarla en el supuesto previsto.

El documento debe cumplir los requisitos formales de la normativa y acceder al Registro para desplegar la eficacia registral prevista en Andalucía. El Registro es único y descentralizado y está diseñado para garantizar custodia, conservación y accesibilidad. La inscripción permite incorporar la declaración a la historia de salud del SSPA, facilitando que los profesionales sanitarios obligados a consultarla puedan acceder a su contenido y actuar conforme a ella.

8.1. Coordinación con el Registro Nacional

El Decreto 59/2012 prevé la comunicación telemática con el Registro Nacional de Instrucciones Previas. Esta coordinación materializa el objetivo del artículo 11.5 de la Ley 41/2002: que una instrucción previa formalizada en una comunidad autónoma pueda ser eficaz en el conjunto del territorio nacional. La idea de examen es interoperabilidad nacional, no «registro europeo común».

8.2. Modificación de 2025: conexión expresa con la prestación de ayuda para morir

Este es el punto de vigencia que más fácilmente queda desactualizado. El Decreto 109/2025, de 4 de junio, modificó el Decreto 59/2012. Desde esta reforma se aprueba un Anexo V específico relativo a la declaración de la prestación de ayuda para morir incluida en la voluntad vital anticipada. La modificación del artículo 8 establece que, cuando una persona quiera dejar constancia de la voluntad de acogerse a esa prestación en el supuesto del artículo 5.2 de la Ley Orgánica 3/2021, debe cumplimentar el modelo correspondiente.

La reforma no convierte toda VVA en una solicitud automática de eutanasia. Lo que hace es articular de manera expresa cómo puede dejarse constancia anticipada de esa voluntad. Cuando llegue el supuesto, deben comprobarse las condiciones de la Ley Orgánica 3/2021 aplicables al caso de persona que no se encuentra capaz y consciente para solicitar personalmente la prestación. Esa precisión evita dos errores: pensar que «cualquier VVA implica eutanasia» o pensar que «la eutanasia nunca puede haberse previsto en una VVA».

La VVA puede modificarse, sustituirse o revocarse conforme a la normativa. En clínica, ante una persona incapaz de expresar su voluntad, la consulta no debe limitarse a preguntar a la familia «qué cree que quería». Debe comprobarse si existe una declaración válida y acceder a ella por los sistemas habilitados. La familia y la persona representante aportan contexto, pero la fuente principal es la voluntad formalmente expresada cuando resulta aplicable.

9. PRESTACIÓN DE AYUDA PARA MORIR: REGULACIÓN ESTATAL Y DESARROLLO EN ANDALUCÍA

La eutanasia se regula en España por la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, en vigor desde el 25 de junio de 2021. La ley configura la prestación de ayuda para morir como una prestación incluida en la cartera común del SNS y establece un procedimiento garantista basado en solicitud voluntaria, información, deliberación clínica, verificación médica y control por una Comisión de Garantía y Evaluación.

La ley define dos modalidades de prestación: la administración directa al paciente de una sustancia por un profesional sanitario competente y la prescripción o suministro al paciente de una sustancia para que se la autoadministre con el fin de causar su propia muerte. Es importante que el opositor maneje el término legal «prestación de ayuda para morir», porque es más amplio que usar coloquialmente «eutanasia» para todas las fases del procedimiento.

9.1. Requisitos personales y clínicos

El artículo 5 exige, en el procedimiento ordinario, nacionalidad española o residencia legal en España —o acreditación de permanencia superior a doce meses en los términos de la ley—, mayoría de edad y capacidad y consciencia en el momento de la solicitud. La persona debe disponer de información escrita sobre su proceso, alternativas y posibilidades de actuación, incluido el acceso a cuidados paliativos y prestaciones de dependencia cuando proceda.

Con carácter general se formulan dos solicitudes voluntarias y por escrito, separadas por al menos quince días naturales. El médico responsable puede aceptar un intervalo menor si considera que la pérdida de capacidad para prestar consentimiento informado es inminente, dejando constancia razonada. Debe concurrir un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable en los términos definidos por la ley, y debe prestarse consentimiento informado antes de recibir la prestación.

El artículo 5.2 regula el supuesto de la persona que no se encuentra en pleno uso de sus facultades ni puede prestar conformidad libre, voluntaria y consciente, pero que había suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documento equivalente. En ese caso se actúa de acuerdo con lo dispuesto en dicho documento y con las reglas específicas de la ley. Esta es la conexión que el Decreto andaluz 109/2025 ha operacionalizado mediante el modelo incluido en la VVA.

9.2. Procedimiento ordinario: secuencia temporal

Tras recibir la primera solicitud, el médico responsable desarrolla un proceso deliberativo con el paciente sobre diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como posibles cuidados paliativos. La ley fija hitos temporales breves para que la información no quede en una conversación indefinida. Presentada la segunda solicitud, continúa la deliberación y se confirma si la persona desea continuar o desistir.

Después interviene un médico consultor, que debe comprobar el cumplimiento de las condiciones y emitir informe en el plazo legal. Si el procedimiento continúa, el médico responsable comunica el caso a la presidencia de la Comisión de Garantía y Evaluación para la verificación previa. La Comisión designa a un profesional médico y a un jurista para revisar la concurrencia de requisitos; si existe discrepancia, el asunto puede elevarse al pleno de la Comisión.

Una pregunta puede intentar convertir el procedimiento en un «acto unilateral del médico responsable». Es falso. El modelo es deliberativo y multinivel: paciente, médico responsable, médico consultor y Comisión. La pluralidad de verificaciones pretende proteger simultáneamente la autonomía de quien solicita y la legalidad de la prestación.

9.3. Objeción de conciencia

La Ley Orgánica reconoce a los profesionales sanitarios directamente implicados el derecho a la objeción de conciencia, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito en los términos legales. La objeción es individual, no institucional: un centro no puede proclamarse «objetor» para impedir la prestación. Al mismo tiempo, la Administración debe organizar los recursos para garantizar el derecho del paciente.

Andalucía creó mediante el Decreto 236/2021, de 19 de octubre, el Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia a la prestación de ayuda para morir. Es un registro electrónico, administrativo y sometido a estricta confidencialidad. Su finalidad no es publicar quién objeta, sino permitir una gestión de recursos humanos que garantice la prestación.

9.4. Comisión de Garantía y Evaluación de Andalucía

El mismo Decreto 236/2021 crea la Comisión de Garantía y Evaluación de Andalucía. Es un órgano colegiado, multidisciplinar, decisorio y de control, con autonomía funcional. Entre sus funciones se encuentran la verificación previa de solicitudes, el control posterior de prestaciones realizadas, la resolución de reclamaciones frente a denegaciones y la elaboración de un informe anual de evaluación.

La Comisión está integrada por trece personas: presidencia, vicepresidencia y once vocalías. La secretaría actúa con voz pero sin voto y, tras la modificación de 2025, no es miembro de la Comisión. La Comisión debe resolver en un máximo de veinte días naturales determinadas reclamaciones frente a denegaciones del médico responsable, conforme al decreto.

9.5. Qué cambió el Decreto 109/2025

El Decreto 109/2025, de 4 de junio, introdujo cambios organizativos y procedimentales en el Decreto 236/2021 y en el Decreto 59/2012. Modificó la adscripción orgánica de la Comisión, reguló de forma expresa la provisión y funciones de su secretaría y actualizó el modelo de declaración de objeción. Además, como ya hemos visto, incorporó el Anexo V al Registro de VVA para recoger la voluntad anticipada relativa a la prestación de ayuda para morir.

10. REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

La reproducción humana asistida (RHA) tiene dos capas normativas que deben estudiarse juntas. La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, regula las técnicas, usuarios, donación de gametos y preembriones, filiación, crioconservación y centros autorizados. Por otro lado, el Real Decreto 1030/2006 determina las condiciones en que determinadas técnicas forman parte de la cartera común del SNS. Una técnica puede ser legal en España y, sin embargo, no estar financiada públicamente para cualquier situación: legalidad de la técnica y criterios de acceso a la cartera son preguntas diferentes.

10.1. Ley 14/2006: principios de base

La ley permite ser usuaria de las técnicas a toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar, con independencia de su estado civil y orientación sexual, en los términos legales. La información y el consentimiento son esenciales. La aplicación de técnicas debe realizarse en centros autorizados y cuando existan posibilidades razonables de éxito y no suponga riesgo grave para la salud de la mujer o de la posible descendencia, conforme al conocimiento científico.

La donación de gametos y preembriones tiene carácter gratuito, formal y confidencial en los términos de la ley. La donación es anónima con las excepciones legales de acceso a información general no identificativa y situaciones extraordinarias. La filiación se determina conforme a las reglas específicas de la ley y del ordenamiento civil.

Una perla normativa clásica es la gestación por sustitución: el contrato por el que se conviene la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero es nulo de pleno derecho en España conforme al artículo 10 de la Ley 14/2006. Esto no debe confundirse con debates sobre efectos de filiación de situaciones constituidas en el extranjero; para el test normativo básico, la regla del artículo 10 es la nulidad del contrato.

10.2. Cartera común del SNS: criterios vigentes

El texto consolidado del Real Decreto 1030/2006, modificado por las órdenes de 2021 y 2024 y actualizado en 2026, incorpora criterios de acceso. Entre los perfiles se incluyen mujeres sin pareja, mujeres lesbianas y personas trans con capacidad de gestar, además de los supuestos de infertilidad y otras indicaciones previstas. La edad se refiere al momento de inicio del estudio del paciente: con carácter general, más de 18 y menos de 40 años en mujeres y personas trans con capacidad de gestar, y más de 18 y menos de 55 años en varones, en las condiciones establecidas.

La cartera establece también criterios ligados a descendencia previa. Con carácter general no debe existir un hijo previo y sano; en parejas no debe existir un hijo común previo y sano, con los matices y excepciones del propio anexo. Este criterio no debe extrapolarse como prohibición absoluta de cualquier tratamiento privado ni confundirse con la capacidad legal para utilizar técnicas: se trata de un criterio de acceso a la prestación financiada.

10.3. Límites de ciclos que conviene reconocer

En inseminación artificial con semen de pareja, el texto de cartera fija edad de la mujer menor de 38 años y un máximo de cuatro ciclos. En inseminación artificial con gameto de donante, la edad se amplía a menor de 40 años y el máximo es de seis ciclos. Para fecundación in vitro, la edad de la mujer es inferior a 40 años y el máximo general es de tres ciclos con estimulación ovárica, sin perjuicio de los criterios clínicos concretos y de situaciones especiales.

La transferencia de preembriones criopreservados puede realizarse dentro de los límites previstos, y la cartera vigente contempla una edad inferior a 50 años para determinados supuestos de transferencia. No es correcto utilizar la cifra de 40 años indiscriminadamente para cualquier fase de la reproducción asistida.

La Orden SND/1215/2021 es relevante porque eliminó discriminaciones de acceso que habían generado especial controversia, incorporando expresamente a mujeres sin pareja, mujeres lesbianas y personas trans con capacidad de gestar. La Orden SND/606/2024 volvió a modificar el anexo, entre otros aspectos, en criterios de RHA; por ejemplo, la indicación relacionada con fallo ovárico clínico prematuro se formula actualmente sin el antiguo umbral de edad que aparecía en versiones previas. Un banco de preguntas antiguo puede contener una opción que fue correcta y ya no lo es.

11. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

La norma estatal central es la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Fue profundamente modificada por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por lo que deben descartarse esquemas que sigan enseñando como vigentes requisitos eliminados en 2023. El texto consolidado actualmente incorpora la reforma publicada el 1 de marzo de 2023.

La ley no se limita a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Regula derechos sexuales y reproductivos, obligaciones de los poderes públicos, educación e información, prevención, acceso a anticoncepción, atención a la salud reproductiva y garantías de igualdad territorial. La reforma de 2023 reforzó la perspectiva de derechos y abordó, entre otros asuntos, salud menstrual, educación sexual, accesibilidad y objeción de conciencia.

11.1. IVE a petición de la mujer: 14 semanas

El artículo 14 establece que puede interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la mujer embarazada. La reforma de 2023 eliminó el antiguo requisito de información previa en sobre cerrado y el período obligatorio de reflexión de tres días que aparecía en la redacción inicial de 2010. Por tanto, una opción que todavía exija «tres días de reflexión obligatoria» como regla vigente es falsa.

11.2. IVE por causas médicas: 22 semanas y supuestos posteriores

El artículo 15 contempla causas médicas. Hasta las 22 semanas puede practicarse cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, con dictamen previo de un especialista distinto del que practique o dirija la intervención, salvo urgencia en los términos legales. También puede realizarse, dentro del límite temporal previsto, cuando exista riesgo de graves anomalías en el feto, con los dictámenes requeridos por la ley.

Tras las 22 semanas existen supuestos excepcionales vinculados a anomalías fetales incompatibles con la vida o a enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico, con el procedimiento y valoración establecidos. Aquí el error típico es afirmar que «después de 22 semanas nunca puede realizarse una IVE». La regla correcta es que desaparece el régimen general de causas médicas dentro de 22 semanas y quedan los supuestos excepcionales tipificados.

11.3. Menores de 16 y 17 años

La reforma de 2023 restableció que las mujeres de 16 y 17 años puedan interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de consentimiento de sus representantes legales, conforme al régimen vigente. Esto debe diferenciarse de las reglas generales de consentimiento sanitario de la Ley 41/2002 y de otros procedimientos. La IVE tiene su normativa orgánica específica.

En el examen puede aparecer un distractor que sitúe la mayoría de edad sanitaria para la IVE en 18 años o que exija consentimiento paterno para toda menor de edad. La respuesta debe ajustarse a la redacción actual, no a la regulación existente entre 2015 y 2023.

11.4. Acceso, territorialidad y objeción de conciencia

La ley obliga a los poderes públicos a garantizar el acceso efectivo a la prestación en condiciones de igualdad. Si excepcionalmente no puede prestarse en el ámbito geográfico correspondiente, deben articularse mecanismos de derivación a un centro autorizado sin que la usuaria soporte las consecuencias económicas que corresponderían al sistema. La reforma refuerza la consideración de la IVE como prestación que debe organizarse de forma efectiva en el sistema sanitario.

La objeción de conciencia se reconoce al personal sanitario directamente implicado en la práctica de la interrupción, con carácter individual y manifestación anticipada conforme a la ley. No puede convertirse en una objeción institucional ni justificar que la Administración deje de garantizar la prestación. Igual que en eutanasia, el equilibrio jurídico es doble: proteger la conciencia individual del profesional y asegurar el acceso de la usuaria.

12. LEY 4/2023: MEDIDAS SANITARIAS PARA PERSONAS TRANS Y LGTBI

El temario exige expresamente los artículos 16 a 19 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Es un bloque cerrado y muy examinable porque cada artículo tiene un objeto distinto: art. 16, protección y promoción de la salud; art. 17, terapias de conversión; art. 18, educación sexual y reproductiva; art. 19, salud de personas intersexuales.

12.1. Artículo 16: protección y promoción de la salud

Las administraciones sanitarias deben incorporar las necesidades específicas de las personas LGTBI a sus políticas y estrategias, garantizando una atención sin discriminación. La ley impulsa la participación, la investigación sobre necesidades sanitarias específicas con respeto a intimidad y confidencialidad, la formación de profesionales y la elaboración de protocolos para detectar y comunicar situaciones de violencia discriminatoria.

El artículo 16 enlaza expresamente con la reproducción asistida: la cartera de servicios debe garantizar acceso a técnicas de reproducción humana asistida a mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres sin pareja y personas trans con capacidad de gestar, en condiciones de igualdad y conforme a la normativa sanitaria. Esta previsión es coherente con la modificación de la cartera común introducida ya por la Orden SND/1215/2021.

12.2. Artículo 17: prohibición de terapias de conversión

La regla es categórica: se prohíben métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento destinados a modificar orientación o identidad sexual o expresión de género. La prohibición se mantiene incluso si existe consentimiento de la persona interesada o de su representante legal. Esta última parte es la trampa de examen más clara: el consentimiento no legitima una práctica que la ley prohíbe.

12.3. Artículo 18: educación sexual y reproductiva

Las campañas de educación sexual y reproductiva y de prevención y detección precoz de infecciones de transmisión sexual deben considerar las necesidades específicas de las personas LGTBI, evitando estigmatización y discriminación. Las administraciones promoverán programas de prevención de ITS, con especial consideración al VIH, campañas de desestigmatización y campañas de información sobre profilaxis, especialmente entre población joven.

La clave no es crear «circuitos segregados» para personas LGTBI, sino diseñar políticas universales capaces de responder a necesidades específicas sin estigmatizar. Una opción que proponga separar sistemáticamente la asistencia por orientación sexual contradice el enfoque de igualdad, proximidad y no segregación presente en la ley.

12.4. Artículo 19: atención integral a personas intersexuales

La atención debe seguir principios de no patologización, autonomía, decisión y consentimiento informados, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación. Se protege de manera expresa intimidad y confidencialidad y se ordena evitar exploraciones innecesarias o exposiciones sin finalidad diagnóstica o terapéutica directamente relacionada.

El artículo 19 establece un régimen específico para modificaciones genitales en menores. En menores de 12 años se prohíben, salvo que exista una indicación médica que exija lo contrario para proteger la salud. Entre 12 y 16 años, solo se permiten a solicitud de la persona menor cuando, por su edad y madurez, pueda consentir informadamente. Este umbral 12/16 es un candidato claro a pregunta literal.

Además, antes de iniciar cualquier tratamiento que pueda comprometer la capacidad reproductiva, la ley exige garantizar acceso real y efectivo a técnicas de congelación de tejido gonadal y células reproductivas cuando proceda. La finalidad es preservar opciones reproductivas futuras y reforzar una decisión informada.

13. REPASO DE ALTO RENDIMIENTO Y TRAMPAS DE EXAMEN

Este tema se presta a preguntas de detalle. La mejor estrategia es construir pares que se excluyen entre sí. Predictiva, no preventiva. Registro nacional, no europeo. 180/120/90 cirugía, 60/30 consulta-diagnóstico. 3 meses primaria, 12 meses proceso largo de especialista/hospital. 30 días segunda opinión. 15 días entre solicitudes de ayuda para morir. 20 días de la Comisión andaluza para determinadas reclamaciones. 14 semanas IVE a petición y 22 semanas para determinados supuestos médicos. 12/16 años en modificaciones genitales de menores intersexuales.

13.1. Trampa: derecho general frente a garantía reglamentada

Que el Estatuto reconozca «un tiempo máximo» no significa que exista un único plazo para toda asistencia. Los decretos definen qué actividad entra en garantía y cuál es su plazo. De la misma forma, la libre elección no significa poder escoger simultáneamente varios especialistas para un mismo proceso, y la segunda opinión no significa derecho ilimitado a múltiples reevaluaciones.

13.2. Trampa: autonomía frente a indicación

El paciente puede aceptar o rechazar tratamientos, pero no puede exigir una intervención sin indicación clínica. En reproducción asistida, estar dentro de un grupo protegido frente a discriminación no elimina criterios clínicos ni de cartera. En final de vida, rechazar tratamiento no obliga al profesional a practicar eutanasia; son instituciones separadas. En salud intersexual, autonomía informada se acompaña de reglas específicas para menores.

13.3. Trampa: norma histórica frente a norma vigente

Hay tres bloques con especial riesgo de obsolescencia. Primero, la RHA: cambios de 2021 y 2024 y texto de cartera actualizado en 2026. Segundo, la IVE: reforma de 2023, que elimina el antiguo período obligatorio de tres días y cambia la situación de 16-17 años. Tercero, la VVA/eutanasia en Andalucía: Decreto 109/2025, que modifica el régimen de la Comisión, el Registro de objetores y el Registro de VVA.

13.4. Perlas oficiales del corpus aportado

Estas preguntas muestran el patrón real: el tribunal no necesita un caso complejo. Puede cambiar una palabra, una cifra o el nombre de un registro. Por ello, el último repaso debe ser literal y comparativo. La densidad normativa no se combate memorizando párrafos, sino creando una tabla mental de discriminadores.

14. VIGENCIA NORMATIVA, REFERENCIAS Y PALABRAS CLAVE

La elaboración de este tema se ha contrastado a 28 de agosto de 2026. No todas las normas tienen el mismo riesgo de cambio. El Estatuto, la Ley de Salud de Andalucía y la Ley 41/2002 son marcos estables. La cartera común del SNS es especialmente móvil porque sus anexos se actualizan; la versión consolidada del Real Decreto 1030/2006 consultada incorpora una modificación publicada el 31 de julio de 2026. En Andalucía, el cambio de mayor impacto reciente es el Decreto 109/2025, de 4 de junio, que modifica el desarrollo de la eutanasia y del Registro de VVA.

14.1. Normativa principal utilizada

• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía — art. 22.
• Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía — especialmente art. 6.
• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente — arts. 11 a 13 y concordantes.
• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS, y Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre — cartera de servicios comunes; texto consolidado actualizado 31/07/2026.
• Decreto 209/2001, de 18 de septiembre; Orden de 20/12/2006; Orden de 02/06/2016 — garantía quirúrgica 180/120/90 días.
• Decreto 96/2004, de 9 de marzo — primeras consultas 60 días, procedimientos diagnósticos 30 días y plazos de procesos incluidos.
• Decreto 60/1999, de 9 de marzo y Orden de 09/06/1999 — libre elección en atención primaria.
• Decreto 128/1997, de 6 de mayo — libre elección de especialista y hospital.
• Decreto 127/2003, de 13 de mayo y Orden de 24/08/2004 — segunda opinión médica.
• Ley 2/2010, de 8 de abril — derechos y garantías de dignidad en el proceso de muerte.
• Ley 5/2003, de 9 de octubre y Decreto 59/2012, de 13 de marzo — voluntad vital anticipada y Registro.
• Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo — regulación de la eutanasia.
• Decreto 236/2021, de 19 de octubre y Decreto 109/2025, de 4 de junio — Registro de objetores, Comisión de Garantía y Evaluación y actualización de VVA en Andalucía.
• Ley 14/2006, de 26 de mayo — técnicas de reproducción humana asistida; Orden SND/1215/2021 y Orden SND/606/2024 para condiciones de cartera.
• Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, modificada por Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero — salud sexual, reproductiva e IVE.
• Ley 4/2023, de 28 de febrero — arts. 16 a 19, medidas en el ámbito de la salud para personas LGTBI.

14.2. Fuentes oficiales de verificación

• BOE, legislación consolidada: https://www.boe.es/
• BOJA, disposiciones normativas: https://www.juntadeandalucia.es/boja/
• Servicio Andaluz de Salud, derechos y garantías: https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/derechos-y-garantias
• Sede electrónica Junta de Andalucía, segunda opinión médica y procedimientos: https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/

Palabras clave

Derechos sanitarios · Estatuto art. 22 · cartera común SNS · RD 1030/2006 · tiempo máximo · 180/120/90 · 60/30 · libre elección · tres meses · doce meses · segunda opinión · 30 días · silencio positivo · cuidados paliativos · sedación paliativa · voluntad vital anticipada · Registro Nacional de Instrucciones Previas · Decreto 109/2025 · eutanasia · prestación de ayuda para morir · 15 días · Comisión de Garantía y Evaluación · objeción de conciencia · reproducción humana asistida · IVE 14/22 semanas · Ley 4/2023 · terapias de conversión · intersexualidad.