1. INTRODUCCIÓN: DEFINICIONES Y EPIDEMIOLOGÍA DEL SINHOGARISMO

El sinhogarismo es un fenómeno complejo que trasciende la mera ausencia de vivienda. En la actualidad, y especialmente tras la pandemia de COVID-19, se reconoce que el sinhogarismo engloba múltiples situaciones de exclusión residencial: desde personas que duermen en la calle o en albergues de emergencia, hasta aquellas que viven en viviendas precarias, hacinadas o sin seguridad de tenencia. La perspectiva de la Unión Europea y de los organismos internacionales distingue entre sinhogarismo crónico, sinhogarismo temporal, sinhogarismo oculto y riesgo de sinhogarismo, cada uno requiere una respuesta diferenciada.

En España, se estima que más de 40.000 personas viven en situación de sinhogarismo, aunque las cifras reales podrían ser significativamente superiores si se incluye a las que duermen en viviendas precarias o en riesgo permanente de perder su hogar. La epidemiología del sinhogarismo en Andalucía responde a un perfil heterogéneo: hombres jóvenes y de mediana edad (mayoritarios), mujeres con historiales de violencia de género, migrantes y demandantes de asilo, personas con problemas de salud mental, adicciones y personas mayores sin red familiar.

El acceso a una vivienda es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un determinante social de la salud. Las personas sin hogar presentan tasas de morbilidad y mortalidad hasta tres veces superiores a la población general, con prevalencia elevada de tuberculosis, infecciones de transmisión sexual, problemas de salud mental, adicciones y violencia. Por ello, la intervención desde el sistema sanitario es fundamental, no como respuesta asistencial de emergencia, sino como parte de una estrategia integral de inclusión.

2. MARCO NORMATIVO ESTATAL Y ANDALUZ

El sinhogarismo se aborda desde múltiples niveles normativos que entrelazan la protección de derechos humanos, la política social y la política de vivienda.

2.1 Normas estatales clave

La Constitución Española (1978) reconoce en su artículo 47 el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, así como en su artículo 25 el derecho a la protección de la salud. La persona sin hogar es titular de estos derechos con la misma plenitud que el resto de ciudadanía.

La Ley 9/2007, de 13 de noviembre, de subvenciones de Andalucía, establece ayudas para personas sin hogar. La Ley 12/2011, de 28 de marzo, sobre medidas de protección e inclusión social, dedica capítulos enteros a la erradicación del sinhogarismo. Pero la norma más importante es la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre protección de seguridad ciudadana (aunque luego reformada), que prohíbe la criminalización de conductas asociadas al sinhogarismo como el acampada en espacios públicos.

A nivel internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) y la Observación General n.º 4 del Comité DESC de la ONU (1991) sobre el derecho a la vivienda adequada constituyen referencias clave en los argumentos de derechos humanos.

2.2 Normas andaluzas específicas

La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía configura un sistema de protección social orientado a la prevención, la promoción de autonomía y la inclusión social. Su artículo 14 establece que las personas en situación de sinhogarismo tienen derecho al acceso a los servicios sociales básicos (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día) sin requisitos previos de empadronamiento. Esto es un cambio fundamental: la gratuidad y la accesibilidad no están condicionadas a papeles ni a domicilio fijo.

La Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria (2015) sitúa el sinhogarismo como eje transversal en la coordinación entre servicios sociales y sanitarios, especialmente en la identificación de personas en riesgo, la atención de urgencias y la planificación al alta desde hospitales.

3. ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL SINHOGARISMO 2023-2030

La Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030 es el marco referencial más importante de los últimos años. Impulsada por el Gobierno de España en colaboración con el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, establece cuatro ejes estratégicos y múltiples compromisos concretos.

3.1 Ejes estratégicos

3.2 El modelo Housing First y Housing Led

La Estrategia Nacional 2023-2030 adopta explícitamente los modelos Housing First (Vivienda Primero) y Housing Led (Orientado a Vivienda) como enfoques prioritarios. No son simples intervenciones de alojamiento, sino filosofías de atención.

Housing First parte de la evidencia de que una persona experimenta cambios radicales en su salud, acceso a empleo y relaciones sociales cuando tiene una vivienda propia estable e incondicional. El modelo propone acceso directo a vivienda de carácter permanente, sin requisitos previos de sobriedad, terapia psicológica ni periodo de prueba. El apoyo profesional (trabajo social, salud mental, gestión del hogar) se proporciona después de obtener la vivienda, no como condición previa. Los estudios demuestran tasas de permanencia en vivienda del 80-90 % en contextos de implementación rigorosa.

Housing Led es un modelo intermediario que combina acceso rápido a vivienda transitoria o de larga duración (5-10 años) con apoyo intenso durante el proceso. Es especialmente útil para personas con necesidades complejas que requieren un proceso más gradual de estabilización.

4. DETERMINANTES SOCIALES Y FACTORES DE RIESGO

El sinhogarismo no es resultado de una causa única, sino de la acumulación de factores estructurales y personales. Entender esta multicausalidad es esencial para orientar la prevención y la intervención.

4.1 Factores estructurales (nivel de sistema)

• Crisis de vivienda: escasez de vivienda social, precarización del mercado de alquiler, gentrificación y desplazamiento forzado de vecindarios. En Andalucía, el parque de vivienda social representa menos del 3 % del parque residencial total, muy por debajo de la media europea.
• Desempleo y precarización laboral: contratos temporales, economía sumergida, salarios insuficientes para acceder a vivienda digna. La brecha salarial afecta especialmente a mujeres y migrantes.
• Debilidad de redes de protección social: insuficiencia de ayudas de emergencia, barrera de empadronamiento para acceder a servicios (aunque la Ley 9/2016 lo corrigió parcialmente), fragmentación entre servicios sociales y sanitarios.
• Políticas migratorias restrictivas: personas migrantes sin regularizar quedan excluidas de muchas prestaciones, lo que aumenta su vulnerabilidad al sinhogarismo.

4.2 Factores personales y relacionales

• Violencia intrafamiliar y de género: mujeres que huyen de parejas violentas, menores que abandonan el hogar por abuso, ruptura de parejas sin red de apoyo.
• Problemas de salud mental: depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, que dificultan la gestión de la vida cotidiana y el empleo. La reforma psiquiátrica andaluza no ha generado viviendas de apoyo suficientes.
• Adicciones (alcohol, drogas, nuevas adicciones): frecuentemente coinciden con experiencias traumáticas previas. El sinhogarismo acelera el consumo; el consumo agrava el sinhogarismo (ciclo vicioso).
• Experiencias traumáticas: guerra, conflictos, encarcelamiento, abuso sexual. Muchas personas sin hogar tienen historiales de trauma no procesado.
• Ruptura de vínculos familiares y sociales: pérdida de redes de apoyo informal, aislamiento, estigmatización. La familia es el colchón principal; sin ella, la caída es rápida.

4.3 Indicadores de riesgo para la detección temprana

El/la trabajador/a social sanitario debe identificar estas señales en dispositivos de atención primaria, urgencias y hospitalización para activar la intervención preventiva:

• Persona con vivienda inestable o insegura (compartida, hacinada, precaria).
• Retrasos o impagos de servicios básicos (agua, electricidad, gas).
• Expulsión o aviso de desahucio inminente.
• Deterioro de la salud mental o física coincidiendo con problemas de vivienda.
• Consumo activo de sustancias sin alternativas de vivienda.
• Persona que pasa noches puntuales en la calle o albergue.
• Menor que refiere conflicto familiar severo o falta de supervisión.

5. MODELOS DE INTERVENCIÓN: HOUSING FIRST, HOUSING LED Y REDUCCIÓN DE DAÑOS

Existen modelos de intervención claramente diferenciados, cada uno orientado a fases distintas del sinhogarismo y con objetivos específicos. La Estrategia Nacional y la práctica andaluza tienden a combinarlos en función del perfil de la persona.

5.1 Housing First: la vivienda como derecho incondicionado

Este modelo, implementado exitosamente en Finlandia, Suecia y Francia, parte de la premisa de que la vivienda es un derecho, no una recompensa por cumpli mientos previos. Sus características son:

• Acceso directo a vivienda propia: no albergue previo; vivienda de titularidad del usuario o en régimen de alquiler gestionado por la Administración.
• Incondicionabilidad: sin requisitos de programa terapéutico, abstinencia, higiene personal ni documentación previa. Se ofrece sin condiciones restrictivas.
• Apoyo permanente: equipo multidisciplinar (trabajo social, enfermería, psicología) disponible de forma continuada, con seguimiento incluso si hay recaídas o periodos de riesgo.
• Autonomía respetada: la persona decide sobre su vida en la vivienda; el equipo acompaña sin imponer modos de vida.

Los resultados en experiencias piloto españolas (especialmente Madrid y Barcelona) muestran que el 85-90 % de personas que acceden a Housing First permanecen en vivienda tras 2 años. El coste por persona es menor que mantener albergues, emergencias y hospitalizaciones.

5.2 Housing Led: vivienda con apoyo progresivo

Este modelo es un puente entre el albergue y Housing First. Ofrece acceso rápido a vivienda transitoria o de larga duración (típicamente 5-10 años) con apoyo intenso que se va modulando. Es útil para:

• Personas con larga trayectoria de calle que necesitan re-adaptarse gradualmente a la vida en vivienda.
• Personas con necesidades de salud mental o adicciones complejas que requieren un proceso más lento.
• Menores y jóvenes que necesitan tutorización en habilidades de vida independiente.

La diferencia clave con Housing First es que en Housing Led se pueden establecer algunas expectativas de cambio (asistencia a citas sanitarias, participación en actividades de formación), pero siempre de forma negociada y sin amenaza de expulsión por incumplimiento puntual.

5.3 Reducción de daños: realismo en contextos complejos

Para personas con adicciones severas y largas trayectorias, la reducción de daños establece objetivos realistas a corto plazo:

• No la abstinencia como meta inmediata, sino la estabilización y la reducción de comportamientos de riesgo (transmisión de VIH, sobredosis, violencia).
• Alojamiento en viviendas compartidas o albergues de baja exigencia, donde se respeta la privacidad y se permite consumo controlado.
• Atención médica de acceso fácil para gestionar infecciones, nutrición y sanitación.
• Enganche progresivo a servicios de salud mental y tratamiento de adicciones sin forzar tiempos.

6. TRABAJO INTERDISCIPLINAR: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL EQUIPO

La intervención con personas sin hogar requiere un equipo compuesto por profesionales de distintas disciplinas, cada uno aportando su perspectiva y coordinando acciones. No es un modelo donde un solo profesional resuelve todo, sino un ecosistema de competencias.

6.1 Composición del equipo interdisciplinar

6.2 Principios del trabajo interdisciplinar en sinhogarismo

• Complementariedad sin jerarquía: cada profesional aporta su saber sin sobreposición de funciones. El trabajo social no es menos importante que la medicina ni viceversa.
• Comunicación fluida y documentación compartida: historias compartidas (cuando es posible), reuniones de equipo regulares, protocolos escritos de derivación y coordinación.
• Enfoque centrado en la persona: los objetivos se negocian con la persona sin hogar, no se imponen. La persona es sujeto activo, no objeto de intervención.
• Tolerancia a la ambigüedad y a los tiempos largos: los cambios son graduales; los retrocesos suceden; la paciencia profesional es una virtud no una debilidad.
• Respeto del secreto profesional con coordinación: cada profesional respeta el sigilo de su disciplina, pero comparte lo relevante para la seguridad y continuidad asistencial del usuario.

7. VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES

La valoración es el punto de partida de cualquier intervención estructurada. En el contexto de sinhogarismo, la valoración no es un cuestionario administrativo, sino un proceso de conocimiento de la persona que requiere múltiples encuentros y que se va completando con el tiempo.

7.1 Áreas de valoración

• Situación de vivienda actual y trayectoria: dónde duerme, desde cuándo, qué tipos de alojamientos ha tenido, por qué se quedó sin hogar, intentos previos de salir de la situación.
• Salud física: enfermedades crónicas, problemas agudos, acceso a medicamentos, higiene y cuidado personal, antecedentes de VIH, hepatitis, tuberculosis.
• Salud mental: síntomas de depresión, ansiedad, psicosis, intentos suicidas, trauma no tratado, medicación psiquiátrica actual.
• Consumo de sustancias: tipo de consumo, frecuencia, contexto, motivación para cambiar, intentos de abstinencia previos, acceso a programa de mantenimiento con metadona u otros.
• Situación legal y documentación: nacionalidad, documentación válida (DNI, NIE), antecedentes penales, órdenes de alejamiento, situación de migración, regularización pendiente.
• Recursos económicos: si recibe alguna prestación (IMV, renta, pensión), posibilidad de empleo, deudas previas, acceso a dinero para emergencias.
• Red social y familia: personas de apoyo, relación con familia de origen, posibilidad de alojamiento temporal, conflictos no resueltos, victimización previa (violencia, abuso).
• Formación y empleo: nivel de estudios, experiencia laboral, barreras para trabajar (salud, falta de documentos, estigma), motivación de cambio laboral.
• Capacidad funcional: autonomía en vida diaria (higiene, alimentación, movilidad), capacidad de gestión de dinero, acceso a transporte, necesidades de apoyo específicas.

7.2 Instrumentos de valoración recomendados

Aunque no existe una escala estándar de valoración del sinhogarismo, se recomiendan:

7.3 Documento de formalización: el informe social

El informe social es el documento que recoge la valoración y que acompaña a la persona en su trayecto por los servicios. Debe incluir: identificación de la persona, situación de vivienda y trayectoria, valoración de necesidades en las áreas arriba indicadas, factores de protección (capacidades, recursos, redes), valoración del riesgo, y recomendaciones de intervención.

8. TRABAJO EN RED Y COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA

Una persona sin hogar casi nunca es responsabilidad de un único servicio. Típicamente, interactúa con servicios sanitarios (APS, urgencias, hospital), servicios sociales (albergue, prestaciones), policía o seguridad ciudadana, vivienda pública, y a menudo con múltiples ONG. Coordinar estas instituciones es una de las funciones centrales del/la trabajador/a social sanitario.

8.1 Mapa de recursos (cadena de recursos típica en Andalucía)

• Detección y urgencia: Unidades de urgencias y emergencias (personas con problemas agudos de salud), Policía Local (cuando hay conflicto con espacio público), Servicios Sociales Municipales de urgencia.
• Alojamiento transitorio: Albergues de emergencia (noche, comida), Centros de Atención a Personas sin Hogar (CAPH), Espacios de día (acogida, aseo, comida).
• Atención sanitaria continua: Centros de Salud de Atención Primaria (muchos tienen horarios y protocolos adaptados para personas sin hogar), Equipos volantes de calle (van a buscar a personas en situación de calle), Servicios de Salud Mental comunitarios, Programas de Reducción de Daños (metadona, buprenorfina).
• Vivienda transitoria y acompañamiento: Dispositivos de alojamiento con apoyo (piso con educador), Viviendas de inserción (Housing Led), Programas Housing First (vivienda incondicional), Apoyo a la gestión de la vivienda.
• Servicios sociales territoriales: Tramitación de prestaciones (IMV, Ingreso Mínimo Vital; Renta de Ciudadanía en Andalucía en su caso), Gestión de vulnerabilidad, Seguimiento de la persona en el tiempo.
• Empleo e inserción laboral: Programas de empleo con apoyo, Centros ocupacionales, Cooperativas de inserción.
• ONG y movimiento asociativo: Comedores sociales, Programas de ropa y aseo, Advocacia y lucha contra la discriminación, Acompañamiento psicosocial.

8.2 Protocolos de coordinación en Andalucía

La Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria (2015) y el Protocolo de Coordinación en materia de violencia de género (aplicable cuando hay violencia) establecen circuitos de comunicación específicos. Aunque no existe un protocolo único para sinhogarismo, la buena práctica establece:

• Reuniones regulares de coordinación: mensuales o trimestrales, entre servicios sanitarios, servicios sociales y ONG, para revisar casos complejos y resolver obstáculos de coordinación.
• Documentación compartida (cuando es posible): consentimiento de la persona para compartir historia clínica con trabajadores sociales municipales, o al menos resúmenes de valoración.
• Circuitos de derivación ágil: cuando un centro de salud detecta a una persona sin hogar, sabe a quién llamar (trabajador social del equipo, servicios sociales del municipio, ONG local) y qué datos compartir.
• Planificación al alta: si una persona sin hogar es hospitalizadas, la coordinación sociosanitaria comienza desde el ingreso, no en el alta, para preparar un alojamiento adecuado.

8.3 Rol del/la trabajador/a social sanitario en la red

El/la trabajador/a social sanitario es un nodo central de la red, no porque tenga autoridad sobre otros recursos, sino porque:

• Accede a la persona a través del sistema sanitario, que es frecuentemente el primer contacto en crisis.
• Tiene una comprensión integral de la salud y la situación social, no solo de uno u otro aspecto.
• Puede facilitar la comunicación entre profesionales de distintas disciplinas y administraciones.
• Representa los valores de dignidad y derechos en un contexto donde a menudo la persona sin hogar experimenta estigma o marginación.

9. INTERVENCIÓN DEL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL SANITARIO EN DISPOSITIVOS DE SALUD

La intervención concreta del/la trabajador/a social sanitario con personas sin hogar varía según el dispositivo donde trabaja: atención primaria, urgencias, hospitalización, salud mental. Pero hay un hilo conductor en todas las áreas: acceso, valoración, orientación de derechos y coordinación para continuidad.

9.1 En Atención Primaria

• Acceso sin barreras: muchos centros de salud tienen protocolos que permiten atender a personas sin hogar sin exigir empadronamiento. El/la trabajador/a social facilita la inscripción en la historia electrónica (DIRAYA en Andalucía).
• Valoración de riesgo social: en la consulta de enfermería o medicina, el/la trabajador/a social recibe derivación de casos con factores de riesgo (personas mayores solas, jóvenes sin vivienda segura, personas con adicciones) y realiza valoración social complementaria.
• Educación en autocuidado: habilidades de higiene personal y prevención de infecciones (especialmente relevante en contextos de calle), gestión de medicamentos, alimentación, identificación de síntomas de alerta.
• Enlace con dispositivos de emergencia: si detecta crisis de vivienda inminente, conecta de inmediato con servicios sociales de urgencia, albergues o dispositivos de inserción.

9.2 En Urgencias y Emergencias

• Acogida y valoración rápida: muchas personas sin hogar usan urgencias como dispositivo de acceso a sanidad. Es crucial tener presencia de trabajo social en el triaje o dentro de las primeras horas.
• Prevención de alta sin recurso: evitar que una persona sea dada de alta a la calle sin alternativa de alojamiento. Si la persona no tiene hogar seguro, el alta debe coordinarse con albergue de emergencia o dispositivo de atención.
• Derivación ágil a APS o especializada: si es un problema crónico que requiere seguimiento (diabetes, hipertensión, adicción), facilitar continuidad de cuidados en centro de salud con seguimiento del trabajo social.
• Manejo de crisis en salud mental y adicciones: cuando la urgencia es crisis psicótica o de consumo, el/la trabajador/a social coordina con equipos de salud mental y programas de reducción de daños para desescalada y seguimiento.

9.3 En Hospitalización

• Comunicación desde el ingreso: si una persona es hospitalizada sin hogar, el/la trabajador/a social del hospital debe conocerlo desde el primer día para iniciar planificación de alta.
• Valoración sociofamiliar integral: durante la hospitalización, se completa la historia social, se valora apoyos disponibles, se inicia contacto con familia si es seguro hacerlo.
• Planificación al alta: antes del día de alta, debe estar confirmado: a) dónde va a dormir (albergue, dispositivo de inserción, vivienda propia, familia); b) si hay seguimiento sanitario programado (cita en APS o especialidad); c) si hay prestaciones tramitadas o recursos gestionados.
• Prevención de reingresos: un indicador de mala coordinación es cuando la misma persona sin hogar se ingresa repetidamente por el mismo problema (ej., heridas en pies por vivir en calle). Cada reingreso es oportunidad para activar rutas de inserción más agresivas.

9.4 En Salud Mental comunitaria

• Adaptación de espacios y tiempos: muchas personas sin hogar tienen dificultad de acceso a consultas formales (horarios, trasporte, vergüenza). Algunos equipos de salud mental hacen visitas domiciliarias o sesiones en albergues.
• Coordinación con servicios sociales: depresión o psicosis sin vivienda estable tiene pocas opciones de mejoría. El/la trabajador/a social debe insistir en que la vivienda es un determinante de la salud mental no menos importante que la medicación.
• Prevención del suicidio: personas sin hogar tienen mayor riesgo de suicida consumado. El protocolo de prevención del suicidio debe incluir valoración de vivienda y redes.

10. ACCESO A RECURSOS: VIVIENDA, SERVICIOS SOCIALES Y PRESTACIONES

La intervención no puede quedarse en diagnóstico y acompañamiento emocional; debe conducir a acceso concreto a recursos. En el contexto andaluz, esto significa conocer y navegar varios sistemas de prestaciones y vivienda.

10.1 Vivienda

El acceso a vivienda es el objetivo final. Las modalidades disponibles varían según municipio y Comunidad Autónoma, pero típicamente incluyen:

• Albergues de emergencia: acogida nocturna sin compromiso de permanencia. Son puertas de entrada, no soluciones permanentes.
• Centros de Atención a Personas sin Hogar (CAPH): combinan alojamiento con acceso a servicios (aseo, comida, seguimiento sanitario). Duración suele ser limitada (3-6 meses).
• Viviendas de inserción: alojamiento de mediano plazo (6-24 meses) con educador/a que acompaña en gestión de la vida cotidiana. Es el modelo Housing Led.
• Vivienda pública en régimen de alquiler: acceso prioritario para personas sin hogar a vivienda pública de la Administración, con renta reducida.
• Programas Housing First: aún poco extendidos, pero en algunos municipios andaluces existen. Acceso directo a vivienda con apoyo continuado.

10.2 Prestaciones económicas y sociales

El acceso a prestaciones es a menudo bloqueado por barreras administrativas. El/la trabajador/a social tiene un rol crucial de «tramitador de derechos»:

• Ingreso Mínimo Vital (IMV): prestación estatal; requisito: empadronamiento. Aunque las personas sin hogar pueden empadronarse en servicios sociales, hay variabilidad de implementación. Cuantía básica 2025: aprox. 620 €/mes (varía con composición de la unidad de convivencia).
• Prestaciones autonómicas (Renta de Ciudadanía, en Andalucía): si existe, tiene regímenes más flexibles de empadronamiento. Trabajo social debe conocer los requisitos locales.
• Ayudas de urgencia social (municipal): para gastos puntuales (alojamiento de emergencia, medicamentos, alimentación). No todas las ciudades las tienen, pero donde existen son puerta rápida de acceso.
• Prestaciones por dependencia (Ley 39/2006): si la persona es mayor o tiene discapacidad, puede acceder al SAAD sin requisito de vivienda fija (Ley 9/2016).
• Subsistencia para refugiados y demandantes de asilo: prestación específica para personas migrantes en proceso de asilo.

10.3 Servicios sociales básicos accesibles sin vivienda

La Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía reconoce acceso a servicios básicos sin requisito de domicilio fijo (art. 14). Esto incluye:

• Teleasistencia (dispositivos de alerta).
• Ayuda a domicilio / servicios de higiene (adaptado: puede ser en albergue o en la calle).
• Centro de día (acogida, higiene, comida, actividades).
• Información, asesoramiento y orientación.

11. LUCHA CONTRA LA APOROFOBIA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS

La aporofobia —fobia o rechazo hacia las personas pobres— es una realidad sistemática que viven las personas sin hogar. No es solo prejuicio individual, sino estigma institucionalizado que afecta al acceso a servicios, al trato recibido y a la seguridad personal.

11.1 Delitos de odio contra personas sin hogar

Se documentan casos de agresión física, robo, violación e incluso asesinato de personas viviendo en la calle, a menudo sin investigación apropiada. La Estrategia Nacional 2023-2030 contempla entre sus compromisos la sensibilización ciudadana y la persecución firme de delitos de odio contra personas sin hogar.

El/la trabajador/a social debe:

• Documentar incidentes de violencia o discriminación (constar en historia clínica).
• Orientar a la persona sobre cómo denunciar y apoyar en el acceso a justicia.
• Facilitar acceso a servicios de protección si hay riesgo grave (relocalización, apoyo jurídico de ONG especializadas).

11.2 Estigma en el propio sistema sanitario

Paradójicamente, las personas sin hogar sufren estigma también en dispositivos de atención sanitaria, donde a veces son etiquetadas como «abusadoras de urgencias», «consumidoras», «irresponsables». La Ley 41/2002 de autonomía del paciente y Ley 9/2016 garantizan acceso digno a todos sin discriminación. El/la trabajador/a social es guardián de estos derechos dentro del propio equipo sanitario:

• Cuestionar el lenguaje estigmatizante en reuniones de equipo.
• Educar en las realidades estructurales del sinhogarismo (no es elección personal).
• Documenta cuando hay negación de atención o trato discriminatorio.

11.3 Derecho a la documentación y participación

Muchas personas sin hogar pierden su documentación (DNI, NIE, títulos escolares). Sin documentación, no acceden a empleo, vivienda, prestaciones. El/la trabajador/a social facilita:

• Gestión de duplicados de documentación en comisarías o consulados.
• Orientación sobre regularización de migrantes (posibilidad de NIE, arraigo social).
• Obtención de Certificado de Empadronamiento (clave para muchas tramitaciones).

11.4 Participación y voz de la persona sin hogar

Un cambio estructural es incorporar a personas con experiencia de sinhogarismo en el diseño de políticas y programas. Algunos municipios y ONG tienen ya «mesas de participación» donde personas sin hogar o exsinhogar participan en decisiones sobre sus propios servicios. Esto no es paternalismo, es democratización de la intervención social.

12. MAPA CONCEPTUAL