Tema 73. Aspectos legales de la salud mental en los ámbitos civil y penal. El internamiento involuntario. Reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Nuevas entidades tutelares.
1. INTRODUCCIÓN: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA CAPACIDAD JURÍDICA EN SALUD MENTAL
El Tema 73 aborda uno de los aspectos más sensibles, complejos y éticamente exigentes de la intervención del/la trabajador/a social sanitario en los servicios de salud mental: la intersección entre los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, la protección de su capacidad jurídica y los poderes de coerción (el internamiento involuntario) que el ordenamiento jurídico autoriza en circunstancias excepcionales. Este tema es central en la formación de la categoría porque combina protección de derechos, responsabilidad clínica, coordinación con órganos judiciales y una práctica profesional rigurosa que debe equilibrar autonomía, seguridad y dignidad.
Durante más de cien años, el Código Civil de 1889 (vigente hasta 2022) utilizó el mecanismo de la incapacitación legal como única respuesta jurídica frente a las limitaciones cognitivas o volitivas derivadas de enfermedad mental, discapacidad intelectual o cualquier otra causa. Este modelo — fundamentado en una concepción binaria de la capacidad (o se tenía plenamente o se perdía del todo mediante una sentencia) — fue cuestionado progresivamente por los movimientos de derechos humanos, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, 2006, ratificada por España en 2008) y la propia jurisprudencia de los tribunales, que evidenciaban la vulneración de derechos que suponía la incapacitación generalizada. En junio de 2021, la Ley 8/2021 operó una reforma radical del sistema civil español, sustituyendo la incapacitación por un modelo de «medidas de apoyo» centrado en la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, y reforzando los mecanismos de protección de su capacidad de obrar.
Paralelamente, la regulación del internamiento involuntario en los servicios de salud mental (Art. 76.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC) representa el ejercicio del poder coercitivo del Estado para proteger la vida, salud e integridad de personas que padecen un trastorno psiquiátrico severo y rechazan de forma aguda el acceso a la atención sanitaria. Este mecanismo es necesario pero altamente restrictivo de derechos y requiere garantías judiciales exhaustivas.
El/la trabajador/a social sanitario actúa en ambos contextos: tanto en los procedimientos de reforma de medidas de apoyo (asesorando, informando, coordinando), como en los ingresos involuntarios (documentando, coordinando con la judicatura, apoyando a la familia). Esta intersección de responsabilidades exige un conocimiento profundo del marco legal, la capacidad de identificar situaciones de riesgo que ameriten intervención judicial, y una postura ética que ponga la dignidad y los derechos fundamentales en el centro de toda actuación.
2. CONCEPTO DE CAPACIDAD JURÍDICA: DEL MODELO MÉDICO AL MODELO DE DERECHOS HUMANOS
La capacidad jurídica es la aptitud reconocida por el ordenamiento legal a toda persona física para ser titular de derechos y obligaciones. Tradicionalmente, el derecho civil distinguía entre capacidad jurídica (que todas las personas físicas poseen desde el nacimiento, de forma inherente) y capacidad de obrar (la aptitud para ejercitar de forma autónoma esos derechos y obligaciones). La incapacitación legal suspendía o limitaba la capacidad de obrar, sometiendo al afectado a un régimen de representación legal por un tutor o curador designado judicialmente.
Sin embargo, este modelo de «incapacitación» ha sido progresivamente cuestionado por dos razones fundamentales:
a) Vulneración de derechos fundamentales: La incapacitación era un mecanismo todo-o-nada que impedía a la persona ejercer derechos civiles, políticos, sociales y económicos, incluso en áreas donde podría tomar decisiones con apoyos mínimos o donde su capacidad era parcial. Personas en situación de dependencia, enfermedad mental leve o discapacidad cognitiva leve quedaban excluidas de facto de decisiones sobre su patrimonio, su vivienda, su vida íntima, su voto o su capacidad reproductiva, incluso cuando eran capaces de participar en tales decisiones con ayuda.
b) Incumplimiento de compromisos internacionales: La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, ONU 2006) establece en su Art. 12 que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y que el ejercicio de esa capacidad debe ser apoyado mediante medidas que respeten la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Declara que la incapacitación legal (sustitución de la capacidad) es una violación de los derechos humanos. Esta es la base de la reforma española de 2021.
La Asamblea General de la ONU, en sus Observaciones Generales sobre la CDPD (2019), enfatiza que la capacidad jurídica es un derecho universal, no graduable. Las personas con discapacidad — mental, intelectual, sensorial o física — tienen capacidad legal plena, sin importar el grado de su discapacidad. Lo que puede limitarse o apoyarse es el ejercicio de esa capacidad, mediante medidas que respeten la autonomía de la persona.
Este cambio de paradigma ha producido una transformación en toda la legislación civil y procesal española a través de la Ley 8/2021 y sus desarrollos reglamentarios posteriores.
3. MARCO NORMATIVO CIVIL: EL CÓDIGO CIVIL Y LA REGULACIÓN DE LA INCAPACITACIÓN
El Código Civil español (aprobado en 1889 y vigente hasta la entrada en vigor de la Ley 8/2021) contenía un sistema de protección basado en tres figuras principales: la tutela, la curatela y la guarda de hecho. Aunque la Ley 8/2021 las ha sustituido por un nuevo régimen de medidas de apoyo, es imprescindible comprenderlas porque aún son aplicables a procedimientos iniciados antes de junio de 2021 y porque muchas personas se encuentran bajo estos regímenes antiguos (lentamente se van transformando en medidas de apoyo).
La tutela (Arts. 215–323 CC antiguo): era la figura de representación legal más restrictiva. Se imponía cuando la persona carecía totalmente de capacidad de obrar (por ser menor de edad no emancipado, por ser incapacitado por sentencia judicial o por motivos que incluían enfermedad mental permanente, trastorno sensorial grave, o deficiencia mental). El tutor representa completamente a la persona en todos sus actos civiles, patrimoniales y personales, sin que la persona pueda realizar acto legal alguno por sí misma. Es un régimen de sustitución total de la voluntad.
La curatela (Arts. 286–304 CC antiguo): era una figura menos restrictiva que la tutela, utilizada para casos donde la persona retenía cierta capacidad residual pero necesitaba apoyo. El curador «asistía» al curatelado (los actos requerían el consentimiento del curador, pero el curatelado participaba). Sin embargo, en la práctica, la línea entre tutela y curatela era poco clara, y ambas eran regímenes de representación donde la voluntad de la persona incapacitada no era suficiente.
La guarda de hecho (Art. 303 CC antiguo): era una situación irregular donde una persona de facto cuidaba y representaba los intereses de un incapaz sin tener una orden judicial formal. Esto creaba inseguridad jurídica y riesgos de abuso.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), antes de 2021 había en España más de 300.000 personas incapacitadas judicialmente. Una mayoría de estos procedimientos se debía a enfermedad mental (esquizofrenia, trastorno bipolar, demencia senil, etc.), mientras que otros derivaban de discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, o enfermedades neurodegenerativas.
La incapacitación era un acto judicial formal, iniciado por demanda ante el juzgado de primera instancia. Requería la iniciativa de un «legitimado» (padres, tutores, guardadores de hecho, fiscalía, el propio interesado, etc.), un examen pericial del juzgado y una sentencia. Pero una vez incapacitado, la persona quedaba bajo un régimen de representación cuasi-permanente, con pocas ocasiones de revisión o crecimiento de su capacidad. Esto era especialmente lesivo para personas con enfermedad mental que experimentaban remisiones, mejoras o períodos de estabilidad, o para personas con discapacidad que podían mejorar con apoyos.
4. LA LEY 8/2021, DE REFORMA CIVIL Y PROCESAL: EL CAMBIO DE PARADIGMA
La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, fue publicada en el BOE el 3 de junio de 2021 y entró en vigor el 3 de septiembre de 2021. Es, sin duda, la reforma más importante del Código Civil español en materia de capacidad jurídica desde su promulgación en 1889. Su objetivo declarado es hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad a ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones, conforme a la CDPD.
Los cambios principales de la Ley 8/2021 son:
1. Supresión de la incapacitación como figura general. Los procedimientos de incapacitación judicial «de la persona» (que afectaban globalmente a la capacidad de obrar) dejan de existir en el marco de la Ley 8/2021. Así lo establece la disposición final segunda: se deroga el Capítulo IV del Título I del Libro I del Código Civil (Arts. 200-268, que regulaban la incapacitación). A partir del 3 de septiembre de 2021, no se puede dictar una sentencia de incapacitación en el sentido clásico.
2. Reconocimiento de la capacidad jurídica inherente. El nuevo Art. 248 del CC establece que «las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida». No hay grados ni suspensiones. La capacidad jurídica es un derecho fundamental que no se puede arrebatar.
3. Introducción de medidas de apoyo. El nuevo régimen se articula en torno a las «medidas de apoyo», que son mecanismos para facilitar que la persona con discapacidad ejerza su capacidad jurídica conforme a su voluntad, deseos y preferencias. No son medidas de sustitución de la voluntad, sino de asistencia a la misma.
4. Primacía de la voluntad, deseos y preferencias. El nuevo Art. 249 del CC establece que «la prestación de apoyo respetará la voluntad, deseos y preferencias de la persona a la que se presta apoyo». Esto significa que incluso cuando la persona no puede comunicar claramente, el apoyo debe orientarse a respetar lo que la persona querría, no lo que el «tutor» cree que es mejor objetivamente.
5. Transformación de tutelas y curatelas antiguas. Las personas incapacitadas bajo el régimen antiguo (tutela o curatela) deben ser «transicionadas» a medidas de apoyo. La Ley 8/2021 establece un plazo de 5 años para que los juzgados procedan de oficio a esta transformación, aunque también pueden iniciarse de oficio o por instancia de parte.
La Ley 8/2021 no es únicamente una reforma de derecho civil. Va acompañada de reformas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), el Código Penal y otras normas. También se han dictado Reales Decretos desarrollando procedimientos para la transformación de incapacitaciones antiguas y la constitución de medidas de apoyo nuevas (RD 1276/2021, de 27 de julio).
5. MEDIDAS DE APOYO: NATURALEZA, TIPOS Y FUNCIONAMIENTO
Las medidas de apoyo son instrumentos jurídicos que permiten a una persona con discapacidad (mental, intelectual, sensorial, o de otra índole) ejercer su capacidad jurídica con ayuda, manteniendo en todo momento su cualidad de sujeto de derecho y su libertad para tomar decisiones según su voluntad y preferencias. No son delegaciones de poder, sino asistencia a la autonomía.
El nuevo Art. 250 del Código Civil distingue entre:
a) Medidas de apoyo voluntarias y negociadas: Son aquellas que la propia persona con discapacidad acuerda con su apoyo en un documento (puede ser un poder notarial especial, un mandato, un pacto de constitución de medidas de apoyo, etc.). Son medidas consensuales que respetan plenamente la voluntad de la persona y ofrecen máxima flexibilidad. Ejemplos: la persona celebra un poder notarial para que su hermana la asista en decisiones patrimoniales; la persona con esquizofrenia estable acuerda que su psiquiatra le informe antes de cada decisión sobre medicación; una persona con discapacidad intelectual y su madre formalizan que la madre acompañará las compras y decisiones económicas grandes.
b) Medidas de apoyo judicialmente constituidas: Son aquellas que el juzgado impone cuando la persona no puede o no quiere formalizar medidas de apoyo de manera consensuada, pero necesita protección. El juzgado, a instancia de parte legitimada, constituye un «apoyo» mediante sentencia. Este apoyo puede ser un familiar, una persona de confianza, o incluso una entidad tutelar (ver §9). A diferencia de la tutela antigua (que era de representación), el nuevo apoyo es de asistencia: el apoyo firma junto a la persona, su voluntad se respeta, y si hay conflicto de intereses se recurre de nuevo al juzgado.
Los tipos específicos de medidas de apoyo son:
1. La «curatela». Mantiene el nombre tradicional pero con contenido completamente nuevo. Según el Art. 286 reformado del CC, el curador es la persona designada para asistir al curatelado en el ejercicio de su capacidad jurídica. El curatelado participa en todas las decisiones; el curador firma junto a él (o le asesora sin firmar, según se pacte). Los actos del curatelado sin intervención del curador siguen siendo válidos, salvo que afecten a materias expresamente reservadas. Es un régimen de asistencia flexible.
2. El «apoyo simple» o «guardador de apoyo». Figura nueva. Es menos formal que la curatela. Una persona (de confianza, familiar o profesional) es designada por el juzgado como «apoyo» en materias concretas (p. ej., salud mental, patrimonio, acceso a derechos sociales). El apoyo advierte, asesora, acompaña, pero no necesariamente firma. Es más flexible y se adapta mejor a casos donde la persona tiene capacidad parcial o episódica.
3. El poder o mandato. Figuras clásicas pero ahora redefinidas. La persona con discapacidad otorga a una persona de confianza un poder o un mandato para asuntos específicos. Mantiene el control y puede revocarlo. Es completamente consensual.
4. La «tutela» — excepcional y subsidiaria. La Ley 8/2021 sigue permitiendo la tutela, pero como medida «de última ratio», cuando la persona carece totalmente de discernimiento y no es posible establecer medidas de apoyo menos restrictivas. La tutela nueva no es exactamente igual a la antigua: sigue siendo de representación, pero el tutor debe respetar la voluntad y preferencias conocidas de la persona en la mayor medida posible, y la decisión del tutor puede ser revisada judicialmente si el tutelado (o cualquier interesado) demuestra que viola sus derechos.
El funcionamiento de las medidas de apoyo requiere que el apoyo:
- Entienda y respete la voluntad, deseos y preferencias de la persona apoyada.
- Promueva la independencia y el desarrollo de la capacidad de la persona.
- Actúe siempre en beneficio de la persona apoyada, evitando conflictos de intereses.
- Rinda cuentas ante el juzgado si es formalmente constituido.
En el contexto de la salud mental, las medidas de apoyo son especialmente relevantes porque muchas personas con enfermedad mental (bipolaridad, esquizofrenia residual, depresión crónica, etc.) pueden vivir de forma autónoma con apoyos específicos: ayuda para adherencia a la medicación, asesoramiento en decisiones económicas o de vivienda, apoyo en interacción con servicios sociales. La medida de apoyo «a medida» respeta esta autonomía parcial y evita la incapacitación global innecesaria.
6. EL INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO POR TRASTORNO PSIQUIÁTRICO: MARCO LEGAL Y PROCEDIMIENTO
El internamiento involuntario (también llamado «ingreso forzado» u «hospitalización sin consentimiento») es la privación de libertad de una persona que padece un trastorno psiquiátrico agudo, sin su consentimiento, en una unidad psiquiátrica hospitalaria, autorizado por la ley y (en general) por decisión de autoridad judicial. Es una de las medidas más restrictivas de derechos fundamentales que puede adoptar el Estado. Por ello, la ley lo rodea de garantías exhaustivas y lo reserva a circunstancias excepcionales: cuando la persona presenta peligro grave e inmediato para su vida o integridad, o para la seguridad de terceros, y rechaza el acceso voluntario a atención psiquiátrica.
Regulación legal: En España, el internamiento involuntario está regulado en el Art. 76.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) (tras las reformas de las Leyes 1/2000 y 15/2015). Es importante subrayar que la LEC, no el Código Penal, es la norma aplicable. Esto significa que el internamiento es una medida de protección e incapacidad procesal ante un peligro presente, no un castigo penal.
El Art. 76.3 LEC en la redacción vigente (tras la Ley 15/2015) establece que:
Art. 76.3 LEC (vigente)
Estos requisitos son cumulativos: todos deben estar presentes para que el internamiento sea legítimo.
Procedimiento:
1. Iniciativa: El internamiento involuntario puede ser solicitado por:
- El facultativo responsable del paciente (médico psiquiatra, médico de medicina general si es urgencia en APS).
- La familia del paciente.
- La fiscalía.
- No las fuerzas y cuerpos de seguridad por sí solos (aunque pueden colaborar en el transporte del paciente, no pueden solicitar el internamiento).
En el examen oficial de Trabajador/a Social 2022 (pregunta 58) se preguntó quién NO puede solicitar el internamiento; la respuesta correcta fue «Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».
2. Autorización judicial: El internamiento requiere resolución judicial. En urgencias, el médico puede actuar de forma provisional (hasta 24 horas, según jurisprudencia uniforme), pero debe comunicarse de inmediato al juzgado. El juzgado debe dictar auto (resolución judicial) confirmando o levantando el internamiento en el plazo más breve posible.
3. Garantías procedimentales:
- El internado debe ser informado de sus derechos (derecho a defensa letrada, derecho a audiencia, derecho a cuestionar el internamiento).
- El juzgado debe oír al internado, al menos en cuestionario escrito.
- El internado tiene derecho a asistencia letrada gratuita si no tiene recursos.
- El internamiento es temporal y debe ser revisado periódicamente (cada 3 meses mínimo según jurisprudencia).
- El internado puede presentar recurso contra la resolución judicial.
4. Duración: El internamiento dura el tiempo clínicamente necesario para que remita el trastorno agudo y la persona consiga lucidez y capacidad de decisión. El alta es responsabilidad del equipo clínico, en coordinación con el juzgado.
Situación especial: internamiento urgente y comunicación al juzgado
En caso de urgencia incontestable (paciente agitado, con comportamientos autolesivos, riesgo inminente), el médico puede autorizar el internamiento de hecho sin resolución judicial previa. Pero debe comunicarlo al juzgado en el plazo más breve posible (en la práctica, en 24 horas o el siguiente día laborable). El juzgado entonces valora si ratifica la medida o la levanta. Si no ratifica, el internamiento se disuelve.
7. LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL: ART. 76.3 Y PROCEDIMIENTO DE INTERNAMIENTO
El Art. 76 LEC es parte de un capítulo titulado «Medidas cautelares y de protección» y se inserta en un contexto más amplio de protección de personas vulnerables, que incluye también medidas sobre violencia doméstica (Art. 64 LEC). El Art. 76 LEC no es exclusivamente sobre internamiento; regula varias formas de protección ante situaciones de peligro. El internamiento involuntario es solo una de ellas.
Estructura del Art. 76 LEC (en sus apartados relevantes para salud mental):
Art. 76.1 LEC permite al juzgado acordar «medidas de protección» cuando existe riesgo de daño inmediato al demandante. Incluye órdenes de alejamiento, restricciones de comunicación, etc.
Art. 76.2 LEC trata específicamente de la hospitalización involuntaria por situaciones de urgencia médica general (cuando la vida o la salud está en peligro grave).
Art. 76.3 LEC trata específicamente del internamiento involuntario por «trastorno mental».
Reforma de la LEC por la Ley 15/2015: La Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, modificó sustancialmente el Art. 76 LEC para introducir mayores garantías y hacer el procedimiento más riguroso. Además de los requisitos materiales (que debe estar presente trastorno mental, falta de discernimiento, rechazo activo, riesgo grave inminente), añadió garantías procedimentales más sólidas: información de derechos al internado, derecho a defensa letrada, audiencia, etc.
Críticas y límites de la norma actual:
El Art. 76.3 LEC actual es más restrictivo (de internamiento) que la norma previa (Ley 1/1986 de Sanidad y su Art. 5.1.4), que permitía internamiento involuntario de forma más discrecional si era necesario para diagnóstico, tratamiento o protección. La LEC actual es más favorable al respeto de derechos humanos, pero en la práctica genera desafíos: algunos juzgados son muy restrictivos con el internamiento y exigen prueba pericial exhaustiva del trastorno mental; otros son más laxos y permiten internamientos que bordean la legalidad. La falta de uniformidad en la interpretación es un problema real en el sistema español.
También existe tensión entre el modelo médico (el facultativo decide clínicamente) y el modelo jurídico (el juez decide légalmente). En la práctica, muchos centros de salud mental han desarrollado protocolos de coordinación con juzgados para agilizar la autorización judicial cuando es urgente, evitando la privación de libertad sin respaldo legal, pero también evitando demoras peligrosas.
Derecho comparado y estándares internacionales:
Convenciones internacionales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Art. 5) y la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad generan presión para que los internami involuntarios sean cada vez más excepcionales y envueltos en garantías. Algunos países (p. ej., Italia, con su reforma psiquiátrica de los años 70) han buscado minimizar al máximo los ingresos involuntarios, promoviendo modelos de urgencia comunitaria y crisis. El modelo español es intermedio: permite el internamiento involuntario con garantías, pero reconoce su necesidad excepcional.
8. ASPECTOS PENALES: IMPUTABILIDAD, INIMPUTABILIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
El segundo aspecto clave del Tema 73 es la regulación penal de la responsabilidad de personas que padecen trastorno mental. A diferencia del internamiento involuntario (que es una medida procesal civil), aquí se trata de personas que han cometido un delito (asesinato, agresión, robo, etc.) y padecen también enfermedad mental. El derecho penal debe determinar si esa persona es imputable (responsable penalmente) o inimputable (exenta de responsabilidad penal por enfermedad mental).
Imputabilidad y capacidad penal:
La imputabilidad es la capacidad de la persona para responder penalmente de sus actos. Un acto es punible (generalmente) cuando es típico (previsto en la ley), antijurídico (contrario a derecho) y culpable (la persona pudo y debió actuar de otra forma). La culpabilidad exige imputabilidad: que la persona, en el momento del acto, tuviera la capacidad psicológica y cognitiva para comprender la naturaleza y consecuencias de su acto, y para actuar de acuerdo con esa comprensión (libertad de voluntad).
Inimputabilidad: El Código Penal (Arts. 20 y siguientes) establece causas de exención de responsabilidad penal. El Art. 20.1.a) del CP establece como causa de exención la «enajenación mental» o «trastorno mental transitorio» que, en el momento de cometer la acción u omisión, haya suprimido la capacidad del sujeto para comprender la ilicitud del hecho o para actuar conforme a esa comprensión.
Este artículo no define formalmente qué es «enajenación mental», sino que remite a la prueba pericial: psiquiatras designados por el juzgado deben dictaminar si el sujeto, en el momento del delito, padecía un trastorno mental tan severo que le privó de capacidad de comprensión o de voluntariedad. Ejemplos: una persona en fase maníaca delirante que comete un acto violento creyendo defenderse de perseguidores imaginarios; una persona con demencia avanzada que no comprende lo que hace; una persona con psicosis aguda en brote psicótico.
Si la pericia concluye inimputabilidad (trastorno mental acreditado + incapacidad de comprensión/voluntariedad), el juzgado dicta una «sentencia absolutoria por inimputabilidad» (no hay condena, pero sí medida de seguridad).
Medidas de seguridad:
Si se declara la inimputabilidad, el Código Penal (Art. 101 y ss.) permite dictar «medidas de seguridad» en lugar de pena. Las medidas de seguridad están diseñadas para proteger a la sociedad y tratar al sujeto inimputable. Las principales son:
- Internamiento en centro psiquiátrico penitenciario: La persona entra en un centro de prisiones adaptado para salud mental, bajo custodia, sometida a tratamiento psiquiátrico obligatorio y con revisión periódica de su peligrosidad. Es una medida muy restrictiva, equivalente a privación de libertad.
- Libertad vigilada con sometimiento a tratamiento ambulatorio: La persona queda en libertad pero bajo supervisión judicial y obligada a acudir a centros de salud mental para tratamiento. Es menos restrictiva que el internamiento.
- Inhabilitación para el ejercicio de profesión, derechos civiles, etc.: Limitación de derechos en función del riesgo que presente.
La duración de una medida de seguridad no está prefijada: dura mientras persista la «peligrosidad» que la justificó. Esto significa revisiones periódicas ante el juzgado (en la práctica, cada 1-2 años) para evaluar si la persona ha mejorado y puede ser excarcelada o sometida a una medida menos restrictiva.
Imputabilidad disminuida:
El Código Penal permite también una situación intermedia: trastorno mental que no suprime completamente la capacidad, pero la reduce significativamente. En estos casos, el CP permite «circunstancia atenuante» (el sujeto es responsable, pero la pena se reduce en un tercio respecto al mínimo legal). Esto aplica a personas con enfermedad mental crónica pero compensada, que cometieron un delito pero conservaban cierta capacidad de comprensión y voluntariedad.
Reforma de la legislación civil y penal — nexo en la Ley 8/2021:
La Ley 8/2021 de reforma civil también introdujo cambios en el sistema de imputabilidad y medidas de seguridad del Código Penal, para alinearlo con el modelo de apoyo a la capacidad. Aunque los detalles son complejos, el principio es similar: incluso las personas declaradas inimputables deben tener acceso a sistemas de apoyo que respeten su voluntad y preferencias, no solo a medidas de seguridad custodiales. Esto está aún en desarrollo jurisprudencial.
9. NUEVAS ENTIDADES TUTELARES EN EL MODELO DE APOYO
La Ley 8/2021, al reemplazar la tutela y curatela tradicionales por medidas de apoyo, generó una pregunta práctica: ¿quién actúa como «apoyo» cuando no hay familia disponible, o la familia es conflictiva, o el sujeto tiene recursos limitados? La respuesta es las «entidades tutelares», que son personas jurídicas (asociaciones, fundaciones, organismos públicos) autorizadas por la Administración para actuar como tutores o curadores en el nuevo régimen de apoyo.
Concepto y marco legal:
Una entidad tutelar es una organización especializada (sin ánimo de lucro, en general) que acepta la responsabilidad de apoyar a una persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, cuando no hay personas naturales disponibles o apropiadas para hacerlo. Pueden ser:
- Organismos públicos (direcciones generales de servicios sociales de las Comunidades Autónomas).
- Fundaciones privadas de asistencia social.
- Asociaciones de defensa de derechos de personas con discapacidad.
- Entidades especializadas en protección de personas vulnerables.
El Art. 254 del CC (modificado por la Ley 8/2021) establece que el juzgado puede designar como tutor o curador a una entidad tutelar si es necesario y no hay persona natural adecuada. La designación se hace por orden judicial, tras propuesta de la entidad y evaluación de su capacidad de gestión.
Requisitos y autorización:
Las entidades tutelares deben estar autorizadas por la Administración competente (generalmente, la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma). Los requisitos son regulados por Real Decreto y por las normas autonómicas. Incluyen:
- Personalidad jurídica constituida y debidamente registrada.
- Fines de protección social o promoción de derechos de personas vulnerables.
- Estructuras administrativas y técnicas adecuadas.
- Personal formado en atención a personas con discapacidad.
- Sistemas de rendición de cuentas y auditoría.
- Seguro de responsabilidad civil.
Conflictos de interés y protecciones:**
Una preocupación importante es que las entidades tutelares pueden tener conflictos de interés: si la misma entidad proporciona servicios sociales o residenciales al usuario (alojamiento, talleres, etc.) y además es su tutor/apoyo, puede haber incentivos para que el usuario permanezca dependiente o para que la entidad maneje sus fondos en su propio beneficio. Por eso la Ley 8/2021 exige:
- Transparencia: la gestión patrimonial de los tutelados debe ser separada, auditada e informada periódicamente al juzgado.
- Límites: una entidad tutelar no puede ser proveedora de servicios «clave» (alojamiento, atención sanitaria) al tutelado sin autorización judicial expresa.
- Derechos: el usuario tiene derecho a cuestionare los actos de la entidad tutelar ante el juzgado.
Impacto en salud mental:**
En Andalucía, entidades como la Fundación Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM, que veremos en el Tema 76) asumen roles de apoyo o tutela a personas con esquizofrenia o trastorno bipolar severo que no tienen familia o que tienen familia conflictiva. El trabajador social sanitario debe conocer a estas entidades y saber cómo derivar y coordinar con ellas.
10. DERECHOS HUMANOS, DIGNIDAD Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL
El Tema 73 no puede abordarse sin la perspectiva de derechos humanos. Tanto el internamiento involuntario como el régimen de protección de personas con discapacidad mental son intervenciones que, aunque benéficas en intención, pueden ser altamente restrictivas de derechos fundamentales. Por eso existe un marco internacional de protección.
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006):
Es el instrumento internacional más relevante. Ratificado por España en 2008, tiene rango de ley internacional. Su Art. 12 es central:
Art. 12, CDPD
Esto significa que no se puede negar capacidad jurídica a una persona por discapacidad. El apoyo es un derecho, no una carga. España adoptó la Ley 8/2021 precisamente para alinearse con este estándar.
Convención Europea de Derechos Humanos (Consejo de Europa, 1950):
El Art. 5 CEDH establece el derecho a la libertad y seguridad personal, e incluye excepciones: «toda persona privada de libertad como consecuencia de enajenación mental» debe ser asistida de forma regular por un profesional médico (Art. 5.1.e). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado varias sentencias sobre internamiento involuntario en psiquiatría, marcando estándares muy exigentes: solo es legal si existe trastorno mental acreditado, si la privación de libertad es proporcional al riesgo, si hay controles judiciales periódicos, y si se respetan procedimientos justos. España ha sido condenada por el TEDH en algunos casos de internamiento involuntario que no respetaban estas garantías.
Principios de Naciones Unidas para la Protección de Personas con Enfermedad Mental (1991):
Aunque no es vinculante, este conjunto de principios establece estándares sobre cómo debe ser el internamiento involuntario: debe ser una medida de última ratio, requiere autorización judicial, debe ser temporal, debe revisarse periódicamente, y la persona debe tener acceso a información y a defensa legal. Todos estos principios están incorporados en la LEC española.
Principios de ética sanitaria aplicables:
- Autonomía: respetar la voluntad de la persona, incluso si esa voluntad nos parece irracional (siempre que no perjudique a terceros).
- Beneficencia: actuar en beneficio del paciente (lo que incluye tratar un trastorno mental severo que pone en riesgo su vida).
- No-maleficencia: evitar daños innecesarios (incluyendo el daño psicológico del internamiento involuntario).
- Justicia: garantizar que el acceso a atención mental es equitativo, que no hay discriminación, y que los procesos son justos.
En los casos de internamiento involuntario, los principios de autonomía y beneficencia entran en tensión. La resolución ética requiere que el internamiento se justifique por una razón muy seria (riesgo de muerte o daño grave), y que se adopten salvaguardas para restringir lo mínimo posible la autonomía de la persona.
- Castigar a alguien por sus ideas políticas, creencias religiosas o preferencias sexuales.
- Obligar a una persona a recibir tratamiento solo porque su capacidad es variable (capacidad episódica).
- Retener a alguien indefinidamente: el internamiento es temporal y requiere revisión periódica.
- Ignorar la voluntad y preferencias de la persona conocidas: incluso si está internada, su voz debe ser escuchada.
12. APLICACIÓN PRÁCTICA: INTERVENCIÓN EN CASOS DE INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO Y APOYO A LA CAPACIDAD
Para consolidar el aprendizaje, analizamos dos supuestos prácticos que reflejan situaciones reales que enfrenta el trabajador/a social sanitario:
SUPUESTO 1: Internamiento involuntario por psicosis aguda
José Luis, 42 años, es derivado a urgencias desde Atención Primaria. Su médico de cabecera informa que en los últimos 10 días ha mostrado cambio radical de conducta: deja de ir a trabajar, deja de responder llamadas a su familia, compra cantidades irracionales de comida «porque le va a faltar», habla de «venenos en el agua» y se ha instalado en su casa en una «preparación para el colapso». Es la primera vez que presenta estos síntomas. Su hermana comenta que su padre falleció por esquizofrenia a edad avanzada. No hay antecedentes de consumo de sustancias.
En urgencias, el psiquiatra sospecha «primer brote psicótico, posiblemente esquizofrenia» y propone ingreso en la unidad de agudos psiquiátrica del hospital. José Luis se niega de forma categórica: dice que no está enfermo, que lo que pasa es que está «despierto» y que no permitirá que lo «adormezcan» con medicinas. La hermana está de acuerdo con el ingreso. La familia tiene recursos limitados (vivienda de alquiler, ingresos básicos).
¿Cuál es el procedimiento de internamiento involuntario?
- Evaluación clínica: El psiquiatra valora los síntomas (delirio de persecución y ruina), la falta de insight (el paciente no reconoce que está enfermo), el riesgo asociado (posibilidad de conductas impulsivas basadas en los delirios: autolesión, agresión a familiares). Concluye que hay trastorno mental severo, falta de discernimiento y riesgo grave inminente (psicosis con delirios persecutorios y de ruina son factores de riesgo de suicidio o auto-negligencia).
- Solicitud de internamiento involuntario: El psiquiatra (o el trabajador social a instancias del equipo) solicita al juzgado de guardia un internamiento involuntario. La solicitud describe los síntomas, la ausencia de consentimiento, el riesgo grave inminente, y la imposibilidad de atender en régimen ambulatorio urgente. Por ser urgencia, en la práctica el paciente ingresa mientras se espera la autorización judicial (máximo 24 horas).
- Autorización judicial: El juzgado de guardia (a través del juez de turno) recibe la solicitud, valida que cumple requisitos, y dicta un auto de internamiento provisional. Dentro de 24-72 horas (según la urgencia), se celebra audiencia donde se oye al internado, se revisa la legalidad, y se ratifica o levanta el internamiento. Si la familia ha contratado letrado, participa. Si es urgencia y el interesado no tiene recursos, se designa letrado de oficio.
- Internamiento formal: Una vez autorizado, José Luis ingresa en la unidad de agudos. El equipo comienza tratamiento antipsicótico (usualmente un antipsicótico de segunda generación como quetiapina o risperidona). Requiere consentimiento informado, pero si se niega, puede ser administrado contra su voluntad en el contexto del internamiento.
¿Cuál es el papel del trabajador/a social?
- Valoración social inicial: Realiza entrevista con la hermana (y con José Luis si es posible). Documenta: situación laboral (está en incapacidad laboral temporal mientras está en urgencias), vivienda (alquilada, necesita comprobante de domicilio), familia (hermana disponible, relación buena), red de apoyo (ningún otro familiar cercano). No tiene problemas de alcohol/drogas. Historial social sin eventos traumáticos conocidos. Acceso a APS bueno (médico de cabecera que lo detectó rápidamente).
- Coordinación con juzgado: Prepara la solicitud de internamiento involuntario, adjuntando contexto social y recomendación de medida de seguridad (internamiento temporal + tratamiento psicofarmacológico + seguimiento especializado).
- Información a la familia: Explica a la hermana el procedimiento, el motivo del internamiento (riesgo grave), la duración probable (típicamente 2-4 semanas para remisión del primer brote psicótico), y qué esperar durante el internamiento. Facilita que la hermana visite al paciente.
- Seguimiento durante internamiento: Coordina con el equipo de hospitalización sobre el plan de alta. Averigua si el paciente necesitará después seguimiento en unidad de salud mental (ambulatorio), si requiere baja laboral prolongada, si hay que comunicar a la empresa la situación.
- Planificación del alta: Típicamente, tras remisión aguda (2-4 semanas), José Luis será dado de alta. El TS asegura que: (a) está registrado en la unidad de salud mental comunitaria para seguimiento; (b) tiene primer cita con psiquiatra ambulatorio antes del alta; (c) la hermana conoce los signos de recaída y sabe cómo contactar urgencias; (d) se ha comunicado con su empresa sobre la baja laboral; (e) está informado sobre la medicación y la importancia de adherencia.
¿Y si tenemos que considerar medidas de apoyo después del alta?
Si tras remisión del primer brote psicótico, José Luis queda con cierto déficit cognitivo residual o con dificultad para adherir a medicación, el equipo puede considerar si necesita apoyo formalizado. El TS podría recomendar: «Que la hermana firme un apoyo simple para acompañar a citas con psiquiatra y para recordar medicación». No es una curatela completa, sino un apoyo muy específico y flexible. Se formaliza mediante acuerdo entre José Luis y la hermana, o si hay conflicto, por decisión judicial.
SUPUESTO 2: Reforma de incapacitación antigua a medidas de apoyo
María, 56 años, fue incapacitada judicialmente hace 15 años por «esquizofrenia crónica». Su madre (entonces viva) fue designada tutora, y tras muerte de la madre hace 3 años, su hermano pequeño asumió la tutoría. María vive en residencia para personas con enfermedad mental, recibe pensión por incapacidad laboral absoluta, toma medicación estable desde hace 8 años y presenta síntomas residuales leves (aislamiento social, déficit cognitivo leve). La tutoría de su hermano es formal pero poco activa: él simplemente firma documentos según lo que la residencia le pide.
Una trabajadora social de la residencia, con formación en la nueva Ley 8/2021, observa que María no necesita realmente una tutela completa (sustitución de su voluntad). Aunque tiene discapacidad, podría participar en decisiones sobre su vida: si quiere cambiar de residencia, a dónde va su pensión, qué tipo de actividades hace. Su hermano no tiene conflicto de intereses y es una buena persona, pero la tutela es innecesariamente restrictiva de autonomía.
La TS inicia el proceso de transformación: (1) propone al juzgado que de oficio transforme la tutela antigua en medidas de apoyo; (2) elabora informe social recomendando que el hermano pase de ser «tutor» a ser «apoyo simple» para temas de administración del dinero y de salud mental; (3) valora la capacidad de María: conversaciones con ella muestran que puede comprender los porqués de las decisiones si se le explican lentamente, y tiene preferencias claras sobre su vida (quiere más actividades, menos aislamiento).
El juzgado dicta auto transformando la tutela en «apoyo simple» del hermano. María ahora es formalmente titular de su capacidad jurídica, pero el hermano sigue ayudándola en cosas prácticas. Esto permite que María: pueda decidir ir a un viaje de la residencia sin «permiso» del hermano (solo orientación); pueda acceder a su pensión de forma más directa; se le respete su voto en decisiones sobre actividades de la residencia.
¿Cuál es el valor de esta transformación?
- Restaura la dignidad de María: es reconocida como sujeto de derechos, no como dependiente pasiva.
- Mejora su calidad de vida: el respeto a su autonomía (incluso parcial) es terapéutico.
- Reduce la carga administrativa del hermano: ya no necesita firmar cada decisión.
- Cumple el mandato de la Ley 8/2021 de adaptar el ordenamiento a la CDPD.
13. MAPA CONCEPTUAL DEL TEMA 73
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├─ CONTEXTO HISTÓRICO Y DE DERECHOS HUMANOS
│ ├─ Modelo antiguo: Incapacitación legal (1889 CC)
│ │ └─ Persona incapacitada = privación global de capacidad de obrar
│ ├─ Reforma 2021: Modelo de apoyo a la capacidad (Ley 8/2021)
│ │ └─ Persona con discapacidad = capacidad jurídica íntegra + medidas de apoyo
│ └─ Fundamento: Convención ONU Derechos Personas con Discapacidad (Art. 12)
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├─ CAPACIDAD JURÍDICA Y MEDIDAS DE APOYO (Derecho Civil)
│ ├─ Concepto: Aptitud para ser titular de derechos y obligaciones
│ ├─ Ley 8/2021 reforma Arts. 248-320 CC
│ │ ├─ Art. 248: Capacidad jurídica inherente e igual (no graduable)
│ │ ├─ Art. 249: Apoyo respeta voluntad, deseos y preferencias
│ │ └─ Art. 250+: Formas de medidas de apoyo
│ ├─ Tipos de medidas de apoyo:
│ │ ├─ Apoyo voluntario (poder, mandato, acuerdo notarial)
│ │ ├─ Curatela nueva (asistencia, no sustitución de voluntad)
│ │ ├─ Apoyo simple/guardador de apoyo (menos formal)
│ │ └─ Tutela (solo excepcional, cuando imposible medidas menos restrictivas)
│ └─ Entidades tutelares (asociaciones, fundaciones autorizadas)
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├─ INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO (Derecho Procesal Civil)
│ ├─ Norma: Art. 76.3 Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
│ ├─ Requisitos cumulativos:
│ │ ├─ Trastorno mental que requiera ingreso hospitalario urgente
│ │ ├─ Persona no comprende necesidad de tratamiento
│ │ ├─ Persona rechaza de forma activa el ingreso
│ │ ├─ Imposibilidad de consentimiento
│ │ └─ Riesgo grave de daño inmediato/inminente a su salud
│ ├─ Procedimiento:
│ │ ├─ Solicitud: facultativo, familia, fiscalía (no Fuerzas Seguridad solos)
│ │ ├─ Autorización: Juzgado (urgencia = facultativo por 24h, luego juzgado)
│ │ ├─ Garantías: información de derechos, abogado, audiencia, revisión periódica
│ │ └─ Duración: temporal, mientras remita agudo, revisión cada 3 meses mín.
│ └─ Estándares internacionales: Convenio EDH Art. 5, CDPD Art. 12 + OG12
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├─ ASPECTOS PENALES (Derecho Penal)
│ ├─ Imputabilidad: Capacidad de responsabilidad penal
│ ├─ Inimputabilidad por enfermedad mental:
│ │ ├─ Norma: Art. 20.1.a) Código Penal
│ │ ├─ Requisitos: Trastorno mental + incapacidad comprensión/voluntariedad
│ │ └─ Resultado: Sentencia absolutoria + medida de seguridad (no pena)
│ ├─ Medidas de seguridad:
│ │ ├─ Internamiento psiquiátrico penitenciario (muy restrictivo)
│ │ ├─ Libertad vigilada + tratamiento ambulatorio (menos restrictivo)
│ │ └─ Inhabilitaciones, restricciones de derechos
│ ├─ Imputabilidad disminuida: Trastorno mental que reduce capacidad
│ │ └─ Resultado: Sentencia condenatoria + atenuante (pena reducida)
│ └─ Ley 8/2021 también reforma aspectos penales (medidas de seguridad con apoyo)
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└─ ROL DEL TRABAJADOR/A SOCIAL SANITARIO
├─ En procedimientos de capacidad jurídica:
│ ├─ Informe social con historia personal y contexto
│ ├─ Valoración de apoyos familiares/comunitarios disponibles
│ └─ Recomendación de medidas de apoyo prácticas y realizables
├─ En internamiento involuntario:
│ ├─ Valoración social previa + identificación de riesgos
│ ├─ Coordinación con juzgado
│ ├─ Información y derechos a familia e internado
│ └─ Planificación del alta y seguimiento
├─ En seguimiento postalta:
│ ├─ Adherencia a tratamiento
│ ├─ Coordinación con recursos sociales
│ ├─ Vigilancia de indicadores de riesgo
│ └─ Promoción de autonomía e integración
└─ Principios ético-profesionales:
├─ Respeto a dignidad (incluso con capacidad limitada)
├─ Confidencialidad y secreto profesional
├─ Denuncia de vulneraciones de derechos
└─ Equilibrio protección ↔ autonomía
14. REFERENCIAS NORMATIVAS Y BIBLIOGRÁFICAS
- Constitución Española (1978) — Arts. 15 (derecho a la vida), 17 (derecho a la libertad), 18 (derecho a intimidad), 27 (derechos de los menores), 43 (derecho a la protección de la salud).
- Código Civil español (1889, actualmente vigente con reformas) — Especialmente:
- Arts. 248-268 (Capacidad jurídica, reformados por Ley 8/2021).
- Arts. 269-320 (Medidas de apoyo a la capacidad).
- Arts. 286-304 (Curatela, reformada por Ley 8/2021).
- Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica — BOE 3 de junio de 2021. En vigor desde 3 de septiembre de 2021. Reforma integral del sistema de protección de personas con discapacidad.
- Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC, 1/2000 con reformas posteriores) — Especialmente:
- Art. 76 (Medidas de protección y internamiento involuntario).
- Art. 76.3 en particular (Internamiento involuntario por trastorno mental).
- Modificado por Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre.
- Código Penal español (Ley Orgánica 10/1995) — Especialmente:
- Arts. 20-21 (Causas de exención y atenuación de responsabilidad penal; enajenación mental e inimputabilidad).
- Arts. 95-110 (Medidas de seguridad).
- Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia — Regulación del derecho a la prestación de ayuda para morir, con procedimientos administrativos y sanitarios específicos. Conexionada con derechos en contextos de enfermedad mental severa.
- Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte — Establece derechos en procesos terminales, testamento vital, rechazo a tratamientos. Vigencia en Andalucía y conexión con autonomía del paciente en salud mental.
- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica — Consentimiento informado, rechazo de tratamientos, intimidad, historia clínica. Fundamentales para la relación médico-paciente en salud mental.
- Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía — Marco de protección social y servicios integrados en Andalucía; conexión con prestaciones dirigidas a personas con enfermedad mental en situación de dependencia.
- Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) — Ratificada por España en 2008. Art. 12 especialmente relevante: capacidad jurídica igual para todos, apoyo respetuoso con voluntad. Vinculante para España.
- Convención Europea de Derechos Humanos (1950) — Art. 5 (Derecho a la libertad y seguridad), Art. 8 (Derecho a vida privada). Interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos de internamiento involuntario en psiquiatría.
- Principios de Naciones Unidas para la Protección de Personas con Enfermedad Mental y para la Mejora de la Asistencia Psiquiátrica (1991) — Estándares internacionales no vinculantes pero altamente influyentes sobre internamiento involuntario, consentimiento, procedimientos justos.
- Real Decreto 1276/2021, de 27 de julio, por el que se dictan medidas de desarrollo normativo de la Ley 8/2021 — Desarrolla procedimientos de transformación de tutelas/curatelas antiguas a medidas de apoyo.
- Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre Observaciones Generales relativas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Observación General 1 sobre Art. 12) — Interpretación autorizada: rechazo de la sustitución de voluntad; apoyo al ejercicio de capacidad como derecho.
- Código Deontológico de la Profesión de Trabajador Social de España — Colegio Profesional de Trabajadores Sociales. Principios de confidencialidad, dignidad, responsabilidad social, secreto profesional.
- Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (PESMAA) — Marco de actuación en Andalucía; orientaciones sobre coordinación asistencial en salud mental, papel del TS en procesos sociosanitarios.
- Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género — Aunque específico de violencia de género, incluye orientaciones sobre protección de derechos, coordinación interinstitucional, y papel del TS en situaciones de vulnerabilidad.
- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional español — Sentencias sobre capacidad jurídica, incapacitación, procedimientos de tutela (p. ej., STC 41/1996, sobre proporcionalidad de la incapacitación).
- Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos — Sentencias sobre internamiento involuntario en psiquiatría, garantías procedimentales, respeto a vida privada (p. ej., caso Winterwerp vs. Países Bajos; caso Pretty vs. Reino Unido).
- Escritos y posicionamientos de organismos especializados — Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre transformación de procedimientos de incapacitación; Defensoría del Pueblo sobre garantías en internamiento psiquiátrico; organizaciones de personas con discapacidad.
Ley 8/2021
medidas de apoyo
internamiento involuntario
Art. 76.3 LEC
inimputabilidad
trastorno mental
derechos humanos
dignidad
trabajador/a social sanitario