1. INTRODUCCIÓN

El Tema 13 reúne el conjunto de derechos fundamentales y garantías que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos como usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Su importancia es central en la formación del trabajador social sanitario, porque toda intervención profesional se asienta en el respeto de estos derechos y en la capacidad de hacerlos efectivos, especialmente en momentos de vulnerabilidad: decisiones sobre el final de la vida, salud reproductiva, y protección de la diversidad sexual y de género.

La estructura de este tema combina normativa estatal de rango constitucional y legal (Constitución Española 1978, Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, Ley Orgánica 3/2021 sobre eutanasia, Ley Orgánica 3/2022 de garantía integral de la libertad sexual, Ley 4/2023 de igualdad real y efectiva de personas trans) con legislación andaluza específica (Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, Decreto de Voluntades Vitales Anticipadas) y regulación del Servicio Andaluz de Salud sobre procesos y tiempos de respuesta.

2. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS CIUDADANOS EN EL SSPA

La Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, modificada por la Ley 7/2021, artícula un catálogo de derechos de los ciudadanos que se estructura en torno a dos ejes: el derecho a la protección de la salud (de origen constitucional, art. 43 CE) y los derechos específicos en la relación asistencial sanitaria.

2.1. Derechos fundamentales del usuario

Según la Ley 2/1998, los derechos de los ciudadanos usuarios del SSPA incluyen:

• Derecho a la protección de la salud: derecho subjetivo a acceder a prestaciones sanitarias públicas en igualdad de condiciones, sin discriminación de ningún tipo.
• Derecho a recibir atención sanitaria de urgencia en situaciones de riesgo vital: sin trámites administrativos previos, sin importar su capacidad de pago.
• Derecho a la información sanitaria: acceso a información completa, veraz, comprensible y oportuna sobre su estado de salud, alternativas de tratamiento y posibles riesgos.
• Derecho al respeto de la intimidad y la confidencialidad: protección de sus datos personales y clínicos según normativa de protección de datos (LORGPD, art. 18 CE).
• Derecho a la no discriminación: prohibición expresa de discriminación por razón de sexo, origen, creencias, orientación sexual, identidad de género o situación económica.
• Derecho a la atención integral en el proceso de salud-enfermedad: incluida la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento.

2.2. Deberes correlados del usuario

La relación de derechos es bidireccional: el usuario también tiene deberes frente al sistema, entre ellos: cumplir las recomendaciones del personal sanitario; respetar los horarios de consultas y actividades colectivas; utilizar responsablemente los servicios; informar verazmente sobre su estado de salud; colaborar en la atención integral; y respetar el derecho de otros usuarios.

3. CARTERA DE SERVICIOS COMUNES DEL SNS

La cartera de servicios define el conjunto de prestaciones que el Sistema Sanitario Público garantiza a todos los ciudadanos. A diferencia de hace una década, cuando era un concepto fluctuante, hoy es universal, predeterminada y exigible, aunque sujeta a ciertas limitaciones (restricciones de financiación en medicamentos de uso crónico, copago en servicios no esenciales).

3.1. Componentes de la cartera

La cartera común del SNS está organizada en torno a tres dimensiones:

3.2. Exclusiones e inclusiones polémicas

Ciertos servicios han sido objeto de controversia: la reproducción asistida está cubierta por el SNS, pero solo bajo criterios estrictos de edad y número de ciclos; la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho prestado en el SSPA, pero algunos centros pueden objetar conscientemente; la atención a la salud sexual y reproductiva incluye anticoncepción, ITS, educación sexual, pero hay variaciones territoriales en medicamentos anticonceptivos cubiertos.

4. LIBRE ELECCIÓN DE PROFESIONAL Y CENTRO

El derecho a la libre elección ha sido ampliado y definido con mayor precisión en los últimos años. Aunque formalmente existe desde la Ley General de Sanidad (1986), su ejercicio práctico ha sido limitado históricamente por restricciones organizativas y presupuestarias.

4.1. Ámbito de la libre elección

En Atención Primaria: el usuario tiene derecho a elegir entre los médicos de familia adscritos a su centro de salud, aunque en la práctica hay limitaciones por número de pacientes que cada médico puede asumir («cartilla cerrada»).

En Atención Especializada: el derecho es más limitado; el usuario puede solicitar cambio de especialista en determinados casos (pérdida de confianza, incompatibilidad objetiva), pero no tiene un derecho de libre elección inicial.

En cambio de centro: el usuario puede cambiar de centro si hay razones de proximidad, residencia, o incompatibilidad laboral, aunque está sujeto a disponibilidad de plazas.

4.2. Causas que pueden limitar la libre elección

El profesional puede denegar la solicitud si: (a) se alcanzó el número máximo de pacientes asignables; (b) existen intereses sanitarios o de orden público que lo justifiquen; (c) la capacidad organizativa del centro no lo permite. Estas limitaciones son legítimas desde la perspectiva administrativa, pero el usuario tiene derecho a recurso.

5. DERECHO A SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA

La segunda opinión médica es un derecho de comparativamente reciente reconocimiento formal (fue regulada en 2009 a nivel estatal, pero su operatividad varía según Comunidades Autónomas). Su importancia es especial en el contexto actual de diagnósticos complejos, tratamientos cuyos efectos adversos son significativos, o cuando el usuario tiene dudas fundadas sobre el diagnóstico o el plan terapéutico.

5.1. Regulación y procedimiento

El procedimiento en el SSPA es: (1) solicitud formal del usuario o su representante; (2) derivación ordenada por su médico a un profesional del mismo nivel (Atención Primaria a otro médico de familia del SSPA, Especializada a otro especialista de otra institución si es necesario); (3) emisión de un informe de segunda opinión, que es independiente pero no deroga necesariamente la primera opinión; (4) en caso de discrepancia, se deja constancia en la historia clínica y el usuario puede recurrir a los mecanismos de reclamación.

5.2. Diferencia de la segunda opinión con la derivación protocolizada

No debe confundirse: una derivación protocolizada (por ejemplo, de Primaria a Urología para confirmar un diagnóstico de cáncer) es parte del proceso asistencial normal, ordenada por el médico responsable. La segunda opinión es una petición del usuario cuando tiene dudas específicas; su coste administrativo es mayor y requiere consentimiento informado explícito del usuario sobre los tiempos que llevará.

6. GARANTÍA DE ACCESIBILIDAD: TIEMPOS DE RESPUESTA ASISTENCIAL EN EL SSPA

Los tiempos de respuesta asistencial son una garantía de calidad y una medida de equidad. La Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, modificada en 2021, establece que todo usuario tiene derecho a acceder a las prestaciones sanitarias dentro de unos plazos máximos, cuyo incumplimiento es causa de reclamación ante la administración.

6.1. Tiempos máximos por nivel de urgencia

Los tiempos se fijan según la clasificación clínica de urgencia (no según la fecha de solicitud):

6.2. El papel del trabajador social en la gestión de tiempos

Cuando el trabajador social identifica un caso con necesidad urgente o preferente que podría pasar desapercibido (por ejemplo, una persona mayor con deterioro funcional que se presenta como «problema social»), debe valorar e informar de la clasificación al médico responsable. El informe social es un documento que influye en la clasificación de urgencia, especialmente cuando hay factores de vulnerabilidad añadidos (aislamiento social, fragilidad, falta de apoyo familiar).

7. TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS

La transparencia en el SSPA no es solo un derecho: es un deber institucional. Los usuarios tienen derecho a acceder a información clara sobre funcionamiento, recursos, tiempos de espera, resultados clínicos, e indicadores de calidad de los servicios que reciben.

7.1. Componentes de la transparencia

Información sobre servicios: cada centro debe publicitar sus horarios, profesionales disponibles, procedimientos para citas, teléfonos de contacto, y canales de reclamación. Esta información debe estar disponible en formatos accesibles (versión impresa, web, audio para ciegos, lenguaje de signos para sordos).

Acceso a la historia clínica: el usuario tiene derecho a solicitar copia de su historia clínica completa, incluyendo resultados de pruebas, informes, diagnósticos, planes de tratamiento, sin límite temporal (aunque sí hay gestión del plazo administrativo).

Información sobre resultados y indicadores de calidad: el SSPA publica anualmente indicadores de satisfacción del usuario, tasas de éxito quirúrgico, tasas de infección hospitalaria, tiempos de espera, variabilidad en prácticas clínicas, etc. Todo ello debe estar disponible en portales de transparencia.

7.2. Consentimiento informado como base de la transparencia

El consentimiento informado requiere que el usuario reciba información completa sobre su estado de salud, alternativas de tratamiento, beneficios y riesgos de cada opción, y las consecuencias de no tratar. La información debe ser comprensible, proporcionada en la lengua del usuario, sin tecnicismos evitables, y registrada en la historia clínica.

8. DERECHOS, GARANTÍAS Y DIGNIDAD EN EL PROCESO DE MUERTE

La muerte es una realidad que toca a todo el sistema sanitario, pero históricamente fue tratada como un fracaso que debía ocultarse. Hoy, el enfoque es radicalmente distinto: los derechos en el proceso de muerte son derechos fundamentales, y la dignidad de la persona es el eje de la intervención.

8.1. Base normativa

La Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte (que es estatal, pero aplicada en Andalucía con regulación adicional), reconoce derechos específicos de las personas en su fase final de vida. Esta ley fue un hito porque, antes de ella, la única vía de control sobre la propia muerte era la desobediencia civil o el litigio; ahora es un derecho.

8.2. Derechos específicos reconocidos

• Derecho al alivio del dolor y los síntomas: la administración de analgésicos y sedantes es un derecho, incluso si acelera la muerte (doctrina del «doble efecto»). Negarse a aliviar el dolor por miedo a efectos secundarios es un incumplimiento.
• Derecho a la reflexión y a la toma de decisiones: la persona tiene derecho a pensar, consultar, cambiar de idea, sin presión de fechas o decisiones administrativas.
• Derecho al acompañamiento emocional y espiritual: presencia de familia, amigos, capellanes, voluntarios, en condiciones que lo permitan.
• Derecho a la privacidad y el respeto a la intimidad: la muerte no es un espectáculo; se garantizan espacios reservados, sin interferencias de actividad hospitalaria.
• Derecho a rechazar tratamientos: la refusal del tratamiento es un derecho absoluto, no requiere justificación médica.
• Derecho a expresar preferencias anticipadas: mediante la voluntad vital anticipada u otros mecanismos.

8.3. Papel del equipo multidisciplinar en la dignidad de la muerte

El trabajador social es pieza clave: no es solo el médico quien garantiza los derechos. El/la TS facilita la comunicación entre la persona, familia y equipo; identifica conflictos éticos (familia que presiona, creencias religiosas en conflicto con opciones médicas); activa recursos de apoyo comunitario (voluntarios, asociaciones de pacientes); y documenta en la historia social la voluntad expresada por la persona, especialmente si hay indicios de que no es libre.

9. VOLUNTAD VITAL ANTICIPADA: REGULACIÓN Y REGISTRO

La voluntad vital anticipada (VVA), también llamada testamento vital o declaración anticipada de deseos, es un mecanismo de autonomía que permite a una persona expresar, por escrito y antes de que sea incapaz, qué decisiones de salud desea tomar o rechazar en caso de que llegase a una situación en que no pueda comunicarse (coma, demencia avanzada, inconciencia terminal).

9.1. Base legal en España y Andalucía

La Ley Orgánica 3/2002 (que modifica la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, Ley 41/2002) reconoce el derecho a la voluntad anticipada. En Andalucía, el Decreto 95/2009, de 17 de marzo, regula el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas (RVVA), que es una base de datos accesible a profesionales sanitarios para saber si la persona registrada tiene una declaración de voluntad.

9.2. Contenido de la voluntad vital anticipada

Una persona puede expresar en su VVA:

• Rechazos de tratamiento específicos (por ejemplo, «rechazo nutrición artificial si demencia avanzada»).
• Autorizaciones específicas («autorizo sedación paliativa aunque acorte mi vida»).
• Designación de representante legal o «apoderado de cuidados»: la persona que decidirá por ella si queda incapacitada.
• Consideraciones personales, religiosas o de valor («deseo morir en mi domicilio», «deseo que se respete mi fe»).

9.3. Requisitos de validez

La voluntad debe cumplir requisitos formales: (a) ser expresada por persona mayor de edad y capaz en el momento de la expresión; (b) por escrito, ante notario o ante dos testigos (no sanitarios); (c) con identidad verificable; (d) libre de coacción. El Registro de Andalucía valida la firma y guarda copia.

9.4. Vinculación de los profesionales sanitarios

Una vez registrada y en la historia clínica, la voluntad es vinculante para el equipo sanitario. Si un profesional tiene objeción de conciencia, debe avisar con tiempo para que sea reemplazado. El incumplimiento de una VVA válida es causa de negligencia médica y reclamación de responsabilidad civil.

10. EUTANASIA: LEY ORGÁNICA 3/2021 Y PAPEL DEL TRABAJADOR SOCIAL

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, es uno de los textos legales más relevantes para el trabajador social sanitario en los últimos años. Legalizó la prestación de ayuda para morir bajo criterios muy específicos, tras décadas de movimientos de derechos de pacientes y cambios en la jurisprudencia. Su aprobación fue polítmica, pero hoy es ley vigente y debe ser cumplida.

10.1. Concepto legal

La ley define la «prestación de ayuda para morir» como la actuación de un profesional sanitario que causa la muerte de una persona que cumple determinados requisitos. No es equivalente a la eutanasia clásica (donde el médico actúa sin solicitud); es una respuesta a una solicitud explícita, reiterada y libre de la persona.

10.2. Requisitos de acceso

Según la Ley Orgánica 3/2021, la persona que solicita la prestación de ayuda para morir debe cumplir todos estos requisitos:

• Ser mayor de edad y capaz: la capacidad es esencial; si hay dudas sobre cognición, se requiere evaluación psicológica.
• Ser ciudadano español o residente legal en España.
• Padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante: definiciones que la ley desarrolla después.
• Hacer una solicitud por escrito, libre y consciente, sin presión.
• Esperar plazos obligatorios entre solicitudes (15 días entre solicitud inicial y confirmación) y recibir información sobre alternativas (cuidados paliativos, sedación).

10.3. Definición de «enfermedad grave e incurable» y «padecimiento crónico e imposibilitante»

Esta es la clave: la ley enumera dos caminos. Una enfermedad grave e incurable es aquella cuya evolución lleva al fallecimiento en plazo previsible; ejemplos: cánceres avanzados, ELA, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Un padecimiento grave, crónico e imposibilitante es una condición —no necesariamente mortal a corto plazo— que causa sufrimiento físico o psicológico permanente e insoportable; ejemplos: artrosis severa, dolor neuropático intratable, secuelas de ACV que impiden autonomía.

Esta segunda categoría fue la más controvertida porque abre la puerta a situaciones donde no hay «enfermedad mortal», sino sufrimiento crónico invalidante. La jurisprudencia ha ido acotando qué se considera «imposibilitante», pero existe cierta discrecionalidad administrativa.

10.4. Procedimiento: papel del trabajador social

El procedimiento es complejo e involucra múltiples profesionales. El trabajador social tiene un papel específico y claramente regulado:

10.5. Cuestiones éticas y límites profesionales

El trabajador social debe estar preparado para situaciones complejas:

Objeción de conciencia: tanto médicos como trabajadores sociales pueden objetar conscientemente a participar en el proceso de eutanasia, pero deben comunicarlo por escrito con anticipación. El SSPA asegura que hay personal disponible que no objeta, para no denegar el derecho de la persona.

Presión familiar: la familia «aconseja» al abuelo que solicite la eutanasia porque «está cansado de vivir» y es una carga económica o de cuidados. El TS debe identificar esto como coacción e informar.

Depresión no tratada: algunos solicitantes tienen depresión severa, que distorsiona su percepción de insoportabilidad del sufrimiento. La evaluación psicológica es mandatoria antes de autorizar, pero el TS es el primero en detectar indicios de distrés mental.

Solitud o desamparo: la persona solicita morir porque se siente sola, no porque el dolor físico sea intratable. Estas son oportunidades para ofrecer alternativas de apoyo social (voluntariado, residencias, actividades comunitarias) antes de proceder.

11. REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

La reproducción asistida es derecho prestado en el SSPA, aunque con limitaciones. La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (modificada en 2022), es la norma estatal; en Andalucía se aplica con criterios de equidad y acceso regulados por el SSPA.

11.1. Técnicas financiadas y limitaciones

El SSPA cubre fecundación in vitro (FIV), inseminación artificial (IA) y congelación de óvulos bajo criterios estrictos:

• Edad límite: mujeres menores de 40 años (excepcionalmente hasta 45); hombres sin límite de edad, pero con evaluación de fertilidad.
• Número de ciclos: hasta 4 ciclos en mujeres sin hijos previos; menos en reanudaciones.
• Indicación: esterilidad primaria o secundaria de factor masculino, femenino o mixto.
• Screening genético preimplantacional (PGD/PGT): se financia para casos de riesgo de enfermedades genéticas graves, pero no como cribado universal.

11.2. Acceso sin discriminación

La Ley 4/2023 de derechos LGTBI amplió el acceso: mujeres solas, parejas del mismo sexo (con gestación subrogada internacionalmente reconocida en casos de parejas del mismo sexo masculino), tienen derecho al mismo acceso que parejas heterosexuales. Esto es relativament nuevo y algunas instituciones aún adaptan protocolos.

11.3. Asesoramiento psicosocial y papel del trabajador social

Antes de iniciar un proceso de reproducción asistida, el SSPA ofrece —y a menudo requiere— asesoramiento psicosocial. El trabajador social o psicólogo evalúa: motivaciones para tener hijos, dinámicas de pareja, expectativas realistas (no todos los ciclos resultan en embarazo), carga emocional de tratamientos repetitivos, apoyo social disponible. Este asesoramiento no es un «veto», sino parte de la atención integral.

12. SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Estos derechos se han expandido significativamente en la última década, con cambios legales que reflejan evolución social y jurisprudencial. La salud sexual y reproductiva es hoy un derecho fundamental de igualdad, no solo una cuestión de medicina preventiva.

12.1. Salud sexual: prevención, educación, tratamiento

El SSPA ofrece servicios de educación sexual integral (no solo biológica, sino también sobre consentimiento, diversidad, igualdad de género), prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) mediante profilaxis preexposición (PrEP), vacunas (VPH, hepatitis B, etc.), pruebas de detección y tratamiento. El plan de salud sexual es particularmente importante en adolescentes y en colectivos de riesgo (trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres).

12.2. Interrupción voluntaria del embarazo (IVE)

La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual (que reformó la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva) establece que la interrupción del embarazo es un derecho de la mujer sin límite de edad (antes requería consentimiento de padres en menores; ahora es autónomo desde los 16 años), hasta la semana 14 de gestación, y posteriormente en casos de riesgo para la salud o anomalía fetal grave.

En Andalucía, la IVE se presta en el SSPA, aunque hay variaciones entre provincias en disponibilidad de plazas y tiempos de respuesta. La objeción de conciencia es un derecho del personal sanitario, pero el SSPA debe garantizar que hay suficientes profesionales sin objeción para atender todas las solicitudes.

12.3. Papel del trabajador social

El asesoramiento es clave. La persona que solicita IVE puede estar en una situación de vulnerabilidad: adolescente sin apoyo, violencia de género, precariedad económica. El trabajador social evalúa si la decisión es libre (no coaccionada), ofrece apoyo psicosocial post-interrupción, facilita acceso a anticoncepción para evitar embarazos no deseados futuros, identifica necesidades de protección (si hay violencia).

13. DERECHOS DE PERSONAS LGTBI: LEY 4/2023

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI es la norma más reciente y de mayor impacto en los derechos de personas LGTBI en el ámbito sanitario español. Deroga disposiciones anteriores y moderniza el acceso a cuidados.

13.1. Reconocimiento de derechos específicos

La ley reconoce, en el artículo 16 (en el ámbito de la salud), que las personas LGTBI tienen derecho a:

• Acceso a prestaciones sanitarias sin discriminación: prohibición de rechazo de atención por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
• Respeto a la identidad de género elegida en la historia clínica: los centros deben usar el nombre social elegido por la persona, no su nombre legal, si la persona lo solicita.
• Atención especializada en salud transexual: acceso a endocrinología, cirugía (con ciertas limitaciones), psicología, ginecología (en su caso), en un marco de «modelo de consentimiento informado», no de «gatekeeping» (control excesivo).
• Acceso a hormonas sexuales: para personas trans sin restricciones de edad abusivas; en menores requiere consentimiento parental, pero el modelo es de apoyo, no de negación.
• Confidencialidad reforzada: protección especial contra «outing» (revelación no autorizada de orientación o identidad de género), con sanciones administrativas y penales.

13.2. Cambio de sexo registral: aspecto civil y sanitario

La Ley 4/2023 reformó la Ley del Registro Civil (Ley 3/2022) eliminando la exigencia de diagnóstico de disforia de género para cambiar de sexo en el Registro. Antes, se requería un diagnóstico psiquiátrico; ahora es una cuestión de «autodeterminación» con solo declaración ante notario. Esto tiene impacto sanitario: los centros del SSPA deben respetar el nuevo sexo registral, incluso aunque el usuario siga en proceso de transición médica.

13.3. Atención a menores LGTBI

La ley protege especialmente a menores LGTBI en centros educativos y sanitarios. El protocolo es:

• Si un menor identifica ser trans o tiene dudas sobre su género: orientación psicológica, apoyo familiar (sin coerción), exploración cuidadosa de su identificación de género.
• En ningún caso se fuerza la «transición» médica: el tratamiento hormonal requiere mayoría de edad o, en menores, circunstancias excepcionales (riesgo grave de autolesión) y consentimiento parental informado.
• Educación para la igualdad: protección contra acoso escolar LGTBI-fóbico.

13.4. Salud reproductiva e identidad de género

Un aspecto complejo: una persona trans masculino (identificado como hombre, pero que registralmente sigue siendo mujer o ha transitado a hombre) que retiene su capacidad reproductiva y solicita acceso a reproducción asistida. La ley garantiza igual acceso que cualquier otra persona sin discriminación. Algunos centros private del SSPA aún objetaban; la ley cierra esta brecha.

13.5. Papel del trabajador social con usuarios LGTBI

El trabajador social debe: (1) crear espacios seguros, sin prejuicios; (2) respetar la identidad de género elegida en documentación; (3) evaluar situaciones de vulnerabilidad (depresión por rechazo familiar, aislamiento, violencia de pareja en colectivos LGTBI); (4) facilitar acceso a recursos comunitarios (asociaciones LGTBI, grupos de apoyo); (5) identificar y reportar discriminación ejercida por profesionales sanitarios dentro del propio centro.

14. INTERVENCIÓN PRÁCTICA DEL TRABAJADOR SOCIAL SANITARIO

Todos estos derechos se hacen realidad o se quedan en papel en función de cómo el trabajador social los aplica en la práctica diaria. No es suficiente conocer la ley; hay que hacerla operativa.

14.1. Ciclos de intervención

Fase de detección: el trabajador social, en Atención Primaria o en el hospital, identifica a usuarios cuya situación implica derechos o garantías en riesgo (muerte próxima, vulnerabilidad reproductiva, personas LGTBI en riesgo, conflictos éticos).

Fase de información y asesoramiento: informa sobre derechos (en lenguaje accesible, sin tecnicismos). Si solicita voluntad anticipada, eutanasia, IVE, o asesoramiento sobre identidad de género, facilita orientación neutral sobre opciones reales.

Fase de gestión de la solicitud: tramita procedimientos, asegura consentimiento informado válido, coordina con otros profesionales, documenta en historia social.

Fase de seguimiento y apoyo: acompaña en post-evento (apoyo tras IVE, apoyo a familia tras muerte digna, seguimiento tras transición de género), conecta con recursos psicosociales.

14.2. Documentación en la historia social

La historia social es un documento fundamental. Debe incluir: situación sociofamiliar, activos y factores de vulnerabilidad, voluntades expresadas por la persona, indicios de coerción, recursos activados, plan de intervención, evaluación de autonomía. En procesos de derechos sensibles (eutanasia, VVA, IVE), la historia social es prueba de que se respetó la autonomía o, al contrario, de negligencia.

14.3. Coordinación e interdisciplinariedad

El trabajador social no actúa solo. En procesos complejos (muerte digna, eutanasia, menores LGTBI en riesgo), es parte de un equipo: médicos, psicólogos, enfermeras, bioéticos. La reunión de equipo donde se discute el caso es el espacio para hacer visible la perspectiva psicosocial, para alertar de riesgos no evidentes para el personal clínico (presión familiar, depresión, vulnerabilidad social), y para tomar decisiones compartidas.

15. MAPA CONCEPTUAL