1. INTRODUCCIÓN, FINALIDAD Y PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

La contratación pública es el conjunto de reglas mediante las cuales las entidades del sector público adquieren obras, suministros y servicios o encomiendan a un operador económico la explotación de una obra o de un servicio. No es una actividad puramente instrumental: condiciona la calidad de las prestaciones públicas, la ejecución del presupuesto, el acceso de las empresas al mercado y la protección de la competencia. En el Servicio Andaluz de Salud, cualquier adquisición relevante de equipamiento, mantenimiento, licencias, desarrollo de aplicaciones, servicios de comunicaciones, infraestructuras sanitarias o apoyo especializado debe encauzarse por estas reglas.

La norma estatal básica es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP. Su estructura distingue la configuración general de la contratación, la preparación y adjudicación de los contratos administrativos, los contratos celebrados por otros entes del sector público y la organización administrativa para gestionar la contratación. La ley incorpora al ordenamiento español las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE y debe interpretarse conforme a los principios del Derecho de la Unión Europea.

El artículo 1 de la LCSP persigue garantizar la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia, la no discriminación e igualdad de trato, la integridad y la eficiente utilización de los fondos públicos. La contratación se orienta a seleccionar la oferta con mejor relación calidad-precio, no necesariamente la de precio nominal más bajo. Por ello, pueden valorarse características cualitativas, ambientales, sociales, de accesibilidad, innovación, seguridad, interoperabilidad, mantenimiento y coste del ciclo de vida, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato y se formulen de manera objetiva.

La LCSP se aplica a los contratos onerosos celebrados por las entidades enumeradas en su artículo 3. Existe onerosidad cuando el contratista obtiene algún beneficio económico, directo o indirecto. La amplitud de esta definición impide identificar la onerosidad exclusivamente con un pago en dinero: puede existir una ventaja económica indirecta, un derecho de explotación o una contraprestación de otra naturaleza. Quedan fuera determinados negocios jurídicos, como las relaciones de servicio del personal, algunos convenios que no encubren prestaciones contractuales y los encargos a medios propios que reúnan los requisitos legales.

Para resolver preguntas tipo test conviene separar cuatro planos. Primero, el sujeto: Administración Pública, poder adjudicador o ente del sector público que no es poder adjudicador. Segundo, el objeto: obra, concesión, suministro, servicio o contrato mixto. Tercero, la cuantía y régimen europeo: valor estimado, presupuesto base, precio y eventual sujeción a regulación armonizada. Cuarto, la fase: preparación, adjudicación, formalización, ejecución, modificación o extinción. Muchas opciones aparentemente correctas fallan porque mezclan reglas pertenecientes a planos distintos.

2. COMPETENCIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y MARCO ORGANIZATIVO

El reparto competencial parte de la Constitución y del Estatuto de Autonomía para Andalucía. El Estado establece la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Andalucía ostenta, conforme al artículo 47.2.3.ª de su Estatuto, una competencia compartida sobre contratos y concesiones administrativas. Esta calificación es importante: la Comunidad Autónoma no puede sustituir ni contradecir las bases estatales, pero sí desarrollar su organización, procedimientos internos, órganos consultivos, registros, sistemas de contratación electrónica y especialidades derivadas de su propia estructura.

En el ámbito andaluz destaca el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, que regula la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, así como el régimen de bienes y servicios homologados. La norma se complementa con la regulación de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, el Registro de Contratos, el Registro de Licitadores y las herramientas electrónicas corporativas. Estas disposiciones deben aplicarse de forma compatible con la LCSP y con sus sucesivas modificaciones.

La coordinación y racionalización general de la contratación pública corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda. Tras la reestructuración de julio de 2026, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos mantiene las competencias de coordinación y racionalización general de la contratación pública. Esta función transversal convive con las competencias de cada Consejería y agencia para contratar dentro de su ámbito material.

En el ámbito sanitario, el Decreto 189/2026, de 30 de julio, establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias. El Servicio Andaluz de Salud cuenta, entre otros órganos directivos, con la Dirección Gerencia y con la Dirección General de Recursos Económicos y Financieros, y Contratación. La Dirección Gerencia representa legalmente al SAS y actúa como órgano de contratación de la Agencia, sin perjuicio de las delegaciones vigentes. La Dirección General citada dirige y coordina la política de compras, logística y contratación, define las estructuras integradas provinciales y la estructura central para contratos de ámbito superior al provincial.

La Resolución de 20 de enero de 2022 delegó el ejercicio de competencias de contratación de la Dirección Gerencia del SAS en distintos órganos. En servicios centrales, la delegación alcanzaba a la entonces Dirección General de Gestión Económica y Servicios para contratos inferiores a doce millones de euros; en el ámbito provincial, se delegaba en determinadas Direcciones Gerencias hospitalarias donde se ubicaban las Centrales Provinciales de Compras, dentro de los créditos asignados. La reorganización de 2026 modifica denominaciones orgánicas, por lo que al aplicar una delegación debe comprobarse su vigencia, adaptación y órgano sucesor. Para el examen resulta más seguro distinguir entre titularidad originaria de la competencia y ejercicio delegado.

La Administración andaluza utiliza sistemas electrónicos para la tramitación, publicidad, recepción de ofertas y registro. El perfil de contratante debe alojarse en la plataforma correspondiente y garantizar la integridad, accesibilidad, disponibilidad y constancia temporal de la información publicada. En procedimientos sujetos a regulación armonizada, la publicidad europea en el Diario Oficial de la Unión Europea se añade a la publicidad nacional o autonómica exigible.

3. TIPOS DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

La calificación del contrato determina buena parte de su régimen jurídico. Los artículos 12 a 18 de la LCSP regulan los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios. Junto a ellos aparecen los contratos mixtos, los contratos administrativos especiales y los contratos privados. La denominación elegida por el órgano de contratación no decide por sí sola la naturaleza jurídica: prevalece el contenido real de las prestaciones.

3.1. Contrato de obras

El contrato de obras tiene por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el anexo I. Una obra es el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica y que tiene por objeto un bien inmueble. En el SAS son ejemplos la construcción o ampliación de un centro sanitario, la reforma de un área asistencial, la adaptación de un centro de proceso de datos o la renovación integral de instalaciones.

3.2. Concesión de obras y concesión de servicios

En las concesiones, la contraprestación consiste en el derecho a explotar la obra o el servicio, acompañado o no de un precio, y debe transferirse al concesionario un riesgo operacional real. No basta con llamar concesión a un contrato. Si la Administración garantiza la recuperación íntegra de las inversiones y costes en condiciones normales, puede faltar la transferencia de riesgo exigida. El riesgo puede ser de demanda, de suministro o de ambos tipos, y debe implicar una exposición efectiva a las incertidumbres del mercado.

3.3. Contrato de suministro

El suministro comprende la adquisición, arrendamiento financiero o arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. En tecnología, suele incluir ordenadores, servidores, dispositivos de red, almacenamiento, equipamiento periférico y licencias de software estándar disponibles en el mercado. La instalación accesoria no transforma necesariamente el suministro en servicio si la prestación principal sigue siendo la entrega del bien.

3.4. Contrato de servicios

El contrato de servicios comprende prestaciones de hacer dirigidas a desarrollar una actividad o a obtener un resultado distinto de una obra o suministro. Son servicios la consultoría, auditoría, soporte, mantenimiento, formación, operación de infraestructuras y desarrollo de software a medida. La LCSP indica expresamente que la adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida se considera contrato de servicios, mientras que la adquisición de programas estándar puede calificarse como suministro.

3.5. Contratos mixtos

Un contrato mixto contiene prestaciones correspondientes a contratos de distinta clase. La combinación debe responder a una unidad funcional o a una relación de complementariedad que justifique su tratamiento conjunto. La regla general atiende a la prestación principal para determinar las normas de adjudicación cuando las prestaciones no son separables; si son separables, la LCSP establece reglas específicas. La mezcla no puede utilizarse para eludir publicidad, controles técnicos o procedimientos más rigurosos.

3.6. Contratos administrativos y privados

Los contratos típicos celebrados por una Administración Pública tienen carácter administrativo, salvo determinadas excepciones. También pueden existir contratos administrativos especiales por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración o satisfacer directamente una finalidad pública de su competencia. Los contratos privados se rigen en preparación y adjudicación por la normativa pública que corresponda y, en sus efectos y extinción, por el derecho privado, salvo previsiones legales específicas. La jurisdicción competente dependerá de la fase y naturaleza de la controversia.

4. ÓRGANOS COMPETENTES Y ÓRGANOS DE ASISTENCIA

El órgano de contratación es el órgano unipersonal o colegiado que tiene atribuida la facultad de celebrar contratos en nombre de una entidad del sector público. Sus competencias incluyen aprobar el expediente, los pliegos y el gasto; convocar la licitación; excluir candidatos cuando proceda; adjudicar; formalizar; interpretar el contrato; acordar modificaciones; imponer penalidades; recibir la prestación y, en su caso, resolver el contrato. El ejercicio de estas facultades está sometido a competencia, procedimiento y control presupuestario.

La desconcentración y la delegación permiten distribuir el ejercicio de la competencia, pero no deben confundirse. La delegación no altera la titularidad: el acto se considera dictado por el órgano delegante y debe expresar esta circunstancia. En el SAS, la Dirección Gerencia ostenta la posición originaria de órgano de contratación conforme al Decreto 189/2026, mientras que determinadas competencias pueden ejercerse por órganos delegados de servicios centrales o de ámbito provincial.

4.1. Mesa de contratación

La mesa de contratación es un órgano de asistencia técnica especializada. No sustituye al órgano de contratación ni se convierte en adjudicadora. Examina la documentación, califica declaraciones y acreditaciones, abre ofertas, valora criterios automáticos o solicita informes, identifica ofertas anormalmente bajas y formula la propuesta de adjudicación. La propuesta no crea por sí sola derecho a favor del licitador y el órgano de contratación puede separarse de ella mediante motivación suficiente.

El artículo 326 de la LCSP configura la mesa con una presidencia, las vocalías que se determinen reglamentariamente y una secretaría. Puede solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos independientes con conocimientos acreditados relacionados con el objeto. Sus miembros son nombrados por el órgano de contratación. Deben respetarse las reglas de imparcialidad, abstención, conflicto de intereses y composición profesional.

En el SAS, la Resolución de 14 de marzo de 2024 regula con carácter permanente la designación de los miembros de las mesas de contratación y cuenta con una versión consolidada de marzo de 2026. La composición concreta debe consultarse en esa resolución consolidada cuando una pregunta exija identificar presidencia, vocalías, secretaría o suplencias.

4.2. Responsable del contrato

El artículo 62 exige que el órgano de contratación designe una persona física o jurídica responsable del contrato, a la que corresponde supervisar la ejecución, adoptar decisiones y dictar instrucciones para asegurar la correcta realización de la prestación dentro de las facultades atribuidas. En un contrato TIC, el responsable verifica hitos, niveles de servicio, entregables, documentación, seguridad, interoperabilidad, pruebas, continuidad y cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.

El responsable del contrato no puede modificar informalmente el objeto, ampliar prestaciones sin cobertura ni ordenar trabajos que el contratista no esté obligado a ejecutar. Una instrucción técnica debe permanecer dentro del contrato y de los pliegos. Cuando la necesidad exige cambiar alcance, precio o condiciones esenciales, debe tramitarse una modificación legal o una nueva contratación.

4.3. Otros órganos y controles

Participan también las unidades promotoras, servicios jurídicos, intervención, oficinas de supervisión de proyectos, comités de expertos y órganos consultivos. La unidad promotora define la necesidad, pero no puede orientar el expediente hacia una empresa predeterminada. La asesoría jurídica controla la legalidad de pliegos y actos cuando el informe sea preceptivo. La intervención ejerce el control económico-presupuestario. La separación funcional entre necesidad, valoración, fiscalización y adjudicación reduce riesgos de fraude y conflicto de intereses.

5. CAPACIDAD, SOLVENCIA, CLASIFICACIÓN Y PROHIBICIONES DE CONTRATAR

La expresión tradicional «incapacidad y prohibiciones» debe estudiarse hoy a través del concepto de aptitud para contratar. Conforme al artículo 65 LCSP, solo pueden contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y acrediten solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o clasificación cuando sea exigible. Además, deben disponer de la habilitación empresarial o profesional necesaria.

5.1. Capacidad de obrar y objeto social

Las personas jurídicas solo pueden ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas en sus fines, objeto o ámbito de actividad según estatutos o reglas fundacionales. La capacidad de una empresa extranjera se acredita de acuerdo con las reglas de la LCSP y los tratados aplicables. Las uniones temporales de empresas pueden licitar sin escritura pública previa; esta se exige cuando resulten adjudicatarias. Los integrantes responden solidariamente y nombran una representación única.

5.2. Solvencia

La solvencia económica y financiera mide la capacidad para sostener económicamente la ejecución. Puede acreditarse mediante volumen anual de negocios, seguro de responsabilidad, patrimonio neto u otros medios previstos. La solvencia técnica o profesional se vincula a experiencia, medios, personal, titulaciones, controles de calidad, muestras, certificados o sistemas de gestión, según el tipo de contrato. Los requisitos deben ser proporcionales y estar vinculados al objeto; no pueden convertirse en barreras arbitrarias.

El empresario puede basarse en la solvencia y medios de otras entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de sus vínculos, siempre que demuestre que dispondrá efectivamente de esos recursos durante la ejecución y que la entidad no está incursa en prohibición. En determinadas capacidades personales o experiencia profesional, la entidad aportante debe ejecutar la parte para la que se requiere esa capacidad.

5.3. Clasificación

La clasificación empresarial sustituye la acreditación individual de solvencia en los casos legalmente previstos. En contratos de obras es exigible, como regla general, cuando el valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. En contratos de servicios no se exige clasificación obligatoria, aunque la clasificación correspondiente puede servir como medio alternativo de acreditación cuando exista grupo y subgrupo aplicable. Debe evitarse la confusión entre clasificación, inscripción registral y habilitación profesional.

5.4. Prohibiciones de contratar

El artículo 71 recoge causas de exclusión relacionadas con condenas por determinados delitos, sanciones firmes, insolvencia, incumplimientos tributarios o con la Seguridad Social, falsedad en declaraciones, conflictos de incompatibilidad, contratación de personas afectadas por prohibiciones y determinadas conductas en licitaciones o ejecución. Algunas prohibiciones producen efectos directamente; otras requieren procedimiento para fijar alcance y duración. La inscripción registral facilita su eficacia frente a los órganos de contratación.

La LCSP permite valorar medidas correctoras o de self-cleaning en determinados supuestos: pago o compromiso de pago de responsabilidades, colaboración activa con la investigación y adopción de medidas técnicas, organizativas y de personal adecuadas para evitar nuevas infracciones. No operan en todos los casos, especialmente cuando una sentencia firme haya excluido expresamente al empresario durante un periodo.

La declaración responsable y el Documento Europeo Único de Contratación simplifican la acreditación inicial, pero no eliminan la obligación material de cumplir los requisitos. El licitador propuesto como adjudicatario debe aportar la documentación acreditativa cuando no pueda consultarse de oficio. La falsedad puede provocar exclusión, pérdida de garantía y prohibición de contratar.

6. INVALIDEZ DE LOS CONTRATOS Y CONTROL DE LEGALIDAD

La invalidez contractual puede derivar de causas civiles, de la invalidez de los actos preparatorios o de adjudicación y de la ilegalidad del clausulado. La LCSP distingue nulidad de pleno derecho y anulabilidad, en conexión con la Ley 39/2015. La diferencia no es meramente terminológica: afecta a la gravedad del vicio, legitimación, plazos, revisión y efectos.

6.1. Nulidad

Son causas de nulidad las del artículo 47 de la Ley 39/2015 y las específicas del artículo 39 LCSP. Entre estas últimas figuran la falta de capacidad, solvencia, habilitación o clasificación del adjudicatario; estar incurso en prohibición; la carencia o insuficiencia de crédito salvo emergencia; la falta de publicación preceptiva; determinadas infracciones del plazo de formalización; la formalización pese a la suspensión derivada del recurso especial; y ciertos incumplimientos graves del Derecho de la Unión Europea.

6.2. Anulabilidad

Son anulables las infracciones del ordenamiento jurídico que no alcancen la gravedad de la nulidad. La LCSP identifica, entre otros supuestos, el incumplimiento de circunstancias y requisitos que no estén calificados como nulidad, la falta de determinadas publicaciones o informes y la vulneración de reglas procedimentales con entidad suficiente. La anulabilidad debe alegarse y declararse dentro de los cauces y plazos aplicables.

6.3. Revisión y efectos

La revisión de oficio de actos preparatorios y de adjudicación se rige por la Ley 39/2015 con las especialidades de la LCSP. La declaración de nulidad de los actos preparatorios o de la adjudicación lleva normalmente consigo la del contrato, que entra en fase de liquidación, debiendo las partes restituirse las prestaciones o su valor. No obstante, si la interrupción inmediata ocasiona un grave trastorno al servicio público, puede disponerse la continuación provisional de los efectos hasta adoptar medidas urgentes.

6.4. Recurso especial en materia de contratación

El recurso especial es potestativo y gratuito y se interpone ante el tribunal administrativo competente. Procede respecto de contratos y actos que superan los umbrales del artículo 44 y respecto de determinadas concesiones, acuerdos marco y sistemas dinámicos. Son recurribles anuncios, pliegos, documentos contractuales, actos de trámite cualificados, adjudicación, modificaciones que debieron ser objeto de nueva licitación, formalización de encargos a medios propios cuando incumplan requisitos y acuerdos de rescate de concesiones.

Los actos de trámite cualificados son los que deciden directa o indirectamente la adjudicación, impiden continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable. La interposición contra la adjudicación produce, con carácter general, suspensión automática del procedimiento en los términos legales, evitando que la formalización haga inútil el recurso.

En Andalucía conoce el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía en su ámbito competencial. Su función es independiente del órgano de contratación. Las resoluciones agotan la vía administrativa y pueden impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

7. PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREPARATORIAS

La contratación comienza antes de aprobar el expediente. El artículo 28 obliga a justificar la necesidad e idoneidad del contrato. Las entidades públicas deben programar su actividad contractual y publicar un plan de contratación anticipada, al menos para contratos sujetos a regulación armonizada. La planificación permite agrupar necesidades previsibles, evitar contratos menores recurrentes, preparar renovaciones con antelación y diseñar lotes que faciliten la concurrencia.

7.1. Consulta preliminar del mercado

El artículo 115 permite realizar consultas preliminares para preparar correctamente la licitación e informar a los operadores económicos de los planes y requisitos. Puede recabarse asesoramiento de expertos, autoridades independientes, colegios profesionales u operadores, pero el procedimiento debe ser transparente y no otorgar ventajas. Debe publicarse el objeto, participantes y resultados, y el órgano de contratación debe prevenir el falseamiento de la competencia.

En una contratación TIC compleja, la consulta puede ayudar a conocer modelos de licenciamiento, estándares de interoperabilidad, costes de migración, requisitos de nube, medidas de seguridad y disponibilidad real de soluciones. No debe convertirse en una negociación encubierta ni en la reproducción de la propuesta de un único proveedor. Los resultados deben transformarse en requisitos abiertos, funcionales y neutrales.

7.2. Objeto y división en lotes

El objeto debe ser determinado y puede definirse mediante necesidades o funcionalidades, sin cerrar la solución a una tecnología única. Está prohibido fraccionar para reducir la cuantía y eludir publicidad o procedimiento. Siempre que la naturaleza u objeto lo permitan, debe preverse la división en lotes. La no división exige motivos válidos justificados en el expediente, como riesgo de restringir la competencia o dificultad técnica de coordinación.

7.3. Cálculo económico

El presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que puede comprometer el órgano, incluido IVA salvo disposición en contrario, y debe ser adecuado a precios de mercado. El valor estimado se calcula sin IVA e incluye importe total pagadero, opciones, prórrogas, modificaciones previstas, primas y otros conceptos legalmente exigidos. El precio es la contraprestación del contrato adjudicado. Confundir estas magnitudes provoca errores en umbrales, procedimiento y crédito.

En servicios intensivos en personal, el presupuesto debe desglosar costes salariales estimados a partir del convenio aplicable, costes directos e indirectos y beneficio industrial. En TIC deben contemplarse implantación, migración, integraciones, formación, mantenimiento, infraestructura, licencias, soporte, reversibilidad, crecimiento, seguridad y continuidad. Un presupuesto artificialmente bajo favorece ofertas inviables y problemas de ejecución.

7.4. Umbrales SARA vigentes desde 2026

Desde el 1 de enero de 2026, los contratos de obras y concesiones están sujetos a regulación armonizada a partir de 5.404.000 euros de valor estimado. En suministros y servicios, el umbral es de 140.000 euros para órganos de la Administración General del Estado incluidos en la regla central y de 216.000 euros para poderes adjudicadores subcentrales, como regla aplicable a comunidades autónomas. Los servicios sociales y otros del anexo IV mantienen su umbral específico de 750.000 euros.

8. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PLIEGOS Y GARANTÍAS

La celebración de contratos por una Administración Pública exige la previa tramitación del expediente. Se inicia por el órgano de contratación mediante resolución motivada de necesidad, que debe publicarse en el perfil. El expediente se refiere a la totalidad del objeto y contiene los documentos que justifican el diseño jurídico, técnico y económico.

8.1. Contenido del expediente

El artículo 116 exige incorporar el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas, certificado de existencia de crédito o documento equivalente, fiscalización previa cuando proceda y justificación de la elección del procedimiento, clasificación, solvencia, criterios de adjudicación, valor estimado, necesidad, insuficiencia de medios en servicios y decisión sobre lotes. Si la ejecución requiere cesión de datos, debe especificarse la finalidad del tratamiento.

La aprobación del expediente implica aprobar el gasto, salvo excepciones, y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación. Puede existir tramitación anticipada cuando el contrato se financie con el presupuesto siguiente, condicionando la adjudicación a la existencia de crédito adecuado y suficiente. La contratación plurianual debe respetar los límites presupuestarios.

8.2. Pliego de cláusulas administrativas particulares

El PCAP contiene los pactos y condiciones definidores de derechos y obligaciones: objeto, procedimiento, solvencia, criterios, garantías, plazo, penalidades, obligaciones esenciales, condiciones especiales de ejecución, pago, modificación, cesión, subcontratación y resolución. Se aprueba antes de la licitación y sus cláusulas integran el contrato. No puede alterarse después salvo corrección de error material o retroacción que preserve igualdad.

8.3. Pliego de prescripciones técnicas

El PPT define las características técnicas y funcionales de la prestación. Debe permitir acceso igualitario y no crear obstáculos injustificados. Las referencias a marcas, patentes, tipos u origen solo se admiten excepcionalmente, justificadas y acompañadas de «o equivalente». En TIC conviene expresar requisitos funcionales, interoperabilidad, seguridad, rendimiento, disponibilidad, portabilidad, reversibilidad, accesibilidad, documentación y pruebas de aceptación.

8.4. Garantías

La garantía provisional es excepcional y debe justificarse; no puede exceder del 3 por ciento del presupuesto base, excluido IVA. La garantía definitiva es, como regla general, el 5 por ciento del precio final ofertado, excluido IVA. Responde de la formalización, penalidades, correcta ejecución, daños, resolución imputable y vicios durante el plazo de garantía. Puede constituirse en efectivo, valores, aval o seguro de caución conforme a la ley.

El órgano puede eximir de garantía definitiva en casos justificados, especialmente en suministros consumibles o servicios sociales, pero no en contratos de obras ni concesiones de obras. También puede exigirse garantía complementaria, hasta otro 5 por ciento, cuando concurran riesgos especiales, por ejemplo una oferta inicialmente incursa en presunción de anormalidad.

9. CONTRATOS MENORES, URGENCIA Y EMERGENCIA

Los contratos menores son una forma simplificada de adjudicación directa por razón de su escasa cuantía, no una excepción general a los principios de contratación. Son menores los contratos de obras de valor estimado inferior a 40.000 euros y los de suministro o servicios de valor estimado inferior a 15.000 euros. La palabra «inferior» excluye exactamente 40.000 o 15.000 euros.

El expediente exige informe motivado de necesidad y de no alteración del objeto para evitar los umbrales, aprobación del gasto e incorporación de la factura. En obras se añade presupuesto y, cuando afecten a estabilidad, seguridad o estanqueidad, el informe de supervisión que proceda. La publicación se realiza al menos trimestralmente con objeto, duración, importe, adjudicatario y ordenación por identidad, salvo contratos inferiores a 5.000 euros pagados mediante anticipo de caja fija u otro sistema similar.

La duración del contrato menor no puede superar un año ni ser objeto de prórroga. La reiteración anual con el mismo objeto puede revelar una necesidad permanente y previsible que debía licitarse. El fraccionamiento existe cuando se divide artificialmente una unidad funcional para eludir reglas; no depende solo de que las facturas se emitan por separado.

9.1. Tramitación urgente

La urgencia se aplica a contratos cuya necesidad sea inaplazable o cuya adjudicación deba acelerarse por razones de interés público. Requiere declaración motivada. El expediente tiene preferencia y los plazos se reducen, salvo excepciones legales. La urgencia no elimina la licitación ni permite escoger libremente al contratista.

9.2. Tramitación de emergencia

La emergencia procede cuando la Administración debe actuar inmediatamente por acontecimientos catastróficos, situaciones de grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional. El órgano puede ordenar la ejecución sin expediente ordinario e incluso sin crédito suficiente previo, dando cuenta y regularizando posteriormente. Su alcance se limita a lo estrictamente indispensable para remediar el acontecimiento o satisfacer la necesidad sobrevenida.

La emergencia no equivale a mala planificación, retraso administrativo o proximidad del fin de un contrato. Una necesidad previsible que no se licitó a tiempo no se convierte por ello en emergencia. Los contratos para prestaciones posteriores y estables deben tramitarse por el procedimiento ordinario que corresponda.

10. PROCEDIMIENTOS ABIERTO, RESTRINGIDO Y SIMPLIFICADOS

La adjudicación se realiza ordinariamente mediante procedimiento abierto o restringido y una pluralidad de criterios basados en la mejor relación calidad-precio. En ambos está prohibida la negociación de los términos del contrato. La diferencia radica en quién puede presentar oferta.

10.1. Procedimiento abierto

En el abierto cualquier empresario interesado puede presentar proposición. Es el procedimiento de concurrencia más amplia y suele ser la opción natural cuando la prestación está suficientemente definida. La publicación se realiza en el perfil y, si es SARA, también en el DOUE. Las ofertas permanecen secretas hasta su apertura y cada licitador presenta una proposición, salvo variantes autorizadas.

Los plazos dependen de la sujeción a regulación armonizada, del tipo de contrato y de la utilización de medios electrónicos o anuncio previo. En un tema sujeto a cambios periódicos conviene estudiar la regla del artículo aplicable y no memorizar una cifra aislada sin identificar el supuesto.

10.2. Procedimiento restringido

En el restringido cualquier empresa puede solicitar participar, pero solo presentan proposición quienes sean seleccionados por el órgano en atención a su solvencia. Es especialmente adecuado para servicios intelectuales complejos, consultoría, arquitectura o ingeniería. La selección de candidatos no permite negociar las ofertas.

10.3. Procedimiento abierto simplificado

Puede utilizarse en obras con valor estimado igual o inferior a 2.000.000 de euros y en suministros o servicios con valor estimado inferior al umbral del artículo 21.1.a o 22.1.a, actualizado a 140.000 euros desde 2026. Además, los criterios sujetos a juicio de valor no pueden superar el 25 por ciento, o el 45 por ciento en prestaciones intelectuales.

El anuncio se publica únicamente en el perfil y la documentación está disponible electrónicamente. El plazo mínimo general es de quince días, y veinte días en obras. Los licitadores deben estar inscritos en el registro correspondiente o haber solicitado inscripción en plazo, siempre que no se limite la concurrencia.

10.4. Simplificado abreviado

El apartado 6 del artículo 159 permite una tramitación especialmente sumaria para obras de valor estimado inferior a 80.000 euros y suministros o servicios inferiores a 60.000 euros, salvo prestaciones intelectuales. El plazo mínimo es de diez días hábiles, o cinco para compras corrientes disponibles en el mercado. Se utiliza un único archivo electrónico, solo criterios automáticos y se exime de acreditar solvencia económica y técnica.

11. PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACIÓN, DIÁLOGO E INNOVACIÓN

11.1. Licitación con negociación

La licitación con negociación puede utilizarse en los supuestos tasados del artículo 167, por ejemplo cuando las necesidades no puedan satisfacerse sin adaptar soluciones disponibles, existan elementos innovadores, el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas por su complejidad o configuración jurídica o financiera, o las especificaciones no puedan establecerse con suficiente precisión. Se publica anuncio, se seleccionan candidatos y se negocian aspectos permitidos, pero nunca los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación.

11.2. Negociado sin publicidad

Es excepcional y solo procede en los casos del artículo 168. Entre ellos: ausencia de ofertas adecuadas en un abierto o restringido previo sin modificar sustancialmente condiciones; inexistencia de competencia por razones técnicas; protección de derechos exclusivos; urgencia imperiosa resultante de acontecimientos imprevisibles no imputables al órgano; determinados suministros adicionales o adquisiciones en condiciones especialmente ventajosas.

La exclusividad debe ser real, objetiva y no creada artificialmente por el diseño de los pliegos. Que una empresa sea titular de una patente sobre su propio producto no basta si existen soluciones funcionalmente equivalentes. Debe demostrarse que solo un operador puede satisfacer la necesidad y que no hay alternativa o sustituto razonable.

11.3. Diálogo competitivo

El diálogo competitivo se utiliza cuando la Administración no puede definir por sí sola los medios técnicos o la estructura jurídica y financiera capaz de satisfacer una necesidad compleja. Tras seleccionar candidatos, se dialoga para desarrollar soluciones; una vez cerrado el diálogo, los participantes presentan ofertas finales basadas en las soluciones identificadas. Los criterios deben permitir comparar calidad y coste de manera objetiva.

11.4. Asociación para la innovación

La asociación para la innovación combina investigación, desarrollo y posterior adquisición de obras, servicios o productos innovadores que aún no están disponibles en el mercado. Se estructura en fases con objetivos intermedios y pagos. La Administración puede reducir socios si se cumplen las reglas previstas. No debe utilizarse cuando la necesidad puede satisfacerse mediante soluciones comerciales existentes.

11.5. Concursos de proyectos

Los concursos de proyectos permiten obtener planos o proyectos seleccionados por un jurado, especialmente en arquitectura, urbanismo, ingeniería o procesamiento de datos. El jurado es independiente y valora de forma anónima cuando corresponda. Puede existir posterior contrato de servicios con el ganador si se prevé y se cumplen las condiciones legales.

En compra pública innovadora conviene distinguir compra pública de tecnología innovadora, compra pública precomercial y asociación para la innovación. No son sinónimos. La selección depende de si la solución existe, del grado de investigación requerido, del reparto de riesgos y de la intención de adquirir el resultado.

12. ADJUDICACIÓN, CRITERIOS, OFERTAS ANORMALES Y FORMALIZACIÓN

La adjudicación selecciona la oferta económicamente más ventajosa conforme a la mejor relación calidad-precio. Los criterios deben estar vinculados al objeto, formularse objetivamente, garantizar competencia efectiva y permitir comprobar la información aportada. Pueden ser económicos y cualitativos. En servicios intelectuales y determinadas prestaciones del anexo IV, la calidad adquiere una ponderación mínima o reforzada.

12.1. Criterios automáticos y juicio de valor

Los criterios automáticos se cuantifican mediante fórmulas: precio, tiempo de respuesta, disponibilidad, consumo energético o métricas objetivas. Los sujetos a juicio de valor requieren evaluación técnica: metodología, arquitectura, plan de transición, organización o propuesta de calidad. Primero se valoran los criterios no automáticos y después se abren los automáticos, preservando imparcialidad. La fórmula y ponderaciones deben justificarse en el expediente.

En un contrato TIC no debe premiarse una memoria extensa sin relación con resultados. Los criterios pueden medir cobertura funcional, plan de migración, pruebas, accesibilidad, ciberseguridad, continuidad, transferencia de conocimiento, reversibilidad o coste del ciclo de vida. Deben evitarse mejoras abiertas e indeterminadas que impidan conocer qué se valora.

12.2. Ofertas anormalmente bajas

Cuando una oferta incurre en presunción de anormalidad conforme a parámetros del pliego, no se excluye automáticamente. Se solicita justificación sobre ahorro, soluciones técnicas, condiciones excepcionales, innovación, ayudas públicas y cumplimiento ambiental, social y laboral. El órgano acepta o rechaza motivadamente, con informe técnico. Si la baja deriva de incumplimientos legales, debe rechazarse.

12.3. Propuesta, requerimiento y adjudicación

La mesa clasifica ofertas y propone adjudicatario. El licitador mejor clasificado es requerido para aportar documentación, garantía definitiva y acreditaciones. Si no cumple en plazo por causa imputable, se entiende retirada su oferta, se exige la penalidad legal y se recurre al siguiente licitador. La adjudicación debe ser motivada, notificarse y publicarse, incluyendo información suficiente para recurrir.

12.4. Formalización

Los contratos administrativos se formalizan en documento administrativo ajustado a la adjudicación. No pueden introducirse cláusulas nuevas. Si el contrato es susceptible de recurso especial, existe un plazo de espera de quince días hábiles desde la notificación antes de formalizar. Transcurrido sin recurso suspensivo, se requiere al adjudicatario para formalizar en un plazo no superior a cinco días. En los demás casos, la formalización se efectúa dentro del plazo legal desde la notificación.

Los contratos menores se acreditan mediante su expediente simplificado y no requieren formalización ordinaria. Los contratos basados en acuerdos marco y específicos de sistemas dinámicos tampoco requieren formalización en los mismos términos, aunque deben documentarse y publicarse conforme a la ley.

13. EFECTOS, EJECUCIÓN Y PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Los efectos de los contratos administrativos se rigen por la LCSP, sus disposiciones de desarrollo, los pliegos y el documento de formalización. La ejecución se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de fuerza mayor y mecanismos legales de equilibrio. El contratista debe cumplir exactamente la prestación, plazos, niveles de calidad y obligaciones sociales, laborales, ambientales, de seguridad y protección de datos.

13.1. Prerrogativas administrativas

Dentro de límites legales, el órgano de contratación puede interpretar el contrato, resolver dudas, modificar por razones de interés público, declarar responsabilidad imputable, suspender la ejecución, acordar resolución y determinar efectos. Estas decisiones requieren audiencia, informes y procedimiento; son inmediatamente ejecutivas y recurribles. La prerrogativa no permite alterar libremente el equilibrio contractual ni prescindir de la licitación.

13.2. Plazo y prórrogas

La duración se fija atendiendo a la naturaleza, financiación y necesidad de concurrencia periódica. Puede preverse una o varias prórrogas si las características permanecen inalterables. La prórroga la acuerda el órgano de contratación y es obligatoria para el empresario cuando se preavisa al menos con dos meses, salvo plazo mayor del pliego. Nunca puede producirse por consentimiento tácito.

Los servicios y suministros de prestación sucesiva tienen, como regla general, duración máxima de cinco años incluidas prórrogas, con excepciones justificadas por recuperación de inversiones u otros casos previstos. Cuando no se formaliza a tiempo el nuevo contrato por acontecimientos imprevisibles y existe interés público en evitar interrupción, la prórroga extraordinaria del contrato originario puede alcanzar como máximo nueve meses, cumpliendo las condiciones del artículo 29.4.

13.3. Pago

La Administración debe abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de certificaciones o documentos de conformidad, siempre que la factura se haya presentado correctamente. El retraso genera intereses y compensación por costes de cobro. El contratista puede ceder el derecho de cobro, pero la cesión solo es eficaz frente a la Administración tras notificación fehaciente.

13.4. Penalidades y demora

El incumplimiento parcial, defectuoso o tardío puede originar penalidades previstas en el pliego o resolución. La demora no necesita intimación previa. La penalidad diaria supletoria es de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio, IVA excluido, aunque el pliego puede fijar otra proporcionada y justificada. Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5 por ciento, el órgano puede resolver o continuar con nuevas penalidades.

13.5. Datos y seguridad

En contratos con acceso a datos personales o sistemas del SAS, los pliegos deben delimitar finalidad, instrucciones, confidencialidad, ubicación, subencargados, medidas de seguridad, devolución o destrucción, incidentes y auditoría. El contratista actúa como encargado del tratamiento cuando concurren los presupuestos del RGPD. El cumplimiento contractual no sustituye las obligaciones del ENS, protección de datos, propiedad intelectual y secreto profesional.

14. MODIFICACIÓN, CESIÓN, SUBCONTRATACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS

14.1. Modificaciones previstas

El contrato puede modificarse durante su vigencia cuando el PCAP haya advertido de forma clara, precisa e inequívoca la posibilidad, alcance, límites, naturaleza y condiciones. Las modificaciones previstas no pueden superar el 20 por ciento del precio inicial ni alterar la naturaleza global. Una cláusula genérica de «necesidades del servicio» no ofrece cobertura suficiente.

14.2. Modificaciones no previstas

Fuera del pliego, solo caben los supuestos del artículo 205: prestaciones adicionales cuando cambiar de contratista no sea posible por razones económicas o técnicas y cause inconvenientes o aumento sustancial de costes; circunstancias imprevisibles para una Administración diligente; o modificaciones no sustanciales. Deben limitarse a lo indispensable y respetar topes acumulados.

Una modificación es sustancial cuando habría permitido otros candidatos u ofertas, altera el equilibrio económico a favor del contratista de forma no prevista, amplía considerablemente el ámbito o sustituye al contratista fuera de los supuestos admitidos. En tal caso debe tramitarse una nueva licitación.

Las modificaciones obligatorias para el contratista no pueden exceder, aislada o conjuntamente, del 20 por ciento del precio inicial, IVA excluido, en los supuestos del artículo 205. Si superan ese límite, requieren conformidad escrita; de no prestarse, procede la resolución. Toda modificación debe publicarse en el perfil en cinco días desde su aprobación y, cuando corresponda, en el DOUE.

14.3. Cesión del contrato

La cesión sustituye al contratista y exige que el pliego la prevea, autorización previa, ejecución mínima o transcurso del porcentaje legal, capacidad y solvencia del cesionario y formalización en escritura pública. No procede cuando las cualidades del contratista fueron determinantes o la cesión supone alteración sustancial.

14.4. Subcontratación

La subcontratación permite encargar a terceros parte de la prestación sin cambiar al contratista principal, que mantiene plena responsabilidad frente a la Administración. Los pliegos pueden exigir identificar partes y subcontratistas, limitar tareas críticas justificadamente y comprobar pagos. No puede imponerse la subcontratación total ni utilizarse para encubrir cesión.

14.5. Revisión de precios

La revisión periódica y predeterminada solo procede en los contratos y condiciones legales, con fórmula prevista y después de ejecutar el porcentaje y transcurrir el periodo exigidos, salvo excepciones. No cubre cualquier subida de costes ni sustituye la obligación de presupuestar correctamente. En contratos de servicios intensivos en tecnología debe distinguirse revisión legal de precios, modificación contractual y reequilibrio extraordinario.

15. CUMPLIMIENTO, RECEPCIÓN, GARANTÍA Y EXTINCIÓN

El contrato se entiende cumplido cuando el contratista realiza la totalidad de la prestación de acuerdo con sus términos y a satisfacción de la Administración. La conformidad se expresa mediante acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del plazo legal. En obras existe acta de recepción; en suministros y servicios se documenta la entrega, aceptación o conformidad según el pliego.

15.1. Recepción y liquidación

En la recepción se verifica cantidad, calidad, funcionamiento y documentación. En TIC no basta comprobar que el sistema «arranca»: deben ejecutarse pruebas funcionales, rendimiento, seguridad, interoperabilidad, migración, accesibilidad, continuidad, respaldo, monitorización y recuperación. Los defectos deben registrarse y subsanarse antes de la aceptación cuando sean relevantes.

Después se practica liquidación, se determinan prestaciones ejecutadas, penalidades, revisiones, modificaciones y saldo. En obras existen certificación final y liquidación con reglas específicas. La recepción no borra responsabilidades ocultas ni vicios cubiertos por garantía.

15.2. Plazo de garantía

El pliego fija el plazo atendiendo a naturaleza y complejidad. Durante él, el contratista responde de defectos. En obras, como regla general, no puede ser inferior a un año, salvo casos especiales. Terminado sin reparos, se devuelve o cancela la garantía definitiva, sin perjuicio de responsabilidades especiales por ruina o vicios graves.

15.3. Extinción normal y resolución

Los contratos se extinguen por cumplimiento o resolución. La resolución es una terminación anticipada por causa legal. El artículo 211 incluye muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, extinción de la persona jurídica, concurso o insolvencia, mutuo acuerdo, demora, incumplimiento de la obligación principal o de obligaciones esenciales calificadas, imposibilidad de ejecutar en los términos pactados cuando no cabe modificación, impago de salarios en determinados supuestos y otras causas específicas.

La resolución se acuerda por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista siguiendo procedimiento. Si existen varias causas con efectos económicos distintos, se atiende a la que apareció primero. El mutuo acuerdo solo procede si no concurre otra causa imputable al contratista y razones de interés público hacen innecesaria o inconveniente la continuidad.

15.4. Efectos de la resolución

Los efectos dependen de la causa: incautación o devolución de garantía, indemnización de daños, pago de prestaciones ejecutadas, restituciones y liquidación. Si la causa es imputable a la Administración, puede existir indemnización al contratista; si es imputable al contratista, responde de daños y puede perder garantía. En servicios esenciales, el órgano debe planificar transición para evitar interrupciones.

En sistemas de información, la extinción debe activar el plan de reversibilidad: exportación de datos en formatos acordados, entrega de código y documentación cuando corresponda, revocación de credenciales, devolución de soportes, borrado certificado, transferencia de conocimiento, inventario de activos y continuidad del servicio. Estas obligaciones han de estar previstas desde la preparación; improvisarlas al final reduce la capacidad de control de la Administración.

16. APLICACIÓN PRÁCTICA A LA CONTRATACIÓN TIC EN EL SAS

La contratación TIC combina la LCSP con normativa de administración digital, interoperabilidad, seguridad, protección de datos, propiedad intelectual y accesibilidad. El reto no es únicamente adjudicar, sino diseñar un contrato que permita gobernar la solución durante todo su ciclo de vida y evite dependencia tecnológica.

16.1. Definición funcional y neutralidad

El PPT debe describir resultados, requisitos y niveles de servicio, evitando copiar fichas de un fabricante. Puede exigir compatibilidad con la arquitectura existente cuando sea necesaria y proporcionada, pero debe justificarla y admitir equivalencias. En integración sanitaria deben definirse estándares, perfiles, terminologías, APIs, pruebas y gobierno del dato. La referencia a estándares reconocidos aumenta interoperabilidad, aunque no basta sin casos de uso y criterios de conformidad.

16.2. Propiedad intelectual y licencias

Debe precisarse quién ostenta derechos sobre código, documentación, configuraciones, modelos y desarrollos. La Administración puede necesitar cesión de derechos suficiente para usar, mantener, modificar e integrar. En software de terceros se identifican licencias, métricas, renovaciones y restricciones. La entrega de código fuente no equivale automáticamente a cesión de derechos, y la cesión no garantiza mantenibilidad sin documentación, pruebas y cadena de construcción.

16.3. Seguridad y continuidad

El contrato debe incorporar obligaciones del ENS aplicables, análisis y gestión de riesgos, control de acceso, cifrado, registro, gestión de vulnerabilidades, continuidad, copias, recuperación, notificación de incidentes, auditoría y cadena de suministro. Los niveles de servicio deben definir indicadores medibles, ventanas, exclusiones, cálculo, evidencias y penalidades. Expresiones como «alta disponibilidad» sin porcentaje, periodo de cálculo y exclusiones son insuficientes.

16.4. Protección de datos

Cuando el proveedor trate datos por cuenta del SAS, el contrato o acto jurídico debe cumplir el artículo 28 RGPD: objeto, duración, naturaleza, finalidad, categorías, interesados, instrucciones, confidencialidad, seguridad, subencargados, ayuda al responsable, supresión o devolución y auditorías. Debe analizarse si existen transferencias internacionales, acceso remoto, soporte desde terceros países o servicios en nube.

16.5. Gobernanza de la ejecución

El responsable del contrato necesita un modelo de seguimiento: comité, informes, indicadores, registro de riesgos, control de cambios, aceptación de entregables, trazabilidad de requisitos e incidencias. Las decisiones contractuales deben quedar documentadas. No debe confundirse la dirección funcional del proyecto con la dirección laboral del personal de la empresa, evitando cesión ilegal.

16.6. Evitar dependencia del proveedor

La reversibilidad se diseña desde el inicio: formatos de exportación, APIs, documentación, inventario, licencias, credenciales, infraestructura como código, automatización, formación y asistencia a la transición. También puede dividirse en lotes o modularse el objeto para favorecer competencia, siempre que la coordinación sea viable. La Administración debe conservar conocimiento suficiente para controlar la solución y licitar su evolución.

Un expediente TIC sólido vincula necesidad, arquitectura, presupuesto, criterios y ejecución. Si se valora interoperabilidad, debe exigirse también en el PPT y comprobarse en aceptación. Si se exige seguridad, deben existir evidencias y auditorías. Si se puntúa un plan de migración, el contrato debe convertir sus compromisos en obligaciones exigibles. De lo contrario, la oferta técnica queda como una promesa difícil de controlar.

17. SÍNTESIS Y CLAVES PARA EL EXAMEN

El estudio eficaz de la LCSP requiere asociar cada cifra y regla a su supuesto. El contrato menor utiliza valor estimado sin IVA y exige que la cifra sea inferior al umbral. Los umbrales SARA cambian periódicamente por normativa europea. El abierto simplificado remite a un umbral distinto del aplicable al poder adjudicador subcentral. Las prórrogas deben estar previstas y acordarse expresamente. La modificación no puede servir para reconstruir el contrato adjudicado.

• Principios: libertad de acceso, publicidad, transparencia, igualdad, no discriminación, integridad y eficiencia.
• Competencia andaluza: compartida con el Estado; desarrollo organizativo y procedimental dentro de la legislación básica.
• SAS 2026: Dirección Gerencia como órgano de contratación; Dirección General de Recursos Económicos y Financieros, y Contratación como órgano directivo especializado; ejercicio sujeto a delegaciones vigentes.
• Aptitud: capacidad, ausencia de prohibición, solvencia o clasificación y habilitación.
• Preparación: necesidad, objeto completo, lotes, cálculo económico, crédito, pliegos y elección motivada del procedimiento.
• Procedimiento ordinario: abierto o restringido, sin negociación.
• Negociación: solo en supuestos tasados; la falta de publicidad es excepcional.
• Ejecución: responsable, prerrogativas, pago, penalidades, prórroga expresa y control de obligaciones.
• Extinción: cumplimiento con recepción y garantía, o resolución por causa legal.