1. INTRODUCCIÓN Y ENCUADRE

La actividad sanitaria pública necesita recursos humanos, medicamentos, productos sanitarios, edificios, energía, transporte, comunicaciones y sistemas de información. El presupuesto convierte esas necesidades en autorizaciones jurídicas de gasto y en previsiones de financiación. Por ello no es una mera relación de cifras: es, al mismo tiempo, una ley, un instrumento de planificación, un límite para la gestión y la base sobre la que se rinden cuentas.

Este tema completa el estudio general de la Hacienda Pública abordado en el tema anterior. Aquí interesa comprender cómo se concreta el Presupuesto de la Junta de Andalucía, qué singularidades presenta la financiación sanitaria, cómo se registra la gestión económico-contable en los sistemas corporativos y cómo se distribuye el control entre Intervención General, Cámara de Cuentas y Parlamento.

1.1. Relevancia para TMGFA Informática

El personal TMGFA Informática participa en proyectos cuya dimensión económica es inseparable de la técnica. Renovar servidores, contratar comunicaciones, desplegar una aplicación, adquirir licencias, ampliar almacenamiento o mantener un servicio de ciberseguridad exige identificar la necesidad, estimar el coste total, programar anualidades, tramitar contratación, comprobar entregables y asegurar la continuidad. Una solución técnicamente correcta puede fracasar si carece de crédito, si la imputación es inadecuada o si los hitos de pago no se corresponden con prestaciones verificables.

Además, los sistemas de información económico-financieros son infraestructuras críticas para la Administración. Los perfiles de acceso, las integraciones, la calidad de datos maestros, la conservación de evidencias y la continuidad de servicio influyen en pagos, cierres contables y rendición de cuentas. El TMGFA Informática debe entender el proceso funcional para diseñar controles tecnológicos eficaces y no limitarse a administrar componentes aislados.

1.2. Magnitud del presupuesto sanitario

La sanidad constituye una de las políticas de mayor peso en el presupuesto autonómico. En 2026 conviene distinguir tres cifras que responden a perímetros distintos: la Ley 8/2025 aprueba 51.597.944.746 euros para los estados consolidados de gastos e ingresos de los entes del artículo 1.a) a e); dentro de la agrupación funcional, la función 4.1 «Sanidad» asciende a 15.989.267.896 euros; y la documentación de política presupuestaria divulgada por la Junta sitúa el conjunto de recursos destinados a sanidad en 16.265,9 millones de euros. No son magnitudes intercambiables: antes de comparar cifras debes comprobar qué perímetro y clasificación utiliza la fuente.

No todo el gasto sanitario se identifica con una sola cifra del SAS. El análisis debe atender al perímetro de consolidación, a la consejería competente en salud, al Servicio Andaluz de Salud y a las demás entidades o programas incluidos en la política sanitaria. También debe evitarse sumar transferencias internas como si fueran gasto adicional, porque la consolidación elimina operaciones recíprocas para impedir duplicidades.

1.3. Marco normativo básico

El punto de partida es la Constitución Española, que reconoce autonomía financiera a las comunidades autónomas dentro de los principios de coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad. El Estatuto de Autonomía para Andalucía regula la Hacienda de la Comunidad y distribuye las competencias presupuestarias: el Consejo de Gobierno elabora y ejecuta el presupuesto, mientras el Parlamento lo examina, enmienda, aprueba y controla.

La norma autonómica general es el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Regula presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, control previo, control financiero y responsabilidades. Cada ejercicio se completa con la Ley anual del Presupuesto, las órdenes de elaboración, las normas de contabilidad y las instrucciones de cierre.

También son relevantes la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la legislación de contratos del sector público, las leyes de transparencia, el régimen jurídico de las agencias y las normas sanitarias que definen organización y financiación del Sistema Sanitario Público de Andalucía. En materia de control externo deben estudiarse el Estatuto y la Ley de la Cámara de Cuentas; la jurisdicción contable corresponde al Tribunal de Cuentas.

1.4. Los sistemas GIRO y SIGLO

GIRO, Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos, es la plataforma corporativa que soporta procedimientos presupuestarios, patrimoniales, económico-financieros, de control y contabilidad en el ámbito definido por su norma de implantación. La documentación contractual de 2025 acredita el uso de tecnología SAP y la contratación de servicios y licenciamiento necesarios para la evolución de GIRO hacia SAP S/4HANA. Para el examen importa más identificar su alcance funcional y su carácter corporativo que memorizar una versión tecnológica concreta, porque esa situación puede cambiar durante una migración.

SIGLO, Sistema Integral de Gestión Logística, es la solución corporativa del SAS para compras, pedidos, centros de consumo, almacenes y demás procesos logísticos. GIRO y SIGLO responden a finalidades distintas, aunque deban intercambiar información: la operación logística genera hechos que pueden producir compromisos, obligaciones, facturas y movimientos patrimoniales o contables.

Ninguno de los sistemas sustituye la competencia administrativa. La aplicación puede impedir un asiento por falta de crédito o exigir una firma, pero la legalidad no nace del software. El órgano competente debe adoptar el acto, la prestación debe ser real y la documentación debe acreditar cada fase.

1.5. Método para resolver preguntas de examen

Ante una pregunta, conviene identificar primero qué plano se está evaluando. Si pregunta quién aprueba la Ley, la respuesta es el Parlamento; si pregunta quién prepara y ejecuta, corresponde al Consejo de Gobierno y a los órganos gestores en sus ámbitos; si se refiere a control interno, la referencia es la Intervención General; si habla de fiscalización externa autonómica, la Cámara de Cuentas; y si menciona enjuiciamiento de responsabilidad contable, el Tribunal de Cuentas.

En cuestiones de clasificación, deben distinguirse tres ejes del gasto: quién gestiona, para qué se gasta y qué naturaleza tiene la operación. En casos prácticos de tecnología debe analizarse el objeto real: un equipo inventariable, un servicio recurrente, una licencia, un desarrollo o una combinación de prestaciones pueden requerir tratamientos diferentes.

2. CONCEPTO, NATURALEZA Y ÁMBITO DEL PRESUPUESTO

El artículo 31 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía define el Presupuesto como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Junta, sus agencias administrativas y sus instituciones, así como de los derechos que se prevé liquidar durante el ejercicio. Para otras entidades del sector público se incorporan, según su régimen, estimaciones de gastos e ingresos, presupuestos de explotación y capital u otros estados específicos.

La definición contiene dos asimetrías que suelen preguntarse. En el estado de gastos, el crédito es una autorización y un límite: no equivale a una obligación de gastar todo lo presupuestado, pero impide comprometer gasto por encima del crédito vinculante. En el estado de ingresos, las cifras tienen naturaleza estimativa: reflejan los derechos que se prevé liquidar, sin convertir la previsión en un límite máximo de recaudación.

El Presupuesto posee naturaleza jurídica de ley y naturaleza económica de plan financiero anual. Como ley, habilita y limita el gasto, establece reglas de ejecución y materializa decisiones políticas. Como instrumento de gestión, traduce objetivos, programas y resultados esperados en créditos, fuentes de financiación, indicadores y proyectos.

El ámbito subjetivo no se reduce a las consejerías. La Ley anual integra los estados y presupuestos de las instituciones, agencias, consorcios, sociedades, fundaciones y fondos incluidos conforme a la legislación de Hacienda Pública. Por ello, al leer una cifra presupuestaria hay que identificar si se trata del presupuesto consolidado, de una sección concreta, de una agencia administrativa o de un programa.

La Ley 8/2025, de 22 de diciembre, aprobó el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026. La referencia anual sirve para contextualizar el tema, pero las reglas estructurales proceden principalmente del Estatuto de Autonomía, del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública y de las órdenes de elaboración y contabilidad.

2.4. Contenido normativo y contenido contable

La Ley anual del Presupuesto contiene dos planos que deben estudiarse conjuntamente. Por una parte, su articulado establece reglas sobre créditos, modificaciones, personal, operaciones financieras, garantías, transferencias y otras materias con vigencia normalmente limitada al ejercicio. Por otra, los estados numéricos concretan las previsiones de ingresos y las autorizaciones de gasto. El articulado no puede interpretarse al margen de los estados, y los estados tampoco explican por sí solos el régimen jurídico de cada crédito.

En una pregunta de oposición conviene diferenciar la Ley del Presupuesto, que aprueba el Parlamento, del proyecto de Ley, que aprueba el Consejo de Gobierno para su remisión a la Cámara. También debe distinguirse la aprobación presupuestaria de la autorización administrativa de cada gasto. Que exista una aplicación dotada no significa que cualquier órgano pueda utilizarla ni que se hayan cumplido contratación, fiscalización, conformidad y reconocimiento de la obligación.

2.5. Presupuesto inicial, modificaciones y ejecución

El presupuesto inicial es la fotografía aprobada al comenzar el ejercicio. Durante su ejecución pueden producirse modificaciones legalmente previstas que alteran la distribución o cuantía de los créditos. La ejecución muestra, sucesivamente, crédito definitivo, retenciones, autorizaciones, compromisos, obligaciones reconocidas y pagos. Comparar únicamente el presupuesto inicial con los pagos ofrece una visión incompleta: una obligación puede estar reconocida y pendiente de pago, o un crédito puede estar comprometido para una prestación aún no recibida.

3. ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

El Presupuesto de la Junta de Andalucía se estructura en dos grandes estados: el Estado de Ingresos y el Estado de Gastos. Esta división es fundamental para entender cómo se organiza y gestiona el dinero público.

3.1. Clasificación de los ingresos

El estado de ingresos aplica clasificación orgánica y económica. La clasificación económica ordena los recursos según su naturaleza y diferencia operaciones corrientes, de capital y financieras. Esta estructura permite analizar de dónde procede la financiación y qué parte responde a tributos, transferencias, patrimonio, enajenaciones o endeudamiento.

3.2. Clasificación de los gastos

El artículo 34 del texto refundido dispone que el estado de gastos se estructura con clasificación orgánica, funcional por programas y económica; las inversiones se clasifican además territorialmente. Las tres perspectivas responden a preguntas diferentes: quién gestiona, para qué política pública se gasta y cuál es la naturaleza del gasto.

• Orgánica: identifica la sección, servicio, centro gestor u órgano al que se asigna el crédito.
• Por programas: vincula el crédito con objetivos, actividades e indicadores de una política pública.
• Económica: distingue personal, gasto corriente, transferencias, inversiones y operaciones financieras.

En proyectos TIC complejos puede existir una combinación de componentes: equipamiento, licencias, implantación, migración, formación y mantenimiento. La memoria económica y los pliegos deben separar adecuadamente las prestaciones cuando tengan tratamiento presupuestario distinto. No es correcto patrimonializar automáticamente todo lo incluido en un contrato tecnológico ni tratar como corriente cualquier gasto que incorpore servicios profesionales.

3.3. Clasificación por programas y evaluación

La clasificación por programas conecta recursos y políticas públicas. Cada programa agrupa créditos destinados a objetivos relativamente homogéneos y debe acompañarse de información sobre actividades e indicadores. Esta perspectiva permite superar una lectura puramente contable: no basta saber cuánto se gasta en personal o servicios; interesa conocer qué finalidad sanitaria, administrativa o tecnológica se persigue y qué resultados se obtienen.

Los indicadores pueden ser de actividad, producto, resultado, calidad, eficiencia o impacto. En un programa TIC sanitario serían ejemplos el porcentaje de disponibilidad de servicios críticos, el tiempo de resolución de incidencias, la cobertura de renovación del puesto de trabajo, la reducción de sistemas obsoletos o el grado de ejecución de proyectos. Un indicador útil debe tener definición estable, fuente identificada, periodicidad, responsable y posibilidad real de comprobación.

3.4. Clasificación orgánica y responsabilidad gestora

La clasificación orgánica identifica a quién se asigna el crédito y facilita exigir responsabilidad por su gestión. No equivale necesariamente a la estructura física de hospitales y centros, pues la documentación presupuestaria puede agrupar o desagregar unidades según la organización contable y administrativa. En el SAS, la lectura debe combinar sección, agencia, servicio, programa, centro de gasto y aplicación presupuestaria cuando ese detalle esté disponible.

3.5. Operaciones corrientes, de capital y financieras

Los capítulos 1 a 5 de gastos se asocian a operaciones corrientes; los capítulos 6 y 7, a operaciones de capital; y los capítulos 8 y 9, a operaciones financieras. La misma lógica general se aplica a ingresos. Esta agrupación permite calcular ahorro, formación de capital y necesidad o capacidad de financiación, pero no sustituye el análisis jurídico de cada operación.

4. PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

4.1. Principios Presupuestarios

El Presupuesto de la Junta de Andalucía se rige por una serie de principios establecidos en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010. Estos principios no son meras declaraciones teóricas, sino que tienen consecuencias prácticas concretas en la gestión diaria.

4.2. Principio de Unidad y Universalidad

Unidad: debe existir un único Presupuesto para toda la Comunidad Autónoma. No pueden existir presupuestos paralelos o fondos extrapresupuestarios al margen del régimen jurídico aplicable.

Universalidad: todos los ingresos y todos los gastos deben incluirse en el Presupuesto, sin compensaciones indebidas entre ellos, sin perjuicio de los supuestos de financiación afectada previstos por el ordenamiento.

4.3. Principio de Anualidad

El Presupuesto tiene vigencia de un año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. Los créditos que al cierre no estén afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedan anulados de pleno derecho, sin perjuicio de los remanentes que deban incorporarse en los supuestos tasados por la ley.

4.4. Principio de Especialidad

Los créditos presupuestarios tienen tres especializaciones simultáneas:

• Especialidad cualitativa: los créditos solo pueden gastarse en la finalidad para la que fueron autorizados.
• Especialidad cuantitativa: no puede superarse el importe autorizado sin la modificación presupuestaria que legalmente proceda.
• Especialidad temporal: los créditos se imputan al ejercicio para el que fueron aprobados, con las excepciones expresamente previstas.

Este principio determina la importancia de la aplicación presupuestaria, del nivel de vinculación y de las modificaciones presupuestarias.

4.5. Principio de Estabilidad Presupuestaria

La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece el marco de disciplina fiscal aplicable a las Administraciones Públicas. La elaboración, aprobación y ejecución deben ajustarse al régimen vigente de estabilidad, sostenibilidad financiera, regla de gasto y objetivos aplicables, con las excepciones y mecanismos extraordinarios legalmente previstos.

4.6. Principio de Transparencia

La transparencia exige publicar información presupuestaria y económico-financiera con el alcance, periodicidad, formatos y límites establecidos por la normativa. Entre la información relevante se encuentran:

• El Proyecto de Ley de Presupuestos antes de su aprobación.
• La ejecución presupuestaria de ingresos y gastos.
• Información sobre subvenciones y ayudas públicas.
• Información contractual en los términos de la legislación de transparencia y contratación.
• Información sobre altos cargos y órganos directivos conforme a las obligaciones de publicidad activa.

4.7. Principios de eficiencia, economía, eficacia y contabilidad pública

La gestión no se agota en cumplir formalmente el expediente. La Hacienda autonómica está sometida a criterios de eficiencia y economía y debe producir información suficiente para evaluar resultados. La contabilidad pública registra operaciones y suministra datos para la gestión, el control, la transparencia y la rendición de cuentas.

4.8. Anualidad y compromisos plurianuales

La anualidad significa que el presupuesto se aprueba para un ejercicio y que la imputación de derechos y obligaciones se somete a las reglas de ese período. No impide que la Administración celebre contratos o asuma compromisos que se extiendan a ejercicios posteriores. Esos compromisos requieren cobertura en las anualidades futuras, respeto de límites, adecuada programación y, cuando proceda, autorización del órgano competente.

En tecnología son habituales contratos plurianuales de comunicaciones, mantenimiento, licencias, servicios gestionados o implantación. La planificación debe distinguir importe total, distribución por ejercicios, posibles prórrogas, revisiones de precios, hitos de facturación y costes de salida. Una anualidad mal calculada puede dejar sin crédito una obligación válida o concentrar gasto en un ejercicio que no coincide con la prestación.

4.9. No afectación y financiación afectada

Como regla general, los recursos de la Hacienda financian el conjunto de obligaciones. Sin embargo, existen ingresos afectados a finalidades concretas por norma, convenio, subvención o instrumento de financiación. En esos casos, el gestor debe preservar la trazabilidad entre ingreso y gasto, cumplir condiciones de elegibilidad, justificar hitos y atender posibles reintegros.

5. ELABORACIÓN, REMISIÓN Y APROBACIÓN

5.1. Formación de anteproyectos

El procedimiento se inicia con directrices y escenarios presupuestarios. Las consejerías, instituciones y agencias con dotación diferenciada elaboran sus anteproyectos de gastos; también remiten las previsiones de ingresos, recursos, dotaciones y demás estados que correspondan. El artículo 35 del texto refundido fija, con carácter general, el 1 de julio como fecha límite para la remisión de los anteproyectos a la consejería competente en Hacienda.

La elaboración no es una simple extrapolación del ejercicio anterior. Debe justificar necesidades, revisar compromisos plurianuales, valorar contratos vigentes, estimar costes de personal, identificar financiación afectada y relacionar créditos con objetivos y resultados. En el ámbito TIC debe diferenciarse entre continuidad operativa, renovación tecnológica, proyectos nuevos, obligaciones contractuales y riesgos de obsolescencia o ciberseguridad.

5.2. Integración por la consejería competente en Hacienda

La consejería competente en Hacienda prepara el estado de ingresos mediante las técnicas de evaluación aplicables y consolida los anteproyectos. El anteproyecto de Ley se somete al Consejo de Gobierno, acompañado de la cuenta consolidada, memoria explicativa, liquidación del ejercicio anterior y avance del corriente, informe económico-financiero, clasificación por programas, informe de impacto de género y anexos de inversiones y personal.

5.3. Proyecto de Ley y remisión al Parlamento

El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto y lo remite al Parlamento. El artículo 36 del texto refundido y el artículo 190.4 del Estatuto exigen que el proyecto y su documentación anexa se presenten al menos dos meses antes de la expiración del presupuesto corriente. Por tanto, la regla jurídica de referencia no es una fecha fija del 1 de octubre, sino esa antelación mínima.

5.4. Tramitación parlamentaria

El Parlamento examina, enmienda y aprueba el proyecto mediante el procedimiento previsto en su Reglamento. Las enmiendas están condicionadas por la naturaleza financiera de la ley: toda proposición o enmienda que aumente créditos o reduzca ingresos requiere la conformidad del Consejo de Gobierno para su tramitación, conforme al Estatuto.

5.5. Prórroga

Si la Ley no está aprobada antes del primer día del ejercicio, se considera automáticamente prorrogado el presupuesto anterior hasta la aprobación y publicación del nuevo. La prórroga no convierte el presupuesto precedente en un presupuesto íntegramente renovado: opera con los límites y exclusiones previstos en el artículo 37 del texto refundido.

5.6. Documentación que acompaña al proyecto

La documentación anexa cumple una función jurídica, económica y de control. La memoria explica las líneas fundamentales; el informe económico-financiero expone el contexto y la coherencia de previsiones; los estados consolidados evitan duplicidades internas; los anexos de personal detallan dotaciones; el anexo de inversiones permite analizar destino territorial y finalidad; y la liquidación del ejercicio anterior y el avance del corriente aportan una base de comparación.

El examen parlamentario no se limita, por tanto, a leer una cifra global. Debe valorar hipótesis de ingresos, continuidad de servicios, nuevas políticas, compromisos futuros, deuda, financiación europea, impacto de género y distribución territorial. La calidad de esa documentación condiciona la capacidad real de control y la transparencia del proceso.

5.7. Enmiendas y equilibrio presupuestario

Las enmiendas al articulado o a los estados pueden proponer reasignaciones, pero deben respetar los requisitos reglamentarios y estatutarios. Una reducción de ingresos o un aumento de créditos altera el equilibrio financiero y por ello exige la conformidad del Consejo de Gobierno en los supuestos previstos. La regla protege la coherencia global del proyecto y evita aprobar gastos sin financiación.

5.8. Preparación desde un centro gestor

Un centro sanitario debe anticipar contratos que vencen, obligaciones de tracto sucesivo, necesidades de personal, suministros críticos, inversiones y proyectos financiados. En TIC, la propuesta debe incorporar costes de infraestructura, licencias, comunicaciones, ciberseguridad, soporte, migración, formación, continuidad y retirada de sistemas. El coste total de propiedad es más relevante que el precio inicial.

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y TRAZABILIDAD

La ejecución transforma las autorizaciones presupuestarias en operaciones jurídicas, contables y de tesorería. Cada fase debe quedar respaldada por el acto competente, la documentación justificativa y el asiento o documento contable correspondiente. La trazabilidad permite reconstruir quién actuó, con qué competencia, sobre qué crédito, por qué importe y con qué resultado.

6.1. Ejecución de ingresos

En términos generales, la gestión de ingresos comprende el reconocimiento o liquidación del derecho y su recaudación. Puede existir recaudación en período voluntario o ejecutivo, anulaciones, devoluciones y operaciones sobre derechos de ejercicios anteriores. La contabilidad distingue el nacimiento del derecho de su cobro efectivo.

6.2. Ejecución de gastos

Las fases clásicas son autorización, compromiso o disposición, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material. Pueden acumularse cuando la normativa y el procedimiento lo permiten, pero la acumulación documental no elimina los requisitos materiales de cada fase.

6.3. Retención de crédito y documentos contables

La retención de crédito acredita que una cuantía queda reservada para una finalidad o expediente. Los documentos contables reflejan propuestas y operaciones en la contabilidad preliminar y definitiva conforme a la Orden de 19 de febrero de 2015. La firma y validación corresponden a los órganos competentes; el sistema no sustituye la competencia ni sana un expediente incompleto.

6.4. Cierre y Cuenta General

Al cierre se liquidan los estados de gastos e ingresos y se forma la Cuenta General. La Intervención General la forma con las cuentas y documentos de las entidades incluidas, y la remite al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas para examen y comprobación dentro de los plazos legales. El cierre también identifica obligaciones pendientes, derechos pendientes, remanentes y compromisos de ejercicios futuros.

6.5. Retención de crédito y reserva de disponibilidad

Antes de iniciar determinadas actuaciones puede practicarse una retención que acredita la existencia y reserva de crédito. La retención no equivale a autorización del gasto ni genera derecho a favor de un tercero; evita que el mismo saldo se utilice para otra finalidad mientras se tramita el expediente. Si la actuación no continúa, la retención puede anularse conforme al procedimiento aplicable.

6.6. Acumulación de fases

La normativa y los procedimientos contables permiten, en determinados supuestos, acumular fases cuando los actos se producen simultáneamente o la naturaleza del gasto lo justifica. La acumulación simplifica la tramitación, pero no elimina los requisitos sustantivos de competencia, crédito, prestación realizada y documentación. Debe evitarse aprender las siglas como si fueran operaciones independientes de su fundamento jurídico.

6.7. Cierre del ejercicio

El cierre exige revisar expedientes en tramitación, compromisos pendientes, facturas recibidas, prestaciones realizadas, obligaciones no reconocidas y saldos que deban anularse o incorporarse cuando la ley lo permita. Los centros deben coordinar áreas técnicas, contratación, contabilidad, tesorería y almacenes para que la información refleje la realidad.

En un contrato TIC por hitos, no debe reconocerse la obligación por el mero transcurso del calendario. Es necesario acreditar la entrega o prestación conforme a los criterios de aceptación. Si el hito no cumple, procede documentar incidencias, aplicar el régimen contractual y evitar una conformidad ficticia destinada únicamente a elevar la ejecución presupuestaria.

6.8. Segregación de funciones

La misma persona no debería concentrar propuesta, aprobación, recepción, contabilización y pago. La segregación reduce errores, fraude y conflictos de interés. Los perfiles de GIRO y de los sistemas relacionados deben materializar esa separación, con sustituciones controladas y revisión periódica de permisos.

7. EL PRESUPUESTO DE LA SANIDAD PÚBLICA EN ANDALUCÍA

El presupuesto sanitario financia una política pública intensiva en personal, tecnología, farmacia, prestaciones, servicios concertados, suministros, mantenimiento e inversión. Su análisis exige distinguir el presupuesto de la consejería competente en salud, el del Servicio Andaluz de Salud y el de otras entidades o programas vinculados al Sistema Sanitario Público de Andalucía.

La Ley 8/2025, de 22 de diciembre, permite observar varias magnitudes complementarias. El artículo 2 fija un total consolidado de 51.597.944.746 euros y asigna 15.989.267.896 euros a la función 4.1 «Sanidad». Paralelamente, la documentación del Presupuesto 2026 difundida por la Junta cifra en 16.265,9 millones de euros el conjunto de recursos destinados a sanidad. La diferencia responde al perímetro y a la forma de agregación; por eso en una pregunta o informe debes identificar si se habla de función presupuestaria, política de gasto, agencia administrativa concreta o consolidado del sector.

7.1. Factores que explican su complejidad

• Continuidad asistencial: numerosos servicios funcionan las veinticuatro horas y no admiten interrupciones por razones presupuestarias ordinarias.
• Peso del personal: la asistencia depende de plantillas amplias y diversas, con retribuciones, sustituciones, guardias y atención continuada.
• Consumo y logística: medicamentos, productos sanitarios, material no sanitario, energía y servicios generales generan gran volumen de operaciones.
• Tecnología e infraestructura: equipos clínicos, redes, sistemas de información, ciberseguridad, CPD, puestos de trabajo y comunicaciones requieren inversión y mantenimiento.
• Descentralización territorial: hospitales, distritos, áreas y centros realizan actividad económica bajo reglas corporativas comunes.

7.2. Fuentes de financiación

La financiación sanitaria autonómica se integra en el sistema general de financiación de la Comunidad, junto con tributos, transferencias, fondos europeos, ingresos propios y otros recursos legalmente previstos. No debe confundirse la financiación afectada de un proyecto con la capacidad general de gasto del centro: los fondos finalistas deben aplicarse a su destino y conservar una trazabilidad específica.

7.3. Presupuesto por programas y resultados

El presupuesto por programas conecta recursos con objetivos de atención sanitaria, salud pública, investigación, formación, digitalización o soporte. Una ejecución elevada no demuestra por sí sola eficacia; debe relacionarse con actividad, calidad, accesibilidad, resultados y cumplimiento de objetivos. La evaluación presupuestaria combina indicadores financieros y no financieros.

7.4. Factores que explican el gasto sanitario

El presupuesto sanitario está condicionado por población protegida, envejecimiento, cronicidad, cartera de servicios, innovación terapéutica, actividad asistencial, costes de personal, energía, productos sanitarios y tecnología. También influyen decisiones sobre listas de espera, salud pública, atención primaria, salud mental, investigación y transformación digital.

Una parte relevante del gasto presenta rigidez a corto plazo: plantillas, guardias, conciertos, contratos de mantenimiento, suministros esenciales y tratamientos no pueden ajustarse de manera instantánea sin afectar al servicio. Por ello, la gestión debe combinar disciplina presupuestaria con continuidad asistencial y planificación plurianual.

7.5. Presupuesto por programas en sanidad

La clasificación por programas permite vincular créditos con atención sanitaria, salud pública, formación, investigación, dirección y servicios de apoyo. Para evaluar el presupuesto no basta comparar importes: hay que analizar población, actividad, complejidad, calidad, resultados y costes. Un aumento de gasto puede responder a mayor cobertura o precio, y una menor ejecución puede revelar ahorro, retraso o incumplimiento.

7.6. Salud digital como infraestructura crítica

Los sistemas clínicos y corporativos sostienen procesos de admisión, prescripción, diagnóstico, laboratorio, imagen, farmacia, logística y gestión económica. Su presupuesto debe contemplar disponibilidad, capacidad, copias, recuperación, ciberseguridad, interoperabilidad y soporte. Posponer renovaciones esenciales puede generar deuda técnica y riesgos que no se reflejan en el ahorro inmediato.

8. EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

El Servicio Andaluz de Salud es una agencia administrativa adscrita a la consejería competente en materia de salud. Dispone de personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios dentro del régimen de la Administración de la Junta y está sometido a la normativa presupuestaria, contable, de control y contratación que le resulte aplicable.

En el Presupuesto de 2026 el SAS aparece expresamente entre las agencias administrativas. El artículo 2.4 de la Ley 8/2025 aprueba para el Servicio Andaluz de Salud estados de ingresos y gastos por 15.760.667.073 euros. Esta cifra es la del presupuesto propio de la agencia administrativa y no debe confundirse ni con la función 4.1 «Sanidad» ni con la cifra más amplia de política sanitaria. Los estados por programas, servicios y capítulos permiten analizar cómo se distribuye y ejecuta esa dotación.

8.1. Niveles de gestión

La asignación y ejecución se articula mediante servicios centrales y centros o unidades con competencias delegadas o desconcentradas. La existencia de gestión territorial no significa autonomía financiera plena: cada órgano debe actuar dentro de su competencia, de los créditos asignados y de las instrucciones corporativas.

8.2. Responsabilidad del centro gestor

El centro gestor planifica necesidades, inicia expedientes, verifica crédito, impulsa contratación o compra, presta conformidad y controla la ejecución. Debe anticipar compromisos plurianuales, renovaciones, prórrogas, consumos recurrentes y riesgos de cierre. La unidad económica y la unidad técnica deben coordinarse para que la solución necesaria sea presupuestariamente viable y jurídicamente tramitable.

8.3. Presupuesto TIC dentro del SAS

El gasto TIC puede aparecer en inversiones, servicios, comunicaciones, licencias, mantenimiento, seguridad, asistencia técnica o formación. La clasificación depende de la sustancia económica y patrimonial de la prestación. En contratos mixtos o proyectos integrales debe documentarse la distribución y evitar imputaciones simplistas.

9. GESTIÓN ECONÓMICA EN CENTROS Y UNIDADES DEL SAS

La gestión económica del SAS combina descentralización operativa con dirección, normalización y control corporativos. Los centros conocen sus necesidades y tramitan numerosas operaciones, mientras que los órganos centrales fijan criterios, coordinan contratación, asignan recursos y mantienen sistemas comunes.

9.1. Separación de funciones

Una gestión robusta separa la necesidad técnica, la autorización, la contratación, la recepción, la contabilización y el pago. La separación reduce errores y conflictos de interés. En sistemas electrónicos se materializa mediante perfiles, roles, circuitos de firma y segregación de funciones.

9.2. Planificación y seguimiento

El seguimiento presupuestario compara crédito inicial, modificaciones, crédito comprometido, obligaciones reconocidas, pagos y previsión de cierre. No basta con consultar el crédito disponible: también deben considerarse expedientes en tramitación, facturas pendientes, obligaciones previsibles y compromisos de ejercicios futuros.

9.3. Riesgos frecuentes

• Iniciar una contratación sin crédito adecuado o sin cobertura plurianual.
• Confundir una necesidad urgente con una excepción automática a la contratación.
• Recibir prestaciones sin expediente o fuera del alcance contractual.
• Retrasar la conformidad de facturas por falta de coordinación técnica.
• Registrar un bien en un sistema logístico sin completar la trazabilidad patrimonial y contable que proceda.
• Usar perfiles incompatibles o mantener permisos tras cambios organizativos.

10. SISTEMAS ECONÓMICO-FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS DEL SAS

La actividad económica se apoya en un ecosistema de sistemas. Cada aplicación cubre un dominio y se integra con otras mediante interfaces, intercambios de datos y procedimientos corporativos. La integración técnica no elimina los controles funcionales ni permite presumir que todo asiento se genera automáticamente.

10.1. Principios de integración

• Identidad coherente: terceros, centros, productos, expedientes y aplicaciones deben usar identificadores consistentes.
• Dato maestro gobernado: el alta o modificación de un dato crítico debe tener responsable y procedimiento.
• Trazabilidad: una operación logística debe poder relacionarse con su expediente, documento presupuestario, factura, conformidad y pago.
• Reconciliación: las interfaces requieren controles que detecten rechazos, duplicidades y diferencias.
• Segregación: los perfiles deben limitar acciones según competencia y función.

11. GIRO: FUNDAMENTO, IMPLANTACIÓN Y ALCANCE

La Orden de 17 de diciembre de 2014 implantó el Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos, denominado GIRO, en la Administración de la Junta de Andalucía y en sus entidades instrumentales con contabilidad presupuestaria. Entró en vigor el 1 de enero de 2015 y sustituyó progresivamente al sistema Júpiter para las operaciones del nuevo marco.

La norma parte de un problema clásico: la existencia de instrumentos separados generaba duplicidades, cargas de trabajo e incoherencias. GIRO se concibe para aglutinar áreas económico-financieras en una plataforma común e integrar las fases económicas de expedientes tramitados en otros sistemas.

11.1. Ámbitos funcionales

• Elaboración y modificación presupuestaria.
• Ejecución de ingresos y gastos.
• Contabilidad presupuestaria, financiera y patrimonial.
• Tesorería y pagos.
• Control interno y fiscalización.
• Patrimonio, activos y otras áreas integradas.
• Financiación afectada, fondos y rendición de cuentas.

11.2. Del expediente administrativo al hecho contable

El expediente puede nacer en un sistema sectorial o de contratación, pero sus efectos económicos deben llegar a GIRO de forma controlada. El sistema relaciona órgano gestor, aplicación presupuestaria, tercero, importe, ejercicio, documento y estado de tramitación. Esta relación permite consolidar información y controlar límites.

12. GIRO: FUNCIONAMIENTO, PERFILES, DATOS E INTEGRACIÓN

GIRO es una plataforma corporativa basada en tecnología SAP. La contratación de 2025 documenta servicios de mantenimiento y soporte de licencias SAP, nuevo licenciamiento y una suscripción a SAP Integration Suite, junto con las actuaciones necesarias para la migración a SAP S/4HANA. Esa evidencia permite afirmar con seguridad el ecosistema tecnológico, pero no obliga a memorizar como permanente una versión concreta en una fase de transición. Por eso es incorrecto describir GIRO como una aplicación clínica o como una plataforma ajena a SAP.

12.1. Entornos y continuidad

Un sistema financiero crítico requiere entornos separados de desarrollo, pruebas, preproducción y producción; gestión de cambios; copias de seguridad; recuperación; monitorización; alta disponibilidad y control de accesos. Los detalles concretos de topología, versiones y retenciones cambian y no deben memorizarse sin documentación oficial vigente.

12.2. Perfiles y segregación de funciones

El acceso se concede por perfiles funcionales y ámbitos organizativos. Un usuario puede proponer documentos, consultar datos, firmar o controlar solo si su rol y competencia lo permiten. La administración de identidades debe mantener altas, bajas, traslados y revisiones periódicas, evitando acumulaciones incompatibles.

12.3. Datos maestros

Partidas, centros gestores, terceros, cuentas bancarias, activos, contratos y proyectos actúan como datos maestros. Su calidad condiciona todos los procesos posteriores. Los errores deben corregirse por el procedimiento responsable, no mediante soluciones locales que rompan la coherencia corporativa.

12.4. Integraciones

GIRO se integra con sistemas de contratación, factura electrónica, gestión tributaria, fondos europeos, logística y otros aplicativos. Una integración fiable necesita validaciones de formato, reglas de negocio, control de duplicados, gestión de errores, reintentos y conciliación. El mero envío técnico de un mensaje no demuestra que la operación haya sido contabilizada correctamente.

12.5. Seguridad y auditoría

La Orden de implantación exigió medidas de autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y conservación. En el marco actual, las medidas deben alinearse con el Esquema Nacional de Seguridad aprobado por el Real Decreto 311/2022 y con la normativa de protección de datos cuando existan datos personales. Los registros de auditoría deben permitir investigar accesos, cambios y operaciones sensibles.

12.6. Datos maestros y calidad contable

GIRO depende de datos maestros fiables: terceros, cuentas bancarias, centros gestores, aplicaciones, proyectos, fondos, elementos patrimoniales y estructuras organizativas. Un error maestro puede propagarse a documentos, pagos, informes e integraciones. Por ello son necesarios procedimientos de alta, validación, modificación, baja, trazabilidad y revisión de duplicados.

12.7. Integraciones y controles automáticos

Las integraciones reducen mecanización manual, pero trasladan el riesgo a interfaces, reglas de transformación y tratamiento de errores. Cada envío debe contar con identificador, estado, reintento controlado y conciliación. Un mensaje aceptado técnicamente no garantiza que la operación sea jurídicamente correcta; los controles funcionales siguen siendo necesarios.

12.8. Evolución tecnológica

La evolución de GIRO hacia SAP S/4HANA implica revisar procesos, datos, desarrollos propios, interfaces, autorizaciones, pruebas y formación. No debe entenderse como una mera actualización de versión: una transición de plataforma económica corporativa exige inventario de dependencias, depuración y conversión de datos, estrategia de transición, pruebas de regresión, conciliación contable y un plan de continuidad específico para cierres, pagos y rendición de información.

13. SIGLO Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

SIGLO es el Sistema Integral de Gestión Logística del SAS. La documentación corporativa lo presenta como la aplicación destinada a gestionar los procesos logísticos, incluyendo pedidos de material, necesidades de centros de consumo, almacenaje y gestión relacionada con la facturación.

13.1. Dominio logístico

• Catálogo y organización de bienes y servicios.
• Estructuras de almacén, depósitos y centros de consumo.
• Pedidos, recepciones, existencias y movimientos.
• Relación con proveedores y contratos de suministro.
• Facturación y conformidad dentro del circuito logístico.

13.2. Integración con el dominio económico

La actividad logística produce hechos con efecto presupuestario: pedidos comprometidos, entregas, facturas y obligaciones. La integración con GIRO evita dobles registros y facilita la correspondencia entre el hecho físico y el hecho económico. No obstante, deben existir controles de conciliación y una clara definición de qué sistema es maestro para cada dato.

13.3. Perspectiva del TMGFA Informática

El TMGFA Informática puede intervenir en soporte funcional, integración, perfiles, calidad de datos, reporting, continuidad o evolución. Debe comprender tanto el proceso de negocio como la arquitectura de intercambio: un error técnico puede causar una rotura de stock, una factura no conciliada o una contabilización incompleta.

14. CONTROL INTERNO: INTERVENCIÓN GENERAL

El control interno de la actividad económico-financiera de la Junta de Andalucía corresponde a la Intervención General. Conforme al artículo 86 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, es el superior órgano de control interno del sector público de la Junta de Andalucía y, además, tiene el carácter de órgano directivo y gestor de la contabilidad pública de la gestión económico-financiera. Sus funciones de control y contabilidad se ejercen con plena autonomía respecto de los órganos y entidades sujetos a esas potestades.

14.1. Control previo

El artículo 89 establece que el control previo se ejerce antes de que se formalicen o concierten las operaciones sometidas a esta modalidad y tiene por objeto verificar su legalidad. No significa revisar absolutamente todos los actos económicos con idéntica intensidad: el ámbito subjetivo, las excepciones y el alcance de cada actuación dependen de la ley, de sus normas de desarrollo y de las resoluciones de la Intervención General.

Entre las actuaciones que integran el control previo se encuentran la fiscalización previa de gastos y obligaciones, los informes previos de determinadas modificaciones presupuestarias, la comprobación material del gasto y el control de operaciones extrapresupuestarias, además de las actuaciones específicas previstas en los artículos 89 a 92 ter. Esta enumeración permite comprender que el control previo no se limita a comprobar si «hay saldo»: también examina requisitos jurídicos y económico-presupuestarios del expediente.

14.2. Fiscalización previa, reparo y discrepancia

La fiscalización previa de los gastos y obligaciones consiste en examinar los expedientes administrativos que conllevan gasto para verificar que su contenido y tramitación se ajustan a la legalidad. Cuando se aprecia un defecto con los efectos previstos legalmente puede formularse reparo. El órgano gestor puede subsanar la incidencia o, si mantiene un criterio distinto, plantear la discrepancia por el cauce establecido. El control no desplaza la competencia del gestor: la Intervención verifica; el gestor sigue siendo responsable de promover, justificar y ejecutar la actuación.

14.3. Control financiero

El artículo 93 configura el control financiero como un control posterior sobre el funcionamiento económico-financiero del sector público. Su objeto es comprobar el ajuste al ordenamiento jurídico y a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y buena gestión financiera. Su finalidad incluye promover mejoras mediante recomendaciones sobre aspectos económicos, financieros, patrimoniales, presupuestarios y procedimentales.

Según sus objetivos particulares, el control financiero puede adoptar la forma de auditoría de cumplimiento, auditoría financiera, auditoría operativa o auditoría de programas. Esta clasificación es muy útil: la primera verifica conformidad normativa; la segunda, la fiabilidad de contabilidad, cuentas y estados; la tercera, la razonabilidad de los procedimientos desde la perspectiva de eficacia, eficiencia y economía; y la cuarta, la calidad del seguimiento y el cumplimiento de objetivos programados.

14.4. Control financiero permanente

El artículo 94 define el control financiero permanente como una modalidad del control financiero que se aplica de forma regular sobre el órgano, servicio o ente sometido a ella. Por Acuerdo del Consejo de Gobierno puede establecerse, en determinados órganos o servicios, que este control sustituya al control previo. Las agencias de régimen especial quedan sometidas, en todo caso, a control financiero permanente, sin perjuicio de las reglas que permiten someter determinados gastos a control previo cuando proceda.

En las entidades sujetas a contabilidad presupuestaria, el control financiero permanente también puede verificar mediante técnicas de auditoría que los datos con trascendencia económica aportados por los gestores como soporte de la información contable reflejen razonablemente las operaciones realizadas. Esta conexión entre dato de origen y contabilidad es crítica en una administración digitalizada.

14.5. Contabilidad pública y Cuenta General

La Intervención General actúa como centro directivo y centro gestor de la contabilidad pública. Entre sus funciones se encuentran dictar criterios contables dentro de su ámbito, centralizar información, inspeccionar la contabilidad y formar la Cuenta General. El artículo 107, modificado por la Ley 8/2025 para 2026, dispone que la Cuenta General de cada año se forme antes del 30 de septiembre del año siguiente y se remita al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas antes del 31 de octubre para su examen y comprobación.

La contabilidad pública no es una tarea meramente registral. Permite conocer la ejecución presupuestaria, la tesorería, la situación patrimonial y los resultados, y proporciona la información que después utilizan los órganos de control externo y el Parlamento. La calidad de la rendición de cuentas depende, por tanto, de la fiabilidad del registro desde el origen.

14.6. Control de sistemas de información

Cuando el presupuesto y la contabilidad se tramitan electrónicamente, el control debe poder confiar en los sistemas que generan, transmiten y conservan la evidencia. Por eso son relevantes la gestión de identidades, la segregación de funciones, los cambios de configuración, la integridad de interfaces, los registros de auditoría, las copias, la continuidad y la posibilidad de reconstruir una operación desde el expediente hasta el asiento contable y el pago.

En un entorno como GIRO, un control automático solo es fiable si también lo son los datos maestros, las reglas de negocio y las autorizaciones. Un usuario con privilegios incompatibles o una interfaz que duplique mensajes puede producir errores aunque cada pantalla aislada funcione correctamente. Esta es la razón por la que el perfil informático debe comprender el proceso económico y no limitarse a la infraestructura.

14.7. Control previo y gestión

La existencia de un control favorable no sustituye la responsabilidad del órgano gestor ni demuestra por sí misma que la decisión sea la más eficiente. El gestor debe acreditar necesidad, competencia, crédito, procedimiento, prestación y conformidad. El control verifica el cumplimiento dentro de su alcance; no diseña el contrato, no recibe el suministro y no decide la prioridad asistencial.

14.8. Norma organizativa de la Intervención General

El Decreto 92/2022, de 31 de mayo, aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía y desarrolla las funciones atribuidas por el Título V del texto refundido. Para estudiar el tema conviene utilizar conjuntamente el texto legal consolidado y este reglamento, porque la ley fija las modalidades y principios esenciales y el reglamento concreta la organización y funcionamiento del órgano de control.

15. CONTROL EXTERNO: CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

El artículo 130 del Estatuto de Autonomía configura la Cámara de Cuentas como órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía. Depende orgánicamente del Parlamento y actúa con autonomía e independencia funcional.

15.1. Funciones

La Ley 1/1988 atribuye a la Cámara la fiscalización de la actividad económico-financiera del sector público andaluz, el control del cumplimiento de objetivos de programas y ayudas, el asesoramiento al Parlamento, la fiscalización de contratos y las funciones que pueda delegarle el Tribunal de Cuentas.

Sus trabajos pueden examinar regularidad financiera y legal, contratación, subvenciones, sistemas de control interno, gestión de personal, tecnología o eficacia de programas. El resultado se plasma en informes con conclusiones y recomendaciones, que se publican y se remiten a los órganos correspondientes.

15.2. Procedimiento de fiscalización

La fiscalización se planifica, solicita información, realiza pruebas, contrasta hallazgos y concede trámite de alegaciones antes del informe definitivo. Las alegaciones no borran automáticamente una observación: la Cámara las valora y puede mantener, modificar o retirar la conclusión.

15.3. Relación con el Tribunal de Cuentas

La jurisdicción contable corresponde al Tribunal de Cuentas conforme a la Constitución y a su Ley Orgánica. La Cámara de Cuentas es un órgano fiscalizador, no un tribunal autonómico de responsabilidad contable. Puede colaborar, remitir actuaciones o ejercer funciones delegadas, pero no debe confundirse la fiscalización con el enjuiciamiento jurisdiccional.

16. CONTROL PARLAMENTARIO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El Parlamento ejerce control político y presupuestario sobre el Consejo de Gobierno. Su función no sustituye a los controles técnicos: utiliza la Ley del Presupuesto, la información de ejecución, la Cuenta General y los informes de la Cámara de Cuentas para exigir explicaciones, formular resoluciones y valorar prioridades y resultados.

16.1. Aprobación y autorización

La aprobación de la Ley determina el marco de créditos e ingresos. El Gobierno no recibe una autorización genérica para gastar, sino habilitaciones limitadas por finalidad, cuantía, ejercicio y nivel de vinculación. Las modificaciones deben respetar la reserva de ley y las competencias establecidas.

16.2. Seguimiento

El Reglamento parlamentario articula preguntas, interpelaciones, comparecencias, solicitudes de información, debates y trabajo en comisión. Los servicios de la Cámara prestan apoyo técnico para el análisis de la documentación presupuestaria y de ejecución.

16.3. Cuenta General

El Parlamento aprueba la Cuenta General en ejercicio de la función prevista en el artículo 106.12.º del Estatuto de Autonomía, una vez incorporada la fiscalización externa correspondiente. Por ejemplo, el Pleno aprobó en abril de 2025 la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2023. La Cuenta General ofrece una visión integrada de las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería, mientras el informe de la Cámara de Cuentas aporta la valoración técnica externa.

16.4. Transparencia

La Ley 1/2014 exige publicidad activa de información económica, financiera y presupuestaria. La publicación facilita control social, comparación y reutilización de datos, pero no elimina el derecho de acceso ni la obligación de proteger datos personales, secretos y otros límites legales.

17. APLICACIÓN PRÁCTICA AL GASTO TIC SANITARIO

17.1. Renovación de infraestructura

Una unidad propone renovar servidores y contratar cinco años de soporte. Debe justificar la necesidad, comprobar si la infraestructura se incorpora al patrimonio, separar el soporte corriente, definir anualidades, identificar crédito y órgano competente, y tramitar la contratación con sus controles. El alta técnica en producción no sustituye la recepción formal ni el alta patrimonial cuando proceda.

17.2. Servicio de ciberseguridad

Un servicio de monitorización y respuesta gestionada suele constituir gasto corriente por prestación continuada. Si el contrato incluye adquisición de equipamiento o licencias patrimonializables, debe analizarse cada componente. La denominación «plataforma» no determina por sí sola su tratamiento.

17.3. Desarrollo de software

El desarrollo puede generar un activo intangible si cumple los criterios contables y patrimoniales aplicables, pero muchas actividades de mantenimiento correctivo, soporte, operación o evolución menor son servicios corrientes. La decisión requiere memoria, criterios contables y evidencia sobre control, vida útil y capacidad de producir servicios futuros.

17.4. Factura y conformidad

La recepción electrónica de una factura inicia o alimenta el circuito, pero el reconocimiento de la obligación exige acreditar que la prestación se realizó conforme al contrato. El responsable técnico debe revisar entregables, niveles de servicio, penalidades, hitos y periodo facturado.

17.5. Indicadores de seguimiento

• Crédito disponible y comprometido.
• Obligaciones reconocidas y pagos.
• Previsión de cierre y anualidades futuras.
• Facturas pendientes de conformidad.
• Contratos próximos a vencimiento.
• Desviaciones de coste, plazo y alcance.
• Incidencias de integración entre sistemas.

18. IDEAS CLAVE Y MAPA CONCEPTUAL

18.1. Repaso razonado

• El Presupuesto es ley, plan y límite de gasto.
• El Consejo de Gobierno elabora y ejecuta; el Parlamento examina, enmienda, aprueba y controla.
• El estado de gastos se clasifica orgánica, funcionalmente por programas y económicamente.
• El gasto sanitario debe analizarse por entidad, programa, centro y naturaleza económica.
• GIRO es el sistema corporativo económico-presupuestario y contable; SIGLO es el sistema logístico del SAS.
• La Intervención General ejerce control interno y contabilidad pública.
• La Cámara de Cuentas fiscaliza externamente y depende del Parlamento.
• La jurisdicción contable corresponde al Tribunal de Cuentas.