1. INTRODUCCIÓN: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SALUD PÚBLICA EN ANDALUCÍA

La organización sanitaria no puede limitarse a distribuir centros, atribuir competencias o establecer relaciones jerárquicas entre órganos. Un sistema sanitario público necesita, además, determinar qué problemas de salud pretende afrontar, cuáles son sus prioridades, qué resultados espera conseguir, qué recursos deberá movilizar y de qué manera evaluará el cumplimiento de sus compromisos. Esa función corresponde a la planificación estratégica sanitaria, entendida como el proceso mediante el cual los poderes públicos analizan la situación de salud, anticipan riesgos, fijan objetivos de medio y largo plazo y ordenan las actuaciones necesarias para alcanzarlos.

En Andalucía, la planificación general de la política de salud se articula actualmente a través de la Estrategia de Salud de Andalucía 2030, denominada habitualmente ESA 2030. Esta Estrategia sustituye funcionalmente al anterior modelo de Plan Andaluz de Salud como instrumento superior de planificación sanitaria. Su formulación fue acordada por el Consejo de Gobierno el 16 de mayo de 2023 y su aprobación definitiva se produjo mediante Acuerdo de 11 de febrero de 2026, del Consejo de Gobierno, publicado en el BOJA complementario de 12 de febrero de 2026. El acuerdo surte efectos desde el día siguiente al de su publicación.

La ESA 2030 define el marco global de actuación de la política sanitaria andaluza hasta el final de la década. No constituye una simple relación de proyectos aislados, sino una estrategia transversal que vincula la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria, la salud pública, la investigación, la innovación, la transformación digital, la coordinación sociosanitaria, la participación ciudadana y la gestión de los recursos. Su pretensión es que las decisiones de la Administración sanitaria, del Servicio Andaluz de Salud y de los demás agentes implicados respondan a prioridades comunes y evaluables.

Dentro de ese marco general se inserta la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía 2024-2030, conocida como EPVSA. Fue aprobada mediante Acuerdo de 2 de abril de 2024, del Consejo de Gobierno, publicado en el BOJA número 66, de 5 de abril de 2024. Su finalidad consiste en mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza fomentando hábitos y comportamientos saludables a lo largo de todas las etapas de la vida, actuando tanto sobre las decisiones individuales como sobre los entornos sociales, educativos, laborales, comunitarios, sanitarios y económicos que las condicionan.

Ambas estrategias mantienen una relación de complementariedad. La ESA 2030 es el marco superior y general de la política de salud de Andalucía. La EPVSA desarrolla de forma especializada una parte esencial de ese marco: la promoción de la salud, la generación de activos, la prevención de factores de riesgo y la creación de entornos que faciliten opciones saludables. La EPVSA se aprobó antes que la ESA 2030 definitiva, pero su contenido se integra plenamente en la primera línea estratégica de esta última.

Para un Técnico o Técnica de Función Administrativa del SAS, este tema tiene una dimensión práctica evidente. Las estrategias se traducen en objetivos institucionales, planes operativos, contratos programa, presupuestos, expedientes de contratación, convenios, sistemas de información, cuadros de mando, memorias de seguimiento, indicadores, subvenciones, programas de formación y mecanismos de coordinación. El personal de Administración General participa en la preparación, tramitación, ejecución, control y evaluación de muchos de esos instrumentos.

La preparación del tema exige distinguir claramente tres planos. El primero es el plano jurídico: normas que reconocen el derecho a la protección de la salud y atribuyen competencias de planificación. El segundo es el plano estratégico: principios, líneas, objetivos, acciones, palancas de cambio y sistemas de gobernanza. El tercero es el plano operativo: programas, indicadores, responsables, financiación, sistemas de seguimiento y aplicación en los centros del SSPA.

2. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL DE LA PLANIFICACIÓN SANITARIA ANDALUZA

2.1. Constitución Española

El punto de partida se encuentra en el artículo 43 de la Constitución Española. Este precepto reconoce el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos la competencia para organizar y tutelar la salud pública mediante medidas preventivas y mediante las prestaciones y servicios necesarios. Asimismo, ordena fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte y facilitar la adecuada utilización del ocio.

El artículo 43 no configura únicamente una obligación asistencial. La referencia a las medidas preventivas y a la educación sanitaria proporciona fundamento constitucional a las políticas de promoción de la salud y a las estrategias de vida saludable. Por ello, la acción pública no se agota en tratar enfermedades ya manifestadas, sino que debe reducir riesgos, mejorar los determinantes de la salud y facilitar que las personas y comunidades adopten comportamientos protectores.

El artículo 149.1.16.ª reserva al Estado la competencia exclusiva sobre sanidad exterior, las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos. Dentro de ese marco básico, las comunidades autónomas ejercen las competencias asumidas en sus estatutos. La planificación sanitaria andaluza debe respetar la legislación estatal básica y coordinarse con las estrategias del Sistema Nacional de Salud, pero puede establecer prioridades propias conforme a las necesidades de la población andaluza.

2.2. Estatuto de Autonomía para Andalucía

El Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce en su artículo 22 el derecho constitucional a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal. Además, el artículo 55 atribuye a la Comunidad Autónoma competencias en materia de salud, sanidad y farmacia. Entre ellas se encuentran la organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como la ordenación y ejecución de medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública.

La dimensión estatutaria de la planificación debe relacionarse también con los principios rectores de las políticas públicas. La protección de la salud no depende exclusivamente de los servicios sanitarios: se encuentra vinculada a la igualdad, las condiciones de vida, la vivienda, el medio ambiente, la educación, el empleo, la protección social, el consumo, el deporte y la cohesión territorial. Esta conexión fundamenta el principio de Salud en Todas las Políticas, presente tanto en la ESA 2030 como en la EPVSA.

2.3. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad

La Ley General de Sanidad construye el Sistema Nacional de Salud y establece la planificación como elemento esencial de su funcionamiento. Los planes de salud constituyen instrumentos mediante los cuales las Administraciones sanitarias concretan objetivos, prioridades y programas. La coordinación general sanitaria permite que la planificación autonómica se integre en un sistema común, evitando contradicciones y favoreciendo la utilización racional de los recursos.

La Ley General de Sanidad consagra una concepción integral de la salud. La promoción, la prevención, la asistencia y la rehabilitación forman parte de una misma política. También establece que las actuaciones sanitarias deben orientarse a superar los desequilibrios territoriales y sociales. Esta orientación resulta decisiva para comprender la insistencia de la ESA 2030 en la equidad y en la reducción de desigualdades.

2.4. Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía

La Ley de Salud de Andalucía es la norma autonómica central del tema. Regula el Plan Andaluz de Salud como marco de referencia y como instrumento indicativo para todas las actuaciones en materia de salud en Andalucía. Aunque el instrumento vigente se denomine Estrategia de Salud de Andalucía 2030, el Acuerdo de formulación explica que el cambio terminológico no elimina su naturaleza de planificación sanitaria general.

El artículo 31 determina los contenidos que debe contemplar la planificación: las conclusiones del análisis de los problemas de salud y de la situación de los recursos; los objetivos de salud generales y por áreas; las prioridades de intervención; las estrategias y políticas de intervención; el calendario general de actuación; los recursos necesarios; y la evaluación de los objetivos. Estos elementos permiten distinguir una auténtica estrategia pública de una mera declaración política.

El artículo 32 atribuye la aprobación al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de salud. Una vez aprobada, la planificación debe remitirse al Parlamento de Andalucía para su conocimiento y estudio.

2.5. Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía

La Ley de Salud Pública de Andalucía amplía el marco hacia los determinantes sociales, la promoción, la prevención y la evaluación del impacto en salud. La salud pública se concibe como el esfuerzo organizado de la sociedad para prevenir la enfermedad, proteger y promover la salud y prolongar la vida. La Ley fomenta la cooperación intersectorial y la participación de las entidades locales, organizaciones sociales, profesionales y ciudadanía.

La promoción de la salud implica desarrollar capacidades personales, fortalecer comunidades y transformar entornos. Por ello, la EPVSA no se limita a difundir recomendaciones. Incorpora programas en centros educativos, sanitarios, laborales, residenciales y comunitarios y actuaciones sobre movilidad, urbanismo, información y comunicación. Esta amplitud responde a la idea de que los estilos de vida se encuentran condicionados por factores sociales, económicos, culturales y ambientales.

2.6. Planificación administrativa y naturaleza jurídica

Las estrategias examinadas tienen naturaleza predominantemente programática. No son reglamentos ni crean por sí mismas derechos subjetivos equivalentes a los reconocidos en una ley. Tampoco sustituyen las competencias de los órganos administrativos ni autorizan gastos al margen de la legislación presupuestaria. Su función consiste en orientar la acción pública, ordenar prioridades y servir de marco para planes, programas, presupuestos y decisiones posteriores.

Esta naturaleza programática no significa que carezcan de efectos. Sus objetivos deben incorporarse a instrumentos operativos; sus indicadores permiten exigir rendición de cuentas; y sus prioridades condicionan la asignación de recursos. Además, cuando una actuación estratégica se materializa mediante una resolución, contrato, convenio, subvención o disposición general, ese instrumento queda sometido al régimen jurídico que corresponda.

3. ANTECEDENTES Y ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SALUD DE ANDALUCÍA 2030

3.1. Evolución de la planificación general de salud

Andalucía cuenta con una trayectoria consolidada de planificación sanitaria. Antes de la ESA 2030 se aprobaron cuatro Planes Andaluces de Salud. El primero tuvo vigencia entre 1994 y 1998; el segundo, entre 1999 y 2002; el tercero, entre 2003 y 2008; y el cuarto fue aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013 para el periodo 2013-2020.

Finalizada la vigencia del IV Plan, resultaba necesario renovar el marco estratégico. Durante los años posteriores se produjeron cambios de enorme relevancia: envejecimiento demográfico, aumento de la cronicidad, impacto de la pandemia de COVID-19, incremento de los problemas de salud mental, transformación digital, desarrollo de la medicina personalizada, riesgos climáticos, resistencias antimicrobianas y nuevas demandas de participación y humanización.

3.2. Acuerdo de formulación de 16 de mayo de 2023

El Consejo de Gobierno aprobó el 16 de mayo de 2023 el acuerdo de formulación de la ESA 2030. La formulación es el acto que inicia y ordena el proceso de elaboración. Define la necesidad del instrumento, su finalidad, contenidos básicos, procedimiento, órganos responsables y participación prevista. No debe confundirse con la aprobación definitiva.

El cambio de denominación de Plan Andaluz de Salud a Estrategia de Salud de Andalucía pretende reflejar que se trata de una planificación realizada en el nivel político y estratégico, dirigida a definir el marco de referencia del sistema sanitario y sus objetivos generales de medio y largo plazo. La denominación nueva acentúa su carácter transformador, transversal y orientado a resultados.

3.3. Participación y tramitación

La elaboración siguió un proceso amplio y progresivo. Se analizaron fuentes normativas, datos sanitarios, documentos estratégicos internacionales, nacionales y autonómicos, tendencias demográficas y necesidades organizativas. Participaron profesionales del SSPA, personas expertas, responsables institucionales, sociedades científicas, agentes sociales y representantes de la ciudadanía.

La propuesta se sometió a consulta pública previa para recabar opiniones antes de su configuración definitiva. Posteriormente se elaboró una propuesta inicial y se desarrollaron los trámites de audiencia e información pública. El texto fue remitido a Consejerías, agentes sociales y entidades científicas y se solicitaron los informes preceptivos, incluidos los relativos a planificación económica, financiera y fondos europeos.

Debe distinguirse entre la consulta pública previa y la información pública. La consulta previa permite conocer opiniones antes o durante la fase inicial. La información pública permite examinar una propuesta ya elaborada y presentar alegaciones u observaciones. Ambas técnicas refuerzan la transparencia y el enfoque participativo, pero se sitúan en momentos diferentes.

3.4. Aprobación definitiva en 2026

Concluida la tramitación, el Consejo de Gobierno aprobó la ESA 2030 mediante Acuerdo de 11 de febrero de 2026. El acuerdo fue publicado el 12 de febrero y dispuso que surtiera efectos desde el día siguiente. También ordenó dar publicidad al texto en los portales institucionales y remitirlo al Parlamento de Andalucía.

3.5. Finalidad y alcance temporal

La finalidad de la ESA 2030 es identificar los principales problemas, necesidades y retos de salud que deben abordarse a medio y largo plazo y proponer objetivos y acciones para mejorar la salud de la población y la respuesta del sistema. Su horizonte es el año 2030, lo que facilita la alineación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Su alcance no se restringe al SAS. Afecta al conjunto del Sistema Sanitario Público de Andalucía y requiere cooperación con otras Consejerías, entidades locales, universidades, entidades sociales, empresas, asociaciones profesionales y ciudadanía. La salud de la población no depende únicamente del volumen de actividad asistencial, sino de políticas que inciden sobre empleo, educación, vivienda, pobreza, alimentación, movilidad, medio ambiente, igualdad y relaciones comunitarias.

4. PRINCIPIOS RECTORES DE LA ESTRATEGIA DE SALUD DE ANDALUCÍA 2030

Los principios rectores orientan la interpretación y aplicación de toda la Estrategia. No son acciones concretas ni indicadores aislados. Funcionan como criterios transversales que deben incorporarse a las líneas estratégicas, a las decisiones organizativas y a la evaluación. La ESA 2030 identifica seis grandes principios: contribución al desarrollo sostenible, enfoque One Health, Salud en Todas las Políticas, derecho a la salud digital, perspectiva de género y enfoque participativo.

4.1. Contribución al desarrollo sostenible

La ESA 2030 se alinea con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, aprobada en 2015, compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. El ODS 3 persigue garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas en todas las edades. Sin embargo, la relación entre salud y desarrollo sostenible no se agota en el ODS 3. La pobreza, el hambre, la educación, la igualdad de género, el agua, la energía, el trabajo digno, las ciudades sostenibles, la producción responsable, la acción climática y la paz influyen directamente en la salud.

La sostenibilidad presenta una dimensión ambiental, social, económica y organizativa. Un sistema sanitario sostenible debe obtener resultados de salud, reducir desigualdades, utilizar racionalmente los recursos, disminuir impactos ambientales y mantener su capacidad de respuesta a largo plazo. La eficiencia no consiste en reducir indiscriminadamente el gasto, sino en alcanzar mejores resultados evitando actividades innecesarias, duplicidades, ineficiencias y daños evitables.

4.2. Enfoque One Health

El enfoque One Health o Una Sola Salud reconoce la interdependencia entre la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas. Las enfermedades zoonóticas, la contaminación, el cambio climático, la seguridad alimentaria y las resistencias antimicrobianas demuestran que los riesgos sanitarios no pueden abordarse desde compartimentos estancos.

La aplicación de One Health exige coordinación entre sanidad, agricultura, ganadería, medio ambiente, universidades, laboratorios, protección civil y entidades locales. En la práctica supone compartir información, mejorar la vigilancia, prevenir riesgos ambientales, controlar el uso de antimicrobianos y preparar respuestas conjuntas ante amenazas emergentes.

4.3. Salud en Todas las Políticas

El principio de Salud en Todas las Políticas parte de que las decisiones adoptadas fuera del sector sanitario pueden producir efectos sanitarios tan importantes como las propias prestaciones asistenciales. Una política urbanística puede favorecer o dificultar la actividad física; una política educativa puede mejorar la alfabetización en salud; una política de vivienda puede reducir enfermedades respiratorias; una política laboral puede proteger o deteriorar la salud mental.

Este principio obliga a incorporar consideraciones de salud y equidad en la elaboración de políticas públicas. No significa que la Consejería de Salud asuma competencias de otros departamentos, sino que se establezcan mecanismos de cooperación, evaluación y corresponsabilidad. La evaluación del impacto en salud constituye uno de los instrumentos que permiten anticipar efectos favorables o adversos.

4.4. Derecho a la salud digital

La digitalización ofrece posibilidades para mejorar accesibilidad, continuidad, información clínica, telemedicina, investigación, análisis predictivo y participación. Sin embargo, también puede generar exclusión si las personas carecen de dispositivos, conexión o competencias digitales. El derecho a la salud digital exige que la innovación respete la igualdad, la accesibilidad universal, la privacidad, la seguridad, la autonomía y la protección de datos.

La transformación digital debe estar al servicio de las personas y no convertirse en una barrera. La atención presencial sigue siendo necesaria cuando la situación clínica, social o personal lo requiera. El empleo de inteligencia artificial debe someterse a control humano, calidad de datos, evaluación de riesgos, transparencia y responsabilidad.

4.5. Perspectiva de género

La perspectiva de género permite identificar diferencias y desigualdades en exposición a riesgos, utilización de servicios, diagnóstico, tratamiento, cuidados y resultados de salud. Las mujeres y los hombres pueden presentar distintas necesidades sanitarias por razones biológicas y, sobre todo, por desigualdades sociales, distribución de cuidados, empleo, ingresos, violencia y estereotipos.

Incorporar esta perspectiva implica analizar datos desagregados por sexo, detectar sesgos, revisar programas, considerar la diversidad y evaluar impactos diferenciados. No consiste en añadir un apartado formal, sino en integrar la igualdad en el diagnóstico, el diseño, la ejecución y la evaluación.

4.6. Enfoque participativo

La participación se proyecta sobre profesionales, ciudadanía, pacientes, asociaciones, agentes sociales y entidades científicas. Una estrategia participativa mejora la legitimidad, permite detectar necesidades reales y favorece la corresponsabilidad. La participación debe ser informada, accesible, plural y capaz de producir efectos en las decisiones.

La ESA 2030 concibe la salud como una responsabilidad compartida. Esto no desplaza la obligación de los poderes públicos de garantizar derechos, pero reconoce que la mejora de la salud requiere implicación comunitaria, autocuidado informado y colaboración entre instituciones.

5. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL SSPA

5.1. Análisis del contexto de salud

La ESA 2030 parte de un diagnóstico amplio de la situación de salud en Andalucía. Analiza datos demográficos, determinantes sociales, estilos de vida, principales enfermedades, dependencia, discapacidad, cronicidad, salud infantil y adolescente, cuidados paliativos, programas preventivos, efectos de la pandemia, salud digital e investigación.

El envejecimiento de la población aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas, fragilidad, dependencia, deterioro cognitivo y necesidades de cuidados. Este fenómeno no debe interpretarse exclusivamente como incremento de demanda asistencial. Requiere políticas de envejecimiento saludable, prevención de discapacidad, coordinación sociosanitaria, apoyo a cuidadores y adaptación de servicios.

Los determinantes sociales explican una parte sustancial de las desigualdades. El nivel educativo, los ingresos, la situación laboral, el género, la vivienda, el entorno rural o urbano, la discapacidad, la red de apoyo y la exposición ambiental condicionan la esperanza de vida y la carga de enfermedad. Por ello, dos territorios con recursos sanitarios semejantes pueden presentar resultados distintos.

La Estrategia también aborda enfermedades cardiovasculares, ictus, patologías respiratorias, diabetes, salud mental, demencias y enfermedades raras. La finalidad no es sustituir los planes integrales específicos, sino situar estos problemas dentro del marco global y favorecer su coordinación.

5.2. Salutogénesis y activos para la salud

El modelo de activos para la salud adopta una visión positiva. En vez de concentrarse únicamente en riesgos, identifica recursos personales, familiares y comunitarios que generan bienestar: redes vecinales, asociaciones, espacios públicos, instalaciones deportivas, centros educativos, servicios sociales, grupos de ayuda, cultura comunitaria y competencias individuales.

La salutogénesis pregunta qué factores producen salud y capacidad de afrontar dificultades. No sustituye la prevención ni la asistencia, sino que las complementa. Un municipio puede reducir riesgos y, al mismo tiempo, fortalecer redes comunitarias, participación, apoyo social y oportunidades de actividad física.

5.3. Análisis estratégico del SSPA

El diagnóstico organizativo identifica fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entre las fortalezas generales pueden situarse la cobertura pública, la red territorial, la experiencia profesional, la capacidad investigadora, los sistemas de información y la existencia de programas consolidados. Entre las debilidades aparecen problemas de accesibilidad, fragmentación, variabilidad, burocracia, insuficiente interoperabilidad o dificultades de coordinación.

Las oportunidades derivan del avance científico, la transformación digital, la medicina personalizada, la investigación, los fondos europeos, la participación y la cooperación intersectorial. Las amenazas incluyen nuevas epidemias, cambio climático, resistencias antimicrobianas, aumento de cronicidad, desigualdades, desinformación y presión sobre la sostenibilidad.

5.4. Misión

La misión expresa la razón de ser del sistema. Se orienta a proteger y mejorar la salud de la población andaluza mediante servicios públicos accesibles, integrales, seguros, humanos, equitativos y sostenibles. La misión debe proyectarse sobre promoción, prevención, asistencia, rehabilitación, cuidados y salud pública.

5.5. Visión

La visión describe el modelo al que se aspira: un SSPA centrado en las personas, capaz de obtener mejores resultados, reducir desigualdades, coordinar niveles, incorporar innovación útil, cuidar a sus profesionales y responder con agilidad a riesgos emergentes. La visión no es una previsión automática, sino un horizonte que orienta las decisiones.

5.6. Valores

Los valores informan la cultura organizativa: servicio público, universalidad, equidad, calidad, seguridad, humanización, responsabilidad, transparencia, participación, innovación, profesionalidad, sostenibilidad y compromiso con los resultados. Estos valores deben manifestarse en la actividad cotidiana y no quedar reducidos a declaraciones institucionales.

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS Y ACCIONES DE LA ESA 2030

La ESA 2030 se estructura en cuatro líneas estratégicas, desarrolladas mediante objetivos y acciones. El documento incorpora catorce objetivos y un amplio conjunto de actuaciones. Las líneas no son compartimentos cerrados: se relacionan entre sí y requieren las palancas de cambio examinadas posteriormente.

6.1. Línea estratégica 1: promoción de la salud, entornos y estilos de vida saludables

La primera línea pretende impulsar la promoción de la salud, los entornos y los estilos de vida saludables en todas las etapas de la vida. Parte de que la salud se construye en la familia, la escuela, el trabajo, el barrio y la comunidad, no únicamente en la consulta sanitaria.

Sus actuaciones se orientan a fortalecer capacidades, fomentar hábitos protectores, mejorar alfabetización, desarrollar activos comunitarios y actuar sobre entornos. La promoción debe adaptarse a infancia, adolescencia, edad adulta y vejez, teniendo en cuenta desigualdades socioeconómicas, género, discapacidad, ruralidad y diversidad cultural.

La EPVSA 2024-2030 constituye uno de los principales instrumentos de desarrollo de esta línea. Alimentación, actividad física, sueño, bienestar emocional, sexualidad responsable y uso positivo de TRIC se abordan con perspectiva de ciclo vital y acción intersectorial.

6.2. Línea estratégica 2: equidad, reducción de desigualdades y resiliencia comunitaria

La segunda línea busca fortalecer la equidad, reducir desigualdades en salud y fomentar la participación para conseguir personas y comunidades más resilientes. La igualdad formal de acceso no garantiza por sí sola resultados equitativos. Algunos grupos necesitan apoyos específicos para superar barreras económicas, geográficas, culturales, funcionales o digitales.

La equidad exige distribuir recursos y actuaciones de acuerdo con las necesidades. Puede requerir reforzar áreas desfavorecidas, adaptar información, mejorar accesibilidad, acercar servicios al medio rural, incorporar mediación o priorizar grupos con mayor vulnerabilidad. El objetivo no consiste en prestar exactamente lo mismo en cualquier circunstancia, sino en garantizar oportunidades efectivas de protección de la salud.

La resiliencia comunitaria es la capacidad de una población para anticipar, resistir y recuperarse de crisis. La pandemia mostró la importancia de redes locales, salud pública, atención primaria, servicios sociales, comunicación fiable y cooperación ciudadana.

6.3. Línea estratégica 3: cogobernanza participativa y actuación sobre determinantes

La tercera línea orienta las políticas de salud hacia una cogobernanza participativa, equitativa y al servicio de las personas que actúe sobre determinantes e inequidades. La cogobernanza implica compartir información, coordinar responsabilidades y establecer espacios de decisión entre Administraciones, profesionales, entidades y ciudadanía.

Esta línea refuerza Salud en Todas las Políticas. Las decisiones sobre salud deben conectarse con educación, empleo, vivienda, medio ambiente, servicios sociales, deporte, consumo y políticas locales. El nivel municipal resulta especialmente relevante porque muchos determinantes se materializan en el entorno inmediato.

La participación debe acompañarse de transparencia y evaluación. Abrir espacios formales no basta si no existe información comprensible, devolución de resultados y capacidad de influencia. La rendición de cuentas convierte la participación en un elemento sustantivo de la gestión.

6.4. Línea estratégica 4: mejora de la capacidad de respuesta y coordinación

La cuarta línea persigue mejorar la capacidad de respuesta de la organización mediante el impulso de la coordinación para atender las necesidades de pacientes y ciudadanía. Incide en accesibilidad, continuidad asistencial, integración de niveles, coordinación sociosanitaria, seguridad, personalización, humanización y capacidad de adaptación.

La fragmentación entre atención primaria, hospitalaria, salud mental, emergencias, salud pública y servicios sociales puede generar duplicidades, demoras y pérdida de información. La coordinación debe apoyarse en procesos compartidos, interoperabilidad, comunicación profesional, gestión de casos y definición clara de responsabilidades.

Mejorar la capacidad de respuesta exige también cuidar a los profesionales. La disponibilidad de personal, la formación, el liderazgo, la prevención de riesgos, la conciliación y el bienestar organizativo influyen en la calidad. La tecnología puede facilitar el trabajo, pero debe acompañarse de rediseño de procesos y gestión del cambio.

7. PALANCAS DE CAMBIO DE LA ESA 2030

Una estrategia puede definir objetivos ambiciosos, pero necesita capacidades que permitan transformar la organización. La ESA 2030 agrupa esas capacidades en palancas de cambio. El documento destaca tres grandes palancas: transformación digital; formación, investigación e innovación; y evaluación y seguimiento. Dentro de ellas aparecen actuaciones relacionadas con sistemas de información, ciberseguridad, capacitación, salud pública, generación de conocimiento y mejora continua.

7.1. Transformación digital del SSPA

La transformación digital no equivale a informatizar procedimientos existentes. Supone rediseñar procesos utilizando tecnología para mejorar accesibilidad, continuidad, seguridad, eficiencia y experiencia de usuarios y profesionales. Debe avanzar hacia sistemas interoperables, información clínica disponible, trámites simples, telemedicina útil, análisis de datos y soporte a la decisión.

La interoperabilidad permite que los sistemas intercambien y utilicen información con significado común. Sin interoperabilidad, la digitalización puede generar nuevas islas de datos. Para el personal de Administración General, este principio afecta a expedientes, recursos humanos, contratación, presupuesto, cuadros de mando y sistemas de información corporativos.

La ciberseguridad y la protección de datos son requisitos esenciales. La información sanitaria presenta una sensibilidad especial. Deben aplicarse controles de acceso, trazabilidad, autenticación, continuidad, copias de seguridad, gestión de incidentes y formación. La innovación no justifica tratamientos de datos carentes de base jurídica ni accesos indiscriminados.

La brecha digital constituye un riesgo para la equidad. Las personas mayores, con discapacidad, bajos ingresos o escasa alfabetización pueden encontrar dificultades en canales electrónicos. La Administración debe ofrecer accesibilidad, asistencia y alternativas para evitar que la transformación digital se convierta en exclusión.

7.2. Formación, investigación e innovación

La formación continua permite que profesionales sanitarios y no sanitarios actualicen conocimientos y desarrollen nuevas competencias. La implantación de estrategias requiere capacitación en gestión por resultados, salud comunitaria, perspectiva de género, herramientas digitales, evaluación, comunicación y trabajo intersectorial.

La investigación debe orientarse a necesidades de salud y generar conocimiento aplicable. La innovación puede ser tecnológica, clínica, organizativa o administrativa. Un nuevo circuito que reduzca demoras puede ser tan relevante como un dispositivo avanzado. La decisión de incorporar innovaciones debe basarse en evidencia, evaluación, seguridad, coste de oportunidad y valor para pacientes.

La simulación, la transferencia de conocimiento y la colaboración con universidades, institutos y empresas forman parte del ecosistema innovador. Debe garantizarse que la cooperación respete la contratación pública, la transparencia, la propiedad intelectual, la ética de investigación y la protección de datos.

7.3. Evaluación y mejora continua

La tercera palanca refuerza los mecanismos de evaluación. Evaluar significa comparar los resultados obtenidos con los objetivos previstos, interpretar desviaciones y adoptar decisiones de mejora. No debe confundirse con recopilar datos. Un sistema puede registrar centenares de variables sin generar conocimiento útil.

La evaluación debe contemplar estructura, proceso, resultados, equidad, experiencia, seguridad, eficiencia y sostenibilidad. También debe examinar efectos no previstos. Cuando una medida no funciona, la gestión responsable exige revisarla, no mantenerla por inercia.

8. GOBERNANZA, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

8.1. Modelo de gobernanza

La gobernanza de la ESA 2030 pretende garantizar dirección política, coordinación técnica, participación experta, seguimiento y transparencia. El documento establece una estructura compuesta por un Comité Director, una persona coordinadora, una Oficina Técnica de Evaluación y Seguimiento y un Comité de Personas Expertas.

El Comité Director asume la orientación general y la coordinación institucional. Debe facilitar la alineación de órganos, revisar el progreso y promover decisiones cuando existan desviaciones. Su función no consiste en ejecutar cada acción, sino en asegurar dirección estratégica.

La persona coordinadora impulsa el desarrollo de la Estrategia, conecta los distintos niveles y favorece la continuidad de los trabajos. La coordinación resulta esencial en estrategias transversales, porque las acciones pueden depender de varios órganos y entidades.

La Oficina Técnica de Evaluación y Seguimiento proporciona soporte metodológico, recopila información, mantiene el cuadro de mando, analiza indicadores y prepara informes. Su trabajo transforma datos dispersos en información útil para la toma de decisiones.

El Comité de Personas Expertas aporta conocimiento independiente y especializado. Puede asesorar sobre evidencia, pertinencia, indicadores, resultados y necesidades de revisión. La experiencia técnica complementa, pero no sustituye, las competencias de los órganos administrativos.

8.2. Indicadores y cuadro de mando

Los indicadores son medidas que permiten conocer el grado de avance. Deben ser relevantes, comprensibles, verificables, comparables y disponibles con periodicidad adecuada. Un indicador puede medir recursos, actividad, cobertura, calidad o resultados, pero no todos tienen el mismo valor.

Los indicadores de estructura muestran capacidad instalada: personal, equipamiento o sistemas. Los de proceso miden lo que se hace: actividades, tiempos o cumplimiento de protocolos. Los de resultado reflejan efectos: mejora de salud, reducción de mortalidad, calidad de vida o experiencia. Los de equidad analizan diferencias entre grupos y territorios.

El cuadro de mando integra indicadores y facilita una visión ordenada. Debe permitir identificar tendencias, desviaciones y áreas críticas. No debe utilizarse para reducir fenómenos complejos a una puntuación sin contexto. La interpretación exige considerar población, riesgo, territorio y calidad de los datos.

8.3. Rendición de cuentas

La rendición de cuentas implica explicar qué se ha hecho, qué resultados se han obtenido, qué recursos se han utilizado y qué medidas se adoptarán ante desviaciones. Es una exigencia de buena administración y fortalece la confianza ciudadana.

La transparencia debe ofrecer información comprensible, no simples volúmenes de datos. Los informes deben diferenciar actividad y resultado, explicar limitaciones y evitar atribuir causalidad cuando la evidencia no lo permite. También deben permitir conocer el impacto territorial, social y de género.

8.4. Evaluación económica y presupuestaria

La memoria económica analiza necesidades de recursos y vías de financiación. La estrategia no constituye por sí sola una autorización de gasto. Cada actuación debe incorporarse a los presupuestos y tramitarse conforme a las reglas de ejecución, contratación, subvenciones, personal o convenios.

La evaluación económica compara alternativas y costes de oportunidad. Dedicar recursos a una actuación implica no destinarlos a otra. La eficiencia exige valorar resultados, no solo gasto. Una medida inicialmente costosa puede ser eficiente si reduce hospitalizaciones, complicaciones o dependencia.

8.5. Revisión y adaptación

Una estrategia con horizonte 2030 debe poder adaptarse a cambios epidemiológicos, tecnológicos, normativos y económicos. La revisión no debe interpretarse como incumplimiento, sino como una característica de la planificación estratégica. La condición es que los cambios estén justificados, sean transparentes y mantengan coherencia con la finalidad.

Emergencias sanitarias, nuevos tratamientos, cambios demográficos o crisis climáticas pueden alterar prioridades. Los mecanismos de seguimiento permiten detectar estas variaciones y ajustar acciones e indicadores.

9. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE UNA VIDA SALUDABLE EN ANDALUCÍA 2024-2030

9.1. Aprobación y finalidad

La Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía 2024-2030 fue aprobada mediante Acuerdo de 2 de abril de 2024, del Consejo de Gobierno. El acuerdo se publicó en el BOJA número 66, de 5 de abril. La Estrategia fue impulsada por la Consejería competente en materia de salud a través del órgano directivo responsable de salud pública.

Su finalidad última consiste en alcanzar mayores cotas de salud y bienestar en la población andaluza. Para ello pretende armonizar las actuaciones de las Consejerías y organismos autonómicos y, de manera específica, de los planes, estrategias y programas desarrollados por la Consejería competente en salud y por el SAS.

La visión es promover una sociedad en la que personas, familias y comunidades puedan alcanzar su máximo potencial de desarrollo, salud y bienestar y en la que la ganancia en salud se asuma como tarea compartida.

9.2. Antecedentes

La EPVSA se apoya en la experiencia del Plan para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Equilibrada y del Plan Integral de Obesidad Infantil de Andalucía. Sin embargo, amplía su alcance: junto con alimentación y ejercicio incorpora sueño, bienestar emocional, sexualidad y uso de tecnologías.

También se alinea con la Carta de Ottawa, la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, la Agenda 2030 y las recomendaciones internacionales sobre prevención de enfermedades no transmisibles.

9.3. Enfoque salutogénico

La EPVSA adopta un enfoque salutogénico y de salud positiva. No se limita a prevenir obesidad, sedentarismo, trastornos emocionales o infecciones. Pretende generar capacidades, bienestar y entornos protectores. La persona no se considera receptora pasiva de mensajes, sino agente con capacidades cuya autonomía debe reforzarse.

Este enfoque evita culpabilizar a quien no puede adoptar un hábito por condicionantes económicos, sociales o ambientales. Recomendar alimentación saludable resulta insuficiente cuando no existe acceso económico o territorial a alimentos adecuados. Recomendar actividad física carece de eficacia si el entorno es inseguro o inaccesible. La estrategia combina responsabilidad individual y responsabilidad pública.

9.4. Principios rectores

La EPVSA se apoya en equidad, universalidad, participación, perspectiva de género, curso de vida, intersectorialidad, acción comunitaria, evidencia, innovación y evaluación. Dos principios tienen una especial repercusión operativa: la consideración de todas las etapas de la vida y la adaptación de las intervenciones a distintos entornos.

El enfoque de curso de vida reconoce que las experiencias tempranas influyen en etapas posteriores y que cada edad presenta oportunidades específicas. La intervención en embarazo, infancia y adolescencia puede producir beneficios acumulativos, pero la promoción debe continuar en edad adulta y vejez.

9.5. Objetivos generales

Entre sus objetivos se encuentran promover hábitos saludables, incrementar conocimientos y competencias, generar entornos favorables, reducir desigualdades, fortalecer programas existentes, mejorar coordinación, impulsar participación y establecer sistemas de seguimiento.

La EPVSA no pretende crear de cero todas las actuaciones. Integra, refuerza y armoniza programas ya existentes, evitando duplicidades y facilitando una orientación común. La coordinación con planes de salud mental, obesidad, cronicidad, infancia, adicciones, salud sexual y atención primaria resulta imprescindible.

10. HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS PRIORIZADOS POR LA EPVSA

La EPVSA se centra preferentemente en seis ámbitos de la vida cotidiana que generan salud y protegen frente a la enfermedad. Debes memorizar la enumeración exacta: alimentación saludable, actividad física, sueño saludable, bienestar emocional, sexualidad responsable y uso positivo de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación.

10.1. Alimentación saludable

La alimentación saludable debe ser suficiente, equilibrada, variada, segura, sostenible y adaptada a las necesidades personales. La Estrategia promueve patrones compatibles con la dieta mediterránea, mayor consumo de alimentos frescos y reducción de productos de baja calidad nutricional.

Las actuaciones incluyen educación alimentaria, mejora de menús, entornos de compra y consumo más saludables, información comprensible y atención a grupos vulnerables. Los comedores escolares, centros sanitarios, residencias y lugares de trabajo ofrecen oportunidades para incorporar criterios nutricionales.

La seguridad alimentaria y la promoción nutricional son dimensiones relacionadas pero distintas. La primera evita riesgos derivados de contaminación o incumplimiento sanitario; la segunda favorece elecciones y patrones beneficiosos.

10.2. Actividad física

La actividad física comprende cualquier movimiento corporal que incremente el gasto energético. No se reduce al deporte organizado. Caminar, desplazarse en bicicleta, subir escaleras, realizar tareas activas o participar en actividades adaptadas puede aportar beneficios.

La promoción exige actuar sobre urbanismo, movilidad, instalaciones, centros educativos, trabajo y prescripción desde el ámbito sanitario. Debe adaptarse a edad, capacidad funcional, discapacidad y situación clínica. El objetivo es disminuir sedentarismo y aumentar oportunidades seguras de movimiento.

10.3. Sueño saludable

El sueño saludable implica duración suficiente, regularidad, calidad y adecuación a las necesidades. El déficit o alteración del sueño se relaciona con problemas cognitivos, emocionales, metabólicos, cardiovasculares, laborales y de seguridad.

Las actuaciones incluyen educación sobre horarios, ambiente, uso nocturno de pantallas, consumo de estimulantes y conciliación. En el ámbito laboral debe considerarse el impacto de turnos y nocturnidad, especialmente relevante en organizaciones sanitarias.

10.4. Bienestar emocional

El bienestar emocional comprende capacidad de reconocer y gestionar emociones, mantener relaciones, afrontar dificultades y desarrollar proyectos vitales. No equivale a ausencia absoluta de malestar. Las emociones desagradables forman parte de la vida; el objetivo es disponer de recursos y apoyos para afrontarlas.

La promoción incluye competencias socioemocionales, apoyo comunitario, prevención de soledad, reducción de estigma, detección temprana y acceso a recursos. Debe evitarse medicalizar problemas sociales que requieren respuestas comunitarias, laborales o educativas.

10.5. Sexualidad responsable

La sexualidad saludable se aborda desde los derechos, el respeto, el consentimiento, la igualdad, el placer, la diversidad, la prevención de infecciones y embarazos no planificados y la eliminación de violencias. La expresión responsable no debe interpretarse como moralización, sino como capacidad de adoptar decisiones informadas y respetuosas.

Las acciones deben proporcionar información rigurosa, accesible y adaptada a la edad, facilitar recursos preventivos, combatir discriminación y promover relaciones igualitarias. La perspectiva de género resulta esencial.

10.6. Uso positivo de las TRIC

La Estrategia utiliza el término TRIC: tecnologías de la relación, la información y la comunicación. La incorporación de la palabra relación subraya que estas herramientas modifican vínculos, identidad, aprendizaje y participación.

El uso positivo implica aprovechar sus beneficios y prevenir riesgos: sobreexposición, alteración del sueño, aislamiento, acoso, desinformación, uso problemático, pérdida de privacidad o acceso a contenidos perjudiciales. No se persigue una prohibición general, sino desarrollar competencias digitales, pensamiento crítico, equilibrio y seguridad.

11. PROGRAMAS, ENTORNOS DE INTERVENCIÓN Y ACCIÓN INTERSECTORIAL

11.1. Ámbito comunitario y local

El ámbito comunitario permite actuar sobre los lugares donde las personas viven. La Red de Acción Local en Salud facilita la cooperación entre ayuntamientos, servicios sanitarios, asociaciones, centros educativos y ciudadanía. Los planes locales de salud parten de un diagnóstico participativo y movilizan activos comunitarios.

Las medidas pueden incluir rutas saludables, espacios de encuentro, mercados, huertos, actividades culturales, prevención de soledad y mejora de accesibilidad. La Administración local posee competencias y proximidad que la convierten en agente fundamental.

11.2. Entornos y movilidad

El diseño urbano influye en actividad física, contaminación, seguridad y relaciones sociales. Aceras accesibles, zonas verdes, carriles bici, transporte público, iluminación y proximidad de servicios favorecen hábitos saludables. La movilidad activa debe planificarse de manera segura e inclusiva.

La evaluación del impacto en salud puede utilizarse para analizar proyectos urbanísticos o de transporte. Así se concreta Salud en Todas las Políticas.

11.3. Ámbito sanitario

Los servicios sanitarios deben integrar promoción y prevención en la práctica asistencial. Atención primaria ocupa una posición privilegiada por su proximidad y orientación comunitaria. Puede realizar consejo breve, valoración de hábitos, prescripción de ejercicio, educación grupal, derivación a activos y coordinación con entidades locales.

Los hospitales también deben promover entornos saludables para pacientes, acompañantes y profesionales: alimentación, movilidad, descanso, espacios sin humo, bienestar emocional y uso racional de recursos. La promoción no es exclusiva de una categoría profesional.

11.4. Centros docentes

La escuela es un entorno decisivo porque alcanza a la población durante etapas de formación de hábitos. Programas como Creciendo en Salud, Forma Joven y las iniciativas integradas en el programa CIMA permiten trabajar alimentación, actividad física, emociones, sexualidad, adicciones y ciudadanía digital.

La intervención eficaz debe involucrar a comunidad educativa y familias, integrarse en la vida del centro y evitar limitarse a charlas aisladas. El entorno del comedor, recreo, patios, horarios y normas debe ser coherente con los contenidos educativos.

11.5. Servicios sociales y centros residenciales

Los centros de día, residencias y servicios sociales atienden a personas que pueden presentar dependencia, discapacidad, aislamiento o vulnerabilidad. Los programas deben adaptarse funcional y cognitivamente, promover autonomía, actividad, alimentación adecuada, sueño y relaciones sociales.

La coordinación sociosanitaria resulta esencial para evitar fragmentación. La promoción también es posible en situaciones de dependencia: debe ajustarse a capacidades y preferencias y perseguir bienestar y calidad de vida.

11.6. Lugar de trabajo

El Programa de Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo pretende que las organizaciones adopten entornos y políticas saludables. Puede abordar actividad física, alimentación, sueño, bienestar, prevención de adicciones, conciliación y relaciones laborales.

La promoción laboral no sustituye las obligaciones de prevención de riesgos. La empresa debe eliminar o controlar riesgos conforme a la Ley de Prevención; las acciones voluntarias de promoción complementan, pero no compensan, condiciones perjudiciales.

11.7. Sector empresarial

Las empresas influyen mediante productos, publicidad, condiciones laborales y entornos de consumo. La colaboración puede favorecer reformulación de productos, información responsable, protección de menores y responsabilidad social. Deben prevenirse conflictos de interés y garantizar transparencia.

11.8. Información y comunicación

La comunicación en salud debe ser comprensible, rigurosa, accesible y adaptada. Las campañas generales pueden aumentar conocimiento, pero son insuficientes si no se acompañan de cambios ambientales y servicios. La alfabetización permite interpretar información y tomar decisiones.

La desinformación sanitaria exige respuestas rápidas y coordinadas. Las Administraciones deben proporcionar fuentes fiables, explicar incertidumbres y evitar mensajes alarmistas o culpabilizadores.

11.9. Formación, investigación e innovación

La formación capacita a profesionales de distintos sectores. La investigación permite conocer eficacia, aceptabilidad, costes y desigualdades. La innovación puede utilizar herramientas digitales, intervenciones comunitarias o nuevas formas de coordinación, siempre sometidas a evaluación.

12. APLICACIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

12.1. Traducción de la estrategia a la gestión

La estrategia se hace efectiva mediante instrumentos de programación y gestión. Los objetivos generales deben trasladarse a planes operativos, contratos programa, acuerdos de gestión, presupuestos, proyectos, procesos asistenciales y sistemas de información. Esta cadena de despliegue permite asignar responsabilidades y evaluar resultados.

El Contrato Programa puede incorporar indicadores relacionados con accesibilidad, resultados, eficiencia, seguridad, prevención, digitalización o humanización. Los centros desarrollan estos compromisos mediante objetivos de unidades y actuaciones concretas. No obstante, el Contrato Programa es un instrumento diferenciado que se estudia específicamente en otro tema.

12.2. Funciones del personal TFA

El Técnico de Función Administrativa puede intervenir en planificación, contratación, presupuestos, recursos humanos, análisis de datos, calidad, convenios y evaluación. Su aportación garantiza que los proyectos se tramiten correctamente, dispongan de financiación, respeten competencias y generen información verificable.

En contratación pública, la estrategia puede justificar necesidades de servicios tecnológicos, campañas, formación, equipamiento o evaluación. La memoria debe definir necesidad, objeto, presupuesto y resultados esperados. La referencia estratégica no elimina la obligación de respetar la Ley de Contratos del Sector Público.

En gestión presupuestaria, deben identificarse créditos, anualidades, financiación y sostenibilidad. Los fondos europeos pueden apoyar transformación digital, infraestructuras o innovación, pero exigen elegibilidad, trazabilidad, cumplimiento de hitos y prevención del fraude.

En recursos humanos, la implantación puede requerir planificación de plantillas, formación, perfiles, liderazgo y gestión del cambio. La tecnología sin capacitación puede aumentar carga o generar resistencias.

12.3. Gestión de datos e indicadores

La calidad de los indicadores depende de definiciones comunes, fuentes fiables y responsabilidades. Debe conocerse numerador, denominador, población, periodicidad y posibles sesgos. La protección de datos obliga a limitar accesos y aplicar anonimización o seudonimización cuando proceda.

El TFA puede preparar cuadros de mando, validar datos, coordinar unidades informantes y elaborar informes. Su función no es presentar cifras de forma mecánica, sino garantizar consistencia y trazabilidad.

12.4. Coordinación interadministrativa

Muchas actuaciones requieren convenios o protocolos con ayuntamientos, educación, servicios sociales, universidades o asociaciones. La coordinación debe definir objeto, obligaciones, financiación, protección de datos, vigencia, seguimiento y causas de resolución.

La encomienda de gestión, el convenio y el contrato son figuras distintas. La elección depende de la naturaleza de la relación. Una finalidad estratégica compartida no permite utilizar un convenio para eludir contratación.

12.5. Equidad en la gestión

La equidad debe reflejarse en criterios de asignación, accesibilidad, comunicación y evaluación. Un programa con buenos resultados medios puede aumentar desigualdades si solo llega a grupos favorecidos. Por eso los indicadores deben desagregarse cuando sea posible.

La perspectiva territorial exige considerar ruralidad, dispersión, transporte y disponibilidad profesional. La perspectiva de discapacidad requiere accesibilidad física, sensorial, cognitiva y digital.

12.6. Caso práctico

13. CONCLUSIONES E IDEAS CLAVE DE EXAMEN

La Estrategia de Salud de Andalucía 2030 representa el marco superior vigente de planificación sanitaria de Andalucía. Su fundamento inmediato se encuentra en los artículos 30 a 32 de la Ley 2/1998 y en las competencias de la Comunidad Autónoma. La Consejería competente en salud elabora y coordina; el Consejo de Gobierno aprueba; y el documento se remite al Parlamento para conocimiento y estudio.

La ESA 2030 fue formulada en 2023 y aprobada definitivamente en 2026. Se apoya en seis principios rectores: desarrollo sostenible, One Health, Salud en Todas las Políticas, derecho a la salud digital, perspectiva de género y participación. Tras analizar el contexto y el SSPA, define misión, visión, valores, cuatro líneas estratégicas y palancas de cambio.

Las cuatro líneas se orientan a promover salud y estilos de vida; reducir desigualdades y fortalecer resiliencia; desarrollar cogobernanza y actuar sobre determinantes; y mejorar coordinación y capacidad de respuesta. La transformación digital, la formación, la investigación, la innovación y la evaluación facilitan esa transformación.

La gobernanza incorpora Comité Director, coordinación, Oficina Técnica y Comité de Personas Expertas. El seguimiento utiliza indicadores y cuadro de mando y debe desembocar en evaluación, rendición de cuentas y adaptación.

La EPVSA fue aprobada en abril de 2024 y constituye el marco específico para promover hábitos saludables. Su enfoque es salutogénico, intersectorial, participativo y de curso de vida. Los seis ámbitos centrales son alimentación, actividad física, sueño, bienestar emocional, sexualidad responsable y uso positivo de TRIC.

Su despliegue abarca comunidad, municipios, movilidad, sanidad, educación, servicios sociales, residencias, trabajo, empresas, comunicación, formación e investigación. La responsabilidad individual se combina con la creación pública de entornos que permitan elecciones saludables.

14. MAPA CONCEPTUAL