1. INTRODUCCIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PLAN VIGENTE

La planificación en salud mental constituye un instrumento de política pública que ordena prioridades, coordina agentes, asigna responsabilidades y establece resultados evaluables. No equivale a una guía clínica ni a una mera declaración de intenciones: relaciona el diagnóstico de necesidades de la población con programas, actuaciones, indicadores, responsables, calendario y previsión económica. Para el terapeuta ocupacional del Servicio Andaluz de Salud resulta especialmente relevante porque el modo en que una comunidad autónoma concibe la salud mental determina dónde se presta la atención, qué poblaciones se priorizan, cómo se coordinan las redes y qué lugar ocupan la recuperación, la autonomía, la participación social y la vida en comunidad.

La primera cuestión que debe resolverse en este tema es cuál es el documento vigente. El I Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía, PESMA-A 2026-2029, fue aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de mayo de 2026, publicado en el BOJA número 90 de 13 de mayo de 2026. El Acuerdo produce efectos desde el día siguiente a su publicación, por lo que el PESMA-A es el marco vigente desde el 14 de mayo de 2026. Su ámbito temporal comprende los años 2026 a 2029 y, una vez cumplida esa vigencia, puede prorrogarse mientras no se apruebe otro plan.

La denominación también es relevante. El instrumento nuevo no se titula «IV PISMA», sino I Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía. Esta elección refleja un cambio de alcance: por primera vez la planificación autonómica aborda conjuntamente la salud mental y las adicciones, incluidas las adicciones a sustancias y las comportamentales. El propósito es superar circuitos paralelos que dificultaban la continuidad asistencial, especialmente en patología dual, y avanzar hacia un modelo coordinado e integrado, centrado en la persona y desarrollado en la comunidad.

Su finalidad es mejorar el bienestar emocional de la población andaluza, prevenir los problemas de salud mental y las adicciones y garantizar una atención integral, equitativa, accesible, de calidad y centrada en las personas. Abarca promoción, prevención, detección precoz, atención, reducción de daños, recuperación e incorporación social. Esta amplitud permite comprender la salud mental no solo como ausencia de trastorno, sino como capacidad para desarrollar un proyecto vital, participar en ocupaciones significativas, mantener vínculos, ejercer derechos y recibir apoyos proporcionados en el entorno ordinario.

El contexto que justifica el plan incluye el aumento del malestar emocional y de la demanda asistencial tras 2020, los cambios en los patrones de consumo, la expansión de adicciones comportamentales, las desigualdades territoriales, la necesidad de reforzar la salud mental infanto-adolescente, la prevención de la conducta suicida, la respuesta a situaciones complejas y la coordinación entre Atención Primaria, salud mental, adicciones, servicios sociales, educación, empleo, justicia, entidades locales, FAISEM y tercer sector. El plan adopta una perspectiva de ciclo vital, de género, de derechos e interseccional, prestando atención a quienes acumulan barreras sociales o sanitarias.

Para Terapia Ocupacional, este marco es coherente con una intervención orientada al desempeño y la participación. La recuperación no se reduce a la remisión sintomática. Incluye reconstruir rutinas, recuperar roles, ejercer autocuidado, vivir con la máxima autonomía posible, acceder a educación y empleo, disfrutar del ocio, sostener relaciones y formar parte de la comunidad. El documento menciona expresamente programas de Terapia Ocupacional en hospital de día infanto-adolescente, terapeutas ocupacionales en subequipos comunitarios, unidades de patología dual y equipos de tratamiento intensivo comunitario, además de actuaciones sobre actividades de la vida diaria, vida independiente e inclusión sociolaboral.

2. LÍNEAS 2 Y 3: ATENCIÓN COMUNITARIA E INFANCIA-ADOLESCENCIA

2.1. Línea 2: intervención comunitaria

La segunda línea se articula mediante el OE05: fomentar un modelo comunitario y mejorar la coordinación entre salud mental, adicciones y Atención Primaria, con referencia al proceso asistencial de ansiedad, depresión y somatizaciones. Contiene dos programas: atención de Psicología Clínica en centros de Atención Primaria y consolidación del modelo de atención comunitaria para problemas de salud mental y adicciones.

La atención comunitaria no consiste únicamente en prestar servicios fuera del hospital. Supone orientar la organización a la vida de la persona en su entorno, facilitar accesibilidad y continuidad, intervenir sobre factores clínicos y sociales, coordinar niveles y evitar institucionalización innecesaria. La proximidad permite observar el funcionamiento real y las barreras que no aparecen en consulta, pero requiere equipos con tiempo, movilidad, soporte organizativo y comunicación segura.

Atención Primaria es puerta de entrada y entorno de atención para numerosos problemas comunes. El apoyo de Psicología Clínica busca mejorar capacidad resolutiva, coordinación, intervenciones grupales y de baja intensidad y derivación proporcionada. La relación con salud mental especializada debe ser bidireccional: consulta, espacios compartidos, planes de seguimiento y retorno cuando la persona ya no necesita alta especialización. La Red Pública de Atención a las Adicciones debe integrarse en esos circuitos para evitar respuestas fragmentadas.

La Terapia Ocupacional aporta evaluación e intervención sobre hábitos, roles, equilibrio ocupacional, autocuidado, productividad, ocio, participación y entorno. En modelos comunitarios, la actividad no se utiliza solo dentro de un taller: se entrena en la cocina real, el transporte, el comercio, el centro educativo, el lugar de trabajo o el recurso comunitario. La generalización mejora cuando la intervención ocurre en contextos naturales y se retiran apoyos de manera graduada.

2.2. Línea 3: salud mental y adicciones en población infanto-adolescente

La tercera línea contiene el OE06: ajustar recursos y programas a la demanda de menores de dieciocho años y jóvenes, con especial atención a adicciones comportamentales. Responde al aumento de demanda, a necesidades evolutivas específicas y a la obligación de ofrecer espacios, comunicación e intervenciones adaptadas. La atención infantil debe coordinar salud, familia, escuela, servicios sociales y, cuando corresponda, justicia juvenil y protección.

Los programas incluyen hospitales de día integrados en las Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil; subequipos y espacios especializados integrados en Unidades de Salud Mental Comunitaria; unidades de hospitalización breve específicas; atención en Centros de Tratamiento Ambulatorio para menores; atención a TEA y TDAH; coordinación para menores infractores; atención residencial para jóvenes con trastorno mental grave; dispositivo residencial para menores con adicciones; y atención al bienestar emocional de niños y adolescentes del sistema de protección.

El hospital de día ofrece hospitalización parcial para quienes necesitan intervenciones intensivas sin requerir ingreso completo continuado. El PESMA-A establece intervenciones individuales, grupales y familiares, dentro y fuera del espacio sanitario, y prevé expresamente un programa de Terapia Ocupacional. Mantiene coordinación educativa mediante aulas hospitalarias y facilita la reincorporación al centro escolar. Esto permite trabajar regulación de rutinas, autocuidado, participación escolar, juego, ocio, relaciones, autonomía y proyecto formativo.

Los subequipos infanto-adolescentes en las USMC se conciben con profesionales de Psicología Clínica, Psiquiatría y Enfermería especializada y, en dispositivos con programa de día, terapeutas ocupacionales. El plan señala un mínimo de un facultativo y un profesional de Enfermería especialista, Trabajo Social o Terapia Ocupacional por cada diez mil menores o fracción, con al menos dos profesionales por subequipo. La dotación se ajustará además a población, dispersión y distancia a la unidad especializada.

La intervención ocupacional infantil es evolutiva, familiar y contextual. Debe valorar actividades propias de la edad, procesamiento sensorial cuando proceda, funciones ejecutivas, interacción, juego, desempeño escolar, autocuidado, sueño y participación social. Los objetivos deben ser funcionales y compartidos con el menor y la familia. La coordinación educativa no autoriza intercambio indiscriminado de información: se comparte lo necesario, con base legítima y respetando confidencialidad.

En adicciones comportamentales se analizan el patrón, la pérdida de control, el desplazamiento de otras ocupaciones, el sueño, el rendimiento, las relaciones y la función que cumple la conducta. No todo uso frecuente de tecnología constituye adicción. La intervención busca recuperar equilibrio ocupacional, alternativas gratificantes, autorregulación, acuerdos familiares y participación, coordinándose con el tratamiento psicológico y médico indicado.

La transición a servicios de adultos es un punto crítico. Debe prepararse con antelación, evitando rupturas de vínculo, pérdida de apoyos y abandono educativo. El plan integrado facilita circuitos entre redes, pero su efectividad depende de un plan individual con referente, objetivos, información comprensible y coordinación real. Terapia Ocupacional puede aportar continuidad sobre roles emergentes: estudios, empleo, vida independiente, movilidad, gestión del tiempo y relaciones adultas.

3. LÍNEA 4: CASOS COMPLEJOS EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES

La cuarta línea atiende situaciones que requieren alta especialización, coordinación y continuidad. Se organiza mediante dos objetivos. El OE07 busca mejorar la atención a personas con trastorno grave de personalidad, trastornos de la conducta alimentaria y discapacidad intelectual. El OE08 pretende que las personas con trastorno mental complejo y adicciones complicadas reciban atención especializada y personalizada.

Para el OE07 se plantean una red asistencial y un protocolo multidisciplinar por estadios para TCA, un programa para trastornos de personalidad, un programa para discapacidad intelectual y acciones compartidas de inclusión social y calidad de vida. El principio de atención por estadios gradúa la intensidad según gravedad, riesgo, evolución y respuesta, evitando tanto infratratamiento como uso de recursos más restrictivos de lo necesario.

En TCA, Terapia Ocupacional puede intervenir sobre patrones de actividad, rituales, participación en comidas, imagen y experiencia corporal, manejo del tiempo, autocuidado, estudios, ocio y relaciones, siempre dentro del equipo especializado y sin invadir competencias de nutrición, medicina o psicoterapia. En trastornos de personalidad, la estructura ocupacional, la regulación mediante actividades, el análisis de crisis y el desarrollo de roles pueden apoyar el plan. En discapacidad intelectual son esenciales accesibilidad cognitiva, comunicación adaptada, valoración funcional y apoyos ambientales.

El OE08 incluye desarrollo de una red y unidad de patología dual con modelo integrado, el Programa de Tratamiento Intensivo o Asertivo Comunitario, hospitalización domiciliaria, trabajo colaborativo para atención personalizada y atención social especializada en domicilio para personas con trastorno mental grave. Son programas distintos: la hospitalización domiciliaria sustituye temporalmente cuidados hospitalarios cuando es clínicamente seguro; el ETIC ofrece seguimiento intensivo comunitario a personas con grave desvinculación o complejidad; el apoyo social domiciliario trabaja funcionamiento y autonomía.

La unidad integrada de patología dual pretende responder a personas con coexistencia de trastorno mental y adicción grave. El plan prevé para su equipo de salud mental un psiquiatra, seis profesionales de Enfermería especialista, un terapeuta ocupacional y un profesional de Trabajo Social. La presencia explícita del terapeuta ocupacional reconoce que la recuperación requiere reorganizar vida diaria, roles, hábitos, ocio, redes y participación, además de estabilización clínica y abordaje de consumo.

El ETIC se dirige a personas con trastorno mental grave o complejidad que presentan desvinculación, baja adherencia, escaso apoyo, múltiples ingresos o vulnerabilidad social. Su actuación es intensiva, flexible y en el entorno natural. Busca reducir días de hospitalización, aumentar acceso, apoyar el proyecto vital e integrar a la persona en su red familiar y comunitaria. El plan exige profesionales con dedicación exclusiva, entre ellos terapeutas ocupacionales, junto con Psiquiatría o Psicología Clínica, Enfermería especialista y Trabajo Social.

Entre las intervenciones previstas para ETIC figuran adherencia al tratamiento, actividades de la vida diaria, habilidades sociales, rehabilitación cognitiva, intervención en crisis, psicoeducación, apoyo individual y grupal y ayuda práctica en la vida cotidiana. La persona participa en el proceso de recuperación. El trabajo no se limita a «llevar tratamiento» al domicilio: construye vínculo, identifica prioridades, atiende necesidades básicas, acompaña acceso a recursos y refuerza competencias en situaciones reales.

El terapeuta ocupacional puede realizar perfil ocupacional, análisis de actividad, valoración de AVD, cognición funcional, entorno, red y motivación; graduar tareas; establecer rutinas; entrenar compras, cocina, transporte, medicación desde el punto de vista funcional, gestión doméstica y del tiempo; facilitar ocio y participación; apoyar itinerarios formativos o laborales; adaptar el entorno; y coordinar recursos comunitarios. La intervención debe evitar dependencia del equipo: se orienta a que la persona use apoyos naturales y servicios ordinarios con la máxima autonomía.

El programa de atención social especializada en domicilio pretende cubrir necesidades básicas e instrumentales, aumentar habilidades para vida independiente y ocupación formativa o laboral y reducir necesidad residencial. Utiliza indicadores como el aumento de habilidades instrumentales y de participación laboral. Aunque su ejecución involucra especialmente a FAISEM y servicios sociales, sus objetivos son claramente interprofesionales y requieren coordinación con la USMC.

La continuidad debe formalizarse mediante plan individual compartido, referente y delimitación de responsabilidades. Los cambios entre hospital, domicilio, comunidad terapéutica, adicciones, FAISEM o Atención Primaria son momentos de riesgo. Una buena transición incluye conciliación terapéutica, información, objetivos funcionales, seguimiento temprano y coordinación con la persona y su red.

4. LÍNEAS 5 Y 6: DERECHOS, PARTICIPACIÓN E INTERSECCIONALIDAD

4.1. Línea 5: humanización, garantía de derechos y participación social

La quinta línea reúne tres objetivos. El OE09 ofrece una respuesta personalizada desde un enfoque de derechos; el OE10 busca inclusión social, reducción del estigma y participación junto al tejido asociativo; y el OE11 pretende mejorar el empleo de personas con problemas de salud mental o adicciones. Esta línea sitúa resultados vitales y ciudadanía al mismo nivel estratégico que la atención clínica.

El OE09 incluye participación activa y enfoque de derechos en comunidades terapéuticas públicas, centros de día basados en actividades motivacionales, alternativas a medidas coercitivas en hospitalización, planificación anticipada de decisiones y una oficina de atención a personas con problemas de salud mental y familias. La humanización exige trato digno, privacidad, comprensión, personalización, continuidad y participación, no solo mejora estética de espacios.

La planificación anticipada de decisiones permite expresar preferencias para futuras situaciones de crisis cuando la capacidad de decidir pueda verse afectada. Se construye mediante diálogo, información y revisión; no equivale automáticamente a la voluntad vital anticipada ni sustituye el consentimiento en cada momento. El terapeuta ocupacional puede aportar información sobre rutinas, señales tempranas, estrategias que ayudan, entornos preferidos, actividades reguladoras y apoyos significativos.

La reducción de coerción requiere prevenir escaladas, detectar necesidades, usar comunicación y desescalada, ofrecer alternativas, revisar el ambiente y aprender de cada episodio. Cualquier medida restrictiva debe cumplir legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad mínima, supervisión y registro. Desde Terapia Ocupacional se puede contribuir con evaluación sensorial y ambiental, estructuración de actividad, opciones significativas y planes individualizados, sin presentar estas acciones como sustituto de obligaciones clínicas y legales.

El OE10 incorpora comunidades de aprendizaje contra el estigma, adaptación de viviendas de supervisión y reinserción con plan individual consensuado, recursos de media estancia para mujeres, marco de inclusión social y laboral en adicciones, agentes de apoyo mutuo y ayudas habitacionales al tercer sector. El estigma opera en la sociedad, en instituciones y como autoestigma; reduce oportunidades, retrasa búsqueda de ayuda y limita recuperación. Combatirlo exige contacto social significativo, derechos efectivos y roles valorados.

Los agentes de apoyo mutuo aportan experiencia vivida y esperanza realista. Su función no es sustituir profesiones sanitarias ni ejercer sin formación y apoyo; complementan la atención mediante relación entre iguales, modelado de recuperación y orientación desde la experiencia. El rol debe estar definido, remunerado cuando corresponda, protegido frente a tokenismo y coordinado con el equipo.

El OE11 contempla asesoramiento sobre empleo público por servicios de orientación y apoyo al empleo y orientación laboral y mejora de empleabilidad a través de la Red Andalucía Orienta. El empleo puede proporcionar ingresos, identidad, estructura temporal, relaciones y ciudadanía. La intervención debe evitar seleccionar solo a quienes parecen «fáciles» y ofrecer apoyos según preferencias y necesidades. Terapia Ocupacional evalúa capacidades, demandas, intereses, hábitos, transporte, tolerancia, ajustes y equilibrio entre salud y trabajo.

4.2. Línea 6: interseccionalidad y vulnerabilidad

La interseccionalidad analiza cómo género, edad, discapacidad, origen, pobreza, vivienda, privación de libertad u otras posiciones interactúan y producen barreras específicas. No se limita a sumar categorías. Una mujer migrante con adicción, violencia y sinhogarismo puede encontrar obstáculos diferentes de los que se deducen al analizar cada condición por separado.

El OE12 mejora la atención a mujeres con problemas de salud mental o adicciones víctimas de violencia de género e incluye atención a mujeres con adicciones víctimas de violencia sexual. Se requieren entornos seguros, detección sensible, coordinación con recursos especializados, protección, abordaje del trauma y prevención de revictimización. La intervención ocupacional puede apoyar seguridad cotidiana, reconstrucción de rutinas, parentalidad, acceso a vivienda y recursos, recuperación de roles y participación, respetando el ritmo y las decisiones de la mujer.

El OE13 atiende especialmente a personas mayores, personas sin hogar, personas privadas de libertad y migrantes. Incluye atención en instituciones penitenciarias, atención a mayores en centros residenciales de FAISEM, programa integral para TMG con o sin adicción en sinhogarismo, atención a dependencia y adicciones, detección de vulnerabilidad y detección precoz de adicciones en mayores.

En sinhogarismo, exigir previamente adherencia perfecta o estabilidad puede excluir a quien más necesita atención. Los equipos deben ser proactivos, flexibles y coordinados con vivienda y servicios sociales. En prisión, la continuidad al ingreso y a la salida es crítica. En personas mayores deben diferenciarse trastornos mentales, deterioro cognitivo, duelo, soledad, efectos farmacológicos y adicciones de inicio tardío. En migrantes se consideran lengua, cultura, situación administrativa, trauma y redes.

La Terapia Ocupacional puede detectar privación y alienación ocupacional, barreras ambientales y pérdida de roles. En vulnerabilidad severa, los primeros objetivos pueden ser dormir con seguridad, alimentarse, conservar documentos, acudir a citas o acceder a higiene. Estos objetivos no son menores: crean condiciones para decisiones posteriores y deben vincularse con derechos, vivienda, ingresos y comunidad.

5. ÁREAS TRANSVERSALES: FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El PESMA-A incorpora tres áreas transversales que sustentan las seis líneas: formación, investigación y sistemas de información. La transversalidad significa que no se ejecutan como compartimentos separados, sino que proporcionan competencias, evidencia y datos a todos los programas. En el resumen del documento aparece una repetición de código para investigación y sistemas de información; lo relevante para examen es identificar las tres áreas por su contenido.

La formación debe responder a necesidades reales: atención comunitaria, patología dual, infancia, prevención del suicidio, género, trauma, derechos, alternativas a coerción, trabajo intersectorial, competencia cultural, adicciones comportamentales y evaluación de resultados. Debe ser multiprofesional e incluir experiencia vivida. La formación aislada no garantiza cambio: necesita supervisión, protocolos, recursos y evaluación de transferencia a la práctica.

Para terapeutas ocupacionales, la capacitación debe integrar razonamiento clínico, modelos ocupacionales, valoración estandarizada, intervención en contexto, salud física, cognición funcional, trabajo con familias, intervención grupal, prevención de riesgos, documentación y resultados. La especificidad profesional es compatible con el trabajo transdisciplinar: compartir objetivos no implica perder el marco propio ni duplicar intervenciones.

La investigación se orienta a fortalecer redes, colaboración con universidades e institutos y prácticas basadas en evidencia. El diagnóstico señaló menor presencia de investigación sobre promoción, prevención, práctica clínica, atención social y comunitaria frente a estudios farmacológicos. La Terapia Ocupacional debe generar evidencia sobre desempeño, participación, calidad de vida, inclusión laboral, vida independiente y efectividad de intervenciones en contextos reales.

Los sistemas de información deben integrar datos de salud mental y adicciones, mejorar interoperabilidad y permitir seguimiento. El plan menciona la Historia de Salud Mental y SIPASDA y la necesidad de compartir información de forma regulada entre servicios. Interoperar no equivale a acceso ilimitado: rigen minimización, confidencialidad, control de acceso, trazabilidad y finalidad asistencial legítima.

Un sistema útil debe recoger no solo diagnósticos y contactos, sino variables de funcionamiento, contexto, género, familia, ambiente y resultados. Para Terapia Ocupacional es importante documentar perfil ocupacional, problemas priorizados, objetivos, intervención, respuesta, generalización y resultado funcional. Expresiones genéricas como «participa bien» son insuficientes; se requieren indicadores observables y comparables.

La digitalización puede facilitar teleintervención, coordinación y acceso en territorios dispersos, pero debe valorar brecha digital, privacidad, adecuación clínica y accesibilidad. No todas las actividades se evalúan correctamente a distancia. El terapeuta ocupacional decide cuándo la tecnología mejora el objetivo y cuándo es necesario observar la ejecución presencial en el entorno.

6. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, PRESUPUESTO Y TEMPORALIZACIÓN

El PESMA-A refuerza la evaluación como componente estructural. Cada programa contiene objetivos, actuaciones, población, agentes, temporalización e indicadores. Se distinguen indicadores de realización, que muestran cómo se ejecutan las medidas; de resultado, que valoran el logro del objetivo; y de contexto o impacto, que describen la situación general y su evolución. Esta cadena permite detectar si un fracaso se debe a falta de implementación, diseño insuficiente o factores externos.

El Comité Directivo de seguimiento y evaluación conoce y aprueba informes anuales y evaluación final y toma decisiones de mejora y asignación de recursos. Se reúne, con carácter general, anualmente. El Comité Técnico controla programas e indicadores, detecta problemas y propone informes y mejoras; su periodicidad general es semestral. La Oficina Técnica coordina calendario y recogida, analiza datos, elabora informes y coordina órganos; se reúne al menos trimestralmente.

Las fuentes incluyen sistemas de salud mental, SIPASDA, Encuesta Andaluza de Salud, Encuesta Sanitaria y Social de Andalucía, ESTUDES, estudios sobre población y drogas, INE e IECA. Los datos deben desagregarse por variables como sexo, edad, provincia y otras relevantes, porque un promedio autonómico puede ocultar desigualdades. La evaluación participativa añade información cualitativa sobre experiencia, accesibilidad, continuidad, trato y utilidad.

El presupuesto se organiza en dos escenarios. El escenario 1 es base o conservador, alineado con disponibilidades actuales y gasto consolidado; es el único cuantificado. El escenario 2 es estratégico y depende de recursos adicionales, con desarrollo progresivo: primero actuaciones urgentes optimizando recursos, después expansión y finalmente despliegue completo condicionado a disponibilidad.

La cuantificación total del escenario base asciende a 194.670.905,04 euros para 2026-2029, con financiación consignada como autofinanciada y Servicio 18. El contenido es estimativo y las leyes de presupuestos de cada ejercicio determinan los recursos efectivos. Por ello no debe interpretarse la cifra como garantía automática de ejecución íntegra de todas las medidas del escenario estratégico.

La temporalización general es 2026-2029, aunque cada programa puede establecer hitos propios. El Acuerdo limita el desarrollo y programación a disponibilidades presupuestarias. Esta cláusula no elimina la obligación de seguimiento: precisamente exige transparentar qué se ejecuta, qué queda pendiente y por qué.

En la práctica, el terapeuta ocupacional participa en evaluación a dos niveles. En el individual, mide cambio en desempeño y participación mediante instrumentos válidos y objetivos acordados. En el programa, aporta indicadores agregados sobre AVD, inclusión, empleo, permanencia en comunidad, satisfacción o continuidad. Debe evitar atribuir causalidad simple cuando intervienen múltiples factores y complementar datos cuantitativos con experiencia de la persona.

Los resultados deben ser relevantes. El número de sesiones no demuestra por sí mismo recuperación. Son más significativos la capacidad de vivir con apoyos elegidos, reducción de ingresos evitables, aumento de participación, acceso a empleo, mejora de habilidades instrumentales, continuidad educativa o percepción de control sobre la propia vida. La evaluación orientada a resultados no debe penalizar a equipos que atienden mayor complejidad; requiere ajuste e interpretación contextual.

7. IMPLICACIONES Y FUNCIONES DE LA TERAPIA OCUPACIONAL

El PESMA-A no define una cartera exhaustiva de Terapia Ocupacional, pero contiene referencias explícitas y múltiples programas con resultados ocupacionales. La aportación profesional debe deducirse con rigor a partir de competencias propias, necesidades del programa y plan individual, sin atribuir al documento funciones que no menciona. El eje es facilitar participación en ocupaciones significativas y ciudadanía en el entorno elegido.

Las menciones expresas son claras: programas de Terapia Ocupacional en hospitales de día infanto-adolescentes; terapeutas ocupacionales en subequipos comunitarios con programa de día; un terapeuta ocupacional en la unidad integrada de patología dual; y terapeutas ocupacionales con dedicación al ETIC. Además, el plan prescribe intervenciones ocupacionales, AVD, rehabilitación cognitiva, habilidades sociales, vida independiente, inclusión laboral, centros de día motivacionales y apoyo domiciliario.

La valoración comienza con el perfil ocupacional: historia, roles, intereses, valores, hábitos, rutinas, capacidades, demandas, apoyos y prioridades. Se complementa con observación de desempeño y herramientas estandarizadas cuando sean pertinentes. Debe valorar ABVD y AIVD, cognición funcional, interacción, entorno físico y social, sueño, ocio, educación, trabajo y participación. El instrumento se selecciona por propósito, población, propiedades métricas y factibilidad, no por costumbre.

El diagnóstico ocupacional identifica discrepancias entre lo que la persona quiere o necesita hacer y lo que puede hacer en su contexto. Analiza factores personales, demandas de actividad y ambiente. Un problema de higiene, por ejemplo, puede relacionarse con síntomas negativos, depresión, alteración sensorial, déficit ejecutivo, efectos adversos, pobreza energética, falta de agua, rutina desorganizada o significado cultural. La intervención cambia según la causa.

La planificación utiliza objetivos específicos, observables, relevantes y temporales, negociados con la persona. Deben expresar ocupación y contexto: «preparará dos comidas sencillas por semana con lista visual» es más funcional que «mejorará funciones ejecutivas». Se gradúan dificultad y apoyos, se practica en situaciones reales, se registran resultados y se revisa el plan. La recuperación acepta riesgo positivo razonado y evita sustituir innecesariamente decisiones.

En promoción y prevención, Terapia Ocupacional puede diseñar actividades comunitarias, favorecer hábitos saludables, equilibrio de tiempo, participación y redes, y detectar cambios funcionales tempranos. En infancia interviene en juego, escuela, autocuidado y transición. En casos complejos ofrece intervención flexible y contextual. En derechos e inclusión facilita vida independiente, vivienda, ocio, apoyo mutuo, educación y empleo.

El trabajo con familias reconoce su conocimiento y posible sobrecarga sin convertirlas automáticamente en cuidadoras permanentes. Se acuerda qué información puede compartirse, se entrenan apoyos, comunicación y resolución de problemas y se respetan límites. La intervención debe promover autonomía de la persona y bienestar familiar, evitando sobreprotección o culpabilización.

La coordinación requiere documentación clara: situación funcional, preferencias, objetivos, estrategias útiles, riesgos, apoyos y responsables. En reuniones intersectoriales, el terapeuta ocupacional traduce hallazgos clínicos a necesidades concretas de vivienda, transporte, educación, empleo o apoyo social. Compartir información se limita a lo necesario y se explica a la persona.

La práctica debe basarse en evidencia, razonamiento profesional y preferencias. Se priorizan intervenciones con finalidad explícita, seguimiento y transferencia. Los talleres genéricos sin evaluación, objetivos ni relación con el proyecto vital no constituyen por sí solos Terapia Ocupacional de calidad. La actividad es medio y fin terapéutico cuando se selecciona, adapta y analiza con intención profesional.

El PESMA-A ofrece una oportunidad para reforzar la profesión en dispositivos comunitarios y complejos, pero también exige rendición de cuentas. Es preciso medir resultados, participar en investigación, desarrollar protocolos, formar a otros profesionales en enfoque ocupacional y defender dotaciones adecuadas. La visibilidad profesional debe sustentarse en resultados útiles para la persona y el sistema.

8. EVOLUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ANDALUZA EN SALUD MENTAL

La política andaluza de salud mental se entiende a partir de la reforma psiquiátrica y del tránsito desde el hospital psiquiátrico como centro del sistema hacia una red comunitaria integrada en el sistema sanitario general. La Ley General de Sanidad consolidó los principios de plena integración de la salud mental en el sistema sanitario, potenciación de recursos ambulatorios, hospitalización parcial, atención domiciliaria y hospitalización, cuando sea necesaria, en unidades psiquiátricas de hospitales generales. Andalucía desarrolló esta orientación mediante normativa organizativa, dispositivos comunitarios y sucesivos planes.

El I Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 2003-2007 inició una estrategia coherente para abordar la salud mental en la comunidad autónoma. Reforzó la atención comunitaria, la continuidad asistencial y la recuperación de las personas con trastorno mental e impulsó la participación de profesionales, familias y asociaciones. Su importancia histórica radica en ordenar actuaciones que ya se venían construyendo desde la reforma psiquiátrica y darles una dirección estratégica común.

El II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 2008-2012 incorporó objetivos específicos y acciones con mayor desarrollo metodológico. Amplió la promoción y prevención, prestó atención a grupos vulnerables —como infancia, adolescencia y personas en exclusión— e incluyó activamente a personas con problemas de salud mental en la elaboración del documento. En su marco se desarrollaron iniciativas relevantes como la detección e intervención temprana en psicosis y el fortalecimiento de programas comunitarios.

El III Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 2016-2020 profundizó en los principios de la OMS, la atención comunitaria orientada a la recuperación, el enfoque ético y las prácticas basadas en la evidencia. Se organizó inicialmente en cinco líneas estratégicas, nueve objetivos generales, setenta objetivos específicos, ciento diecinueve líneas de acción y ciento trece resultados esperados. Sus cinco líneas fueron promoción y prevención; detección, atención y recuperación; derechos humanos y participación; gestión de recursos y sistemas de información; y gestión del conocimiento, investigación y evaluación.

Al finalizar 2020 no se aprobó inmediatamente un nuevo plan. Desde 2021 se aplicaron adendas a las líneas del III PISMA mientras se formulaba el instrumento sucesor. La memoria de la adenda de 2023 añadió objetivos y actuaciones relevantes, entre ellas el Plan de Prevención de la Conducta Suicida, los equipos de tratamiento intensivo comunitario, la consolidación de Psicología Clínica en Atención Primaria, acciones en discapacidad intelectual y trastorno mental, reducción de medidas coercitivas, lucha contra el estigma, humanización, desarrollo del sistema de información de salud mental y refuerzo de investigación y formación.

Paralelamente, el III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones 2016-2021 había finalizado. La experiencia mostró que las personas con patología dual atravesaban dos redes con competencias, accesos y sistemas de información diferentes. El nuevo plan parte de la necesidad de integrar o, al menos, coordinar estrechamente salud mental y adicciones, definir carteras de servicios, revisar protocolos, mejorar la continuidad y atender tanto consumos de sustancias como adicciones comportamentales.

El Acuerdo de 21 de marzo de 2023 aprobó la formulación del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía. Tras diagnóstico participativo, elaboración técnica, audiencia e información pública, se aprobó definitivamente en mayo de 2026. La secuencia histórica permite apreciar tres cambios: de la institución a la comunidad; de un tratamiento centrado en síntomas a un modelo de recuperación, derechos e inclusión; y de dos redes paralelas a una estrategia conjunta de salud mental y adicciones.

Esta evolución no invalida los dispositivos, procesos asistenciales o programas anteriores. El PESMA-A se apoya en la red existente y plantea consolidarla, adecuarla y coordinarla. Tampoco sustituye a los Procesos Asistenciales Integrados ni a protocolos específicos: actúa en un nivel estratégico superior, mientras que los PAI concretan recorridos asistenciales y características de calidad para problemas definidos.

9. MARCO NORMATIVO Y ESTRATÉGICO

El PESMA-A se inserta en un marco multinivel. En el plano constitucional, el artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública mediante medidas preventivas y prestaciones y servicios. El artículo 49, tras su reforma, orienta las políticas públicas de discapacidad hacia la autonomía personal e inclusión social en entornos universalmente accesibles. En salud mental, estos mandatos se conectan con la dignidad, la igualdad, la integridad, la libertad y la participación.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la comunidad competencias de ordenación, planificación y ejecución de servicios y prestaciones sanitarias, sociosanitarias y de salud mental de carácter público. La Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, dispone que la atención a problemas de salud mental se realizará preferentemente en la comunidad, potenciando recursos ambulatorios, hospitalización parcial y atención domiciliaria; las hospitalizaciones necesarias se efectúan en unidades hospitalarias de salud mental. Este principio normativo explica que el PESMA-A priorice proximidad, continuidad y permanencia en el entorno habitual.

La Ley 14/1986, General de Sanidad, es la referencia estatal histórica. Su artículo 20 establece la integración plena de las actuaciones relativas a salud mental en el sistema sanitario general, la atención comunitaria y ambulatoria, la hospitalización parcial y domiciliaria, la consideración especial de psiquiatría infantil y psicogeriatría, y el desarrollo de servicios de rehabilitación y reinserción social coordinados con servicios sociales. El planteamiento evita separar a la persona de la comunidad y sitúa la hospitalización completa como recurso necesario en determinados momentos, no como eje permanente del sistema.

En adicciones, la Ley 4/1997, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas —posteriormente ampliada a adicciones— concibe la adicción como enfermedad sanitaria y social, obliga a habilitar mecanismos de prevención, asistencia, rehabilitación e incorporación social y prevé la planificación andaluza coordinada. El PESMA-A reúne por primera vez en un solo instrumento las prioridades de salud mental y adicciones, sin borrar la especificidad técnica de cada red.

La ordenación funcional de los servicios de salud mental del SAS se apoya en el Decreto 77/2008. La Unidad de Salud Mental Comunitaria es el dispositivo básico de atención especializada, coordina la continuidad y articula la relación con Atención Primaria y otros recursos. La red incluye Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil, Unidades de Hospitalización de Salud Mental, Unidades de Rehabilitación, Hospitales de Día y Comunidades Terapéuticas. Estos dispositivos se organizan con carácter multidisciplinar y comunitario y se complementan con recursos de apoyo social de FAISEM.

Son también aplicables la Ley 41/2002, de autonomía del paciente; la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la legislación de igualdad y violencia de género; la Ley 39/2006 de dependencia; la normativa de protección de la infancia; la legislación de protección de datos; y el marco de prevención de riesgos laborales. El enfoque de derechos obliga a procurar información comprensible, consentimiento y decisiones compartidas, confidencialidad, menor restricción posible, apoyos para decidir y protección frente a discriminación.

En el plano estratégico, el PESMA-A se alinea con el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030 de la OMS, cuya orientación combina gobernanza, atención comunitaria integrada, promoción y prevención, información, evidencia e investigación. También se vincula con las orientaciones de la Unión Europea, la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026, el Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024, el Plan Nacional sobre Drogas, la Agenda 2030 y planes autonómicos de salud, infancia, vida saludable, servicios sociales, discapacidad, humanización e igualdad.

Para el opositor conviene distinguir tres niveles: la ley fija derechos, principios y competencias; el decreto organiza dispositivos y funciones; el plan prioriza objetivos, programas, actuaciones, indicadores y recursos. En la práctica profesional se aplican conjuntamente: por ejemplo, una intervención domiciliaria de un ETIC responde a la orientación comunitaria legal, se integra en la estructura de la UGC de salud mental y desarrolla programas priorizados por el PESMA-A.

10. ELABORACIÓN, GOBERNANZA Y DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

Una fortaleza metodológica del PESMA-A es que vincula el proceso de elaboración con la evaluabilidad. La formulación se aprobó en marzo de 2023 y dio lugar a una estructura de gobernanza con Comité Directivo, Comité Técnico, oficina técnica del centro directivo promotor, apoyo metodológico de la Escuela Andaluza de Salud Pública, asesoramiento del área de evaluación de políticas públicas del Instituto Andaluz de Administración Pública, Comité Asesor y Comité de Personas Expertas. Se incorporaron personas usuarias, familias, profesionales, universidades, tercer sector y otros sectores administrativos.

El proceso se articuló en siete fases: análisis del marco legislativo y estratégico y diseño de la gobernanza; recogida de información, análisis y diagnóstico; priorización de problemas, objetivos y líneas; elaboración de programas, medidas e indicadores; redacción de un primer borrador; elaboración de la versión final tras validaciones y aportaciones; y aprobación, implantación, seguimiento y evaluación. Esta secuencia evita formular programas desconectados del diagnóstico y permite trazar la relación entre problema detectado, intervención propuesta y resultado esperado.

Entre los hitos participativos se encuentran grupos focales con profesionales y personas usuarias, cuestionarios, una jornada participativa, talleres de árbol de problemas y análisis DAFO, reuniones de los comités y trabajo técnico sobre objetivos y programas. El borrador fue sometido a información pública en 2025. El valor de la participación no reside solo en legitimar el documento, sino en incorporar experiencia vivida y conocimiento profesional para identificar barreras de acceso, discontinuidades, estigma, necesidades familiares y dificultades de coordinación que pueden no aparecer en los registros administrativos.

El diagnóstico analizó salud mental, adicciones y su confluencia. Señaló, entre otros retos, el crecimiento de la demanda, la necesidad de prevención y detección temprana, la insuficiente coordinación entre redes, la variabilidad territorial, las dificultades de acceso, la atención a infancia y adolescencia, la patología dual, la conducta suicida, los casos complejos, la vulnerabilidad social, la escasez o distribución desigual de recursos humanos, la necesidad de sistemas de información interoperables y la limitada investigación sobre prácticas comunitarias y sociales.

También se identificaron riesgos de medicalización del malestar, especialmente cuando las alternativas psicológicas, comunitarias u ocupacionales son insuficientes. El plan no plantea negar el tratamiento farmacológico cuando está indicado, sino ampliar respuestas basadas en evidencia que actúen sobre determinantes, contextos, habilidades, redes y participación. Desde Terapia Ocupacional, esta orientación exige evaluar qué actividades realiza la persona, qué significado tienen, qué barreras ambientales existen y cómo el trastorno, el tratamiento, la pobreza, el estigma o la ausencia de apoyos afectan a su vida cotidiana.

La gobernanza es intersectorial porque muchos resultados no pueden lograrse exclusivamente desde sanidad. La inclusión laboral requiere empleo y empresas; la continuidad educativa exige coordinación con educación; la atención al sinhogarismo necesita servicios sociales, vivienda y entidades locales; la atención penitenciaria implica justicia; la prevención en jóvenes moviliza familias, escuela, deporte y juventud; y la violencia de género exige circuitos especializados. El centro sanitario mantiene su responsabilidad clínica, pero comparte objetivos con otros agentes.

La participación continúa durante la evaluación. El Comité Técnico puede incorporar personas expertas por experiencia, familias, tercer sector, organizaciones sindicales y profesionales. Esta inclusión es coherente con el enfoque de recuperación: las personas no son receptoras pasivas, sino participantes en decisiones individuales, diseño de servicios y valoración de resultados. Para Terapia Ocupacional, la coproducción conecta con el establecimiento conjunto de objetivos ocupacionales y con la medición de resultados relevantes para la vida real.

11. MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y ARQUITECTURA DEL PESMA-A

La misión del PESMA-A es contribuir a la salud y al bienestar de la población andaluza mediante la prevención de los problemas de salud mental y adicciones, facilitando una atención eficaz, accesible y de calidad, y favoreciendo la permanencia en la comunidad durante el tratamiento y la recuperación. La visión pretende reducir estos problemas a través de promoción y prevención y avanzar hacia un modelo integrado y personalizado, con vías coordinadas entre recursos, adaptado a cada persona y orientado a reforzar sus anclajes comunitarios.

Los valores declarados son eficiencia, corresponsabilidad, transparencia, accesibilidad, sostenibilidad, participación, calidad asistencial, coordinación y colaboración, enfoque de género, enfoque holístico, enfoque comunitario y garantía de derechos. No son elementos ornamentales. La accesibilidad implica considerar dispersión geográfica y distribución de recursos; la corresponsabilidad incluye a la persona en su proyecto terapéutico; la transparencia exige información sobre decisiones e instituciones; y la sostenibilidad obliga a compatibilizar necesidades presentes con capacidad futura.

El enfoque holístico fundamenta la intervención multiprofesional y complementaria. El enfoque comunitario prioriza una red de proximidad que permita el cuidado en el medio natural. La garantía de derechos reconoce autonomía, igualdad y libertad. El enfoque de género exige no limitarse a desagregar datos por sexo, sino diseñar respuestas ante diferencias de exposición, acceso, diagnóstico, carga de cuidados, violencia y consecuencias sociales. La participación comprende profesionales, pacientes, familias y sociedad.

Las seis líneas son: promoción y prevención; intervención comunitaria; salud mental y adicciones en población infanto-adolescente; casos complejos; humanización, garantía de derechos y participación social; e interseccionalidad para personas en especial vulnerabilidad. Los trece objetivos se distribuyen correlativamente: cuatro en la primera línea, uno en la segunda, uno en la tercera, dos en la cuarta, tres en la quinta y dos en la sexta.

La codificación ayuda a estudiar el documento. «OE» identifica el objetivo estratégico. Los programas se numeran conforme al objetivo al que sirven; por ejemplo, P.08.02 corresponde al objetivo 8. La marca «CT» identifica programas de carácter compartido o transversal entre sectores. Las tres áreas transversales se presentan al margen de la secuencia de líneas y sostienen el conjunto del plan.

La arquitectura debe leerse como cadena lógica: una línea agrupa una prioridad; el objetivo expresa el cambio buscado; el programa organiza una intervención; las actuaciones concretan tareas; los indicadores de realización miden ejecución; los indicadores de resultado valoran el logro; y los indicadores de contexto o impacto describen la evolución general. Esta distinción evita confundir actividad con efectividad. Celebrar reuniones o formar profesionales es realización; mejorar acceso, autonomía o continuidad es resultado.

La atención integrada no significa uniformidad indiferenciada. El plan conserva respuestas específicas por edad, problema y vulnerabilidad, pero busca accesos más claros y continuidad. El modelo escalonado permite ofrecer intervenciones proporcionadas a la necesidad, intensificando cuando el riesgo o la complejidad lo requieran. Desde Terapia Ocupacional, la intensidad debe adaptarse al impacto funcional, al entorno y a la posibilidad de transferencia de aprendizajes a la vida cotidiana.

12. LÍNEA 1: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES

La primera línea contiene cuatro objetivos: aumentar el bienestar emocional; mejorar la detección y atención precoz; mejorar la salud física de personas con problemas de salud mental y adicciones; y disminuir las conductas suicidas y su impacto social. Su relevancia reside en desplazar parte del esfuerzo hacia antes de la cronificación, actuar sobre entornos y determinantes y reducir inequidades, sin confundir prevención con responsabilización individual.

El OE01 agrupa el Programa Ciudades ante las Adicciones, la promoción del bienestar emocional y prevención de adicciones en los ámbitos familiar y escolar y la educación en valores y detección precoz a través del deporte. Estas actuaciones combinan prevención universal —dirigida a población general—, selectiva —dirigida a grupos con mayor riesgo— e indicada —dirigida a personas con señales o conductas de riesgo sin que necesariamente exista un trastorno consolidado—. La escuela, la familia, el municipio y el deporte son escenarios cotidianos capaces de promover competencias emocionales, pertenencia y hábitos protectores.

El OE02 incluye prevención indicada de adicciones en adolescentes y jóvenes; atención a salud mental y adicciones en periodo perinatal, desde el embarazo hasta un año después del parto; sensibilización sobre riesgos psicosociales en pequeñas y medianas empresas; formación con enfoque de género para personal técnico de juventud; y centros de escucha comunitaria. La detección precoz debe acompañarse de una ruta de atención; detectar sin capacidad de respuesta puede aumentar demora, estigma o frustración.

El OE03 pretende mejorar la salud física mediante el deporte. Las personas con trastornos mentales graves presentan riesgos asociados a determinantes sociales, sedentarismo, hábitos, dificultades de acceso a prevención, efectos adversos de tratamientos y fragmentación asistencial. La actividad física debe prescribirse de forma segura, graduada y significativa. El terapeuta ocupacional puede analizar intereses, barreras, hábitos y apoyos para convertir la actividad física en una rutina sostenible, no en una recomendación abstracta.

El OE04 se concreta en el Programa de Prevención de la Conducta Suicida en Andalucía. Su abordaje requiere promoción, detección, evaluación clínica, plan de seguridad, continuidad tras crisis, coordinación con urgencias y Atención Primaria, apoyo a familias y posvención. Ningún profesional debe asumir en solitario una situación de riesgo. Terapia Ocupacional puede contribuir al análisis de desencadenantes y rutinas, reconstrucción de actividades con sentido, conexión comunitaria y seguimiento funcional, siempre dentro del protocolo clínico y del equipo.

La promoción implica desarrollar activos de salud, participación, alfabetización y entornos que faciliten decisiones saludables. No debe medicalizar dificultades vitales ni invisibilizar sufrimiento clínicamente significativo. Una respuesta escalonada ofrece apoyo comunitario y de baja intensidad cuando es adecuado, y atención especializada cuando la gravedad, la persistencia, el riesgo o el deterioro funcional lo exigen.

La perspectiva ocupacional añade una pregunta esencial: ¿cómo se traduce el bienestar en la vida diaria? Dormir, cuidar la salud, estudiar, trabajar, mantener relaciones, descansar, jugar, participar y disponer de tiempo con sentido son resultados observables. La prevención puede actuar sobre privación ocupacional, aislamiento, rutinas caóticas, sobrecarga, falta de oportunidades o exposición a contextos de riesgo.

13. COMPARACIÓN CON EL III PISMA E IDEAS CLAVE DE EXAMEN

La actualización del temario exige separar datos históricos de datos vigentes. El III PISMA fue el referente de los exámenes de 2019 y 2022, pero el PESMA-A es el instrumento aplicable desde mayo de 2026. Las preguntas antiguas mantienen valor para comprender la evolución y el estilo del SAS, no para responder cuál es el plan actual.

La pregunta 16 del examen SAS 2022, turno libre, asignó a la línea de detección, atención y recuperación del III PISMA la atención de calidad a personas adultas en riesgo o desventaja social. La pregunta 24 vinculó la participación efectiva con el incremento de personas usuarias formadas como agentes de apoyo mutuo. La pregunta 25 rechazó «transformar al colectivo de personas usuarias» como reto organizativo, porque la recuperación se orienta a personalización, decisiones y transformación de servicios, no a convertir a la persona en objeto pasivo.

Son asociaciones especialmente preguntables: línea 1 con cuatro objetivos de bienestar, detección, salud física y suicidio; línea 2 con modelo comunitario y coordinación; línea 3 con menores de dieciocho años; línea 4 con TCA, personalidad, discapacidad intelectual, patología dual y ETIC; línea 5 con derechos, inclusión y empleo; y línea 6 con violencia de género y vulnerabilidad.

También conviene recordar las menciones profesionales: programa de Terapia Ocupacional en hospital de día infanto-adolescente; terapeutas ocupacionales en determinados subequipos de SMIA; un terapeuta ocupacional en la unidad integrada de patología dual; y profesionales de Terapia Ocupacional en ETIC. La diferencia entre hospitalización domiciliaria, ETIC y apoyo social domiciliario puede utilizarse como distractor.

• Plan vigente: PESMA-A 2026-2029.
• Aprobación: Acuerdo de 6 de mayo de 2026; BOJA de 13 de mayo; efectos desde el día siguiente.
• Arquitectura: 6 líneas, 13 objetivos, 51 programas y más de 200 actuaciones.
• Transversales: formación, investigación y sistemas de información.
• Evaluación: oficina trimestral, comité técnico semestral y comité directivo anual.
• Presupuesto base: 194.670.905,04 euros, con escenario estratégico condicionado.
• Cambio central: planificación conjunta de salud mental y adicciones.

14. MAPA CONCEPTUAL

El mapa resume la lógica completa: un instrumento conjunto de salud mental y adicciones, con orientación comunitaria y de derechos, que transforma prioridades en programas evaluables. La Terapia Ocupacional atraviesa las líneas porque la recuperación se expresa en actividades, roles, autonomía e inclusión.

15. CONCLUSIONES

El PESMA-A 2026-2029 es el marco estratégico vigente de Andalucía. Sustituye al III PISMA como referencia temporal y reúne por primera vez salud mental y adicciones. Su estructura de seis líneas y trece objetivos responde a un diagnóstico de aumento de demanda, fragmentación, desigualdad territorial, necesidades infanto-adolescentes, patología dual, conducta suicida, complejidad y vulnerabilidad.

El plan consolida el paradigma comunitario, la personalización, la participación y la garantía de derechos. La recuperación se entiende como proceso vital y social, no exclusivamente sintomático. La coordinación entre sanidad, adicciones, servicios sociales, educación, empleo, justicia, entidades locales, FAISEM y tercer sector es condición de efectividad.

Para Terapia Ocupacional, el documento abre ámbitos explícitos en infancia, patología dual y tratamiento intensivo comunitario y legitima resultados propios: desempeño en AVD, hábitos, roles, educación, trabajo, ocio, vida independiente y participación. La profesión debe aportar evaluación funcional rigurosa, intervención en contextos naturales, objetivos compartidos, documentación de resultados e investigación.

Finalmente, la evaluación reforzada permite rendición de cuentas. Indicadores, órganos periódicos, presupuesto y cronograma deben mostrar si las actuaciones alcanzan resultados. Para el opositor, la clave es estudiar el PESMA-A como plan vigente y conservar el III PISMA como antecedente ya preguntado, sin mezclar sus cifras ni líneas.