1. INTRODUCCIÓN Y DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

Disponer de una vivienda digna, estable y elegida no es un elemento accesorio del tratamiento de la enfermedad mental, sino una condición material para la salud, la seguridad, la intimidad, el desempeño ocupacional y el ejercicio de la ciudadanía. En las personas con trastorno mental grave (TMG), las dificultades no suelen reducirse a la sintomatología. Pueden coexistir alteraciones de la motivación, la cognición, la organización temporal, el autocuidado, el manejo doméstico y económico, las relaciones sociales y la participación comunitaria. A estas dificultades se añaden factores ambientales como pobreza, desempleo, estigma, vivienda inadecuada, conflictos familiares o pérdida de la red de apoyo. La inserción residencial responde a la interacción de todos estos elementos: no consiste simplemente en proporcionar una cama, sino en hacer posible que la persona habite un lugar como hogar y desarrolle en él un proyecto de vida.

Conviene distinguir tres conceptos. Alojamiento designa la disponibilidad física de un lugar donde vivir. Apoyo residencial alude al conjunto graduado de ayudas profesionales, materiales y comunitarias necesarias para obtener, conservar y usar ese alojamiento de manera segura y satisfactoria. Inserción residencial expresa un proceso más amplio: la persona accede a una vivienda integrada en la comunidad, adquiere o recupera competencias para la vida cotidiana, participa en las decisiones que afectan a su hogar y establece vínculos vecinales y sociales. Por tanto, el resultado no se mide solo por la permanencia en una plaza, sino por autonomía, estabilidad, calidad de vida, inclusión, satisfacción, seguridad y posibilidad real de elección.

El hogar es, además, un escenario ocupacional. En él se realizan actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, descanso y sueño, gestión de la salud, ocio, relaciones, cuidado de otras personas y, cada vez con mayor frecuencia, educación o trabajo. Una vivienda puede facilitar esas ocupaciones o impedirlas. La distribución del espacio, las normas de convivencia, la disponibilidad de apoyos, el barrio, el transporte, el acceso a comercios y la actitud de la comunidad actúan como facilitadores o barreras. Desde la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, el funcionamiento resulta de la interacción entre la condición de salud y los factores contextuales; desde la Terapia Ocupacional, el desempeño emerge de la relación dinámica entre persona, ocupación y entorno.

Esta perspectiva impide identificar vivienda con institución. Una casa hogar o una vivienda supervisada solo cumplen una función rehabilitadora si conservan carácter doméstico, régimen abierto, participación de las personas residentes, privacidad, vínculos con el entorno y apoyos ajustados. Si la organización se centra en control, uniformidad, obediencia y permanencia indefinida sin revisión, puede reproducir una cultura institucional aunque el edificio sea pequeño. En sentido contrario, la atención domiciliaria permite separar alojamiento y apoyo: la persona permanece en su vivienda propia o familiar y recibe ayuda flexible allí donde se producen las dificultades reales.

En Andalucía, la red sanitaria pública de salud mental y la red de apoyo social desempeñan funciones complementarias. El Servicio Andaluz de Salud mantiene la responsabilidad clínica, el seguimiento y el Plan Individualizado de Tratamiento; la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, FAISEM, gestiona programas de apoyo social, entre ellos el residencial. Esta diferenciación organizativa no autoriza a fragmentar la atención. El domicilio y los recursos residenciales son lugares de vida, no dispositivos ajenos al proceso asistencial. Por ello, la coordinación entre Unidad de Salud Mental Comunitaria, Atención Primaria, FAISEM, servicios sociales, sistema de dependencia, movimiento asociativo, familia y recursos comunitarios es una exigencia estructural.

El/la terapeuta ocupacional aporta una mirada específica: analiza qué desea y necesita hacer la persona, cómo lo hace, por qué aparecen dificultades y qué combinación de aprendizaje, adaptación ambiental, tecnología de apoyo, modificación de hábitos y soporte humano permite un desempeño más autónomo. Su intervención abarca la evaluación previa a la derivación, la preparación para el cambio de vivienda, el entrenamiento en contexto real, el apoyo a la convivencia, la participación comunitaria, la prevención del deterioro ocupacional y la planificación de transiciones hacia apoyos menos intensivos.

2. INSERCIÓN RESIDENCIAL EN SALUD MENTAL: ESTADO ACTUAL Y EVIDENCIA

2.1. De la desinstitucionalización al paradigma de vida independiente

Los programas residenciales comunitarios se desarrollaron ligados al cierre progresivo de los hospitales psiquiátricos de larga estancia. La desinstitucionalización pretendía reemplazar la custodia segregada por una red territorial de servicios sanitarios, sociales y comunitarios. Sin embargo, cerrar camas sin garantizar vivienda, ingresos, apoyo cotidiano y continuidad asistencial puede producir abandono, sinhogarismo, reingresos repetidos o traslado de la institucionalización a otros espacios. La reforma efectiva exige recursos ordinarios accesibles y apoyos especializados suficientes.

La evolución conceptual ha recorrido varios modelos. El modelo residencial escalonado o continuum organiza recursos de mayor a menor supervisión y espera que la persona avance conforme adquiere habilidades. Aporta gradación y seguridad, pero puede vincular el derecho a la vivienda al rendimiento rehabilitador, obligar a mudanzas sucesivas y generar pérdida del hogar cuando aparece una crisis. Los enfoques de vivienda con apoyo intentan separar el lugar de residencia de la intensidad de los servicios: el apoyo cambia, no necesariamente la vivienda. En población sin hogar, Housing First prioriza el acceso rápido a una vivienda permanente y ofrece apoyos voluntarios sin exigir previamente abstinencia, adherencia o progreso terapéutico. No todos estos modelos son equivalentes ni se aplican a la misma población, pero comparten la tendencia a considerar la vivienda una plataforma para la recuperación.

2.2. Características del modelo residencial recomendable

La evidencia y las preferencias de las personas usuarias favorecen recursos de tamaño reducido, ubicados en entornos vecinales ordinarios, con privacidad, seguridad de tenencia, funcionamiento participativo y actividades ajustadas a las necesidades y autonomía. El apoyo debe ser flexible, individualizado y revisable. La intensidad no puede fijarse solo por diagnóstico: dos personas con esquizofrenia pueden requerir ayudas muy distintas, y una misma persona puede necesitar mayor apoyo durante una crisis y menos tras recuperar rutinas. Son también relevantes la elección de compañeros, la posibilidad de mantener relaciones afectivas, la accesibilidad física y cognitiva, la proximidad al transporte y la disponibilidad de recursos comunitarios.

El carácter doméstico se reconoce en aspectos concretos: dormitorios y pertenencias personalizadas, respeto a la intimidad, acceso a llaves cuando sea posible, participación en menús y normas, horarios razonables, visitas, uso de los espacios comunes y capacidad de decidir sobre actividades. La convivencia no significa que todas las ocupaciones deban hacerse en grupo. Cocinar, limpiar o comprar pueden organizarse colectivamente, pero también deben permitir elecciones individuales y el desarrollo de responsabilidades reales.

2.3. Qué muestra y qué no muestra la investigación

La investigación sobre alojamiento con apoyo presenta heterogeneidad en población, tipología de recursos, intensidad profesional y resultados. Las revisiones antiguas encontraron escasez de ensayos aleatorizados, lo que obliga a evitar afirmaciones causales simples. Estudios observacionales y revisiones posteriores muestran resultados más consistentes en estabilidad residencial, satisfacción y uso más adecuado de servicios; los efectos sobre síntomas, funcionamiento social, consumo de sustancias o calidad de vida son más variables. En población sin hogar con problemas de salud mental, los modelos de vivienda permanente con apoyo tienen mejor respaldo para mantener el alojamiento que para resolver por sí solos la discapacidad psiquiátrica, la pobreza o la exclusión.

Esta cautela es esencial para el examen y para la práctica. Una reducción de hospitalizaciones puede relacionarse con vivienda estable, apoyo profesional, tratamiento sanitario, selección de participantes o combinación de factores. La vivienda no sustituye intervenciones psicológicas, farmacológicas, ocupacionales y sociales; crea condiciones para que sean viables. Del mismo modo, una puntuación de satisfacción alta no demuestra automáticamente participación comunitaria. Una persona puede valorar la seguridad del recurso y, simultáneamente, sentirse poco libre o preferir vivir sola.

La OMS propone servicios comunitarios centrados en la persona y basados en derechos, incluidos servicios de vida con apoyo que ayuden a obtener y mantener vivienda respetando la capacidad jurídica. El objetivo contemporáneo no es trasladar la institución a pisos dispersos, sino que la persona controle progresivamente su vida, reciba apoyo para decidir y participe en la comunidad. Para Terapia Ocupacional, esta evolución supone pasar de entrenar habilidades en entornos artificiales a facilitar ocupaciones reales en el lugar y momento en que son necesarias.

3. MARCO DE DERECHOS Y PRINCIPIOS DE BUENA PRÁCTICA

3.1. Derecho a vivir en la comunidad

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, establece en su artículo 19 el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Este precepto contiene tres garantías: oportunidad de elegir dónde y con quién vivir sin imposición de un sistema específico; acceso a servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros apoyos comunitarios; y disponibilidad de los servicios generales de la comunidad en igualdad de condiciones. No equivale a afirmar que toda persona pueda vivir sin apoyo. Significa que la necesidad de apoyo no justifica segregación, pérdida de elección ni restricción desproporcionada de derechos.

La Ley 4/2017, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, define la vida independiente como la situación en que la persona ejerce poder de decisión sobre su existencia y participa activamente en la comunidad. También incorpora normalización, accesibilidad, igualdad de oportunidades y atención integral centrada en la persona. Estas categorías no son declaraciones abstractas: orientan la selección de vivienda, las reglas del recurso, la comunicación accesible, los apoyos para decidir, la prevención de discriminaciones y la evaluación de resultados.

3.2. Voluntariedad, capacidad jurídica y decisiones con apoyo

El Plan de Actuación de FAISEM 2026 señala como característica común el régimen abierto y la estancia voluntaria. La voluntariedad exige consentimiento informado y revisable, información comprensible sobre alternativas, normas, aportación económica, apoyos, derechos y procedimiento de salida. La existencia de medidas judiciales de apoyo no elimina el derecho de la persona a participar. Tras la reforma civil operada por la Ley 8/2021, la lógica jurídica se centra en apoyos para el ejercicio de la capacidad y en el respeto de voluntad, deseos y preferencias.

En la práctica aparecen tensiones entre autonomía y protección: rechazo de higiene, acumulación de objetos, consumo de sustancias, riesgo de incendio, administración del dinero, relaciones potencialmente abusivas o abandono de medicación. La respuesta no puede reducirse a prohibir. Debe analizarse capacidad decisional específica, gravedad e inmediatez del riesgo, alternativas menos restrictivas, apoyos comunicativos, preferencias previas y proporcionalidad. La planificación anticipada de decisiones en salud mental ayuda a acordar señales de crisis, personas de confianza, intervenciones preferidas y medidas que la persona rechaza.

3.3. Recuperación, elección y riesgo positivo

El modelo de recuperación entiende que una persona puede construir una vida valiosa aun cuando persistan síntomas o limitaciones. Sus componentes incluyen esperanza, identidad, sentido, conexión, empoderamiento y autodirección. En el ámbito residencial, recuperación significa poder asumir roles, tomar decisiones cotidianas, aprender de errores y avanzar hacia apoyos elegidos. La seguridad absoluta es incompatible con una vida ordinaria; por eso se habla de riesgo positivo: evaluar y gestionar riesgos sin anular oportunidades de crecimiento.

El apoyo graduado sigue el principio de mínima restricción y máxima autonomía. Ayudar no es realizar permanentemente una tarea que la persona puede aprender, ni retirar de golpe el soporte para demostrar independencia. Se analiza el punto justo entre capacidad y demanda: indicaciones verbales, agenda visual, preparación del entorno, práctica conjunta, supervisión diferida o revisión periódica. El apoyo debe aumentar cuando existe deterioro y disminuir cuando la competencia se consolida.

3.4. Perspectiva de género, trauma y no discriminación

Las mujeres con TMG pueden afrontar violencia de género, dependencia económica, pérdida de custodia, experiencias traumáticas y menor acceso a recursos. Los dispositivos deben garantizar privacidad, protocolos de detección y respuesta, seguridad sin culpabilización y acceso a servicios especializados. La intervención informada por trauma evita prácticas coercitivas innecesarias, pregunta qué ha ocurrido y qué necesita la persona, anticipa procedimientos y ofrece control. También deben considerarse orientación sexual, identidad de género, cultura, origen, edad, discapacidad física y ruralidad.

4. DESARROLLO HISTÓRICO Y ORGANIZACIÓN DEL APOYO RESIDENCIAL EN ANDALUCÍA

4.1. Reforma psiquiátrica y creación de FAISEM

El programa residencial andaluz se comprende dentro de la reforma psiquiátrica iniciada en la década de 1980. El cierre de los hospitales psiquiátricos provinciales requirió dispositivos de salud mental integrados en el sistema sanitario general y programas sociales que atendieran vivienda, ocupación, empleo, relaciones y apoyos para la vida comunitaria. FAISEM se creó en 1993 como instrumento público intersectorial para desarrollar y gestionar apoyos sociales dirigidos prioritariamente a personas con trastorno mental grave.

La creación de una entidad diferenciada respondió a una necesidad funcional: la atención sanitaria no puede cubrir por sí sola alojamiento, manutención, soporte cotidiano o inserción laboral. Pero la diferenciación no significa independencia clínica. La red sanitaria identifica necesidades, elabora el Plan Individualizado de Tratamiento y mantiene seguimiento; FAISEM aporta programas residenciales, de día, empleo y otras iniciativas de inclusión. Las decisiones complejas se articulan mediante comisiones y coordinación territorial.

El desarrollo inicial combinó casas hogar y pisos o viviendas supervisadas. Posteriormente se amplió la atención domiciliaria para personas que ya disponían de vivienda pero necesitaban apoyo funcional. La evolución reciente incorpora perfiles y transiciones más específicas: personas con primeros episodios de psicosis, respiro familiar y estancias cortas, personas sin hogar, dificultades de vinculación, población rural y coordinación con el sistema de dependencia.

4.2. Encaje con la red sanitaria de salud mental

La Unidad de Salud Mental Comunitaria es el dispositivo básico de atención especializada y continuidad. Coordina el PIT, mantiene referentes y conecta con Atención Primaria, unidades hospitalarias, Hospital de Día, Unidad de Rehabilitación y Comunidad Terapéutica. FAISEM no es un dispositivo sanitario del SAS, aunque forme parte de la red intersectorial del proceso TMG. Esta distinción es una trampa clásica: la Comunidad Terapéutica de Salud Mental proporciona tratamiento intensivo sanitario; la casa hogar es un recurso de apoyo social residencial. Que ambos funcionen durante veinticuatro horas no los convierte en equivalentes.

El PAI TMG de 2020 dispone que cada residente cuente con un programa individual de atención residencial integrado en el PIT y coordinado con el facultativo responsable y el referente personal. El programa debe impulsar autonomía y ajuste comunitario, evitando mera custodia. El mismo PAI diferencia cobertura de veinticuatro horas en casas hogar, supervisión parcial en estructuras pequeñas y apoyo domiciliario en vivienda propia o familiar. Además, recomienda facilitar adaptación de la vivienda y trabajar con agentes sociales del entorno.

4.3. Planificación vigente

El Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía vigente refuerza atención comunitaria, derechos, coordinación sociosanitaria y respuestas a grupos vulnerables. Entre sus desarrollos figuran un recurso temporal para jóvenes con TMG, transición hacia menor supervisión, atención al envejecimiento de residentes de FAISEM y programas para personas en situación o riesgo de sinhogarismo. El Plan de Actuación FAISEM 2026 concreta objetivos operativos: ocupación de plazas, rotación desde casas hogar a viviendas supervisadas y vida independiente, mejora del respiro familiar, ética profesional, calidad, análisis de situaciones disruptivas, expansión en primeros episodios y estudio de necesidades domiciliarias rurales.

Esta planificación expresa un cambio relevante: el programa deja de entenderse como un conjunto estático de edificios y se concibe como red de itinerarios y apoyos. La plaza no es el objetivo final. El objetivo es que cada persona viva con el grado de apoyo que necesita y prefiere, con posibilidad de transición. No todas deben avanzar linealmente ni alcanzar vida sin apoyos; algunas requieren soporte continuado. Lo decisivo es revisar la adecuación y evitar que el nivel de supervisión se mantenga por inercia organizativa.

5. PROGRAMA RESIDENCIAL DE FAISEM: FINALIDAD, CARACTERÍSTICAS Y RECURSOS

FAISEM define el Programa Residencial como el conjunto de recursos materiales, profesionales, intervenciones, estructuras y procesos orientados a favorecer la permanencia y participación activa en la vida social mediante la cobertura de vivienda, manutención, autocuidados, toma de medicación, organización cotidiana y relaciones significativas. Su finalidad se alinea con recuperación e inclusión: cubrir necesidades no como fin custodial, sino para que la persona ejerza derechos y deberes de ciudadanía.

5.1. Características comunes

Las modalidades comparten voluntariedad y régimen abierto. La atención debe ser individualizada, eficiente y sostenible, con intensidad ajustada al nivel de autonomía. El Plan 2026 agrupa cuatro líneas de trabajo: recuperación y rotación hacia menor supervisión; atención especializada a perfiles complejos; calidad mediante procedimientos y evaluación; y prevención, especialmente en primeros episodios. La ubicación comunitaria, la coordinación sanitaria y la participación son elementos transversales.

5.2. Casa hogar

La casa hogar proporciona el nivel de soporte más intensivo de las modalidades troncales. Atiende a personas que precisan ayuda continuada para autocuidado, alimentación, medicación, convivencia y organización cotidiana. La intensidad profesional no debe traducirse en sustitución generalizada. El plan individual debe especificar qué tareas hace la persona, en cuáles precisa preparación, supervisión o ayuda física y cuáles se realizan temporalmente por terceros. La jornada debe ofrecer oportunidades reales de elección y responsabilidad.

Sus riesgos institucionales son previsibles: horarios uniformes, decisiones tomadas exclusivamente por profesionales, actividades obligatorias sin significado, ausencia de intimidad, tareas domésticas externalizadas y dependencia aprendida. Para prevenirlos se utilizan asambleas, planes individualizados, roles domésticos negociados, acceso a la comunidad, revisión de restricciones y objetivos de autonomía. El tamaño máximo administrativo no garantiza por sí solo ambiente hogareño; la cultura organizativa resulta determinante.

5.3. Vivienda supervisada

La vivienda supervisada ofrece un entorno de menor apoyo. La presencia profesional se ajusta a necesidades y puede concentrarse en momentos críticos: planificación semanal, compras, elaboración de menús, limpieza, administración económica, citas, medicación o resolución de conflictos. La persona dispone de más oportunidades para iniciar tareas, asumir consecuencias y construir rutinas propias. Por ello, la evaluación debe distinguir incapacidad de falta de oportunidad o hábito.

La convivencia es simultáneamente recurso y demanda. Permite apoyo entre iguales, reparto de responsabilidades y pertenencia, pero introduce negociación de ruido, limpieza, visitas, gastos, alimentación, intimidad y uso de espacios. La selección del recurso debe considerar compatibilidad y preferencias, sin pretender una homogeneidad imposible. El entrenamiento de habilidades sociales debe trasladarse a acuerdos concretos y no quedarse en sesiones abstractas.

5.4. Atención domiciliaria

La atención domiciliaria se dirige a personas cuya necesidad principal no es un lugar donde vivir, sino ayuda para conservarlo y desenvolverse. Se diseña un itinerario de atención psicosocial especializada junto con los servicios públicos de salud mental. Su flexibilidad permite intervenir con personas con difícil vinculación, sinhogarismo o estancia en pensiones y se integra en equipos de tratamiento intensivo comunitario. Es la modalidad que mejor evidencia la separación entre vivienda y apoyo.

6. ACCESO, PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

6.1. Identificación de la necesidad residencial

La indicación no deriva automáticamente del diagnóstico, la discapacidad reconocida o la sobrecarga familiar. Requiere valorar situación de vivienda, riesgo de pérdida, preferencias, funcionamiento cotidiano, apoyo informal, salud física, estabilidad clínica, consumo de sustancias, ingresos, capacidad de manejo económico, convivencia, accesibilidad y uso de la comunidad. Deben explorarse alternativas: apoyo en domicilio, adaptación ambiental, servicios generales, asistencia personal, ayuda a domicilio, vivienda supervisada o casa hogar. El recurso especializado no debe utilizarse para resolver exclusivamente pobreza o falta de vivienda sin analizar soluciones ordinarias.

La persona debe visitar el recurso, recibir información accesible y participar en la decisión. La preparación incluye expectativas realistas, objetos que llevará, contacto con convivientes, normas, contribución económica, tratamiento, transporte, actividades significativas y plan de crisis. Cuando el cambio es urgente, se intensifican apoyos sin omitir consentimiento y comunicación. La familia necesita información sobre el nuevo reparto de responsabilidades y sobre cómo mantener un vínculo no controlador.

6.2. PIT, programa residencial y PIAS

El Plan Individualizado de Tratamiento (PIT) es el documento integrador del PAI TMG. Recoge problemas, objetivos, intervenciones, responsables, dispositivos, resultados esperados, nivel de intensidad y revisión. Se elabora con la persona y, cuando procede, la familia. El programa individual de atención residencial debe incluirse en el PIT y coordinarse con responsable y referente. FAISEM utiliza el Plan Individual de Atención Social (PIAS) para concretar apoyos sociales. Ambos planes han de ser coherentes, pero no idénticos: el PIT integra el proceso asistencial; el PIAS operacionaliza objetivos y apoyos en los programas sociales.

Los objetivos bien formulados describen desempeño observable y contexto. «Mejorar autonomía» es insuficiente; «preparará tres cenas sencillas por semana usando lista de compra, con una indicación verbal y sin riesgos de seguridad» permite planificar y evaluar. Deben priorizarse metas elegidas por la persona, graduadas y vinculadas a roles significativos. La revisión considera logros, dificultades, satisfacción, incidentes, cambios clínicos y posibilidad de modificar la intensidad de apoyo.

6.3. Estructuras de coordinación

La Comisión TMG reúne profesionales de distintas unidades, Atención Primaria, FAISEM y otros sectores para ratificar y revisar PIT y acordar coordinación. La Comisión Intersectorial integra representantes de USMC, FAISEM y el ámbito de servicios sociales/dependencia, y estudia propuestas individualizadas cuando concurren derechos y recursos de dependencia. Estas estructuras no sustituyen la coordinación cotidiana entre profesionales referentes.

La continuidad exige circuitos claros de información, consentimiento para compartir datos, distribución de responsabilidades y contacto ante crisis. La USMC mantiene seguimiento clínico; Atención Primaria atiende salud general; FAISEM observa funcionamiento cotidiano y presta apoyos; el/la terapeuta ocupacional traduce entre objetivos clínicos y desempeño real. Las reuniones deben producir acuerdos operativos: quién acompaña, qué señales activan respuesta, cómo se mide el objetivo y cuándo se revisa.

6.4. Entrada, seguimiento, rotación y salida

La incorporación debe ser gradual cuando sea posible. Una visita, una comida o una estancia breve permiten conocer el entorno. Durante las primeras semanas se observa desempeño sin imponer ayuda excesiva; el cambio puede alterar sueño, ansiedad, hábitos y sintomatología. Se establecen rutinas mínimas, vínculos de confianza y canales de participación.

La rotación hacia menor supervisión se decide por necesidades, preferencias y estabilidad funcional, no como premio. También puede requerirse aumento temporal de apoyo sin entenderlo como fracaso. La salida hacia vida independiente incluye búsqueda o mantenimiento de vivienda, presupuesto, suministros, red social, seguimiento, plan de crisis y continuidad de actividades. Una transición bien planificada evita que la competencia demostrada en el recurso se pierda al cambiar de contexto.

7. IMPACTO, RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE CALIDAD

7.1. Dimensiones de resultado

Evaluar un programa residencial requiere indicadores de estructura, proceso, resultado y experiencia. La estructura incluye número, distribución, accesibilidad y tamaño de recursos, dotación profesional y ubicación. Los procesos miden planificación individual, participación, revisiones, coordinación, ocupación de plazas, rotaciones, incidentes y continuidad. Los resultados abarcan estabilidad de vivienda, hospitalizaciones, autonomía, salud, calidad de vida, recuperación, integración y satisfacción. La experiencia pregunta si la persona se siente segura, respetada, escuchada y con control.

La estabilidad residencial es necesaria pero no suficiente. Permanecer años en una plaza puede expresar seguridad o bloqueo. Debe interpretarse junto con preferencias, calidad ambiental y oportunidades. Del mismo modo, la rotación a menor supervisión es positiva si es elegida y sostenible; puede ser perjudicial si responde a presión organizativa y provoca soledad o recaída. Los indicadores deben desagregarse por sexo, edad, provincia, ruralidad y perfil de necesidad para identificar inequidades.

7.2. Impacto documentado en Andalucía

La evaluación histórica del programa andaluz mostró aceptación general y mejoría de distintos aspectos de funcionamiento e integración, junto con redes sociales todavía pobres y participación limitada en algunas actividades. La convivencia aparece como una dimensión crítica: ofrece apoyo y pertenencia, pero también conflictos. Los estudios recuerdan que un alojamiento satisfactorio no siempre coincide con la aspiración residencial definitiva de la persona.

La Memoria de FAISEM 2024, última memoria anual con resultados consolidados utilizada por el Plan de Actuación 2026, informó de implantación de procedimientos en más de la mitad de los dispositivos, elaboración de más de 1.500 PIAS y facilitación de rotaciones desde casas hogar hacia vida más independiente. Más de 1.190 residentes de casas hogar y viviendas supervisadas cumplimentaron el cuestionario de satisfacción; la atención profesional se mantuvo por encima del 95 %. Casi el 40 % participó en el plan vacacional y 85 personas utilizaron el servicio de respiro o estancias cortas durante el año.

El Plan 2026 toma como base una red de 2.253 plazas o atenciones: 964 plazas en 58 casas hogar, 629 plazas en 173 viviendas supervisadas y 640 personas atendidas mediante atención domiciliaria, datos procedentes de la Memoria 2024. Estas cifras describen capacidad, no resultado clínico. Su utilidad para el examen radica en mostrar el peso del programa y la diversidad de modalidades; deben citarse con año de referencia, porque pueden cambiar.

7.3. Evaluación ocupacional de resultados

Los cambios deben medirse con herramientas pertinentes y observación. El BELS examina habilidades básicas de vida diaria en salud mental; la SFS valora funcionamiento social; HoNOS aporta información clínica y social; WHOQOL-BREF explora calidad de vida; la RAS se orienta a recuperación. Instrumentos propios de Terapia Ocupacional como OCAIRS, MOHOST o OPHI-II pueden profundizar en participación, hábitos, volición, identidad e influencia ambiental. Ninguna escala sustituye el análisis de tareas en contexto.

La evaluación también debe registrar apoyos. Si una persona cocina con una lista visual y una comprobación semanal, el resultado no es «dependiente»; ha alcanzado desempeño con apoyo compensatorio. Retirar la ayuda para mejorar una puntuación puede empeorar seguridad y participación. El objetivo es la autonomía decisional y funcional posible, no una independencia idealizada.

8. VALORACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL EN EL ENTORNO RESIDENCIAL

8.1. Perfil ocupacional y entrevista

La valoración comienza por la historia ocupacional: roles, intereses, rutinas, experiencias de vivienda, preferencias, cultura doméstica, apoyos y proyecto vital. Se pregunta dónde y con quién desea vivir, qué entiende por hogar, qué actividades quiere recuperar y qué teme del cambio. La narrativa evita reducir a la persona a déficits. También identifica fortalezas: una afición que estructura el día, habilidad para cocinar, vínculo vecinal, capacidad digital o experiencia laboral.

La entrevista debe contrastarse con observación y fuentes acordadas. En TMG puede existir discrepancia entre autopercepción y ejecución, pero no debe asumirse incapacidad por diagnóstico. Se explora el nivel de ayuda actual, oportunidades reales, expectativas familiares y barreras del entorno. La información de terceros se integra con transparencia y respeto a confidencialidad.

8.2. Áreas de evaluación

8.3. Observación ecológica y análisis de actividad

El desempeño debe observarse en la cocina, baño, dormitorio, comercio, transporte y barrio. Una tarea se descompone en inicio, secuencia, organización de materiales, seguridad, calidad y finalización. Se registra si la ayuda es física, verbal, gestual, ambiental o tecnológica. También se examina la generalización: preparar café en un taller no garantiza planificar un menú, comprar ingredientes y cocinar en casa.

La evaluación domiciliaria añade información que no aparece en consulta: alimentos caducados, facturas, estado de ropa, riesgo de incendio, acumulación, barreras arquitectónicas, aislamiento o conflictos por el uso del espacio. Debe realizarse con consentimiento, respeto a la intimidad y actitud no enjuiciadora. El profesional entra en el hogar de la persona; no es la persona quien entra en un despacho clínico.

8.4. Instrumentos

El BELS es especialmente relevante en TMG porque valora funcionamiento básico y oportunidad de realización. La SFS explora compromiso social, comunicación, independencia, ocio y empleo. Desde MOHO, el MOHOST ofrece una visión de volición, habituación, habilidades y entorno; OCAIRS es una entrevista semiestructurada sobre adaptación ocupacional y OPHI-II profundiza en historia e identidad ocupacional. La COPM permite priorizar problemas percibidos y medir desempeño y satisfacción. La elección depende del objetivo y no debe generar una batería indiscriminada.

La síntesis ocupacional formula hipótesis: «la persona desea vivir con menos apoyo, pero la baja iniciación, la dificultad para secuenciar y la rutina nocturna interfieren con medicación, alimentación y citas; responde a claves visuales y práctica en contexto». Esta formulación conecta fortalezas, barreras, ocupaciones y apoyos, y permite diseñar objetivos verificables.

9. INTERVENCIÓN DEL/LA TERAPEUTA OCUPACIONAL EN EL DOMICILIO

9.1. Principios metodológicos

La intervención domiciliaria es ecológica, colaborativa y orientada a ocupaciones significativas. Se realiza en los momentos en que ocurre la tarea, con materiales reales y demandas auténticas. El profesional no debe convertir el domicilio en una sala de terapia. Parte de una meta de la persona —mantener el piso, volver a cocinar, administrar dinero o salir al barrio— y gradúa el apoyo hasta alcanzar desempeño seguro y sostenible.

El enganche puede requerir flexibilidad: visitas breves, profesional conocido, actividad de interés o contacto en espacios comunitarios. La puntualidad, el cumplimiento de acuerdos y el respeto a límites construyen confianza. Si la persona no abre, se sigue el plan acordado y se valora riesgo; no se interpreta automáticamente como falta de motivación.

9.2. Organización de la vida diaria

Se trabaja estructuración temporal mediante agendas, calendarios, alarmas, secuencias visuales y anclaje de actividades a señales estables. El objetivo no es llenar el día, sino equilibrar autocuidado, productividad, descanso, ocio y participación. Se prioriza una rutina mínima: levantarse, higiene, comida, medicación, actividad significativa y sueño. Después se amplía de forma gradual.

En autocuidado se analizan barreras sensoriales, cognitivas, motivacionales y ambientales. La intervención puede incluir preparar ropa, reducir pasos, colocar productos visibles, asociar ducha a una actividad valorada o usar registro. Deben descartarse dolor, efectos farmacológicos, depresión, síntomas negativos y pobreza energética antes de atribuir la dificultad a desinterés.

9.3. Manejo doméstico, alimentación y salud

El entrenamiento doméstico incluye selección de productos, limpieza por zonas, lavandería, mantenimiento y prevención de plagas. Se utilizan listas sencillas, materiales diferenciados, tareas cortas y frecuencia realista. No se busca una vivienda conforme al estándar del profesional, sino condiciones higiénicas y seguras compatibles con preferencias.

En alimentación se abordan planificación de menús, compra, presupuesto, conservación, manipulación y cocina. Se parte de platos conocidos y se gradúan número de ingredientes, simultaneidad y uso de electrodomésticos. La salud física exige integrar actividad física, sueño, tabaquismo, citas y medicación. El/la terapeuta ocupacional no prescribe fármacos; facilita rutinas de manejo acordadas con enfermería y equipo, detecta dificultades y comunica incidencias.

9.4. Dinero, gestiones y tecnología

El manejo económico se trabaja con presupuesto semanal, pagos prioritarios, lectura de facturas, dinero disponible y prevención de abuso. Las medidas de apoyo jurídico no justifican excluir a la persona de todas las decisiones. Se puede usar doble cuenta, límites acordados, recordatorios o revisión conjunta. Las gestiones digitales requieren correo, identificación, citas, banca y seguridad frente a fraudes.

La tecnología puede compensar dificultades: pastilleros con alarma, asistentes de voz, aplicaciones de calendario, temporizadores de cocina, detectores y teleapoyo. Debe ser aceptable, accesible y proporcional; la monitorización invasiva puede vulnerar intimidad. La tecnología complementa, no sustituye, la relación y el aprendizaje.

9.5. Entorno físico y comunidad

Se evalúan iluminación, ventilación, ruido, accesibilidad, riesgos de caída o incendio, almacenamiento y señalización. Las adaptaciones pueden ser simples: reorganizar, etiquetar, eliminar obstáculos, contrastar mandos o instalar apoyos. En discapacidad física se aplican accesibilidad universal y productos de apoyo. El análisis se extiende al portal, itinerario, transporte, comercios y recursos.

La intervención no termina en la puerta. Se ensayan rutas, compras, uso de transporte, participación en biblioteca, gimnasio, asociación o formación. La actividad comunitaria debe responder a intereses y favorecer relaciones naturales, no limitarse a grupos de personas usuarias. El apoyo se retira gradualmente y puede mantenerse en puntos críticos.

10. INTERVENCIÓN EN CASAS HOGAR Y VIVIENDAS SUPERVISADAS

10.1. Antes de la incorporación

El/la terapeuta ocupacional aporta al equipo un perfil funcional y ocupacional: grado de iniciativa, habilidades de autocuidado y vida doméstica, rutinas, cognición funcional, manejo de medicación y dinero, interacción, intereses, apoyos y riesgos. Esta información ayuda a elegir intensidad de soporte y evita decisiones basadas solo en diagnóstico. Se preparan habilidades que facilitan la adaptación: pedir ayuda, respetar espacios, negociar tareas, usar transporte y mantener citas.

La visita previa permite analizar ajuste ambiental y preferencias. Se acuerda un plan de transición con actividades familiares y objetos significativos. Si la persona deja domicilio familiar, se trabaja identidad adulta y redistribución de responsabilidades. La familia puede experimentar alivio, culpa o pérdida de control; requiere apoyo para sostener un vínculo diferente.

10.2. Intervención en casa hogar

En casa hogar, la prioridad es convertir los cuidados continuados en oportunidades de participación. El/la terapeuta ocupacional asesora sobre gradación de tareas y rutinas, analiza por qué una persona no participa y diseña apoyos. Puede establecer estaciones de actividad, señalización, distribución de utensilios, turnos negociados y actividades significativas fuera del recurso. La intervención individual se complementa con trabajo grupal, pero evita imponer el mismo programa a todos.

Las actividades domésticas no son meros talleres: cocinar la cena, preparar una habitación o cuidar plantas producen resultados reales. Para conservar valor terapéutico deben incluir elección, responsabilidad y retroalimentación natural. Si profesionales realizan sistemáticamente todas las tareas por eficiencia, disminuyen oportunidades y aumenta dependencia.

10.3. Intervención en vivienda supervisada

En la vivienda supervisada el apoyo se concentra en planificación y resolución de problemas. Se elaboran acuerdos de convivencia, calendarios de tareas, presupuestos compartidos y protocolos sencillos para averías, conflictos y emergencias. El profesional observa sin ocupar el espacio de residente. Se favorece que las personas convoquen reuniones, contacten con servicios y decidan sobre su hogar.

La intervención busca transferencia a vida independiente cuando sea una meta. Incluye contrato y suministros, mantenimiento, relaciones vecinales, búsqueda de vivienda, prevención de aislamiento y plan de apoyo flexible. La salida se ensaya mediante fines de semana, periodos de menor presencia profesional o gestión autónoma de bloques de tareas, sin pruebas artificiales que pongan en riesgo la estabilidad.

10.4. Intervenciones grupales y ambientales

Los grupos pueden abordar cocina, dinero, comunicación, resolución de conflictos, salud, ocio o ciudadanía. Deben relacionarse con problemas reales y permitir práctica. Una sesión sobre comunicación tiene valor si se aplica a negociar el uso del salón. Las asambleas son instrumentos de participación cuando pueden modificar decisiones; si solo comunican normas, pierden esa función.

La intervención ambiental incluye revisar horarios, accesibilidad, estímulos, normas y oportunidades. El/la terapeuta ocupacional puede analizar si una norma protege un riesgo concreto o responde a comodidad institucional. También favorece ambientes que apoyan orientación, descanso, intimidad y pertenencia. La personalización del espacio tiene valor identitario y no debe tratarse como decoración secundaria.

10.5. Trabajo con profesionales de apoyo

La eficacia depende de que las estrategias se apliquen en la vida cotidiana. El/la terapeuta ocupacional forma y asesora a monitores y profesionales sobre análisis de actividad, claves graduadas, refuerzo, prevención de sobreasistencia y registro funcional. Se acuerda un lenguaje común: no «no colabora», sino «inicia la limpieza cuando recibe una señal visual y completa dos de cuatro pasos». La observación concreta permite ajustar apoyos y evita juicios morales.

11. CONVIVENCIA, FAMILIA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

11.1. Convivencia como ocupación compleja

Vivir con otras personas exige habilidades de comunicación, regulación emocional, perspectiva social, negociación y respeto de límites. También requiere estructuras justas: normas comprensibles, reparto de tareas, espacios privados y canales de queja. Atribuir todos los conflictos a la enfermedad invisibiliza incompatibilidades ordinarias, desigualdades o reglas mal diseñadas.

La evaluación del conflicto describe antecedentes, conducta, consecuencias, necesidades y entorno. Se interviene con resolución de problemas, escucha, acuerdos, mediación y ensayo de alternativas. Los apoyos visuales o guiones pueden ayudar. Ante violencia o riesgo grave, se aplican protocolos y protección; la mediación no es adecuada cuando existe intimidación o abuso.

11.2. Relaciones significativas e intimidad

El programa debe facilitar vínculos familiares, amistades, pareja y sexualidad con respeto y educación. La privacidad incluye dormitorio, comunicaciones, pertenencias y tiempo sin supervisión, salvo límites justificados. Los profesionales deben abordar consentimiento, salud sexual y prevención de explotación sin infantilizar. El estigma puede llevar a negar relaciones afectivas por un criterio de protección excesiva.

El apoyo entre iguales surge de compartir experiencias, pero no debe imponerse. Algunas personas desean convivencia; otras prefieren vivir solas con apoyo externo. La elección de compañeros es relevante. Cuando no puede satisfacerse, se deben reconocer preferencias y ofrecer mecanismos para revisar el ajuste.

11.3. Trabajo con familia y personas allegadas

La familia puede sostener vivienda y tratamiento durante años, con sobrecarga importante. La inserción residencial no debe traducirse en expulsión de la familia ni en transferencia completa de responsabilidad. Se acuerdan funciones, visitas, información y participación con consentimiento. Se ofrece psicoeducación, apoyo emocional, resolución de problemas y recursos de respiro.

La intervención busca reducir patrones de sobreprotección, criticismo o intrusión sin culpabilizar. Se promueve una ayuda que apoye la elección: recordar con acuerdo, facilitar sin sustituir y tolerar aprendizaje. Cuando existe conflicto o violencia, la prioridad es seguridad y puede ser necesario limitar contacto. El proyecto de vida pertenece a la persona, no a la institución ni a la familia.

11.4. Participación comunitaria y ciudadanía

La integración no se demuestra por vivir en un barrio, sino por utilizar recursos, ejercer roles y establecer relaciones. Se valoran participación en asociaciones, cultura, deporte, formación, trabajo, voluntariado, servicios públicos y decisiones ciudadanas. Las actividades específicas pueden servir de puente, pero no deben convertirse en circuito paralelo permanente.

El/la terapeuta ocupacional realiza mapeo comunitario, identifica recursos accesibles, prepara habilidades, acompaña inicialmente y negocia ajustes razonables. También interviene sobre el entorno mediante sensibilización y coordinación. La lucha contra el estigma no recae solo en la persona; los servicios y la comunidad deben eliminar barreras.

La inclusión exige también recursos económicos. Tras pagar alojamiento y gastos, una renta muy limitada restringe transporte, ocio, ropa o relaciones. La planificación ocupacional debe considerar presupuesto real y priorizar actividades sostenibles, ayudas y recursos gratuitos, sin convertir la pobreza en supuesto déficit motivacional.

12. SITUACIONES COMPLEJAS, RIESGOS Y TRANSICIONES VITALES

12.1. Crisis, conducta disruptiva y seguridad

Los recursos necesitan planes de prevención y respuesta a crisis. Se identifican señales tempranas, desencadenantes, estrategias útiles, contactos y preferencias. Las situaciones disruptivas se registran y analizan para aprender, no para etiquetar. Deben revisarse factores ambientales: ruido, convivencia, normas, falta de actividad, comunicación o apoyo insuficiente. La intervención ocupacional ofrece regulación sensorial, rutinas protectoras, actividades con sentido y estrategias de afrontamiento.

La gestión de riesgos incluye incendio, caídas, intoxicación, abandono de autocuidado, explotación económica, violencia, suicidio y pérdida de vivienda. Se usa un enfoque proporcional y compartido. Las restricciones se documentan, revisan y retiran cuando dejan de ser necesarias. La confidencialidad se respeta, salvo excepciones legales y riesgos graves; compartir información entre redes exige finalidad y minimización.

12.2. Patología dual y consumo

El consumo puede afectar convivencia, seguridad y adherencia, pero la exclusión automática agrava el riesgo. Se coordinan salud mental y adicciones, se aplican reducción de daños, entrevista motivacional y objetivos realistas. Las normas deben diferenciar consumo, posesión, tráfico y conductas que dañan a otros. La vivienda estable puede facilitar tratamiento, pero no «cura» por sí sola la adicción.

12.3. Sinhogarismo y difícil vinculación

Las personas sin hogar con TMG acumulan barreras clínicas y sociales. El PESMA-A señala debilidades de coordinación, escasez de alternativas individualizadas y riesgo de institucionalización, y propone enfoques que priorizan solución habitacional y equipos accesibles. La atención domiciliaria de FAISEM se amplía de modo flexible a pensiones, calle y difícil vinculación, coordinada con equipos intensivos.

La intervención inicial prioriza necesidades básicas, documentación, ingresos, seguridad y vínculo. Exigir habilidades domésticas o adherencia perfecta antes de ofrecer vivienda puede perpetuar exclusión. Una vez estabilizado el alojamiento, se trabajan rutinas, salud, comunidad y proyecto vital. El lugar de intervención puede ser un recurso social, un café o el espacio elegido por la persona.

12.4. Envejecimiento, dependencia y salud física

El envejecimiento de residentes plantea deterioro físico, cognitivo y sensorial, multimorbilidad y necesidad de coordinación con dependencia. El PESMA-A contempla transición al cumplir 65 años y excepciones cuando el cambio perjudica la trayectoria y bienestar. La decisión debe individualizarse, valorar adaptación y evitar mudanzas por automatismo administrativo. Si cambia la USMC de referencia, se planifican contactos entre equipos y visitas al nuevo recurso.

El/la terapeuta ocupacional evalúa movilidad, caídas, accesibilidad, AVD, cognición, productos de apoyo, fatiga y continuidad de roles. La intervención adapta entorno y rutinas, forma a profesionales y prepara la transición. Envejecer no elimina la necesidad de elección ni justifica sustituir toda actividad.

12.5. Primeros episodios y personas jóvenes

En jóvenes, el objetivo es preservar identidad, formación, empleo, amistades y autonomía, evitando cronificación de roles de paciente. El Plan 2026 contempla atención residencial específica de 18 a 35 años, discontinua y coordinada, con temporalidad general. Los objetivos se centran en rutinas, estudio, trabajo, relaciones, manejo de síntomas y transición a vivienda estable.

13. PLANIFICACIÓN PRÁCTICA Y CASO INTEGRADOR

13.1. Secuencia de intervención

1. Detectar la necesidad y escuchar la preferencia: situación de vivienda, seguridad, apoyo, deseos y alternativas.
2. Realizar valoración multidisciplinar y ocupacional: funcionamiento, salud, entorno, convivencia, recursos y riesgos.
3. Formular objetivos compartidos en PIT y PIAS: desempeño observable, responsables, apoyos, resultados y revisión.
4. Seleccionar la modalidad menos restrictiva adecuada: domicilio, vivienda supervisada, casa hogar o subprograma específico.
5. Preparar e incorporar gradualmente: visita, información, entrenamiento, objetos, rutinas y plan de crisis.
6. Intervenir en ocupaciones reales: autocuidado, hogar, salud, dinero, convivencia, ocio, comunidad y roles.
7. Evaluar y ajustar apoyos: satisfacción, estabilidad, autonomía, participación, incidentes y preferencias.
8. Planificar transición: reducir o aumentar apoyo, cambiar modalidad o mantenerla si continúa siendo la opción adecuada.

13.2. Caso

Una persona de 38 años con esquizofrenia vive con su madre de 76. Es autónoma en vestido y alimentación, pero necesita indicaciones para higiene, no prepara comidas completas, gasta impulsivamente, olvida medicación y apenas sale. Desea «tener su casa», mientras la madre solicita una casa hogar por temor a que no pueda vivir sola. La valoración en consulta podría sobreestimar o subestimar sus capacidades; por ello, el/la terapeuta ocupacional observa una comida, una compra y organización semanal en domicilio.

Se comprueba que cocina platos sencillos si dispone de receta visual, utiliza transporte en rutas conocidas, maneja pequeñas cantidades y responde bien a alarmas, pero no planifica compras ni reconoce facturas prioritarias. Mantiene una relación positiva con un primo y disfruta de música. No hay riesgo físico inmediato ni conflicto grave. La formulación indica potencial para vivienda supervisada o apoyo domiciliario intensivo, no necesidad automática de cobertura de veinticuatro horas.

El PIT incorpora el objetivo de vivir con mayor independencia; el PIAS concreta entrenamiento. Durante tres meses se trabajan menú semanal, compra con presupuesto, higiene vinculada a agenda, pastillero coordinado con enfermería, gestión económica y dos actividades comunitarias. Se visita una vivienda supervisada y se acuerda transición gradual. La madre recibe apoyo para pasar de supervisión constante a contacto pactado.

Tras la incorporación aparecen conflictos por limpieza y música nocturna. No se interpreta como fracaso del recurso. Se realiza análisis, asamblea, acuerdo de horarios, señal visual de tareas y ensayo de petición asertiva. A los seis meses, la persona completa la mayoría de rutinas con recordatorios, participa en un taller musical comunitario y expresa satisfacción, aunque necesita apoyo semanal para finanzas. La autonomía se ha incrementado sin retirar una ayuda útil.

13.3. Indicadores del plan

14. CONCLUSIONES E IDEAS CLAVE PARA EL REPASO

La inserción residencial es un componente central de la atención comunitaria al TMG porque integra vivienda, apoyo cotidiano, rehabilitación, relaciones y ciudadanía. Su marco actual es el derecho a vivir en la comunidad con elección y apoyos. El éxito no consiste en trasladar personas fuera del hospital, sino en proporcionar hogares ordinarios, abiertos, participativos y conectados con el entorno.

Andalucía desarrolló una red específica de apoyo social gestionada por FAISEM y coordinada con el SAS. Las modalidades troncales son casa hogar, vivienda supervisada y atención domiciliaria. El Plan 2026 añade especialización para primeros episodios y respiro/estancias cortas, potencia rotaciones y calidad y mantiene la voluntariedad. El PAI TMG exige integrar el programa individual residencial en el PIT, coordinarlo con referentes y evitar custodia.

La evidencia apoya sobre todo estabilidad residencial, satisfacción y uso más adecuado de servicios, con resultados variables en síntomas y funcionamiento. La evaluación debe combinar datos objetivos, experiencia de la persona, autonomía, participación y calidad ambiental. Las cifras de plazas o ocupación no sustituyen resultados individualizados.

El/la terapeuta ocupacional es clave antes, durante y después de la incorporación. Valora desempeño y entorno, entrena hábitos y destrezas, adapta tareas y vivienda, facilita convivencia y comunidad, asesora a profesionales y planifica transiciones. La observación en contexto real permite distinguir capacidad, oportunidad y apoyo.

• Vivienda no es solo alojamiento: es hogar, derecho y contexto ocupacional.
• FAISEM no es un dispositivo sanitario: gestiona apoyo social coordinado con la red de salud mental.
• Casa hogar: hasta 20 plazas y apoyo continuado.
• Vivienda supervisada: entre 1 y 10 residentes y apoyo variable sin presencia permanente.
• Atención domiciliaria: apoyo en vivienda propia o familiar y otros lugares de vida.
• PIT y PIAS: deben ser coherentes, individualizados y revisables.
• Convivencia: es un área crítica de satisfacción e intervención.
• Apoyo graduado: se ofrece la ayuda necesaria sin sustituir capacidades.
• Resultado final: estabilidad, autonomía, elección, participación, calidad de vida y ciudadanía.

15. MAPA CONCEPTUAL