1. INTRODUCCIÓN Y MARCO GENERAL DE LA CALIDAD SANITARIA

La calidad sanitaria no consiste únicamente en que una actividad se ejecute sin errores formales. En un sistema público de salud, la calidad integra la efectividad clínica, la seguridad, la accesibilidad, la continuidad asistencial, la equidad, la experiencia de la persona atendida, la eficiencia en el empleo de recursos y la capacidad de aprender de los resultados. Esta concepción obliga a combinar tres planos. El primero es el asistencial, referido a si las intervenciones producen beneficios relevantes y evitan daños. El segundo es el organizativo, que examina cómo se diseñan, coordinan y controlan los procesos. El tercero es el institucional, que valora si el sistema rinde cuentas, utiliza evidencia científica y orienta sus decisiones al interés general.

La acreditación, la certificación, el modelo EFQM y la evaluación de tecnologías sanitarias responden a esa misma finalidad, pero actúan con instrumentos diferentes. La certificación conforme a una norma ISO comprueba la conformidad de un sistema de gestión con requisitos previamente definidos. La acreditación sanitaria contrasta una organización, unidad, programa o conjunto de competencias con estándares específicos de calidad. El modelo EFQM facilita una evaluación global de la organización y de su capacidad de transformación. La evaluación de tecnologías sanitarias analiza las consecuencias clínicas, económicas, organizativas, sociales y éticas de medicamentos, productos, procedimientos o formas de organización antes, durante o después de su incorporación.

Para un Técnico o Técnica de Función Administrativa, opción Administración General, el tema tiene una importancia directa. Las decisiones de calidad se materializan en expedientes, contratos, memorias, planes de mejora, cuadros de mando, indicadores, auditorías, mapas de riesgos, presupuestos y procedimientos de seguimiento. La calidad no queda reservada a los profesionales clínicos: necesita gobernanza, información fiable, trazabilidad documental, protección de datos, control financiero, contratación pública y evaluación de resultados. Una compra técnicamente correcta puede ser ineficiente si no se han definido la necesidad, la evidencia disponible, el coste total del ciclo de vida o los indicadores de uso. Del mismo modo, una acreditación pierde valor si se convierte en una recopilación formal de documentos sin transformación real de la práctica.

La Constitución impone, por tanto, una responsabilidad pública de organización y tutela. La Ley 14/1986, General de Sanidad, la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, y la normativa sobre cartera de servicios y evaluación de tecnologías desarrollan esa responsabilidad. La Ley 16/2003 vincula cohesión y calidad: el acceso común a prestaciones no puede separarse de la garantía de condiciones básicas, de la evaluación y de la actualización basada en conocimiento científico. La calidad pública exige también sostenibilidad, porque los recursos son limitados y toda decisión de financiación implica un coste de oportunidad.

En este tema conviene evitar un error metodológico frecuente: estudiar cada modelo como un catálogo aislado de siglas. Lo verdaderamente útil es comprender qué pregunta responde cada instrumento. ISO pregunta si existe un sistema de gestión conforme, mantenido y auditado. EFQM pregunta cómo crea valor la organización, cómo se orienta, ejecuta y mide sus resultados. El modelo andaluz pregunta en qué grado centros, unidades, servicios o profesionales cumplen estándares definidos para la práctica sanitaria. La evaluación de tecnologías pregunta si una intervención aporta valor suficiente, para quién, en qué condiciones, con qué incertidumbre y a qué coste.

2. ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y EVALUACIÓN

Los términos acreditación y certificación se utilizan con sentidos próximos y, a veces, superpuestos. Para resolver preguntas de examen hay que distinguir el significado técnico general de la evaluación de la conformidad y el uso sectorial propio de la sanidad. En el lenguaje técnico, certificar significa que una tercera parte emite una declaración de conformidad respecto de requisitos especificados. El objeto certificado puede ser un sistema de gestión, un producto, un servicio, un proceso o una persona. La entidad certificadora examina evidencias, realiza auditorías y, si procede, concede un certificado sujeto a vigilancia y renovación.

La acreditación, en sentido técnico estricto, es el reconocimiento formal de la competencia de un organismo para realizar determinadas actividades de evaluación de la conformidad. En España, la Entidad Nacional de Acreditación desarrolla esta función en el sistema nacional de acreditación. Así, una entidad puede estar acreditada para certificar sistemas de gestión, inspeccionar instalaciones o realizar ensayos. La acreditación no certifica directamente que una empresa tenga un buen sistema de calidad; reconoce que el organismo evaluador es competente para efectuar una actividad determinada con imparcialidad y consistencia.

En sanidad, sin embargo, se habla también de acreditación de centros, unidades, programas y profesionales. En este segundo sentido, la acreditación es un proceso de evaluación frente a estándares sanitarios que concluye con un reconocimiento de un determinado nivel de calidad. El término no se refiere necesariamente a la acreditación técnica de un organismo certificador. Esta dualidad explica por qué algunos documentos andaluces emplean la expresión modelo de acreditación y, al mismo tiempo, denominan certificación al reconocimiento emitido por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

La homologación suele tener naturaleza administrativa y responde a una norma que exige reconocer equivalencia o conformidad con condiciones regladas. No debe confundirse con la certificación voluntaria de un sistema de gestión. Tampoco la autorización sanitaria equivale a acreditación. La autorización permite iniciar o mantener una actividad cuando se cumplen requisitos legales mínimos; la acreditación o certificación pretende normalmente demostrar un nivel adicional de calidad, madurez o conformidad. Un centro autorizado puede no estar acreditado por un modelo voluntario, mientras que ningún reconocimiento voluntario puede suplir la autorización obligatoria.

La auditoría es una técnica de obtención y valoración sistemática de evidencias. Puede ser interna, realizada por la propia organización o por encargo suyo, o externa, realizada por una segunda o tercera parte. La inspección, en cambio, suele orientarse a comprobar cumplimiento normativo o condiciones concretas y puede llevar asociadas potestades administrativas. La autoevaluación es un examen interno estructurado que permite identificar fortalezas, brechas y acciones de mejora. En los modelos de calidad maduros, autoevaluación, evaluación externa y seguimiento forman un ciclo, no actuaciones independientes.

La independencia del evaluador y la gestión de conflictos de interés son esenciales. La entidad evaluadora debe aplicar criterios homogéneos, contar con evaluadores competentes, documentar las evidencias, permitir la revisión de decisiones y proteger la información. La organización evaluada debe facilitar datos veraces y conservar la trazabilidad. La calidad de la evaluación disminuye cuando se premia la apariencia documental, se seleccionan solo indicadores favorables o se ocultan incidentes. Un sistema de calidad sólido busca información sobre fallos porque la utiliza para aprender, no para sancionar automáticamente a quien comunica.

3. MODELOS DE ACREDITACIÓN SANITARIA

Un modelo de acreditación sanitaria es un sistema ordenado de estándares, reglas de evaluación, evidencias y decisiones destinado a valorar la calidad de una organización o actividad asistencial. Su utilidad no depende solo del número de estándares. Un modelo es consistente cuando define con claridad su finalidad, el ámbito de aplicación, la metodología, la formación de evaluadores, la ponderación de requisitos, la graduación de resultados, la gestión de incumplimientos y el seguimiento posterior.

Los modelos pueden clasificarse por el sujeto que los impulsa. Existen modelos públicos, vinculados a autoridades sanitarias o entidades instrumentales; modelos profesionales, promovidos por sociedades científicas; y modelos privados o internacionales. También pueden distinguirse por su objeto: hospitales completos, centros de atención primaria, unidades clínicas, laboratorios, centros de transfusión, servicios sociales, programas de formación, páginas web sanitarias o competencias profesionales. La evaluación puede centrarse en estructuras, procesos, resultados o una combinación de las tres dimensiones.

La clásica distinción de Donabedian sigue siendo útil. La estructura comprende recursos humanos, instalaciones, equipamiento, organización y condiciones de soporte. El proceso examina qué se hace, cómo se decide y cómo se coordina la atención. El resultado mide cambios en salud, seguridad, experiencia, accesibilidad o eficiencia. Un modelo centrado solo en estructura puede comprobar que existen medios, pero no demostrar que se utilicen bien. Uno centrado únicamente en resultados corre el riesgo de ignorar diferencias de complejidad o factores externos. Por ello, la acreditación sanitaria suele combinar estándares de estructura, proceso y resultado.

Los estándares pueden ser obligatorios, esenciales, avanzados o de excelencia. La denominación depende del modelo, pero la lógica es semejante: algunos requisitos constituyen el núcleo de seguridad y calidad que no admite compensación; otros reflejan grados crecientes de madurez. La evaluación debe diferenciar la ausencia de evidencia de la evidencia de incumplimiento. También debe precisar qué evidencias son válidas: protocolos aprobados, registros de aplicación, indicadores, entrevistas, observación directa, trazas de sistemas, actas, resultados de auditorías o documentación de mejoras.

La acreditación es más útil cuando se integra con la gestión por procesos. Cada proceso debe tener responsable, alcance, clientes, entradas, actividades, salidas, riesgos, controles e indicadores. Los estándares dejan de ser una lista externa y se convierten en criterios de diseño del proceso. Por ejemplo, un estándar sobre identificación inequívoca del paciente debe traducirse en procedimientos, formación, configuración del sistema de información, comprobaciones, registro de incidentes e indicadores. El cumplimiento documental sin observación de la práctica sería insuficiente.

Los modelos internacionales ofrecen referencias comparables, pero deben adaptarse al marco jurídico, cultural y organizativo. En un servicio público de salud son relevantes la universalidad, la equidad, la continuidad entre niveles, la participación ciudadana, la coordinación sociosanitaria, la transparencia y el uso eficiente de fondos públicos. El modelo andaluz incorpora estas prioridades a través de manuales específicos y de una metodología orientada a la mejora continua.

Un proceso típico de acreditación comprende solicitud o inicio, preparación, autoevaluación, evaluación externa, decisión, comunicación del resultado y seguimiento. La evaluación externa no debería limitarse a revisar carpetas. Debe triangular fuentes: lo que la organización declara, lo que los registros demuestran y lo que evaluadores observan o contrastan mediante entrevistas. Las desviaciones se clasifican, se solicitan acciones correctivas y se verifica su eficacia. La concesión del reconocimiento no cierra el ciclo, porque durante su vigencia pueden cambiar equipos, procesos, tecnología, riesgos y resultados.

La comparación entre modelos exige prudencia. Dos sellos con distinta metodología no son directamente equivalentes. Una puntuación elevada en autoevaluación no equivale a una certificación de tercera parte. Del mismo modo, un estándar clínico específico puede ser más exigente en un aspecto concreto que una norma general de gestión, aunque su alcance sea más limitado. En examen, la clave no es afirmar que un modelo es siempre superior, sino identificar su objeto y método.

4. CERTIFICACIÓN CONFORME A NORMAS ISO

ISO es una organización internacional de normalización que publica normas elaboradas mediante consenso técnico. Las normas ISO son, con carácter general, voluntarias, aunque una disposición jurídica, un contrato o un pliego puede convertir determinados requisitos o certificaciones en condiciones exigibles. En la contratación pública debe distinguirse entre exigir el cumplimiento de requisitos relacionados con el objeto del contrato y exigir un certificado concreto. La normativa contractual admite medios equivalentes y obliga a respetar igualdad, proporcionalidad y concurrencia.

4.1. La familia ISO 9000

La familia ISO 9000 reúne normas sobre sistemas de gestión de la calidad. ISO 9000 contiene fundamentos y vocabulario; ISO 9001 establece requisitos certificables; ISO 9004 ofrece orientación para alcanzar el éxito sostenido y mejorar la calidad de la organización; e ISO 19011 proporciona directrices para auditar sistemas de gestión. La pregunta clásica consiste en identificar ISO 9001 como la norma de requisitos. No debe confundirse con ISO 14001, relativa a gestión ambiental, ISO 45001, relativa a seguridad y salud en el trabajo, o ISO/IEC 27001, relativa a seguridad de la información.

ISO 9001 se apoya en un enfoque por procesos y en el ciclo planificar, hacer, verificar y actuar. La organización debe comprender su contexto, identificar partes interesadas, definir alcance, ejercer liderazgo, planificar riesgos y oportunidades, proporcionar recursos, controlar la operación, evaluar el desempeño y mejorar. La norma no prescribe cómo debe organizarse un hospital ni fija resultados clínicos concretos. Exige que la organización determine y controle sus procesos para proporcionar servicios conformes y aumentar la satisfacción del cliente o usuario.

4.2. Principios de gestión de la calidad

Los siete principios de gestión de la calidad son enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones basada en la evidencia y gestión de las relaciones. En sanidad, el enfoque al cliente debe interpretarse con rigor: la persona usuaria no es un consumidor cualquiera, y sus preferencias se integran con evidencia clínica, seguridad, equidad y obligaciones públicas. La satisfacción es relevante, pero no sustituye la efectividad ni justifica intervenciones inapropiadas.

El pensamiento basado en riesgos exige anticipar fallos que puedan impedir resultados. No obliga a utilizar una única matriz, pero sí a identificar y tratar riesgos y oportunidades. En un proceso de citación pueden analizarse errores de identificación, pérdida de solicitudes, demoras o inequidades. En contratación pueden considerarse desabastecimiento, dependencia de proveedor, incompatibilidad tecnológica, ciberseguridad y coste total. El riesgo se vincula con controles, responsables e indicadores.

4.3. Auditoría y certificación

La certificación de un sistema ISO suele comenzar con una revisión inicial y una auditoría en etapas. La entidad certificadora evalúa el diseño y la implantación, documenta no conformidades y, si se cumplen los requisitos, emite el certificado. Posteriormente realiza auditorías de seguimiento y una recertificación periódica. La organización debe tratar las no conformidades mediante corrección, análisis de causa, acción correctiva y verificación de eficacia. Corregir el efecto inmediato sin eliminar la causa favorece la repetición.

Las auditorías internas son obligatorias dentro del sistema, pero no equivalen a la auditoría de certificación. Deben planificarse según importancia de procesos, cambios y resultados previos. Los auditores deben ser objetivos e imparciales respecto del área examinada. La revisión por la dirección utiliza información sobre auditorías, satisfacción, indicadores, no conformidades, recursos, riesgos y oportunidades para decidir cambios y mejoras.

4.4. Integración de sistemas

Las normas ISO de sistemas de gestión comparten una estructura de alto nivel que facilita su integración. Un centro puede articular en un único sistema elementos de calidad, ambiente, seguridad laboral y seguridad de la información. Esto evita duplicar procedimientos de control documental, auditoría, formación o revisión por la dirección. Sin embargo, integrar no significa diluir requisitos específicos. La gestión ambiental necesita identificar aspectos e impactos; la prevención laboral requiere participación y control de riesgos; la seguridad de la información exige confidencialidad, integridad, disponibilidad y gestión de incidentes.

5. EL MODELO EFQM Y LA LÓGICA REDER

El modelo EFQM es un marco de gestión orientado a ayudar a las organizaciones a crear valor sostenible, mejorar su rendimiento y gestionar la transformación. No es una norma prescriptiva como ISO 9001. No contiene una lista cerrada de procedimientos obligatorios, sino preguntas y criterios que permiten comprender la organización, evaluar su madurez y priorizar mejoras. Su utilidad reside en conectar propósito, estrategia, ejecución y resultados.

Las versiones históricas del modelo se estructuraban en nueve criterios, diferenciando agentes facilitadores y resultados. Las versiones actuales reorganizan el marco en tres grandes bloques: dirección, ejecución y resultados, desarrollados mediante siete criterios. La dirección analiza propósito, visión, estrategia, cultura y liderazgo. La ejecución examina la relación con grupos de interés, la creación de valor sostenible y la gestión del funcionamiento y la transformación. Los resultados valoran percepciones de grupos de interés y rendimiento estratégico y operativo. Para el examen es importante identificar la versión mencionada en el enunciado y no mezclar estructuras de ediciones distintas.

5.1. La lógica REDER

REDER es la lógica de evaluación y mejora del modelo EFQM. Su denominación resume Resultados, Enfoques, Despliegue, Evaluación y Revisión. La organización determina los resultados que pretende alcanzar; diseña enfoques coherentes para lograrlos; despliega esos enfoques de manera sistemática; y evalúa y revisa lo realizado a partir de seguimiento, aprendizaje y creatividad. No es una secuencia rígida que termine, sino un ciclo de aprendizaje.

Los resultados deben ser relevantes, segmentados, comparables y sostenidos. No basta con mostrar un dato aislado favorable. Deben conectarse con la estrategia y con las necesidades de los grupos de interés. Los enfoques han de estar fundamentados e integrados con otros sistemas. El despliegue examina hasta qué punto se aplican de manera coherente en áreas y niveles pertinentes. La evaluación y revisión requieren medición, aprendizaje, innovación y mejora.

La autoevaluación EFQM puede realizarse mediante cuestionarios, talleres, matrices, memorias o evaluaciones externas. El objetivo no es obtener una puntuación por sí misma, sino generar un diagnóstico compartido. La puntuación permite comparar evolución y equilibrar perspectivas, pero puede producir conductas defensivas si se convierte en fin. Una buena autoevaluación identifica evidencias, consensúa fortalezas y áreas de mejora, prioriza acciones y asigna responsables.

5.2. Diferencias con ISO y acreditación sanitaria

ISO 9001 formula requisitos que pueden auditarse para certificar conformidad. EFQM ofrece un marco más amplio y no prescriptivo para evaluar madurez y excelencia. La acreditación sanitaria aplica estándares sectoriales sobre calidad y seguridad. Una organización puede utilizar los tres: ISO para asegurar disciplina de procesos, acreditación para contrastar prácticas sanitarias y EFQM para integrar estrategia, grupos de interés, transformación y resultados.

EFQM concede especial importancia a la coherencia. Una organización no es excelente porque tenga múltiples proyectos, sino porque estos derivan de una estrategia, se despliegan, se miden y producen resultados equilibrados. En el SAS, el modelo puede aplicarse a una unidad, centro o estructura de soporte para revisar liderazgo, participación profesional, alianzas, gestión de recursos, procesos, experiencia de usuarios y resultados.

6. EL MODELO ANDALUZ DE ACREDITACIÓN Y CALIDAD

El modelo andaluz de acreditación y calidad traslada los principios generales de mejora continua al contexto del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Se articula mediante programas y manuales de estándares aplicables a distintos objetos: centros, unidades, servicios, programas, formación, competencias profesionales u otros ámbitos definidos por la organización responsable. Su rasgo esencial es la adaptación a la realidad sanitaria y social andaluza, con atención a derechos, seguridad, continuidad, resultados, gestión del conocimiento y participación.

El modelo no debe entenderse como una inspección sancionadora. La evaluación externa comprueba evidencias y determina el grado de cumplimiento, pero el proceso pretende activar una dinámica interna de reflexión y mejora. La autoevaluación permite a la organización analizar su práctica, localizar brechas y preparar acciones. La evaluación externa aporta contraste, homogeneidad y una mirada independiente. El seguimiento comprueba que el nivel reconocido se mantiene y que las mejoras continúan.

6.1. Estándares y evidencias

Un estándar describe una expectativa de calidad. Para ser evaluable debe poder relacionarse con evidencias observables. Las evidencias pueden ser documentales, testimoniales, registrales o derivadas de observación directa. La existencia de un protocolo es una evidencia limitada: demuestra que se ha definido una forma de actuar, pero no que el protocolo sea conocido, aplicado y eficaz. Por eso el evaluador contrasta formación, registros, indicadores, entrevistas y resultados.

Los manuales se actualizan para incorporar cambios normativos, conocimiento, riesgos emergentes y experiencia acumulada. Esta actualización es necesaria, pero introduce una dificultad de examen: la estructura, la denominación de bloques, los grupos de estándares o los porcentajes pueden corresponder a una edición concreta. La respuesta correcta debe situarse temporalmente. Cuando una pregunta cita expresamente un manual o convocatoria, se aplica esa versión; para el estudio actual debe consultarse la edición vigente que la convocatoria incorpore.

Los estándares esenciales o de grupo básico protegen condiciones mínimas de calidad y seguridad. Los niveles superiores reflejan mayor desarrollo, integración, evaluación y capacidad de innovación. La progresión no consiste solo en acumular documentos, sino en demostrar que el sistema aprende. Un estándar avanzado puede exigir segmentación de resultados, comparación externa, participación de usuarios, evaluación del impacto o transferencia de buenas prácticas.

6.2. Orientación a la persona y seguridad

El modelo sitúa a la persona como centro, lo que implica derechos, información comprensible, consentimiento, intimidad, accesibilidad, participación y continuidad. La orientación a la persona no se limita a medir satisfacción; exige incorporar necesidades y preferencias a decisiones compartidas y diseñar servicios que reduzcan barreras. También obliga a contemplar diversidad, vulnerabilidad y desigualdades.

La seguridad se aborda mediante identificación de riesgos, comunicación de incidentes, análisis causal, prácticas seguras y cultura justa. Una cultura justa distingue error humano, conducta de riesgo y conducta temeraria. Busca aprender sin eliminar la responsabilidad. El objetivo es que los profesionales comuniquen riesgos y que la organización actúe sobre factores del sistema, como carga de trabajo, diseño de interfaces, disponibilidad de recursos o ambigüedad de procedimientos.

6.3. Resultados y mejora continua

La acreditación debe conectarse con resultados. Los indicadores deben ser válidos, fiables, interpretables y útiles. Conviene equilibrar indicadores de estructura, proceso y resultado; resultados clínicos, experiencia, seguridad, tiempos y eficiencia; datos globales y segmentados. Un indicador sin estándar, responsable o acción asociada tiene poco valor de gestión. La comparación debe ajustar diferencias relevantes y evitar conclusiones simplistas.

La mejora sigue una secuencia: identificar problema, analizar causas, diseñar intervención, implantarla, medir efectos y estandarizar o revisar. Las acciones deben ser específicas, responsables y fechadas. La evaluación de eficacia es imprescindible. Cerrar una acción porque se ha impartido formación no demuestra que el problema haya disminuido; hay que comprobar si cambió la práctica y si el resultado se mantiene.

7. LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, conocida por las siglas ACSA, es la referencia institucional del modelo andaluz de certificación y acreditación de la calidad. En la estructura utilizada por las convocatorias recientes se presenta como una organización pública de evaluación y certificación vinculada a la Consejería competente en salud e integrada en la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Dado que las adscripciones orgánicas pueden modificarse, una pregunta de examen debe resolverse con la estructura vigente en la fecha y con la redacción concreta del temario.

Su misión se relaciona con promover la mejora de la calidad y la seguridad mediante programas de certificación, desarrollo de estándares, evaluación, apoyo metodológico y difusión de buenas prácticas. La ACSA actúa sobre organizaciones, unidades, servicios, competencias profesionales y otros programas. La amplitud de objetos evaluables permite utilizar un marco común de calidad, pero exige manuales específicos para no aplicar requisitos genéricos sin adaptación.

7.1. Fases del proceso

El proceso de certificación se concibe como dinámico y continuo. En el esquema evaluado en el examen de Administración General 2021, la fase 2 correspondía a la autoevaluación. La secuencia incluía una fase inicial o de preparación, la autoevaluación, la evaluación externa y el seguimiento. La organización designa responsables, conoce el manual, analiza estándares, reúne evidencias y formula mejoras. La ACSA evalúa después el grado de cumplimiento y emite la decisión correspondiente.

La autoevaluación no es una auditoría simulada para esconder deficiencias. Es el momento de reconocer brechas y actuar. En el modelo preguntado en la convocatoria de 2023, esta fase tenía una duración máxima de doce meses. El límite evita procesos indefinidos y obliga a planificar. El equipo de autoevaluación debe ser representativo, conocer procesos reales y mantener un repositorio de evidencias trazable.

La evaluación externa puede incluir revisión documental, entrevistas, observación y visita. Los evaluadores aplican criterios definidos y registran hallazgos. La decisión corresponde al órgano previsto por el modelo, no al evaluador individual. El certificado identifica entidad, alcance, manual aplicable, fecha y periodo de validez. En la pregunta 80 de la convocatoria de Administración General 2023, la plantilla oficial fijó cinco años de validez para el certificado de servicios examinado.

Durante el seguimiento, la organización debe mantener las condiciones, comunicar cambios relevantes, actualizar planes y responder a revisiones. La pérdida de requisitos esenciales, una modificación sustancial o la falta de colaboración puede afectar al reconocimiento conforme a las reglas del programa. La certificación no es propiedad perpetua; expresa una situación evaluada dentro de un alcance y periodo.

7.2. Certificación de competencias profesionales

La certificación de competencias profesionales evalúa comportamientos observables, conocimientos, habilidades y actitudes vinculados al desempeño. Los manuales definen competencias, buenas prácticas y evidencias. Las evidencias pueden consistir en formación, actividad, resultados, proyectos, evaluaciones, producción científica o demostraciones de práctica, según el perfil. La evaluación debe comprobar autenticidad, pertinencia, suficiencia y actualidad.

Los grados y porcentajes dependen del manual. La pregunta 145 del examen de Administración General 2025 se refería al grado excelente de un manual de competencias y estableció como respuesta oficial el 60 por ciento de evidencias del grupo I, el 70 por ciento del grupo II y el 80 por ciento del grupo III. Esta cifra no debe generalizarse sin comprobar el manual, porque el propio enunciado vinculaba los porcentajes al nivel y al esquema de evidencias aplicable.

La certificación de competencias puede relacionarse con políticas de desarrollo profesional, carrera, formación y gestión del conocimiento, pero no debe presentarse como un derecho retributivo automático. Sus efectos dependen de acuerdos y normativa de carrera aplicables. Desde la perspectiva administrativa, exige gestionar convocatorias, evidencias, protección de datos, recursos, incompatibilidades de evaluadores y trazabilidad de decisiones.

8. TECNOLOGÍA SANITARIA: CONCEPTO, ALCANCE Y CICLO DE VIDA

La tecnología sanitaria comprende la aplicación organizada de conocimientos y capacidades para resolver problemas de salud y mejorar la calidad de vida. El concepto es deliberadamente amplio. Incluye medicamentos, vacunas, productos sanitarios, equipos, pruebas diagnósticas, procedimientos médicos y quirúrgicos, programas preventivos, sistemas de información y formas organizativas utilizadas en la atención. No se limita a aparatos de alta complejidad.

La pregunta 38 del examen de Administración General 2021 confirmó esta amplitud: medicamentos, dispositivos y procedimientos médicos o quirúrgicos y sistemas organizativos formaban parte del concepto, por lo que la respuesta conjunta era correcta. Esta es una trampa frecuente. Una vía clínica, un programa de cribado o un modelo de telemonitorización pueden ser tecnologías sanitarias aunque no consistan en un dispositivo físico.

8.1. Clasificaciones útiles

Las tecnologías pueden clasificarse por finalidad: prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación, monitorización u organización. También por naturaleza: medicamentos, dispositivos, procedimientos, sistemas digitales o modelos organizativos. Desde la gestión interesa distinguir tecnología nueva, emergente, establecida, de bajo valor y obsoleta. La novedad comercial no equivale a innovación relevante; una innovación aporta un beneficio adicional, mejora eficiencia o resuelve una necesidad no cubierta.

La tecnología puede ser sustitutiva, cuando reemplaza otra; complementaria, cuando añade actividades o consumos; o expansiva, cuando amplía indicaciones y población tratada. Esta distinción es crítica para presupuestar. Una prueba más barata por unidad puede aumentar el gasto total si multiplica el número de pruebas o genera procedimientos posteriores. El análisis debe considerar la ruta asistencial completa.

8.2. Ciclo de vida

El ciclo de vida comienza con investigación y desarrollo, continúa con regulación y acceso al mercado, evaluación, decisión de incorporación, difusión, uso rutinario, reevaluación y eventual retirada o desinversión. La evaluación puede intervenir en todas las fases. La detección temprana de tecnologías emergentes permite anticipar impacto. La evaluación previa informa la incorporación. El seguimiento con datos reales comprueba efectividad y seguridad. La reevaluación decide si mantener, restringir o retirar.

La autorización de comercialización responde a requisitos regulatorios, pero no determina por sí sola financiación o incorporación al sistema público. Una tecnología autorizada puede aportar un beneficio pequeño, tener alternativas más eficientes o presentar incertidumbre. La decisión pública debe valorar necesidad, comparador, resultados relevantes, seguridad, costes, impacto organizativo, equidad y viabilidad.

El uso real puede diferir del estudiado en ensayos. Los pacientes son más heterogéneos, la adherencia cambia y los profesionales desarrollan curvas de aprendizaje. Por eso son importantes registros, auditorías, farmacovigilancia, tecnovigilancia e indicadores. Los contratos pueden incorporar cláusulas de seguimiento, formación, mantenimiento, interoperabilidad y resultados, siempre que sean jurídicamente válidas y proporcionadas.

8.3. Tecnología digital

Las tecnologías digitales incluyen aplicaciones, algoritmos, inteligencia artificial, telemedicina, sistemas de apoyo a decisiones y dispositivos conectados. Su evaluación añade cuestiones de calidad de datos, sesgos, explicabilidad, ciberseguridad, interoperabilidad, actualización y dependencia del proveedor. Un algoritmo puede degradar su rendimiento cuando cambia la población o el entorno. La evaluación no termina con la compra: necesita monitorización y control de versiones.

La protección de datos no se agota en obtener consentimiento. Debe existir base jurídica, minimización, información, seguridad, evaluación de riesgos y, cuando proceda, evaluación de impacto. La tecnología debe integrarse en el flujo de trabajo sin aumentar carga, duplicidad o riesgo. La usabilidad es una dimensión de seguridad.

9. VARIABILIDAD DE LA PRÁCTICA Y USO APROPIADO

La variabilidad de la práctica sanitaria es la existencia de diferencias en la utilización de servicios, decisiones o resultados entre profesionales, centros, áreas o grupos de población. No toda variabilidad es negativa. Puede estar justificada por necesidades clínicas, preferencias informadas, epidemiología, complejidad o disponibilidad razonable. El problema aparece cuando las diferencias no pueden explicarse por estos factores y reflejan incertidumbre, hábitos, incentivos, oferta, barreras de acceso o aplicación desigual de la evidencia.

9.1. Variabilidad justificada e injustificada

La variabilidad justificada expresa adaptación. Dos pacientes con igual diagnóstico pueden requerir decisiones distintas por comorbilidad, riesgo, valores o contexto. La variabilidad injustificada o no deseada produce sobreutilización, infrautilización o uso incorrecto. La sobreutilización expone a intervenciones sin beneficio suficiente. La infrautilización priva de prestaciones efectivas. El uso incorrecto ocurre cuando la indicación, ejecución, seguimiento o coordinación son inadecuados.

El análisis de áreas pequeñas compara tasas ajustadas entre territorios. Si persisten diferencias amplias, se investiga la influencia de la oferta, preferencias profesionales y organización. Las tecnologías sensibles a la oferta tienden a utilizarse más donde existe mayor capacidad. Las decisiones sensibles a preferencias requieren información compartida porque varias opciones presentan balances diferentes. Las intervenciones efectivas deberían mostrar poca variabilidad si la necesidad es comparable.

9.2. Concepto de uso apropiado

El uso es apropiado cuando el beneficio esperado para una persona o población supera razonablemente los riesgos y costes, considerando alternativas, evidencia, preferencias, equidad y capacidad del sistema. No es sinónimo de uso más barato ni de uso más frecuente. Una tecnología cara puede ser apropiada si genera un beneficio relevante y no existe alternativa eficiente; una tecnología barata puede ser inapropiada si no aporta valor o provoca cascadas diagnósticas.

La adecuación requiere indicación correcta, momento oportuno, dosis o intensidad adecuada, profesional competente, entorno seguro, información al paciente, seguimiento y criterios de retirada. Debe valorarse el coste de oportunidad: financiar una intervención impide utilizar esos recursos en otra. En el sistema público, la decisión combina beneficio individual y responsabilidad poblacional.

9.3. Estrategias para reducir variabilidad no deseada

Las guías de práctica clínica, protocolos, vías clínicas y herramientas de apoyo pueden reducir variabilidad, pero deben ser válidas, actualizadas e implantadas. Publicar una guía no cambia la práctica automáticamente. Se necesita formación, adaptación local, liderazgo, sistemas de información, auditoría y retroalimentación. Los indicadores deben detectar tanto exceso como defecto de uso.

La decisión compartida es esencial cuando existen opciones equivalentes con consecuencias diferentes. La persona recibe información sobre beneficios, riesgos e incertidumbre y expresa sus valores. Esto no significa trasladarle toda la responsabilidad, sino integrar preferencias en una deliberación profesional. Las ayudas a la decisión pueden mejorar comprensión y reducir intervenciones no alineadas con preferencias.

La desinversión consiste en reducir o retirar tecnologías de bajo valor, obsoletas o menos eficientes. Puede ser total, parcial o condicionada. La resistencia aumenta cuando la tecnología está incorporada a rutinas, identidad profesional o inversiones previas. Un plan de desinversión necesita evidencia, alternativas, comunicación, seguimiento y gestión del cambio. La retirada abrupta sin sustitución puede generar inequidad o riesgo.

Los acuerdos de uso controlado permiten incorporar una tecnología con incertidumbre bajo condiciones: centros autorizados, población restringida, registro, indicadores y reevaluación. No deben utilizarse para eludir evaluación, sino para generar evidencia y controlar riesgo. La contratación puede facilitar estos acuerdos mediante condiciones de suministro y datos, respetando confidencialidad y normativa.

10. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS

La evaluación de tecnologías sanitarias es un proceso multidisciplinar, sistemático, transparente y basado en métodos explícitos que sintetiza información sobre una tecnología para apoyar decisiones. No decide por sí sola, pero reduce incertidumbre y hace visibles beneficios, daños, costes, implicaciones organizativas, sociales y éticas. La decisión final corresponde al órgano competente, que puede incorporar prioridades, presupuesto y valores públicos.

La pregunta 34 del examen de Administración General 2023 recogió las dimensiones médicas, sociales, económicas y éticas. En evaluaciones completas se añaden con frecuencia aspectos organizativos, jurídicos, de pacientes y ambientales. La amplitud depende de la pregunta. Una evaluación rápida puede centrarse en evidencia clínica y costes; una evaluación completa analiza implementación y equidad.

10.1. Formulación de la pregunta

La evaluación comienza delimitando población, intervención, comparador, resultados y contexto. Una pregunta mal formulada produce búsquedas irrelevantes. El comparador debe ser la práctica habitual o la alternativa pertinente, no un placebo si existe tratamiento. Los resultados deben ser importantes para pacientes y sistema: mortalidad, calidad de vida, eventos adversos, capacidad funcional, experiencia, consumo de recursos o impacto organizativo.

Los desenlaces sustitutos requieren cautela. Una mejora en un marcador no garantiza un beneficio clínico. La duración del seguimiento debe ser suficiente. En diagnóstico se valora exactitud, pero también utilidad clínica: detectar más casos no mejora salud si el hallazgo no cambia decisiones o genera sobrediagnóstico.

10.2. Síntesis de evidencia

La revisión sistemática identifica, selecciona, evalúa y sintetiza estudios mediante un protocolo. La búsqueda debe ser reproducible y minimizar sesgos. La calidad de cada estudio depende de diseño, aleatorización, cegamiento, pérdidas, medición y análisis. La certeza global considera riesgo de sesgo, inconsistencia, indirectitud, imprecisión y sesgo de publicación.

El metaanálisis combina cuantitativamente resultados cuando los estudios son suficientemente homogéneos. Una estimación precisa no corrige sesgos de estudios defectuosos. La heterogeneidad debe explorarse. Los estudios observacionales son útiles para seguridad, efectividad real y tecnologías organizativas, aunque requieren controlar confusión.

10.3. Seguridad, ética y equidad

La seguridad incluye frecuencia, gravedad, reversibilidad y distribución de daños. Los eventos raros pueden no detectarse antes de la difusión. La evaluación debe considerar aprendizaje, errores de uso, mantenimiento y ciberseguridad. El balance beneficio-riesgo puede variar por subgrupos.

La ética examina autonomía, privacidad, justicia, aceptabilidad y consecuencias para grupos vulnerables. La equidad analiza si la tecnología reduce o amplía desigualdades por territorio, nivel socioeconómico, género, edad, discapacidad u otros factores. Una intervención digital puede mejorar acceso para algunos y excluir a quienes carecen de conectividad o capacidades.

10.4. Organización e implementación

Una tecnología eficaz puede fracasar si exige recursos inexistentes. Deben analizarse personal, formación, infraestructura, tiempos, coordinación, mantenimiento, consumibles, residuos, interoperabilidad y cambios de proceso. La curva de aprendizaje puede aumentar riesgos iniciales. La centralización puede mejorar resultados pero dificultar accesibilidad.

Las recomendaciones deben expresar incertidumbre y condiciones. Pueden ser favorables, desfavorables, restringidas a subgrupos o condicionadas a generación de evidencia. Deben indicar comparador, población, nivel de certeza y necesidades de seguimiento. La transparencia exige declarar conflictos de interés y permitir trazabilidad desde evidencia hasta recomendación.

11. EVALUACIÓN ECONÓMICA E IMPACTO PRESUPUESTARIO

La evaluación económica compara costes y resultados de alternativas. Su finalidad no es ahorrar a cualquier precio, sino identificar qué opción obtiene mayor valor con recursos limitados. El análisis debe definir perspectiva, horizonte temporal, comparador, costes, resultados, descuento, incertidumbre y subgrupos. La perspectiva del sistema sanitario incluye costes asumidos por el sistema; una perspectiva social puede añadir productividad, cuidados informales y costes de pacientes.

11.1. Tipos de análisis

El análisis de minimización de costes solo es válido si las alternativas tienen resultados equivalentes demostrados. Si la equivalencia no está acreditada, elegir por coste es incorrecto. El análisis coste-efectividad expresa resultados en unidades naturales, como años de vida ganados, eventos evitados o reducción de presión arterial. El análisis coste-utilidad utiliza medidas que combinan cantidad y calidad de vida, principalmente años de vida ajustados por calidad, AVAC o QALY. El análisis coste-beneficio expresa costes y beneficios en unidades monetarias.

Los AVAC combinan tiempo de vida y peso de calidad. Un año en salud perfecta equivale idealmente a un AVAC; estados de salud reciben valores inferiores y, en algunos instrumentos, pueden tomar valores negativos. La medida permite comparar intervenciones diferentes, pero plantea decisiones metodológicas y éticas sobre preferencias, discapacidad y distribución.

La razón incremental de coste-efectividad se calcula como diferencia de costes dividida por diferencia de efectos. El análisis incremental evita comparar ratios medios engañosos. Una alternativa domina a otra si es menos costosa y más efectiva. La dominancia extendida aparece cuando una combinación de alternativas ofrece mejor eficiencia. La interpretación requiere un umbral o juicio sobre coste de oportunidad, pero el umbral no debe tratarse como regla mecánica desligada de incertidumbre, necesidad y equidad.

11.2. Costes y horizonte

Los costes incluyen adquisición, instalación, mantenimiento, consumibles, personal, pruebas, hospitalizaciones, efectos adversos y cambios organizativos. El precio de compra es solo una parte del coste total. En equipamiento, vida útil, disponibilidad, averías, actualizaciones, formación y retirada son relevantes. En tecnología digital, licencias, almacenamiento, integración, ciberseguridad y dependencia del proveedor pueden ser determinantes.

El horizonte temporal debe capturar diferencias relevantes. Si costes y beneficios ocurren en distintos años, se aplican tasas de descuento conforme a la metodología. Los modelos económicos extrapolan cuando los estudios no cubren todo el horizonte, lo que aumenta incertidumbre. Deben validarse supuestos y realizarse análisis de sensibilidad.

11.3. Incertidumbre e impacto presupuestario

El análisis de sensibilidad univariante modifica parámetros de uno en uno; el probabilístico asigna distribuciones y simula conjuntamente. Los escenarios exploran supuestos alternativos. La presentación debe mostrar qué variables cambian la conclusión. La incertidumbre estructural sobre el modelo puede ser más importante que la estadística.

El análisis de impacto presupuestario estima consecuencias financieras de adoptar una tecnología en una población y periodo concretos. No sustituye al coste-efectividad. Una intervención puede ser eficiente pero inasumible a corto plazo por volumen; otra puede tener impacto pequeño pero escaso valor. El presupuesto necesita estimar población candidata, difusión, sustitución, desplazamientos y costes de implementación.

Los acuerdos basados en resultados o riesgo compartido pueden gestionar incertidumbre y sostenibilidad. Su diseño exige resultados medibles, fuentes de datos, responsabilidades, reglas de pago, auditoría y protección de datos. Un acuerdo complejo puede costar más de administrar que el riesgo que pretende cubrir.

12. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS EN ANDALUCÍA: AETSA Y REDETS

Andalucía cuenta con una estructura especializada de evaluación conocida como AETSA, Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. Su finalidad es apoyar decisiones informadas sobre tecnologías a lo largo de su ciclo de vida, desde la incorporación hasta el uso, la reevaluación y la obsolescencia. El examen de Administración General 2023 formuló esta finalidad de manera expresa y rechazó que AETSA tuviera como fin inventariar o adquirir tecnología.

AETSA elabora o participa en informes de evaluación, revisiones, respuestas breves, guías y productos metodológicos. Su trabajo puede dirigirse a responsables políticos, gestores, profesionales y pacientes. La evaluación debe mantener independencia técnica, transparencia y declaración de intereses. La agencia no sustituye a los órganos de contratación, financiación o planificación; les proporciona evidencia para decidir.

12.1. Adscripción organizativa

La estructura orgánica ha variado en el tiempo. En el examen de 2021 se preguntó por la atribución de funciones de la extinta agencia bajo el Decreto 105/2019, cuya respuesta oficial fue la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud. En el examen de 2025, pregunta 99, la respuesta oficial situó AETSA en la Secretaría General de Salud Pública e I+D+i en Salud de la Consejería de Salud y Consumo. Esta evolución demuestra que la adscripción debe estudiarse con la norma vigente en la convocatoria.

Para el opositor, la regla es separar misión estable y estructura variable. La misión consiste en facilitar decisiones informadas. La adscripción depende de decretos de estructura orgánica. Cuando una pregunta cita una fecha o decreto, debe aplicarse ese marco. No es correcto trasladar automáticamente una respuesta de 2021 a una convocatoria posterior.

12.2. RedETS

AETSA participa en la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, RedETS. La red coordina agencias y unidades para elaborar evaluaciones destinadas a apoyar decisiones comunes del Sistema Nacional de Salud. La cooperación evita duplicidades, distribuye trabajo, armoniza métodos y facilita que los informes tengan utilidad en distintas comunidades autónomas.

La selección de temas se relaciona con actualización de cartera, necesidades del sistema, impacto y variabilidad. Los productos se elaboran mediante planes de trabajo y metodologías compartidas. La participación de pacientes y profesionales mejora relevancia, aunque debe gestionarse con reglas de transparencia. La red no es una entidad de compra ni una agencia reguladora de medicamentos; su función es evaluadora y asesora.

12.3. Del informe a la decisión

Un informe puede concluir que la evidencia es suficiente, insuficiente o incierta. La decisión puede financiar, restringir, condicionar, no incorporar o reevaluar. El órgano decisor debe justificar cómo ha considerado evidencia, presupuesto, equidad y prioridades. La separación entre evaluación y decisión protege la independencia: el evaluador caracteriza valor e incertidumbre; la autoridad asume la responsabilidad política y administrativa.

La difusión de recomendaciones debe acompañarse de implementación. Si una tecnología se incorpora, se necesitan criterios de uso, circuitos, formación, indicadores y revisión. Si se desinvierte, se requiere transición. Las bases de datos del SAS pueden aportar evidencia de práctica real, pero su uso exige calidad de datos, gobernanza, protección y análisis adecuado.

13. APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL SAS Y FUNCIONES DEL TFA

El TFA de Administración General interviene en la calidad y en la evaluación tecnológica desde funciones de planificación, contratación, presupuesto, recursos humanos, sistemas de información, control y asesoramiento. Su aportación consiste en convertir decisiones técnicas en procedimientos jurídicamente correctos, económicamente sostenibles y medibles. La competencia clínica corresponde a profesionales sanitarios, pero la decisión institucional requiere equipos multidisciplinares.

13.1. Planificación y cartera

Antes de incorporar una tecnología debe definirse la necesidad. El expediente debe describir problema, población, comparador, actividad esperada, evidencia, impacto organizativo y recursos. La demanda de un servicio no basta. Es preciso comprobar alineación con cartera, planes, estrategia, recomendaciones y disponibilidad presupuestaria. Cuando la evidencia sea incierta, pueden proponerse pilotos o uso condicionado con evaluación.

13.2. Contratación pública

La contratación debe traducir la necesidad en prescripciones y criterios vinculados al objeto. No se debe diseñar el pliego a partir de una marca salvo supuestos justificados y equivalencia. La calidad puede reflejarse en rendimiento, seguridad, interoperabilidad, mantenimiento, formación, tiempos de respuesta, consumibles, sostenibilidad y resultados. Los criterios deben ser evaluables y permitir competencia.

El coste total de propiedad evita decisiones basadas en precio inicial. Deben considerarse instalación, obra, licencias, consumibles, mantenimiento, actualización, energía, residuos, formación y retirada. Las cláusulas de datos y ciberseguridad son esenciales en tecnología digital. También debe regularse reversibilidad y portabilidad para reducir dependencia del proveedor.

13.3. Control y seguimiento

El contrato y el plan de implantación deben incluir indicadores. Para equipamiento pueden medirse disponibilidad, averías, utilización, tiempos, calidad y eventos. Para programas, cobertura, adherencia, resultados y equidad. Los datos deben tener fuente, periodicidad, responsable y umbral. El seguimiento permite comprobar si la tecnología sustituye a la anterior o se suma a ella, si se usa fuera de indicación y si produce el beneficio esperado.

La gestión de inventario y obsolescencia debe conectarse con evaluación. Mantener equipos infrautilizados consume espacio y mantenimiento. Retirar demasiado pronto desperdicia inversión. Un plan de renovación necesita criticidad, vida útil, seguridad, disponibilidad de repuestos, interoperabilidad y coste. La contabilidad y el inventario aportan información, pero la decisión no es solo contable.

13.4. Acreditación y gestión documental

En un proceso ACSA, el TFA puede coordinar evidencias, procedimientos, indicadores, actas, contratos y planes. Debe evitar crear documentación paralela solo para la visita. La evidencia debe salir de sistemas ordinarios. El control de versiones, aprobaciones, accesos y conservación es fundamental. Los documentos obsoletos deben retirarse, pero conservarse según obligaciones de archivo.

Las no conformidades y áreas de mejora deben tratarse con metodología. El análisis causal puede utilizar los cinco porqués, diagramas causa-efecto o análisis de barreras. Las acciones deben actuar sobre causas, no solo recordar instrucciones. La eficacia se verifica con datos. El cuadro de mando debe equilibrar calidad, seguridad, actividad, experiencia y costes.

13.5. Gobernanza e integridad

Las decisiones tecnológicas presentan conflictos de interés. Profesionales, proveedores y gestores pueden tener relaciones o incentivos. Deben declararse, evaluarse y gestionarse. La participación de expertos es necesaria, pero no elimina la obligación de imparcialidad. Las actas deben registrar criterios y abstenciones.

La transparencia no implica divulgar información confidencial o secretos comerciales. Exige publicar criterios, procedimientos y fundamentos dentro del marco legal. La participación de pacientes debe ser significativa y no meramente simbólica. La protección de datos y la seguridad de la información se integran desde el diseño.

13.6. Caso práctico

Este ejemplo muestra que calidad, evaluación y contratación forman un continuo. Una decisión técnicamente prometedora puede fracasar por mala integración; un pliego impecable puede comprar una tecnología sin valor; una acreditación puede detectar el riesgo, pero solo la gestión diaria lo controla. El TFA aporta disciplina administrativa para que evidencia, legalidad y recursos converjan.

14. CONCLUSIONES E IDEAS CLAVE

La calidad sanitaria es una responsabilidad transversal. La acreditación, la certificación ISO, EFQM y la evaluación de tecnologías no compiten entre sí. Cada instrumento responde a una finalidad distinta y puede integrarse en un sistema común de gobernanza y mejora. ISO aporta requisitos y disciplina de procesos; EFQM ofrece una visión global de dirección, ejecución y resultados; el modelo andaluz traduce expectativas de calidad sanitaria en estándares; ACSA evalúa y certifica; y la evaluación de tecnologías informa decisiones sobre valor y uso.

La primera distinción que debes dominar es la de acreditación y certificación. En sentido técnico, la acreditación reconoce competencia del evaluador y la certificación declara conformidad del objeto. En el uso sanitario, acreditación puede designar el reconocimiento de centros o profesionales frente a estándares. La autorización, inspección y homologación son figuras diferentes.

La segunda clave es ISO. ISO 9001 se refiere a gestión de calidad; ISO 14001 a ambiente; ISO 45001 a seguridad y salud laboral; ISO/IEC 27001 a seguridad de la información; e ISO 19011 contiene directrices de auditoría. ISO 9001 no certifica excelencia clínica. Su fuerza está en el enfoque por procesos, liderazgo, riesgos, evaluación y mejora.

La tercera clave es EFQM y REDER. REDER significa Resultados, Enfoques, Despliegue, Evaluación y Revisión. Las preguntas oficiales han utilizado distractores como División. Debes reconocer también que la estructura del modelo ha cambiado entre versiones; no mezcles nueve criterios históricos con siete criterios actuales si el enunciado fija una edición.

La cuarta clave es ACSA. El proceso se estudia según la versión aplicable. Los exámenes aportados fijaron fase 2 como autoevaluación, un máximo de doce meses para esa fase y cinco años de validez del certificado de servicios en la convocatoria 2023. Los manuales y porcentajes son versionados. El grado excelente de competencias de la pregunta 145 de 2025 exigía 60, 70 y 80 por ciento para grupos I, II y III.

La quinta clave es el concepto amplio de tecnología sanitaria. Incluye medicamentos, dispositivos, procedimientos y sistemas organizativos. La evaluación analiza dimensiones clínicas, sociales, económicas y éticas, además de las organizativas y jurídicas que procedan. AETSA apoya decisiones durante todo el ciclo de vida; no compra ni inventaría por sí sola.

La sexta clave es variabilidad. No toda diferencia es mala. Debes distinguir adaptación justificada de variabilidad no deseada. El uso apropiado requiere beneficio-riesgo favorable, evidencia, preferencias, alternativas, equidad y coste de oportunidad. La desinversión y reevaluación forman parte de la calidad.

La séptima clave es la economía. Coste-efectividad usa unidades naturales; coste-utilidad usa AVAC o QALY; coste-beneficio monetiza beneficios; impacto presupuestario estima asequibilidad. La evaluación económica no sustituye el juicio, pero obliga a hacer explícitas consecuencias y renuncias.

La estrategia de examen debe combinar conceptos estables y datos temporales. Los conceptos estables son finalidad, diferencias entre modelos, REDER, amplitud de tecnología y dimensiones de evaluación. Los datos temporales son adscripciones orgánicas, ediciones de manuales, duración, niveles y porcentajes. En estos últimos, utiliza la norma o documento citado y revisa vigencia.

15. MAPA CONCEPTUAL