1 Marco normativo y contextualización

Si existe un tema que el tribunal del SAS pone a prueba examen tras examen, ese es el procedimiento administrativo. Y tiene sentido: el Administrativo/a del SAS vive el procedimiento todos los días, desde que una solicitud entra por registro hasta que se notifica la resolución. Aquí no estamos hablando de teoría pura; estamos hablando de la estructura que sostiene cada expediente que tramitas.

La norma central es la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). Esta ley derogó a la legendaria Ley 30/1992 y entró en vigor de forma escalonada: la parte procesal el 2 de octubre de 2016 y la de registro y archivo el 2 de octubre de 2018.

No trabaja sola. La LPAC convive con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que regula la organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Ambas forman un tándem inseparable —juntas sustituyeron a la Ley 30/1992— y el examinador suele confundir deliberadamente sus contenidos para ponerte a prueba.

Para el Administrativo/a del SAS, este tema es de máxima relevancia práctica. Cuando tramitas un expediente de reclamación de paciente, cuando gestionas un recurso contra una resolución de compras, cuando registras un escrito de un ciudadano o cuando aplicas el silencio positivo a una solicitud de información: todo eso es LPAC en acción. Conocer esta ley es conocer tu trabajo.

2 Ámbito de aplicación de la LPAC (arts. 1–3)

2.1. Objeto y ámbito subjetivo

Según el artículo 1 de la LPAC, esta ley regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común, los principios del ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria y, en fin, los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

El artículo 2 delimita el ámbito subjetivo. La ley se aplica al sector público, que comprende:

• La Administración General del Estado.
• Las Administraciones de las Comunidades Autónomas —y aquí entra el SAS como Agencia Pública Empresarial dependiente de la Junta de Andalucía—.
• Las Entidades que integran la Administración Local.
• El sector público institucional: organismos públicos, entidades de derecho público, universidades públicas y corporaciones de derecho público.

2.2. Ámbito objetivo

La ley regula el procedimiento administrativo común, es decir, el conjunto de trámites que toda Administración debe seguir para dictar sus actos con plenas garantías. No obstante, hay procedimientos especiales que tienen sus propias reglas (sancionador, de responsabilidad patrimonial, etc.), aunque siempre con la LPAC como norma supletoria.

2.3. Principios que inspiran la LPAC

La ley se asienta sobre varios principios fundamentales que el opositor debe interiorizar:

• Principio de legalidad: la Administración actúa sometida al ordenamiento jurídico.
• Principio de eficacia: los actos deben producir sus efectos desde que se dictan.
• Principio de economía procesal: se evitan dilaciones innecesarias.
• Principio de no discriminación: igualdad en el acceso a los procedimientos.
• Principio de transparencia y publicidad: los ciudadanos tienen derecho a conocer el estado de sus expedientes.
• Principio de administración electrónica: el procedimiento debe desarrollarse preferentemente por medios electrónicos.

3 Los interesados: concepto y capacidad de obrar (arts. 3–11)

3.1. Concepto de interesado (art. 4)

Son interesados en el procedimiento administrativo, según el artículo 4 LPAC, las siguientes personas:

1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
2. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
3. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

3.2. Capacidad de obrar (art. 3)

El artículo 3 LPAC amplía la capacidad de obrar administrativa más allá de la civil. Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

• Las personas físicas con capacidad de obrar según las normas civiles.
• Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo.
• Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, cuando la ley así lo declare.

3.3. La representación (arts. 5–6)

Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar mediante representante. La representación puede ser:

• Acreditada por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.
• Para actos con trascendencia especial (interposición de recursos, renuncias, desistimientos), la representación deberá constar expresamente.
• El SAS y el resto de AAPP deben habilitar un registro electrónico de apoderamientos para que los ciudadanos puedan designar a sus representantes de forma segura.

3.4. Identificación y firma (art. 9 y 11)

Los interesados se relacionan electrónicamente con la Administración mediante sistemas de identificación (Cl@ve, certificado electrónico, DNI electrónico) y de firma. El artículo 11.2 establece que las AAPP solo requerirán el uso obligatorio de firma para:

• Formular solicitudes.
• Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
• Interponer recursos.
• Desistir de acciones.
• Renunciar a derechos.

3.5. Varios interesados (art. 7)

Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el interesado que expresamente hayan señalado, y en su defecto, con el que figure en primer término.

4 Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración (art. 13)

El artículo 13 LPAC recoge el catálogo de derechos de las personas en su relación con las AAPP. Es una de las disposiciones más reproducidas en examen, así que conviene aprenderla bien. Estas personas tienen los siguientes derechos:

• A comunicarse con las AAPP a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
• A ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
• A utilizar las lenguas oficiales del territorio donde radique el órgano con el que se relacionan.
• Al acceso a la información pública, archivos y registros, según la Ley 19/2013 de Transparencia.
• A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios.
• A exigir las responsabilidades de las AAPP cuando así corresponda.
• A la protección de datos de carácter personal y en especial a la seguridad y confidencialidad de sus datos que consten en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las AAPP.
• A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y, en su caso, actuar con asistencia.
• Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

4.1. Derechos de los interesados en el procedimiento (art. 53)

Además de los derechos del artículo 13, los interesados tienen, en el procedimiento concreto, derecho a:

• Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan condición de interesado.
• Obtener copias de los documentos contenidos en los procedimientos.
• Identificar a las autoridades y personal al servicio de las AAPP bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
• No presentar documentos originales salvo que de forma excepcional la normativa lo requiera; y no aportar datos y documentos que ya obren en poder de las AAPP.
• Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
• Actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente.
• Exigir a las AAPP que hagan un uso racional de los medios electrónicos.

5 La obligación de resolver: el silencio administrativo (arts. 21–24)

5.1. La obligación de resolver (art. 21)

La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla. Esta obligación no se extingue por desistimiento, renuncia o declaración de caducidad. El plazo máximo para resolver y notificar es el que establezca la norma reguladora del procedimiento; si esta no lo fija, el plazo es de tres meses.

5.2. El silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado (arts. 24–25)

Cuando vence el plazo sin resolución expresa ni notificación, entra en juego el silencio administrativo. La regla general está en el artículo 24:

5.3. El silencio en procedimientos iniciados de oficio (art. 25)

Cuando el procedimiento lo inicia la propia Administración (de oficio), el silencio funciona de manera diferente:

• En procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o constitución de derechos: caducidad del procedimiento (silencio negativo para la Administración).
• En procedimientos de los que pudiera derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado: caducidad del procedimiento, sin perjuicio de la posible prescripción de la acción.

6 Términos y plazos (arts. 29–32)

6.1. Clases de plazos

Los plazos pueden establecerse en horas, días, meses o años. La distinción entre días hábiles y días naturales es crítica en examen:

6.2. Cómputo de plazos (art. 30)

Las reglas de cómputo son las siguientes:

• Si el plazo se señala en días, comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
• Si el plazo se señala en meses o años, éstos se computarán a partir del día de la notificación o publicación del acto. Si el mes de vencimiento no tuviera día equivalente al inicial, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
• Si el último día del plazo fuese inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente (art. 30.5).

6.3. El conflicto hábil/inhábil entre municipios (art. 30.6)

Esta regla aparece con frecuencia en examen. Cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiese el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.

6.4. Ampliación y tramitación de urgencia (arts. 32–33)

• Ampliación de plazos (art. 32): la Administración puede conceder, de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y no se causan perjuicios a terceros. No es posible ampliar plazos ya vencidos.
• Tramitación de urgencia (art. 33): cuando razones de interés público lo aconsejen, el órgano administrativo competente podrá acordar la tramitación de urgencia, por lo que se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

7 El acto administrativo (arts. 34–56)

7.1. Concepto y requisitos (art. 34)

Los actos administrativos son las declaraciones de voluntad, juicio, deseo o conocimiento dictadas por la Administración en el ejercicio de sus potestades públicas y destinadas a producir efectos jurídicos. Deben cumplir los siguientes requisitos:

• Competencia: dictados por el órgano competente (en el SAS, según la estructura orgánica fijada por la normativa de la Junta y del SAS).
• Procedimiento: tramitados respetando el procedimiento legalmente establecido.
• Forma: en general, por escrito. Solo excepcionalmente de forma verbal.
• Contenido lícito y determinado o determinable.

7.2. La motivación (art. 35)

Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que:

• Limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
• Resuelvan procedimientos de revisión de oficio, recursos administrativos o reclamaciones previas a la vía judicial.
• Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
• Acuerden la suspensión de actos o la adopción de medidas provisionales.
• Denieguen la transmisibilidad o el ejercicio de derechos.
• Sean discrecionales, de los que se exija la publicidad de los informes.
• Propongan la incoación de procedimientos de lesividad.
• Acuerden la aplicación de la tramitación de urgencia o la ampliación de plazos.
• Rechacen pruebas propuestas por los interesados.
• Acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.

7.3. Eficacia de los actos (arts. 38–40)

Los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos (art. 38), salvo:

• Cuando se produzca la suspensión de su eficacia.
• Cuando necesiten aprobación o autorización superior.
• Cuando sean objeto de recurso en vía administrativa o jurisdiccional con efectos suspensivos.
• Cuando requieran la notificación como condición de eficacia (actos que afectan a derechos o intereses de los interesados).

La ejecutoriedad (art. 39) implica que la Administración puede ejecutar sus propios actos sin necesidad de acudir a los tribunales, aunque siempre con las garantías que marca la ley.

7.4. Ejecutividad vs. ejecutoriedad

8 Notificación y publicación (arts. 40–46)

8.1. La notificación como condición de eficacia (art. 40)

Los actos que afectan a derechos o intereses de los interesados deben ser notificados a éstos. La notificación es una condición de eficacia, no de validez: un acto puede ser válido pero no desplegar efectos hasta que se notifica. Las reglas básicas son:

• La notificación debe practicarse en el plazo de 10 días desde que se dicte el acto.
• Debe contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en vía administrativa, los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.

8.2. Medios de notificación (arts. 41–43)

La LPAC establece una preferencia por la notificación electrónica:

• Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y quienes ejerzan actividades profesionales o empresariales están obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración.
• Las personas físicas pueden elegir el canal de notificación (electrónico o en papel), aunque pueden ser obligadas por norma o acto.
• La notificación electrónica se practica mediante comparecencia en la sede electrónica o a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas Administrativas (NEA).

8.3. Práctica de la notificación (arts. 42–44)

8.4. La publicación sustitutoria (art. 45)

Los actos deben ser publicados cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano gestor. La publicación sustituye a la notificación en los siguientes supuestos:

• Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.
• Cuando se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.
• Cuando el intento de notificación personal haya resultado imposible.

La publicación se realiza en el diario oficial correspondiente (BOJA en el caso de la Junta de Andalucía y el SAS) y debe contener los mismos elementos que la notificación.

9 Nulidad y anulabilidad de los actos (arts. 47–52)

Cuando un acto administrativo adolece de vicios o defectos, el ordenamiento prevé dos reacciones posibles según la gravedad del defecto: la nulidad de pleno derecho (el vicio más grave) y la anulabilidad (el vicio ordinario).

9.1. Nulidad de pleno derecho (art. 47)

Son nulos de pleno derecho los actos que incurran en alguna de las siguientes causas:

• a) Lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
• b) Hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
• c) Los que tengan un contenido imposible.
• d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
• e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
• f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
• g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

9.2. Anulabilidad (art. 48)

Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o produzca indefensión.

9.3. Convalidación (art. 52)

La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. La convalidación producirá efecto desde la fecha del acto convalidado, si el vicio era de forma o procedimiento, o desde la fecha del acto de convalidación, si se trataba de otro tipo de vicio. Los actos nulos no pueden convalidarse.

9.4. La irregularidad no invalidante (art. 48.2)

El defecto de forma no determinará la anulabilidad del acto cuando este haya alcanzado su fin (principio de conservación del acto) o cuando el defecto sea de escasa relevancia y no haya producido indefensión. Este principio de conservación —»el acto vale aunque tenga defectos formales menores»— es muy importante en la práctica administrativa del SAS.

10 Aplicación práctica en el SAS

Caso práctico 1 — Registro de una reclamación ciudadana en el Hospital Virgen del Rocío

Una ciudadana presenta en el registro del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) una reclamación escrita contra la lista de espera para una intervención quirúrgica. Como Administrativo/a del SAS en la Unidad de Atención a la Ciudadanía, tu actuación sigue estos pasos:

1. Recepción y registro: asignas número de entrada en SIGLO (o en el sistema de registro corporativo), con fecha y hora. Esto activa la obligación de resolver de la Administración.
2. Identificación del interesado: la ciudadana es interesada conforme al art. 4 LPAC porque ha promovido el procedimiento como titular de un interés legítimo (el acceso a la prestación sanitaria).
3. Plazo de resolución: la norma específica de garantías de espera puede fijar un plazo; en su defecto, el plazo supletorio de la LPAC es de tres meses.
4. Notificación: la resolución debe notificarse a la ciudadana en el plazo de 10 días desde su dictado. Si la ciudadana tiene habilitada la notificación electrónica y no accede en 10 días naturales, se entiende rechazada y se procede a la publicación sustitutoria.
5. Si no hay resolución en plazo: silencio administrativo. En materia de reclamaciones sanitarias, dado que la estimación no supone transferencia de facultades del servicio público, el silencio sería positivo como regla general.

Caso práctico 2 — Expediente sancionador a un proveedor del SAS (Agencia de Gestión Sanitaria)

La Agencia de Gestión Sanitaria Costa del Sol (Marbella) detecta que un proveedor de material sanitario ha incumplido su contrato de suministro. Se inicia un expediente disciplinario-contractual. Como Administrativo/a tramitador:

1. Iniciación de oficio: el expediente lo inicia la propia Administración (art. 58 LPAC). Hay que notificar al proveedor su condición de interesado en el procedimiento.
2. Motivación obligatoria: toda resolución sancionadora debe estar motivada con fundamento en hechos y derecho (art. 35 LPAC), so pena de anulabilidad.
3. Silencio en procedimiento de oficio: si el procedimiento supera su plazo sin resolución, se produce la caducidad (silencio negativo para la Administración). La acción no prescribe, pero el procedimiento concreto caduca.
4. Nulidad vs. anulabilidad: si la resolución sancionadora es dictada por un órgano incompetente por razón de la materia (ej. lo firma un jefe de servicio cuando debería firmarlo el Director Gerente), el acto es nulo de pleno derecho conforme al art. 47.1.b) LPAC.

11 Puntos críticos para el examen

12 Mapa conceptual

13 Preguntas de exámenes oficiales OFICIAL

A continuación, las preguntas oficiales de exámenes SAS de la categoría Administrativo/a relacionadas directamente con el Tema 16. Estudia los distractores con la misma atención que la respuesta correcta.

14 Cuestionario tipo test — 25 preguntas

Pon a prueba lo que has aprendido. Las preguntas cubren todos los sub-epígrafes del tema y están diseñadas con el mismo estilo del examen SAS. Revisa siempre la argumentación de cada respuesta.

15 Estrategia de estudio

Las 5 ideas clave que debes llevar sí o sí al examen

¿Qué memorizar literalmente?

• El artículo 4 LPAC: las tres categorías de interesados (quien promueve, quien tiene derechos afectados, quien se persona con intereses legítimos).
• El artículo 11.2 LPAC: los cinco actos que sí requieren firma obligatoria (solicitudes, declaraciones responsables, recursos, desistimientos, renuncias).
• El artículo 47.1 LPAC: las causas de nulidad de pleno derecho (especialmente las letras b, e y f, que son las más preguntadas).
• Los plazos clave: 3 meses (resolución supletoria), 10 días (notificar), 10 días naturales (silencio notificación electrónica), mitad (ampliación y urgencia).

Técnica de estudio recomendada

Para este tema, el método más eficaz combina tarjetas Anki con preguntas de examen real. Las tarjetas te ayudan a fijar los plazos y artículos (cara: «Plazo supletorio de resolución» → dorso: «3 meses, art. 21.3 LPAC»); las preguntas de examen te enseñan cómo el tribunal construye los distractores.

Haz una tabla con las dos columnas: NULIDAD y ANULABILIDAD, y ve completándola con causas, efectos y ejemplos del SAS. Cuando puedas explicar la diferencia con un caso concreto (como los que vimos en la sección de práctica), habrás dominado el tema.

16 Conexiones con otros temas del temario

El Tema 16 es el corazón del bloque jurídico-procedimental. Sus conexiones con el resto del temario son numerosas e imprescindibles para responder a preguntas transversales:

Conexiones directas

Tema 15 — Administración Pública Tema 17 — Procedimiento admin. (II): recursos y revisión Tema 18 — LRJSP (I): órganos, competencia, abstención Tema 19 — LRJSP (II): responsabilidad patrimonial Tema 20 — Creación de documentos administrativos Tema 21 — Atención a la ciudadanía (I): registro de documentos Tema 48 — Administración Electrónica: notificaciones y firma electrónica

¿Cómo se relacionan?

• Con el Tema 17: los recursos administrativos (alzada, reposición, extraordinario de revisión) son la consecuencia lógica de los actos con vicios del Tema 16. El silencio en recursos (siempre negativo) es una figura que debes dominar conjuntamente.
• Con el Tema 18 (LRJSP): la competencia de los órganos (necesaria para que el acto sea válido) y las causas de abstención y recusación se regulan en la LRJSP, no en la LPAC. El examen mezcla deliberadamente ambas normas.
• Con el Tema 19: la responsabilidad patrimonial tiene plazos propios (6 meses de resolución) que contrastan con el plazo supletorio general de 3 meses del Tema 16.
• Con el Tema 21: el registro de entrada y salida de documentos activa los plazos procedimentales de la LPAC. Como Administrativo/a, cuando registras un escrito, estás iniciando el cómputo del plazo de resolución.
• Con el Tema 48: la notificación electrónica, la firma electrónica y el certificado digital son los instrumentos técnicos que materializan los derechos y obligaciones de la LPAC en el entorno digital.

17 Referencias normativas y bibliografía