Justificación (Análisis Profundo):

Esta pregunta aplica directamente el principio de inderogabilidad singular (Art. 37 LPAC), que es un límite formal esencial de la potestad reglamentaria.

Razonamiento jurídico:

1. Regla general: Las resoluciones administrativas de carácter particular NO pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía.
2. Fundamento: Este principio protege la seguridad jurídica y la igualdad. Si se permitiera que cada órgano «exceptuara» casos concretos, el reglamento se vaciaría de contenido y se rompería el principio de igualdad ante la norma.
3. Procedimiento correcto: Si el SAS necesita modificar el horario de un médico concreto fuera de lo previsto en el Decreto, debe PRIMERO:
   • Modificar el Decreto para incluir esa posibilidad excepcional, O
   • Que el Decreto ya prevea mecanismos de adaptación individualizada (ej: «en casos excepcionales debidamente motivados…»)

Aplicación al caso: La Resolución es NULA de pleno derecho porque viola el Art. 37 LPAC. No importa que esté motivada, que haya urgencia, o que el médico no recurra. La nulidad es objetiva e imprescriptible.

⚠️ CONSECUENCIA PRÁCTICA PARA TI como TFA-STI: Cuando gestiones expedientes de personal, NUNCA puedes aplicar «excepciones puntuales» a los reglamentos sin que estos las prevean. Si lo haces, el acto es nulo y puedes generar responsabilidad patrimonial del SAS si el afectado sufre un perjuicio.

Por qué las otras son incorrectas:

• A: La motivación NO subsana la vulneración del principio de inderogabilidad singular. La urgencia del servicio debe gestionarse dentro del marco reglamentario.
• B: ERROR GRAVE: El Art. 37 LPAC es explícito: «aunque aquéllas [las resoluciones] procedan de un órgano de igual o superior jerarquía». La jerarquía NO legitima la derogación singular.
• D: El trámite de audiencia es irrelevante. La nulidad es por razón del objeto (contradicción con norma general), no por vicio de procedimiento.

Justificación (Test de Proporcionalidad Completo):

Esta pregunta requiere aplicar el test de proporcionalidad del Art. 129.3 LPAC, que tiene tres escalones:

1. IDONEIDAD: ¿Es adecuada la medida para el fin perseguido?

Análisis: SÍ. Si el fin es reducir costes de licencias de software, LibreOffice (gratuito) es idóneo. ✅

2. NECESIDAD: ¿Es la medida menos restrictiva posible?

Análisis: NO. Existen alternativas menos restrictivas:

• Migración gradual (comenzar por áreas no críticas, no obligar al 100% en 3 meses)
• Uso dual (LibreOffice en puestos administrativos, Office en puestos clínicos con software específico)
• Renegociación de licencias Microsoft (descuentos por volumen, licencias educativas/ONG si aplican)
• Cloud gratuito (Google Workspace for Nonprofits, si el SAS califica)

❌ Falla el test de necesidad

3. PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO: ¿Beneficios > Perjuicios?

Análisis:

Si el plazo es de solo 3 meses y afecta a TODOS los hospitales simultáneamente, el riesgo de colapso organizativo y errores asistenciales es muy alto. ❌ Los perjuicios superan los beneficios.

CONCLUSIÓN JUDICIAL: El Decreto vulnera el principio de proporcionalidad (Art. 129.3 LPAC) y sería anulable. El tribunal exigiría que la Administración justifique por qué no optó por alternativas menos gravosas.

⚠️ LECCIÓN PARA TI como TFA-STI: Cuando participes en proyectos de transformación digital en el SAS, SIEMPRE debes documentar:

1. Análisis de alternativas (comparativa técnica y económica)
2. Justificación de por qué la opción elegida es la menos restrictiva
3. Análisis coste-beneficio detallado
4. Plan de mitigación de riesgos

Si no lo haces, el Decreto que apruebe el proyecto puede ser anulado por desproporcionado.

Por qué las otras son incorrectas:

• A: La discrecionalidad administrativa NO es arbitrariedad. Está limitada por el principio de proporcionalidad, que es controlable judicialmente.
• B: Que LibreOffice sea gratuito solo satisface el test de idoneidad, pero no los de necesidad y proporcionalidad stricto sensu.
• D: Un plan de formación mitiga los perjuicios, pero no los elimina. El problema de fondo (imposición obligatoria al 100% en 3 meses) subsiste.

Justificación (Derecho de la UE vs. Derecho Interno):

Esta pregunta es compleja porque mezcla varios principios del Derecho de la UE:

1. PRIMACÍA DEL DERECHO DE LA UE

Según la jurisprudencia del TJUE (sentencias Costa/ENEL, Simmenthal), el Derecho de la Unión Europea goza de primacía sobre el Derecho interno de los Estados miembros, incluyendo sus normas constitucionales.

Consecuencia: Si una norma nacional (estatal o autonómica) contradice el Derecho UE, la Administración debe inaplicar la norma nacional y aplicar directamente la norma europea.

2. DIFERENCIA ENTRE REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS UE

3. APLICACIÓN AL CASO

El enunciado habla de una Directiva. Aquí está la trampa:

• Regla general: Las Directivas NO son directamente aplicables. Requieren transposición (incorporación) al Derecho nacional mediante Ley o Reglamento.
• PERO – Doctrina del efecto directo vertical: Si el plazo de transposición ha vencido y el Estado NO ha transpuesto (o lo ha hecho mal), un particular puede invocar una Directiva contra la Administración (no contra otros particulares) SI la disposición es suficientemente clara, precisa e incondicional.

Análisis del caso concreto:

1. ¿Ha vencido el plazo de transposición de la Directiva? Asumamos que SÍ.
2. ¿La disposición sobre almacenamiento cloud en el EEE es clara, precisa e incondicional? Asumamos que SÍ.
3. Entonces, el SAS (como Administración) puede invocar directamente la Directiva para justificar el almacenamiento en cloud dentro del EEE, inaplicando tanto la Ley española como el Decreto autonómico que lo prohíben.

⚠️ IMPORTANTE – MATIZ PRÁCTICO: En la vida real, antes de hacer esto, el SAS debería:

• Consultar con la Asesoría Jurídica de la Junta
• Verificar que la Directiva cumple los requisitos de efecto directo
• Considerar el riesgo de impugnación por parte de terceros
• Opcionalmente, plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE si hay duda sobre la interpretación de la Directiva

Por qué las otras son incorrectas:

• A: El Decreto autonómico está subordinado al Derecho de la UE (primacía).
• B: La Ley española también está subordinada al Derecho de la UE.
• C: TRAMPA CLÁSICA: Aunque las Directivas requieren transposición, si el plazo ha vencido y el Estado no ha transpuesto, pueden tener efecto directo vertical. No hay que «esperar» indefinidamente.

Lección para el examen: Memoriza el orden de prelación:

Derecho UE > Constitución > Leyes (estatales y autonómicas) > Reglamentos

Justificación (Control del Decreto-Ley por el TC):

Esta pregunta aborda la tensión entre urgencia ejecutiva y protección de derechos fundamentales, uno de los temas más litigiosos en la jurisprudencia constitucional reciente.

1. PRESUPUESTO HABILITANTE: «Extraordinaria y urgente necesidad»

Doctrina del TC: Aunque la valoración de la urgencia es primariamente política (corresponde al Gobierno), el TC SÍ puede controlarla si es manifiestamente inexistente o si el uso del Decreto-Ley es un fraude de ley (uso sistemático para eludir el debate parlamentario).

Test de control:

• ¿Existe una situación de necesidad que requiere actuación inmediata?
• ¿La medida adoptada tiene relación directa con esa situación de urgencia?

En el caso planteado (saturación asistencial en el SAS), la urgencia sería probablemente justificable.

2. LÍMITES MATERIALES: Derechos del Título I CE

El Art. 86.1 CE prohíbe al Decreto-Ley afectar a «los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I». Pero el TC ha matizado esta prohibición:

Jurisprudencia evolutiva del TC:

3. APLICACIÓN AL CASO CONCRETO

Análisis del TC:

1. ¿Existe urgencia? Saturación asistencial en el SAS → Probablemente SÍ. ✅
2. ¿Afecta a derechos del Título I? Sí, al derecho de igualdad en el acceso al empleo público (Art. 23.2 CE + Art. 103.3 CE). ⚠️
3. ¿La afectación es directa o indirecta?
   • Afectación directa: Si el DL ELIMINA el sistema de mérito y capacidad, o permite contratar arbitrariamente → INCONSTITUCIONAL
   • Afectación indirecta: Si el DL solo FLEXIBILIZA temporalmente los requisitos (ej: permite contratar sin oposición pero con valoración de méritos en urgencia sanitaria) → PROBABLEMENTE CONSTITUCIONAL

Conclusión: El TC debe analizar AMBOS elementos:

• La existencia de urgencia (control más laxo, pero no inexistente)
• El grado de afectación a los derechos (control estricto: ¿es directo o indirecto?)

⚠️ TRAMPA DE EXAMEN: Muchos opositores creen que el TC NO controla la urgencia («es político»). ERROR. Sí la controla, aunque con deferencia hacia el Gobierno. Esto se llama control de racionalidad (no de oportunidad).

Por qué las otras son incorrectas:

• A: No es suficiente analizar solo la urgencia. También hay que valorar la afectación a derechos.
• C: La convalidación parlamentaria NO impide el control constitucional. El TC puede declarar inconstitucional un DL aunque el Congreso lo haya convalidado.
• D: FALSO: El TC SÍ controla el presupuesto de urgencia, aunque con deferencia. No es una cuestión política no justiciable.

Justificación (Vicios de Procedimiento en Reglamentos):

Esta pregunta es una trampa elaborada que mezcla varios conceptos: nulidad vs. anulabilidad, plazos de impugnación, y la gravedad de los vicios de forma.

1. CLASIFICACIÓN DE VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO

2. ¿LA FALTA DE INFORME PRECEPTIVO ES ESENCIAL?

Jurisprudencia consolidada del TS: SÍ. Los informes preceptivos (no meramente facultativos) son trámites esenciales del procedimiento de elaboración de disposiciones generales.

Fundamento:

• Los informes preceptivos garantizan el control interno de legalidad, técnico y presupuestario.
• Su omisión implica que el órgano decisor no ha tenido todos los elementos de juicio necesarios.
• Afecta a la garantía procedimental, que es un elemento esencial del Estado de Derecho.

3. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS

En el caso planteado:

1. El informe de la Dirección General de Presupuestos es preceptivo (Art. 129.7 LPAC: estabilidad presupuestaria).
2. Su omisión es un defecto de forma esencial.
3. El Decreto es NULO DE PLENO DERECHO (Art. 47.1.e LPAC: «Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido»).
4. La nulidad puede alegarse en cualquier momento, incluso años después (es imprescriptible).

⚠️ CONSECUENCIA PARA TI como TFA-STI: Esta pregunta es un AVISO. Si gestionas expedientes de elaboración normativa, debes ser METICULOSO con la checklist de trámites. Un solo informe preceptivo omitido puede anular TODO el reglamento, incluso años después, generando:

• Inseguridad jurídica masiva (¿qué pasa con los actos dictados en aplicación del reglamento nulo?)
• Posible responsabilidad patrimonial del SAS
• Posible expediente disciplinario al funcionario responsable

Checklist mínima para aprobar un Decreto autonómico:

• ✅ Consulta pública previa (Art. 133.1 LPAC)
• ✅ Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN)
• ✅ Trámite de audiencia e información pública (Art. 133.2 LPAC)
• ✅ Informe de la Secretaría General Técnica
• ✅ Informe de impacto presupuestario (si procede)
• ✅ Informe de impacto de género (si procede)
• ✅ Dictamen del Consejo Consultivo (si procede)
• ✅ Otros informes sectoriales obligatorios

Por qué las otras son incorrectas:

• A: TRAMPA. Los actos ANULABLES prescriben en 2 meses (Art. 46 LJCA). Pero los NULOS de pleno derecho son imprescriptibles.
• B: El Decreto NO es anulable, es NULO. Diferencia crítica.
• D: ERROR GRAVE: Los informes preceptivos NO son «meros trámites internos». Su omisión vicia sustancialmente el acto.

Justificación (Reserva de Ley Tributaria):

Esta pregunta aborda uno de los límites materiales más importantes de la potestad reglamentaria: la reserva de ley tributaria (Art. 31.3 y 133 CE).

1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA

El Art. 31.3 CE establece: «Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.»

Interpretación: Todo tributo (impuesto, tasa, contribución especial) debe estar establecido por Ley. El reglamento puede desarrollar aspectos técnicos (procedimiento de liquidación, plazos, etc.), pero NO puede crear ex novo una obligación tributaria.

2. ¿QUÉ ES UN «CANON»?

Un canon puede ser:

• Una tasa: Contraprestación por un servicio público o el uso privativo de un bien de dominio público.
• Una contribución especial: Pago por beneficio especial derivado de una obra pública.
• Un precio público: Contraprestación por servicios no esenciales de solicitud voluntaria.

En el caso planteado, el «canon digital sanitario» NO encaja en ninguna de estas categorías (no hay contraprestación directa), por lo que sería más bien un tributo sui generis o una exacción parafiscal.

3. ANÁLISIS DEL CASO

Pregunta clave: ¿Existe una Ley previa que autorice al Reglamento a establecer este canon?

• Si NO existe Ley previa: El Decreto invade la reserva de ley tributaria (Art. 31.3 y 133 CE) → NULO de pleno derecho por vulnerar la Constitución.
• Si SÍ existe Ley previa: El Decreto sería válido (como reglamento ejecutivo), siempre que respete los límites de la delegación.

Doctrina del TC sobre reserva de ley tributaria: Es una reserva relativa, no absoluta. La Ley debe establecer los elementos esenciales del tributo:

1. Hecho imponible (¿qué se grava?)
2. Sujeto pasivo (¿quién paga?)
3. Base imponible (¿sobre qué se calcula?)
4. Tipo impositivo o cuota (¿cuánto se paga?)

El Reglamento puede concretar aspectos de gestión, liquidación y recaudación, pero NO innovar en los elementos esenciales.

4. CONCLUSIÓN JUDICIAL

El TSJ Andalucía debe analizar PRINCIPALMENTE si existe cobertura legal previa (opción A). Si no existe, el Decreto es nulo por invasión de la reserva de ley, sin necesidad de entrar a valorar la proporcionalidad o el procedimiento (aunque también podrían analizarse subsidiariamente).

⚠️ LECCIÓN PARA TI como TFA-STI: Cuando el SAS quiera establecer cualquier tipo de canon, tasa o precio público relacionado con los servicios TIC, SIEMPRE debe existir una Ley previa (estatal o autonómica) que lo habilite. No puedes «inventar» tributos mediante Decreto.

Ejemplo real: La tasa por emisión de la Tarjeta Sanitaria Individual en Andalucía está regulada en la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Junta de Andalucía, y luego desarrollada por Decreto. Sin la Ley, el Decreto sería nulo.

Por qué las otras opciones son incompletas:

• B: La proporcionalidad es relevante, pero es secundaria. Si falta la cobertura legal, el Decreto es nulo de raíz, sin necesidad de analizar la proporcionalidad.
• C: El procedimiento también es importante, pero es un control formal. La reserva de ley es un control material más grave.
• D: Aunque A y B son relevantes, la opción más precisa es A (la cobertura legal es el test principal).

Justificación:

El Art. 14.2 de la Ley 39/2015 (LPAC) establece la obligación de relacionarse electrónicamente para determinados colectivos, entre ellos: «Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público».

⚠️ Importante: También están obligados:

• Las personas jurídicas
• Las entidades sin personalidad jurídica
• Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria
• Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente

Aplicación al SAS: Como TFA-STI del SAS, TÚ estás obligado a usar la sede electrónica para presentar solicitudes de permisos, justificantes, recursos, etc. No puedes presentar documentación en papel.

Por qué las otras son incorrectas:

• A y B: Para las personas físicas es un DERECHO, no una obligación general (Art. 14.1 LPAC). Pueden elegir entre canal electrónico o presencial.
• D: La obligación no se limita solo a empresas contratistas, es más amplia (incluye TODAS las personas jurídicas).

Justificación:

El Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) es un Reglamento UE, por tanto directamente aplicable en todos los Estados miembros (no requiere transposición). Además, goza del principio de primacía del Derecho de la Unión Europea sobre el Derecho interno.

Consecuencia: Si una norma española contradice el RGPD, la Administración (incluido el SAS) debe inaplicar la norma española y aplicar directamente el RGPD.

Ejemplo real SAS: El RGPD permite la transferencia de datos de salud dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) sin restricciones adicionales. Si una norma española prohibiera almacenar datos en servidores de otros países de la UE, el SAS debería inaplicar esa norma y permitir el almacenamiento en la UE (ej: AWS Irlanda) siempre que se cumplan las garantías técnicas del RGPD.

Por qué las otras son incorrectas:

• A, B y D: Desconocen el principio de primacía del Derecho UE. La Administración puede (y debe) inaplicar directamente la norma nacional sin necesidad de esperar a que un tribunal la anule.

Justificación:

La observancia del procedimiento de elaboración legalmente establecido (Art. 105 CE, Arts. 129-133 LPAC) es un límite de carácter FORMAL, no material.

Diferencia clave:

Por qué las otras SÍ son límites materiales:

• A: La reserva de ley impide que el reglamento regule ciertas materias (contenido).
• B: Los PGD condicionan el contenido del reglamento (debe respetar proporcionalidad, buena fe, etc.).
• D: La interdicción de la arbitrariedad exige que el contenido sea coherente y racional.

Justificación:

El Art. 131 de la LPAC establece que, para su entrada en vigor y producción de efectos jurídicos, las normas se deben publicar en el Diario oficial correspondiente:

• Normas estatales → BOE (Boletín Oficial del Estado)
• Normas autonómicas → Diario oficial de la CCAA (en Andalucía: BOJA)
• Normas locales → Boletín oficial de la provincia + BOJA

Fundamento: El principio de publicidad (Art. 9.3 CE) exige que las normas se publiquen oficialmente para que los ciudadanos puedan conocerlas. Sin publicación, la norma no entra en vigor (Art. 2.1 Código Civil).

Ejemplo SAS: El Decreto 198/2024 de estructura orgánica de la Consejería de Salud se publicó en el BOJA núm. 172, de 4 de septiembre de 2024. Desde ese día (o el día que establezca el propio Decreto como entrada en vigor) produce efectos jurídicos.

Por qué las otras son incorrectas:

• A: La publicación en el Portal de Transparencia es una exigencia de buena regulación (Art. 132 LPAC: publicación del PAN), pero NO la condición de eficacia y entrada en vigor.
• B: El BOE es para normas estatales. Las normas autonómicas se publican en el diario oficial de la CCAA.
• D: El Registro de Disposiciones de Carácter General es un instrumento de control interno, no la fuente de eficacia y publicidad oficial.