1. INTRODUCCIÓN: EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y SU LEY DE COHESIÓN

Cuando en 1986 la Ley 14/1986, General de Sanidad, creó el Sistema Nacional de Salud (SNS) como el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas, lo hizo en un contexto todavía muy centralizado. Las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas se completaron en 2002, con Andalucía entre las diez primeras que ya gestionaban su propio servicio de salud desde los años ochenta. Ese proceso de descentralización, culminado justo un año antes de la ley que ocupa este tema, planteó una pregunta que sigue vertebrando toda la gestión sanitaria española: ¿cómo se garantiza que un ciudadano reciba las mismas prestaciones básicas, con las mismas garantías, viva en Huelva o en Bilbao, si diecisiete administraciones sanitarias distintas gestionan sus propios servicios de salud?

La respuesta normativa es la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (en adelante, LCC). No es una ley que cree el SNS —eso ya lo había hecho la Ley General de Sanidad— sino una ley que lo cohesiona: establece el marco legal para que las Administraciones sanitarias coordinen y cooperen entre sí, de modo que el Sistema Nacional de Salud funcione como un todo coherente pese a su gestión descentralizada. El propio título de la ley resume su función: cohesión (que las diecisiete piezas encajen) y calidad (que ese conjunto sea, además, bueno).

Conviene fijar desde el principio el concepto legal de Sistema Nacional de Salud, porque aparece constantemente a lo largo de todo el articulado: es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y los Servicios de Salud de las comunidades autónomas, que integra todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) es, precisamente, uno de esos diecisiete servicios de salud que, junto con el resto, componen el SNS.

El fundamento último de toda la ley es constitucional: el artículo 41 de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a mantener un régimen público de Seguridad Social que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, y el artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La LCC desarrolla ese mandato constitucional en el terreno de la coordinación interterritorial.

La ley se estructura en un Capítulo Preliminar y once capítulos más, además de disposiciones adicionales, transitoria, derogatorias y finales. El temario de esta oposición selecciona cuatro bloques concretos de esa arquitectura: el Capítulo Preliminar (disposiciones generales: objeto, principios, titulares del derecho), el Capítulo I (las prestaciones: catálogo, cartera de servicios y garantías), el Capítulo III (los profesionales: planificación, formación y desarrollo profesional) y el Capítulo X (el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el órgano que hace operativa toda la cohesión). A ello se suma un elemento de actualidad constante en cualquier oposición sanitaria: los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud (INCLASNS – BD), la herramienta con la que se mide, año a año, si ese sistema cohesionado funciona.

A lo largo del tema se irán viendo, además, los puntos de conexión entre esta ley y el ejercicio diario del/la logopeda del SAS: desde el catálogo de prestaciones que ampara la atención logopédica como parte de la atención especializada, hasta el Consejo Interterritorial como instancia que decide los criterios comunes de movilidad, formación continuada o desarrollo profesional que afectan directamente a cualquier profesional estatutario.

2. CAPÍTULO PRELIMINAR (I): OBJETO Y PRINCIPIOS GENERALES DE LA LEY

El Capítulo Preliminar, bajo la rúbrica «Disposiciones generales», ocupa los artículos 1 a 6 de la ley y fija los cimientos sobre los que se construye todo lo demás: qué persigue la norma, qué principios la inspiran, a quién beneficia y a qué ámbito se aplica.

El artículo 1 define el objeto de la ley en términos muy precisos, que conviene fijar literalmente porque es material de examen recurrente en todas las categorías sanitarias:

De esa definición conviene extraer tres ideas que se repetirán constantemente en el resto del articulado. Primera: el objeto no es prestar asistencia sanitaria (eso corresponde a cada Administración en el ejercicio de sus competencias propias) sino coordinar y cooperar entre quienes sí la prestan. Segunda: la coordinación persigue tres fines explícitos —equidad, calidad y participación social— que no son adornos retóricos sino que estructuran capítulos enteros de la ley (la equidad inspira las garantías de las prestaciones del Capítulo I; la calidad, el Capítulo VI; la participación social, el Capítulo IX). Tercera: se añade un objetivo transversal, la reducción de las desigualdades en salud, que conecta la ley con la perspectiva de salud pública y con la Ley General de Salud Pública de 2011.

El propio artículo 1 aclara además el ámbito material: lo dispuesto en la ley se aplica a los servicios sanitarios de financiación pública y, en los términos previstos en el artículo 6 y en determinadas disposiciones adicionales, también a los servicios sanitarios privados. Esto último tiene su fundamento en el artículo 43.2 de la Constitución, que encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública también respecto de la sanidad privada, singularmente en materia de información, salud pública, formación, investigación y garantías de seguridad y calidad.

El artículo 2 enumera los principios que informan la ley, y es uno de los contenidos más «preguntables» del tema porque combina una lista cerrada con matices que generan buenos distractores de examen. Los principios son:

• La prestación de los servicios a los usuarios del SNS en condiciones de igualdad efectiva y calidad, evitando especialmente toda discriminación entre mujeres y hombres en las actuaciones sanitarias.
• El aseguramiento universal y público por parte del Estado.
• La coordinación y la cooperación de las Administraciones públicas sanitarias para la superación de las desigualdades en salud.
• La prestación de una atención integral a la salud, comprensiva de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación, con un alto nivel de calidad.
• La financiación pública del SNS, de acuerdo con el sistema de financiación autonómica vigente.
• La igualdad de oportunidades y la libre circulación de los profesionales en el conjunto del SNS.
• La colaboración entre los servicios sanitarios públicos y privados en la prestación de servicios a los usuarios del SNS.
• La colaboración de las oficinas de farmacia con el SNS en la prestación farmacéutica.

Merece la pena detenerse en la atención integral del artículo 2.d), porque enlaza directamente con el catálogo de prestaciones del artículo 7: promoción, prevención, asistencia y rehabilitación no son cuatro compartimentos estancos sino los cuatro momentos de una misma atención continuada, y la intervención logopédica —tanto en su vertiente preventiva (programas de detección precoz de hipoacusias, por ejemplo) como en la rehabilitadora— encaja de lleno en ese principio de integralidad.

3. CAPÍTULO PRELIMINAR (II): TITULARES DEL DERECHO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Los artículos 3, 3 bis y 3 ter regulan quién tiene derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, una materia que ha sido objeto de sucesivas reformas —la más relevante, la operada por el Real Decreto-ley 16/2012 y, tras su declaración parcial de inconstitucionalidad por la STC 139/2016, la reversión practicada por el Real Decreto-ley 7/2018— hasta llegar a la redacción vigente, que combina universalidad con un régimen específico para determinados colectivos.

El artículo 3.1 establece la regla general de titularidad:

El artículo 3.2 desarrolla los supuestos concretos que hacen efectivo ese derecho con cargo a fondos públicos: tener nacionalidad española y residencia habitual en España; tener reconocido el derecho a la asistencia sanitaria por cualquier otro título jurídico aunque no se resida habitualmente en España, siempre que no exista un tercero obligado al pago; o ser persona extranjera con residencia legal y habitual en España sin obligación de acreditar cobertura obligatoria por otra vía. El artículo 3.4 salvaguarda, además, el régimen específico de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUGEJU, ISFAS), que conservan su régimen jurídico propio.

El artículo 3 ter, introducido en 2012 y reformado en 2018, resuelve una situación distinta: la de las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España. La regla es que tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española (art. 3.1), y esa asistencia corre a cargo de los fondos públicos siempre que se cumplan tres requisitos acumulativos:

• No tener la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, en virtud del derecho de la Unión Europea, los convenios bilaterales u otra normativa aplicable.
• No poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia.
• No existir un tercero obligado al pago de dicha asistencia.

El artículo 3 bis atribuye al Ministerio competente en sanidad el reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud con cargo a fondos públicos, que se hace efectivo mediante la tarjeta sanitaria individual, con la colaboración de las entidades y administraciones imprescindibles para verificar el cumplimiento de los requisitos.

El artículo 4 reconoce a los ciudadanos tres derechos concretos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (es decir, con independencia de la comunidad autónoma de residencia o de estancia): disponer de una segunda opinión facultativa sobre su proceso; recibir asistencia sanitaria en su comunidad autónoma de residencia en un tiempo máximo (remite a la garantía de tiempo del art. 25, que se estudia en el epígrafe 6); y recibir, cuando estén desplazados a otra comunidad autónoma, la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones en las mismas condiciones y con idénticas garantías que los residentes de esa comunidad.

El artículo 5 delimita el ámbito de aplicación de las acciones de coordinación a las que se refiere el artículo 1, enumerando nueve materias: las prestaciones sanitarias, la farmacia, los profesionales, la investigación, los sistemas de información, la calidad del sistema sanitario, los planes integrales, la salud pública y la participación de ciudadanos y profesionales. Esa enumeración es, en realidad, el índice completo de la ley: cada materia se corresponde con uno o varios de los capítulos posteriores (I a IX). El propio artículo 5 cierra encomendando el seguimiento de estas acciones al Consejo Interterritorial y a la Alta Inspección, anticipando ya los dos grandes mecanismos institucionales de cohesión que desarrolla la ley.

Por último, el artículo 6 extiende, de acuerdo con el artículo 43.2 de la Constitución, un control de las entidades sanitarias no integradas en el SNS (es decir, la sanidad privada) en materia de salud pública y de garantías de información, seguridad y calidad, permitiendo además la colaboración con estas entidades en programas de formación de profesionales sanitarios y de investigación.

4. CAPÍTULO I (I): EL CATÁLOGO DE PRESTACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

El Capítulo I, «De las prestaciones» (arts. 7 a 29), es el corazón material de la ley: aquello por lo que, en última instancia, un ciudadano se relaciona con el Sistema Nacional de Salud. Se estructura en tres secciones —ordenación de prestaciones (arts. 7 a 19), desarrollo y actualización de la cartera de servicios (arts. 20 a 22) y garantías de las prestaciones (arts. 23 a 29)— que conviene distinguir con precisión porque son tres conceptos jurídicos distintos que se confunden con frecuencia en los exámenes: catálogo, cartera y garantía no son sinónimos.

El artículo 7 define el catálogo de prestaciones:

El catálogo comprende nueve grandes bloques de prestaciones, cada uno desarrollado en un artículo propio (arts. 11 a 19): salud pública, atención primaria, atención especializada, atención sociosanitaria, atención de urgencia, prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica, prestación de productos dietéticos y prestación de transporte sanitario. La siguiente tabla resume el contenido esencial de cada una, con especial atención a dónde encaja la atención logopédica dentro de ese catálogo:

El artículo 7.2 añade una garantía transversal: las personas que reciban estas prestaciones tienen derecho a la información y documentación sanitaria y asistencial de acuerdo con la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, lo que conecta este catálogo con el consentimiento informado y la historia clínica, materias que ya se han estudiado en otro tema del temario común.

El artículo 9 («Personal y centros autorizados») establece que las prestaciones sanitarias del catálogo se facilitarán por personal legalmente habilitado, en centros y establecimientos, propios o concertados, del Sistema Nacional de Salud, previamente autorizados. Es una garantía de calidad y de seguridad jurídica: no cualquier profesional ni cualquier centro puede prestar asistencia con cargo a fondos públicos, sino solo aquellos que cumplen los requisitos de habilitación y autorización administrativa exigibles, lo que en el caso de la logopedia remite al título profesional oficial regulado y a la organización de las plantillas del SAS.

Finalmente, el artículo 10 regula la financiación: la suficiencia para financiar las prestaciones y garantías de la ley viene determinada por los recursos asignados a las comunidades autónomas conforme al sistema de financiación autonómica vigente, de acuerdo con el principio de lealtad institucional de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Esto significa que Andalucía financia la prestación logopédica del SAS con cargo a sus recursos autonómicos generales, dentro del marco común que fija esta ley.

5. CAPÍTULO I (II): LA CARTERA DE SERVICIOS Y SU DESARROLLO

Si el catálogo del artículo 7 dice qué se garantiza (grandes bloques de prestaciones), la cartera de servicios del artículo 8 dice cómo se hace efectivo ese catálogo en la práctica clínica concreta:

Es decir: el catálogo dice «atención especializada, incluida la rehabilitación de pacientes con déficit funcional recuperable»; la cartera de servicios es la que concreta que dentro de esa rehabilitación se incluyen, por ejemplo, la reeducación logopédica de la disfagia, la rehabilitación vocal tras una laringectomía o la terapia de la afasia. La cartera común se articula en tres modalidades, reguladas en los artículos 8 bis a 8 quáter, a las que se añade una cuarta figura autonómica del artículo 8 quinquies:

El artículo 8.2 remite el establecimiento de la cartera común de servicios al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que la acuerda conforme a lo dispuesto en la Sección 2.ª del propio Capítulo I. Este es el primer punto en que el tema conecta el Capítulo I con el Capítulo X que se estudiará más adelante: el CISNS no solo coordina, sino que efectivamente decide qué técnicas y procedimientos concretos entran o salen de la cartera común.

Esa decisión se articula, según el artículo 20, mediante real decreto, previo acuerdo del Consejo Interterritorial, mientras que el artículo 21 regula la actualización de la cartera: cualquier técnica, tecnología o procedimiento debe incorporarse a la cartera común atendiendo a criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéutica, así como a las ventajas y alternativas asistenciales existentes, los cuidados paliativos y la atención a grupos con necesidades específicas, evaluados por la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS.

El artículo 22 regula una figura instrumental interesante, el uso tutelado: cuando una técnica, tecnología o procedimiento no cuenta todavía con información suficiente para determinar su eficacia o seguridad, el Ministerio, de acuerdo con las comunidades autónomas, puede establecer un uso tutelado de esa técnica en un número limitado de centros, con la finalidad de recabar información científica sobre su seguridad, eficacia o efectividad antes de decidir sobre su inclusión, o no, en la cartera común. Ese uso tutelado se financia con cargo al Fondo de cohesión sanitaria previsto en la Ley 21/2001, un fondo que también aparece más adelante al hablar de las garantías de calidad.

6. CAPÍTULO I (III): LAS GARANTÍAS DE LAS PRESTACIONES

De poco serviría un catálogo generoso y una cartera de servicios bien definida si el ciudadano no tuviera medios efectivos para hacerlos valer. Por eso la Sección 3.ª del Capítulo I (arts. 23 a 29) regula las garantías de las prestaciones: seis garantías concretas, más una disposición sobre su ámbito de aplicación, que constituyen —junto con el catálogo y la cartera— el tercer pilar del régimen jurídico de las prestaciones sanitarias.

El artículo 29 cierra la sección precisando el ámbito de las garantías de seguridad y de calidad: estas dos garantías, a diferencia de las restantes, no se limitan al ámbito estricto del Sistema Nacional de Salud, sino que se extienden a la totalidad del sistema sanitario, incluidos los centros y servicios privados, en coherencia con el mandato del artículo 43.2 de la Constitución sobre el control de la sanidad privada.

Conviene relacionar estas garantías con la práctica logopédica en el SAS: la garantía de tiempo es la que fundamenta los tiempos máximos de respuesta asistencial que puede fijar la Junta de Andalucía para determinadas patologías con indicación de rehabilitación logopédica; la garantía de movilidad es la que permite que un paciente desplazado temporalmente a otra comunidad autónoma pueda recibir continuidad de su tratamiento logopédico en las mismas condiciones que un residente; y la figura de los servicios de referencia (art. 28) explica por qué determinadas patologías de baja prevalencia y alta complejidad —ciertos síndromes craneofaciales complejos o determinados trastornos de la deglución en pacientes muy concretos— se concentran en unidades hiperespecializadas de referencia nacional, en vez de dispersarse por todos los centros del sistema.

7. CAPÍTULO III (I): PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES

El Capítulo III, «De los profesionales» (arts. 34 a 43), es el capítulo con mayor conexión directa con la vida laboral de cualquier profesional estatutario del SAS, incluido el/la logopeda. Se divide en dos secciones: Planificación y Formación de Recursos Humanos (arts. 34 a 39) y Desarrollo profesional y modernización del Sistema Nacional de Salud (arts. 40 a 43). El propio preámbulo de la ley explica su función: salvaguardar tanto las competencias autonómicas como el ámbito propio de otros sectores normativos —el educativo y el «futuro» Estatuto Marco del personal estatutario, hoy ya vigente Ley 55/2003— por lo que este capítulo esboza principios y criterios comunes que después se desarrollan en esas normas sectoriales.

El artículo 34 abre la sección con los principios generales de la formación y el desarrollo de la competencia técnica de los profesionales, que deben orientarse a la mejora de la calidad del SNS. Para ello, la ley exige cuatro condiciones:

El órgano central de este capítulo es la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (art. 35), que desarrolla las actividades de planificación, diseño de programas de formación y modernización de los recursos humanos, y define los criterios básicos de evaluación de las competencias de los profesionales sanitarios, sin perjuicio de las competencias autonómicas. Está presidida por el Ministro/a de Sanidad, con representación obligatoria de las comunidades autónomas y de los ministerios competentes. La ley crea, dependientes de esta Comisión, dos órganos de diálogo especialmente relevantes:

• El Foro Marco para el Diálogo Social: ámbito de diálogo e información de carácter laboral entre las Administraciones sanitarias presentes en la Comisión de Recursos Humanos y las organizaciones sindicales más representativas del sector sanitario.
• El Foro Profesional: marco de diálogo e información sobre formación de postgrado y continuada, y sobre requisitos formativos, de evaluación y de competencia de las profesiones sanitarias, en el que está representada la Comisión Consultiva Profesional (que integra a los consejos nacionales de las especialidades sanitarias y a los consejos generales de las profesiones sanitarias, actuando como órgano de consulta en ordenación profesional).

A partir de este órgano central, los artículos 36 a 39 desarrollan los distintos niveles de formación de los profesionales sanitarios:

8. CAPÍTULO III (II): DESARROLLO PROFESIONAL Y MOVILIDAD

La Sección 2.ª del Capítulo III, «Desarrollo profesional y modernización del Sistema Nacional de Salud» (arts. 40 a 43), es la que más directamente incide en la carrera de cualquier profesional estatutario. El artículo 40 presenta el desarrollo profesional como «un aspecto básico en la modernización del Sistema Nacional de Salud», que debe responder a criterios comunes acordados en el seno del Consejo Interterritorial en relación con tres ámbitos: la formación continuada (ya vista en el art. 38), la carrera profesional y la evaluación de competencias.

El artículo 41 define la carrera profesional con una fórmula que conviene memorizar literalmente por su frecuencia en exámenes:

El artículo 41.2 remite el desarrollo normativo de la carrera profesional al Estatuto Marco del personal estatutario (Ley 55/2003, art. 84), que contendrá la normativa básica aplicable al personal del SNS, desarrollada después por cada comunidad autónoma; en Andalucía, ese desarrollo se concreta en el modelo de Carrera Profesional del SSPA, materia ya vista en otros temas del temario específico.

El artículo 42 regula la evaluación de competencias, definiendo la competencia profesional como «la aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su profesión para resolver los problemas que se le plantean». La Comisión de Recursos Humanos define los criterios básicos de esa evaluación, sin perjuicio de las competencias autonómicas, y el Ministerio, previo acuerdo del Consejo Interterritorial, junto con las comunidades autónomas, puede acreditar entidades de carácter científico, académico o profesional —independientes de la gestión de sus propios centros y servicios— autorizadas para evaluar la competencia de los profesionales.

El artículo 43 cierra el capítulo con la movilidad de los profesionales, presentada como «uno de los aspectos esenciales» de la cohesión del sistema:

El procedimiento para garantizar esa movilidad exige un real decreto, adoptado tras acuerdo en el Consejo Interterritorial y previo informe del Foro Marco para el Diálogo Social, que establezca los criterios básicos y las condiciones de las convocatorias de profesionales y de los órganos encargados de su desarrollo, sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a las Administraciones sanitarias. Este es el fundamento último de por qué un/a logopeda estatutario/a del SAS puede, en determinadas condiciones, participar en concursos de traslados hacia otros servicios de salud autonómicos y viceversa.

9. CAPÍTULO X (I): OBJETO Y COMPOSICIÓN DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

Llegados a este punto del tema, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (en adelante, CISNS) ha aparecido ya media docena de veces: es quien acuerda la cartera común de servicios (art. 8), quien fija los criterios marco de la garantía de tiempo (art. 25), quien acuerda los criterios comunes de formación continuada (art. 38) y de movilidad de profesionales (art. 43)… El Capítulo X, «Del Consejo Interterritorial» (arts. 69 a 75), regula por fin, de manera sistemática, este órgano que hasta ahora solo se había visto «de refilón» en otros capítulos.

El CISNS no es una creación de la Ley 16/2003: ya existía, creado por la Ley General de Sanidad de 1986 (que derogó su antiguo art. 47). Lo que hace la LCC es regularlo de forma completa y sistemática, precisar su composición y enumerar de manera ordenada sus funciones, muchas de las cuales, como se ha visto, estaban ya diseminadas a lo largo del articulado.

El artículo 69 define su objeto:

El artículo 69.2 añade una obligación de rendición de cuentas: el CISNS eleva anualmente al Senado una memoria de las actividades desarrolladas, en su condición de cámara de representación territorial.

El artículo 70 regula la composición del Consejo, que conviene fijar con precisión porque es uno de los contenidos más literales del temario:

Tres elementos conviene fijar de esta composición: primero, la presidencia corresponde siempre al Ministro/a de Sanidad; segundo, la vicepresidencia no la designa el Ministerio sino que la eligen los propios consejeros autonómicos entre ellos mismos; tercero, existe una Secretaría —propuesta por el Ministro/a y ratificada por el Consejo— que participa con voz pero sin voto. El propio artículo prevé que, cuando la materia lo requiera, puedan incorporarse al Consejo otros representantes de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas.

10. CAPÍTULO X (II): LAS FUNCIONES DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

El artículo 71 es, con diferencia, el más extenso de toda la ley, y contiene la enumeración completa de las funciones del CISNS. Su primera frase resume su papel institucional: «El Consejo Interterritorial es el principal instrumento de configuración del Sistema Nacional de Salud». A partir de ahí, el artículo agrupa sus funciones en cuatro grandes bloques, que conviene distinguir con claridad porque estructuran una parte importante del examen de este tema:

El propio artículo 71.1 precisa la naturaleza de estas funciones esenciales: el CISNS «conocerá, debatirá y, en su caso, emitirá recomendaciones» sobre ellas, y su ejercicio se realiza sin menoscabo de las competencias legislativas de las Cortes Generales, de las competencias normativas de la Administración General del Estado, ni de las competencias de desarrollo normativo, ejecutivas y organizativas de las comunidades autónomas. Es un matiz jurídico fundamental: el CISNS no legisla ni sustituye a nadie, coordina mediante recomendaciones que después cada Administración incorpora a su propio ordenamiento.

11. CAPÍTULO X (III): FUNCIONAMIENTO, COMISIONES Y ESTRUCTURAS DE APOYO

Los artículos 72 a 75 completan el Capítulo X regulando cómo trabaja en la práctica el CISNS: cómo formaliza sus acuerdos, qué órganos internos crea y qué otras estructuras del sistema quedan vinculadas a él.

El artículo 72 regula las acciones sanitarias conjuntas: a través del Consejo Interterritorial, las Administraciones sanitarias pueden establecer acuerdos de cooperación para llevar a cabo actuaciones sanitarias conjuntas en materia de protección de la salud, atención sanitaria, farmacia y productos sanitarios, recursos humanos y relaciones internacionales, entre otras. Estos acuerdos se formalizan mediante convenios del propio Consejo.

El artículo 73 fija el régimen de funcionamiento: el CISNS aprueba su propio reglamento interno, y sus acuerdos se plasman a través de recomendaciones que se aprueban, en su caso, por consenso. Este es un dato jurídico importante y de examen frecuente: el CISNS no vota por mayoría en el sentido clásico, sino que busca el consenso entre el Estado y las diecisiete comunidades autónomas (y las dos ciudades con Estatuto de Autonomía), de modo coherente con su naturaleza de órgano de cooperación entre Administraciones territoriales iguales en rango, y no de órgano jerárquico.

El artículo 74 regula las comisiones y grupos de trabajo que el Consejo puede crear para preparar, estudiar y desarrollar las cuestiones sometidas a su conocimiento. Dentro de esta arquitectura, la ley menciona expresamente a la Comisión Delegada, un órgano de apoyo técnico de composición y presidencia distinta a la del Pleno del Consejo:

La Comisión Delegada ejerce las funciones y adopta las decisiones que el CISNS le delegue, actuando en todo caso como órgano de apoyo y discusión previa de los asuntos que después se someten al Pleno del Consejo, y como órgano de coordinación técnica y administrativa en las cuestiones de su competencia. Puede, a su vez, crear subcomisiones y grupos de trabajo.

Finalmente, el artículo 75 regula la adscripción de organismos y estructuras de apoyo y cooperación al Consejo: en su seno pueden formularse propuestas de actuación de tres estructuras creadas en otros capítulos de la propia ley —la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud (Cap. VI), el Observatorio del Sistema Nacional de Salud (Cap. VI) y el Instituto de Información Sanitaria (Cap. V)— con el objeto de definir estrategias y objetivos para el conjunto del SNS. Este artículo es el que conecta, formalmente, el Capítulo X con el sistema de información sanitaria que se estudia en el siguiente epígrafe: el Instituto de Información Sanitaria es, precisamente, el antecedente institucional directo de la actual base de datos INCLASNS.

12. LOS INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (INCLASNS – BD)

Toda la arquitectura de cohesión que se ha estudiado en este tema —catálogo, cartera, garantías, profesionales, Consejo Interterritorial— necesita, para ser evaluada, un sistema común de indicadores que permita comparar cómo funciona el Sistema Nacional de Salud en las distintas comunidades autónomas y a lo largo del tiempo. Esa es la función de los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud, conocidos por sus siglas INCLASNS, y de la base de datos que los recoge, INCLASNS – BD.

Los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud son un conjunto priorizado de información que abarca los aspectos considerados más relevantes de la salud de la población y del funcionamiento del sistema sanitario español. Su origen se remonta a 2007, año en el que, por consenso entre las Administraciones representadas en el Consejo Interterritorial —de nuevo el CISNS, en ejercicio de sus funciones de asesoramiento, planificación y evaluación del art. 71.2—, se aprobó un primer listado de 110 indicadores. Desde septiembre de 2010 están disponibles, en la sede electrónica del Ministerio de Sanidad, tanto las fichas técnicas de cada indicador como la propia base de datos INCLASNS – BD, de consulta pública y en permanente actualización (el conjunto se ha ido ampliando en sucesivas revisiones metodológicas hasta recoger, en su versión más reciente, un número de indicadores clave sensiblemente mayor que el listado original de 2007, distinguiendo además un subconjunto de indicadores considerados «esenciales»).

Los indicadores se agrupan clásicamente en cuatro grandes dimensiones, siguiendo el marco metodológico de referencia europeo del proyecto ECHI (European Community Health Indicators, de la Comisión Europea):

Esta clasificación en cuatro dimensiones permite entender el sentido último de la herramienta: no es simplemente un cuadro de mando de «actividad asistencial» (cuántas consultas, cuántas intervenciones), sino un sistema de vigilancia integral que relaciona el estado de salud de la población con sus determinantes y con la respuesta que da el sistema sanitario, exactamente en la línea de la «atención integral» que proclamaba el art. 2.d) de la propia Ley 16/2003 estudiado al principio del tema.

Desde el punto de vista práctico, la base de datos INCLASNS – BD permite consultar, para cada indicador, series temporales desglosadas por comunidad autónoma, año y sexo, lo que la convierte en la herramienta oficial de referencia para comparar el desempeño de los diecisiete servicios de salud y para justificar, con datos, la necesidad de acciones de coordinación en el seno del Consejo Interterritorial: si un indicador muestra una desigualdad relevante entre comunidades autónomas —por ejemplo, en cobertura de cribado auditivo neonatal o en tiempos de acceso a rehabilitación— es precisamente el CISNS, en el ejercicio de sus funciones de evaluación (art. 71.2.e), el órgano llamado a debatir sobre ella y, en su caso, emitir recomendaciones.

13. LA LEY 16/2003 EN EL DÍA A DÍA DEL LOGOPEDA DEL SAS

Este epígrafe no añade contenido normativo nuevo, sino que recopila, de forma aplicada, los puntos de contacto entre la Ley 16/2003 y el ejercicio profesional cotidiano de un/a logopeda del Servicio Andaluz de Salud, con el fin de fijar mejor los conceptos jurídicos estudiados a lo largo del tema.

En primer lugar, el fundamento de la propia prestación logopédica: cuando un/a logopeda del SAS atiende a un paciente con disfagia orofaríngea tras un ictus, esa atención se ampara en el catálogo de prestaciones del artículo 7 —concretamente en la atención especializada del art. 13, que incluye expresamente «la rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable»— y se concreta, técnica por técnica, en la cartera común básica de servicios asistenciales del artículo 8 bis, que cubre esa rehabilitación sin coste para el paciente en el momento del uso, por tratarse de una prestación asistencial realizada en un centro sanitario.

En segundo lugar, la garantía de tiempo del artículo 25 es la que fundamenta jurídicamente los tiempos máximos de respuesta asistencial que la Junta de Andalucía puede fijar, dentro del marco acordado en el Consejo Interterritorial, para determinadas patologías con indicación de tratamiento logopédico urgente o preferente (por ejemplo, la valoración precoz de la disfagia en el ictus agudo, donde el tiempo de intervención condiciona directamente el pronóstico funcional y el riesgo de aspiración).

En tercer lugar, la garantía de movilidad del artículo 24 y el derecho del artículo 4.c) explican por qué un paciente en tratamiento logopédico que se desplaza temporalmente a otra comunidad autónoma —por ejemplo, un niño con fisura palatina que veranea fuera de Andalucía— tiene derecho a que el servicio de salud de esa comunidad le preste, en las mismas condiciones que a sus residentes, la asistencia del catálogo de prestaciones que pudiera requerir, incluida la logopédica si la situación clínica lo exige.

En cuarto lugar, todo lo relativo a la carrera profesional, la formación continuada y la movilidad de personal (Capítulo III) explica el marco legal en el que se inserta la trayectoria profesional de un/a logopeda estatutario/a del SAS: por qué la formación continuada se acredita con criterios comunes en todo el SNS (art. 38), por qué existe un modelo de carrera profesional homologable entre comunidades autónomas (art. 41, desarrollado por el Estatuto Marco y la normativa autonómica) y por qué es jurídicamente posible participar en concursos de traslados hacia otros servicios de salud (art. 43).

En quinto lugar, el Consejo Interterritorial es la instancia, aunque invisible en el día a día asistencial, que decide cuestiones que sí afectan directamente a la práctica: si una nueva técnica de rehabilitación logopédica (por ejemplo, una técnica de estimulación eléctrica aplicada a disfagia) se incorpora o no a la cartera común de servicios (art. 8, previo acuerdo del CISNS conforme al art. 20), o si se establece un uso tutelado de esa técnica en centros concretos mientras se recaba evidencia sobre su eficacia y seguridad (art. 22).

Por último, los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud son la herramienta con la que, a nivel macro, se evalúa si el conjunto de decisiones anteriores —cartera, garantías, profesionales— está reduciendo o no las desigualdades en salud entre comunidades autónomas, cerrando así el círculo que abre el artículo 1 de la ley con el que comenzaba este tema.

14. IDEAS CLAVE PARA EL REPASO

• La Ley 16/2003 no crea el Sistema Nacional de Salud (obra de la Ley General de Sanidad de 1986); lo cohesiona, estableciendo el marco de coordinación y cooperación entre las Administraciones sanitarias (art. 1), inspirado en los principios de equidad, calidad y participación social (art. 2).
• Titularidad del derecho: regla general, nacionales y extranjeros residentes (art. 3.1); régimen específico para extranjeros no registrados ni autorizados, con tres requisitos objetivos y sin ningún requisito de tipo penal o disciplinario (art. 3 ter).
• Distinguir tres conceptos del Capítulo I: catálogo (art. 7, qué grandes bloques de asistencia se garantizan), cartera de servicios (art. 8 y 8 bis a quinquies, con qué técnicas concretas se hace efectivo el catálogo, en sus modalidades básica, suplementaria, accesoria y complementaria autonómica) y garantías (arts. 23 a 29: accesibilidad, movilidad, tiempo, información, seguridad y calidad).
• La garantía de tiempo excluye trasplantes y catástrofes; las garantías de seguridad y calidad, al contrario, se extienden a toda la sanidad, también la privada.
• El Capítulo III fija principios y criterios comunes sobre profesionales —formación (pregrado, postgrado, continuada, profesional), carrera profesional, evaluación de competencias y movilidad— siempre acordados en el seno del Consejo Interterritorial, sin sustituir al Estatuto Marco ni a la normativa autonómica de función pública.
• El Consejo Interterritorial (Cap. X) es «el principal instrumento de configuración del SNS» (art. 71): lo preside el Ministro/a de Sanidad, con vicepresidencia autonómica elegida entre los consejeros; sus acuerdos se aprueban por consenso (art. 73), no por mayoría; la Comisión Delegada (art. 74) es un escalón técnico presidido por el Secretario General de Sanidad, no por el Ministro.
• Las funciones del CISNS (art. 71) se agrupan en cuatro bloques: esenciales de configuración, de asesoramiento/planificación/evaluación, de coordinación y de cooperación.
• INCLASNS – BD: conjunto de indicadores aprobado por consenso en el Consejo Interterritorial en 2007 (110 indicadores iniciales), con base de datos pública desde septiembre de 2010, agrupado en cuatro dimensiones (población, estado de salud, determinantes de la salud, sistema sanitario), siguiendo el marco europeo ECHI.

15. MAPA CONCEPTUAL