1. Introducción: Concepto y Fundamentación Jurídica

La responsabilidad patrimonial de la Administración es el mecanismo jurídico que permite a los ciudadanos obtener reparación económica por los daños que sufran a consecuencia de la actividad administrativa. Su fundamento se encuentra en:

• Artículo 106.2 de la Constitución Española:
  

  «Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.»

• Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (Título III, Capítulo IV).
• Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común (Título IV).
• Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha perfilado los requisitos y criterios interpretativos de esta responsabilidad.

A diferencia de la responsabilidad civil, que exige culpa o dolo, la responsabilidad patrimonial administrativa es objetiva o cuasi-objetiva, es decir, basta con probar la existencia de un daño y su relación con la actuación administrativa.

2. Principios Fundamentales de la Responsabilidad Patrimonial

Los principios básicos que rigen este régimen de responsabilidad son:

2.1. Principio de Igualdad ante las Cargas Públicas

La ciudadanía no debe soportar individualmente los daños derivados del servicio público si estos no son obligatorios ni generalizados.

2.2. Principio de Objetividad

No es necesario demostrar negligencia de la Administración; basta con que el daño se derive directamente de la actuación administrativa.

2.3. Principio de Indemnización Total

El resarcimiento debe cubrir daño emergente y lucro cesante, aunque no contempla daños punitivos (es decir, no se sanciona a la Administración, solo se indemniza al perjudicado).

2.4. Principio de Legalidad

El procedimiento está sujeto a normas específicas y no puede ejercerse de manera arbitraria.

2.5. Principio de Buena Fe y Confianza Legítima

Se protege a los ciudadanos de cambios imprevistos o decisiones arbitrarias que generen daños antijurídicos.

3. Requisitos para que Exista Responsabilidad Patrimonial

Para que la Administración sea declarada responsable deben cumplirse cuatro requisitos esenciales:

3.1. Existencia de un Daño Real y Evaluable Económicamente

• No basta con un perjuicio subjetivo o una simple molestia.
• Debe ser cierto, individualizado y cuantificable.
• No se indemnizan expectativas no cumplidas ni daños morales, salvo excepciones.

3.2. Daño Antijurídico

• El daño debe ser antijurídico, es decir, que el ciudadano no tenga el deber jurídico de soportarlo.
• No se indemnizan daños que sean consecuencia previsible de una actuación general.

Ejemplo:
🔹 Un comerciante sufre pérdidas económicas por unas obras públicas en la calle donde está su negocio. No sería indemnizable si las obras eran necesarias y previsibles.

3.3. Relación de Causalidad Directa

• Se exige nexo causal entre el daño y la actuación administrativa.
• La Administración no responde por daños causados por terceros.

Ejemplo:
🔹 Un paciente sufre secuelas graves tras una intervención en un hospital público. Si se demuestra que fue un error médico (mala praxis), la Administración es responsable.

3.4. Ausencia de Causa de Exoneración

• No hay responsabilidad si el daño es causado por:
  • Fuerza mayor (terremotos, pandemias, etc.).
  • Actuación exclusiva del perjudicado.
  • Actuación exclusiva de terceros.

4. Responsabilidad Patrimonial de las Autoridades y del Personal de la Administración

• Régimen general: La Administración responde directamente.
• Repetición contra el funcionario: Si hubo dolo o culpa grave, la Administración puede reclamarle el pago de la indemnización.

🔹 Ejemplo real: Un funcionario comete un error grave en la tramitación de una subvención, causando un daño millonario a la Administración. Se le puede exigir responsabilidad.

5. Criterios de Valoración del Daño y Derecho a Indemnización

5.1. Tipos de Daños Indemnizables

✅ Daño emergente: Pérdidas económicas reales.
✅ Lucro cesante: Beneficios dejados de obtener.
✅ Daño moral: Solo en casos excepcionales.
✅ Daños personales y sanitarios: Aplicando baremos médicos y jurisprudencia.

5.2. Valoración Económica

📌 Se aplican criterios de proporcionalidad y baremos específicos según el daño (por ejemplo, en sanidad o accidentes de tráfico).

6. Procedimiento para Reclamar la Responsabilidad Patrimonial

📅 Plazo de 1 año desde el hecho o desde que se conozca su alcance.

6.1. Fases del Procedimiento

1️⃣ Iniciación (de oficio o por reclamación del afectado).
2️⃣ Instrucción (recopilación de informes y pruebas).
3️⃣ Propuesta de Resolución.
4️⃣ Resolución final (concediendo o denegando la indemnización).

6.2. Vías de Reclamación

⚖️ Recurso de reposición (ante la misma Administración).
⚖️ Recurso contencioso-administrativo (ante los Tribunales).

7. Responsabilidad Patrimonial de la Administración en Concesiones y Contratos Públicos

7.1. Concesionarios de Servicios Públicos

📌 La Administración responde subsidiariamente por los daños causados por sus concesionarios.
📌 Solo responde si no ha habido una supervisión adecuada.

🔹 Ejemplo: Si una empresa concesionaria de transporte público causa un accidente por no cumplir normas de seguridad, la Administración puede ser responsable si no supervisó correctamente.

7.2. Contratos Públicos

📌 La empresa contratista responde directamente, pero la Administración responde subsidiariamente si el daño deriva de su propia actuación.

🔹 Ejemplo: Si una empresa constructora provoca un derrumbe por mala ejecución de una obra pública, la Administración solo responde si falló en la supervisión.

8. Jurisprudencia y Casos Prácticos

📌 Sentencia del Tribunal Supremo (STS 640/2018):
📌 Caso Prestige (STS 355/2021):
📌 Caso sobre mala praxis médica (STS 189/2022):

En estos casos se establecieron principios clave para la valoración de la relación causal y el daño antijurídico.

9. Conclusión

La responsabilidad patrimonial de la Administración es una garantía clave para los ciudadanos. Su régimen objetivo, basado en la existencia del daño y la relación causal con la actividad administrativa, permite asegurar una compensación justa en casos de perjuicio injustificado.

Cuestionario sobre la Responsabilidad Patrimonial de la Administración :

Pregunta 1 (Actualizada 2025)

📌 ¿Cuál es el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial de la Administración?

A) Artículo 9.3 de la Constitución Española
B) Artículo 106.2 de la Constitución Española
C) Artículo 33.3 de la Constitución Española
D) Artículo 103 de la Constitución Española

✅ Respuesta correcta: B

📌 Explicación:
El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que los ciudadanos tienen derecho a ser indemnizados por los daños sufridos en sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que la lesión provenga del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

• Opción A (Incorrecta): El artículo 9.3 establece principios generales como la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad, pero no regula la responsabilidad patrimonial.
• Opción C (Incorrecta): El artículo 33.3 regula la expropiación forzosa, no la responsabilidad administrativa.
• Opción D (Incorrecta): El artículo 103 se refiere a la Administración Pública y sus principios de funcionamiento, pero no regula la responsabilidad patrimonial.

📌 Referencia normativa:

• Artículo 106.2 de la Constitución Española.

Pregunta 2 (Actualizada 2025)

📌 ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito esencial para que exista responsabilidad patrimonial de la Administración?

A) Existencia de un daño real y evaluable económicamente
B) Que el daño sea antijurídico
C) Que haya dolo o culpa de la Administración
D) Relación de causalidad directa entre el daño y la actuación administrativa

✅ Respuesta correcta: C

📌 Explicación:
El régimen de responsabilidad patrimonial es objetivo o cuasi objetivo, por lo que no es necesario demostrar dolo o culpa de la Administración. Lo esencial es la existencia de un daño, su carácter antijurídico y la relación de causalidad con la actuación administrativa.

• Opción A (Correcta): El daño debe ser real, cuantificable y no hipotético.
• Opción B (Correcta): El daño debe ser antijurídico, es decir, que el ciudadano no tenga el deber de soportarlo.
• Opción D (Correcta): Debe existir un nexo causal directo entre el daño y la actuación administrativa.

📌 Referencia normativa:

• Artículo 32 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Pregunta 3 (Actualizada 2025)

📌 ¿Cuál de los siguientes daños NO es indemnizable en el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración?

A) Pérdidas económicas directas derivadas de un error administrativo
B) Daño moral como consecuencia de una decisión administrativa
C) Daño emergente causado por el mal estado de una carretera pública
D) Lucro cesante derivado de una negligencia sanitaria en un hospital público

✅ Respuesta correcta: B

📌 Explicación:
El daño moral, salvo en casos excepcionales (como errores médicos con graves secuelas), no es indemnizable en el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración.

• Opción A (Correcta): Las pérdidas económicas reales sí son indemnizables si se demuestra el nexo causal.
• Opción C (Correcta): Si el daño proviene del mal estado de una carretera de titularidad pública, la Administración es responsable.
• Opción D (Correcta): Si una negligencia sanitaria causa la pérdida de ingresos futuros, se puede reclamar el lucro cesante.

📌 Referencia normativa:

• Sentencia del Tribunal Supremo 640/2018.

Pregunta 4 (Actualizada 2025)

📌 ¿Cuál es el plazo para presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Administración?

A) 6 meses
B) 1 año
C) 3 años
D) 5 años

✅ Respuesta correcta: B

📌 Explicación:
El plazo general para reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración es de 1 año desde que ocurrió el daño o desde que se tuvo conocimiento del mismo. En casos de daños de evolución incierta (como los sanitarios), el plazo comienza cuando se estabilizan las secuelas.

• Opción A (Incorrecta): No existe un plazo de 6 meses en este procedimiento.
• Opción C (Incorrecta): 3 años es el plazo para otro tipo de reclamaciones, pero no para la responsabilidad patrimonial.
• Opción D (Incorrecta): 5 años es el plazo para reclamaciones civiles en algunos casos, pero no aplicable aquí.

📌 Referencia normativa:

• Artículo 67 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común.

Pregunta 5 (Actualizada 2025)

📌 ¿Qué recurso puede interponer un ciudadano si la Administración deniega su reclamación patrimonial?

A) Recurso de amparo
B) Recurso de reposición
C) Recurso de casación
D) Recurso de revisión

✅ Respuesta correcta: B

📌 Explicación:
El primer recurso que puede interponer el ciudadano es el recurso de reposición, que se presenta ante la misma Administración que denegó la reclamación. Si se mantiene la negativa, el afectado puede acudir a la vía contencioso-administrativa.

• Opción A (Incorrecta): El recurso de amparo solo procede si se vulneran derechos fundamentales.
• Opción C (Incorrecta): El recurso de casación es un recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo en casos muy concretos.
• Opción D (Incorrecta): El recurso de revisión solo procede en circunstancias excepcionales.

📌 Referencia normativa:

• Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Pregunta 6 (Actualizada 2025)

📌 ¿En qué caso la Administración NO es responsable de los daños causados por un contratista privado?

A) Cuando la Administración ha supervisado adecuadamente el contrato
B) Cuando el daño se produce dentro de un hospital público
C) Cuando el contratista incurre en incumplimiento grave del contrato
D) Cuando el contrato se adjudicó a través de un procedimiento público

✅ Respuesta correcta: A

📌 Explicación:
La Administración responde subsidiariamente por los daños causados por empresas privadas en contratos públicos, salvo si ha supervisado correctamente el contrato y el daño se debe exclusivamente a la empresa.

• Opción B (Incorrecta): En hospitales públicos, la responsabilidad suele recaer en la Administración.
• Opción C (Incorrecta): La Administración puede reclamar daños al contratista, pero sigue siendo responsable frente al ciudadano.
• Opción D (Incorrecta): El procedimiento de adjudicación no exime automáticamente de responsabilidad.

📌 Referencia normativa:

• Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

Mapa conceptual estructurando las ideas clave del tema para facilitar su comprensión y memorización.

📌 MAPA CONCEPTUAL: LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN

1. FUNDAMENTO JURÍDICO

• Constitución Española (Art. 106.2) → Garantiza el derecho a indemnización por daños causados por la Administración.
• Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público → Regula la responsabilidad de la Administración y su personal.
• Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común → Establece el procedimiento para reclamar indemnización.
• Jurisprudencia del Tribunal Supremo → Fija criterios interpretativos y casuística.

2. PRINCIPIOS GENERALES

• Principio de objetividad → No requiere demostrar culpa o dolo.
• Principio de indemnización total → Se repara el daño emergente y el lucro cesante.
• Principio de igualdad ante las cargas públicas → Nadie debe soportar un daño injusto causado por la Administración.
• Principio de legalidad → Aplicación de normas concretas para evitar arbitrariedad.
• Principio de buena fe y confianza legítima → Protección frente a actuaciones administrativas inesperadas o perjudiciales.

3. REQUISITOS PARA QUE EXISTA RESPONSABILIDAD

• Daño real y evaluable económicamente → No se indemnizan daños hipotéticos o expectativas no cumplidas.
• Daño antijurídico → El ciudadano no tiene la obligación de soportarlo.
• Relación de causalidad directa → Entre la actuación administrativa y el daño.
• Ausencia de causas exoneratorias → No puede atribuirse a fuerza mayor o culpa exclusiva del afectado.

4. ÁMBITOS DE RESPONSABILIDAD

• Funcionamiento normal o anormal del servicio público → La Administración responde por su actividad.
• Actuaciones de su personal → Puede repetir contra el funcionario si hay dolo o culpa grave.
• Contratos y concesiones
  • Concesionarios de servicios públicos → La Administración responde subsidiariamente.
  • Contratistas privados → Responsabilidad del contratista salvo falta de supervisión administrativa.
• Responsabilidad en el ámbito sanitario → Aplicación de criterios específicos en casos de negligencia médica.

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL DAÑO

• Daño emergente → Pérdidas económicas directas sufridas.
• Lucro cesante → Ganancias dejadas de percibir.
• Daño moral → Solo en casos excepcionales.
• Aplicación de baremos específicos → Como en accidentes sanitarios o de tráfico.

6. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

• Plazo → 1 año desde la producción del daño o desde que se estabilicen sus efectos.
• Fases
  1️⃣ Iniciación (a instancia del afectado o de oficio).
  2️⃣ Instrucción (recopilación de informes, alegaciones y pruebas).
  3️⃣ Propuesta de resolución (evaluación del daño y responsabilidad).
  4️⃣ Resolución (se concede o deniega la indemnización).
• Recursos
  • Recurso de reposición → Ante la propia Administración.
  • Recurso contencioso-administrativo → Ante los tribunales.

7. EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD

• Fuerza mayor → Hechos imprevisibles e inevitables.
• Culpa exclusiva del perjudicado → No es imputable a la Administración.
• Intervención de terceros → No hay nexo directo con la actividad administrativa.
• Obligación jurídica de soportar el daño → Ejemplo: restricciones en pandemia.

8. CASOS PRÁCTICOS Y JURISPRUDENCIA

• Negligencia médica en hospital público → Administración condenada a indemnizar.
• Caída por mal estado de la vía pública → Administración responsable si no hubo mantenimiento adecuado.
• Daño por expropiación sin compensación adecuada → Indemnización obligatoria.
• Errores en oposiciones o concursos públicos → Responsabilidad administrativa si afectan a derechos legítimos.

📌 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NORMATIVAS

1. Normativa Aplicable

1.1. Normativa Constitucional

• Artículo 106.2 de la Constitución Española de 1978: Establece el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por lesiones sufridas en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en casos de fuerza mayor.

1.2. Normativa Estatal

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Título III, Capítulo IV): Regula el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración y de sus autoridades y personal.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Título IV): Regula el procedimiento para el ejercicio del derecho a la indemnización por daños causados por la Administración.
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Regula la responsabilidad patrimonial en relación con los concesionarios y contratistas.
• Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Establece los procedimientos judiciales para la impugnación de decisiones sobre responsabilidad patrimonial.
• Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo: Aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

1.3. Normativa Autonómica (Andalucía)

• Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo): Reconoce la competencia de la Junta de Andalucía en la organización y gestión de su Administración pública.
• Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía: Regula el procedimiento de responsabilidad patrimonial dentro de la administración autonómica.
• Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se regula el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial en la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Jurisprudencia Relevante

• Sentencia del Tribunal Supremo (STS 640/2018): Define la relación de causalidad en casos de negligencia médica.
• Sentencia del Tribunal Supremo (STS 355/2021): Caso «Prestige», sobre la responsabilidad de la Administración en catástrofes medioambientales.
• Sentencia del Tribunal Supremo (STS 189/2022): Sobre la responsabilidad patrimonial por mala praxis en servicios sanitarios.
• Sentencia del Tribunal Constitucional 148/1986: Establece el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

3. Doctrina y Bibliografía

• García de Enterría, E. y Fernández, T. R. (2018). Curso de Derecho Administrativo. Ed. Civitas.
• Parejo Alfonso, L. (2019). Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Ed. Aranzadi.
• Santamaría Pastor, J. A. (2020). Principios de Derecho Administrativo General. Ed. Iustel.
• Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre responsabilidad patrimonial de la Administración Pública (2023).

📌 CONCLUSIÓN

La responsabilidad patrimonial de la Administración es un mecanismo de protección jurídica que garantiza la indemnización a los ciudadanos en casos de daños injustos provocados por la actividad administrativa. Su carácter objetivo, el procedimiento riguroso y la existencia de exclusiones delimitan su aplicación, asegurando un equilibrio entre la protección ciudadana y la operatividad del servicio público.